Artículo 3: «Cuidar la toma de decisiones: ¿Mantener en el hogar o separar para proteger?» por Antonio Ferrandis Torres,
Pedagogo. Técnico en Protección Infantil.
Lenta y trabajosamente, el acogimiento
familiar se va imponiendo como medida prioritaria frente al acogimiento
residencial en los casos de salida del NNA del hogar familiar, lo cual
supone una mejora sustancial en los sistemas de protección modernos.
Pero aun siendo preferible al internamiento, no debe perderse de vista
que también en el acogimiento familiar, con la salida del hogar se
separa al NNA de su familia, allegados y entorno.
Para contrarrestar la vieja tendencia a
la separación como medida prioritaria, los sistemas modernos de
protección infantil deben dotarse de controles para evitar la separación
siempre que resulte posible mantener a los NNA protegidos en su propio
entorno. En los manuales internacionales se denomina “gatekeeping”
(literalmente, “vigilar la puerta”) a estos controles que forman parte
de los procedimientos y recursos implicados en la toma de decisiones de
protección sobre los NNA en situación de riesgo o desamparo ii.
Se trata de consolidar un procedimiento sistemático para garantizar que
la separación de su familia se produzca sólo cuando sea necesaria, y
que se acuerde el apoyo o la medida más adecuados, a la luz de lo que
sea más beneficioso para el NNA (“su superior interés”). Una política
adecuada de gatekeeping es un requisito básico de un sistema de protección infantil respetuoso con los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
A estas alturas podemos afirmar que la
protección de los NNA está asociada a la protección de sus propias
familias como ámbito natural y fundamental para su crianza y educación, y
por tanto la preservación familiar se configura como la opción de
partida para atender a los NNA en riesgo. Pero también somos conscientes
de la existencia del maltrato infantil intrafamiliar y el devastador
efecto de la adversidad continuada en el desarrollo, que justifica la
existencia de recursos e instrumentos legales para separar al NNA y
colocarlo en un entorno protector, e incluso suspender temporal o
definitivamente los derechos parentales (y si las circunstancias lo
exigen, con carácter de urgencia).
La separación de un NNA de sus figuras
significativas de cuidado interfiere el desarrollo de los vínculos
primarios y perjudica la normal evolución de los aspectos del desarrollo
que más relación guardan con la estimulación social. Sólo se justifica
si es decidida tras una evaluación lo más exhaustiva posible, en el
marco de una red de servicios que comprende diferentes medidas posibles,
y como parte de un proceso más amplio de intervención. En sí misma, la
mera separación no corrige las circunstancias que han amenazado o dañado
al NNA. La protección no puede limitarse a separar y, supuestamente,
poner a salvo al NNA. La separación permite que se pongan en marcha
acciones para atender el conjunto de necesidades implicadas, con el
objetivo de que en un plazo razonable el NNA se encuentre en una
situación estable que atienda sus necesidades y respete sus derechos. No
es fácil definir la duración de ese “plazo razonable”, pero la reforma
del sistema de protección a la infancia de 2015 asumió los
planteamientos de la corriente de la “planificación para la permanencia” iiique
enfatiza la importancia de la estabilidad y pone plazos a la
reunificación familiar, que en principio se debe prever en un plazo
máximo de dos años, o en caso contrario ofrecer una alternativa familiar
estable. Con mucho acierto, se afirma en dicha reforma que uno de los
elementos esenciales para ponderar el superior interés de los NNA es “el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo”.
Pros y contras
Conviene considerar con mucho respeto
la decisión de separación. Indudablemente, sacar al NNA de un entorno
amenazador o perjudicial ofrece la ventaja de proporcionar una
protección inmediata contra la negligencia o el maltrato detectados
(aunque existan otros riesgos y maltratos al acecho). La salida del NNA
del hogar puede proporcionar a los progenitores un alivio temporal ante
situaciones de estrés que están dificultando su tarea. También puede
suponer una demostración de la gravedad de la situación si no eran
suficientemente conscientes de las necesidades infantiles, que les haga
tomar conciencia y movilizar sus recursos. Pero, como solución que puede
crear nuevos problemas, implica también una doble victimización para el
NNA que es separado, puede generar conflictos de lealtades y desapego
emocional, y se corre el riesgo de ubicarlo en un limbo impreciso
mientras su familia se reorganiza sin él o ella, lo que hace a los NNA y
a sus familias progresivamente más vulnerables.
Una decisión con ruido y sesgos
El hecho de separar a los NNA de su
familia y su hogar es una acción tan grave que debe ser resultado de una
decisión muy fundamentada. La complejidad de esta decisión se
manifiesta en la frecuente falta de consenso entre los profesionales
que, enfrentados a una situación concreta, no nos ponemos de acuerdo
sobre si separar al NNA será o no la alternativa más adecuada. Este
dilema entre preservar la convivencia familiar o separar al NNA para
asegurar su protección constituye un ejemplo evidente de decisión con
elevado riesgo de error, por su alto grado de ruido y de sesgoiv. Ruido es
como llaman los expertos a las divergencias entre distintos
profesionales en cuanto a la respuesta que juzgan más adecuada; y sesgo,
a la tendencia individual o colectiva a responder de determinada manera
por condicionamientos o prejuicios independientes del caso concreto. La
experiencia de participar en las deliberaciones, a veces colaborativas y
a veces confrontativas, de un equipo o una comisión que debe proponer o
acordar la medida más conveniente para la protección de un NNA, suele
confirmar este ruido de cosechar respuestas diferentes por parte de actores sincera y rotundamente convencidos de que su opción es la adecuada.
Al igual que los profesionales de la
medicina, la economía o la justicia, los profesionales de la protección
infantil y las entidades intervinientes debemos incorporar a nuestra
práctica procesos de racionalización de la toma de decisiones y
evitación de errores típicos en los juicios diagnósticos y pronósticos.
Una decisión condicionada por sesgos profesionales y vaivenes políticos
Cuando se consigue cierta visión de
conjunto, se observa que hay lugares y tiempos más proclives a priorizar
la seguridad inmediata (separando a los NNA de sus familias en caso de
riesgo) mientras que en otros la preferencia se desplaza hacia la
preservación familiar (manteniéndolos en su entorno con los necesarios
apoyos). Se ha constatado, por ejemplo, que ciertos sucesos con
repercusión mediática influyen y modifican las políticas de protección
infantil británicas v.
Cuando ocurre un escándalo en el sistema de protección, ya sea por una
insuficiente acción con resultado de muerte infantil o, en casos
opuestos, por una intromisión arbitraria y excesiva en la intimidad de
una familia, se realiza una comisión parlamentaria de investigación. Las
controversias y conclusiones de tales comisiones provocan movimientos
pendulares, tanto entre los profesionales individualmente como en las
instituciones locales, en cuanto a ser más proclives a sacar del hogar y
poner a salvo a los NNA o estar más inclinados a la preservación de la
convivencia familiar. Sin duda, también en nuestro país existen ejemplos
de estos vaivenes provocados por éxitos o fracasos anteriores o por
otras razones ideológicas. La definición de qué alternativa resulta más
acorde “al superior interés del NNA” no siempre resulta fácil cuando
debe aplicarse a los casos concretos en que debemos intervenir.
Entre ambas orillas fluctúan las decisiones de protección, como Ulises navegando entre Escila, que devoraba a los marineros, y Caribdis,
cuyo remolino hundía los barcos. El sesgo de Ulises es conocido:
prefirió sacrificar a las personas que arriesgar la nave. A un lado está
la separación de los NNA y su potencial desarraigo de sus familias, y
al otro la permanencia en el hogar en unas condiciones potencialmente
amenazadoras para su bienestar: ¿será posible objetivar las decisiones y
controlar los sesgos?
Una decisión condicionada por los recursos
Otra fuente de complejidad es que no
se trata de una decisión que se toma en el vacío, sino en un entorno
real y concreto. A la hora de intentar clarificar “en qué casos hay que
separar y en qué casos no”, pronto aprendemos que no depende tanto del
caso en sí mismo, sino de los recursos reales disponibles. Es decir, que
no es impensable que, ante una situación similar de desatención y
negligencia padecida por una niña de cuatro años, en determinado lugar
podría ser enfocada como un proyecto de preservación familiar porque se
dispone de recursos para la supervisión domiciliaria y entrenamiento
parental, mientras que un kilómetro más allá podría implicar la
separación de la niña de su inexperta madre y el acogimiento temporal
porque no hay posibilidad de asegurar su bienestar mínimo. Y esto no
ocurre sólo en cuanto a diferencias entre Comunidades Autónomas, sino
incluso entre localidades próximas, tal es la diversidad de
planteamientos y recursos disponibles entre unos lugares y otros.
Una decisión con múltiples actores
La decisión de separación o
preservación familiar también resulta compleja porque implica a muchos
actores y corre el riesgo de que tanto el análisis de la situación como
la actuación posterior sean muy fragmentadas. En el proceso de
valoración y decisión sobre si este NNA sale o no de su casa porque se
considera que es lo que más le conviene, intervienen tanto profesionales
de la protección como personas particulares (familiares y otros), de
varios ámbitos (social, educativo, sanitario, judicial…) así como varios
niveles diferentes del sistema, desde la atención primaria, la atención
especializada, los servicios centrales y hasta el juzgado. Los diversos
ámbitos, culturas, lenguajes y sensibilidades de tantos actores aportan
la riqueza de la multidisciplinariedad, pero multiplican la
probabilidad de divergencias. Sin olvidar la propia posición del NNA,
expresada directamente o a través de personas cualificadas por su
relación con él, para obedecer el mandato legal de incorporar “la
consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así
como su derecho a participar progresivamente en función de su edad,
madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación
de su interés superior”.
Una decisión intempestiva
Es decir, “que ocurre fuera del tiempo
adecuado o conveniente”. En buen número de casos la decisión se toma en
momentos de crisis que pueden emborronar el análisis, o se ve demorada
por la dificultad para recabar los antecedentes necesarios, o se ve
apremiada porque se aproxima una fecha o el límite de un plazo. Como
ocurre cuando los NNA se encuentran en recursos de urgencia, sean
familiares o residenciales, la salida efectiva del hogar se ha
adelantado a la valoración y decisión previas, y el NNA ya se encuentra
fuera de su domicilio, sea por circunstancias sobrevenidas que han
impedido un estudio previo, o por acciones judiciales (como un desahucio
o una medida cautelar de alejamiento del progenitor…), o sanitarias
(como una hospitalización o una intervención), o policiales (como un
desalojo o una detención), u otras. La valoración puede concluir la
conveniencia de un regreso al hogar y así ocurre en muchos casos, pero
lo cierto es que la separación se ha producido y a veces dificulta el
regreso.
Una decisión que implica dos dimensiones
Cuando decimos que la intervención protectora debe poder explicar su porqué y su paraqué debemos ser conscientes de que ello implica dos juicios complejos:
– un juicio de evaluación
sobre la situación actual, esto es, la valoración del riesgo o desamparo
existente a la vista de una ponderación de las circunstancias lo más
completa posible;
– un juicio de predicción sobre las medidas y acciones
necesarias para modificar las circunstancias perjudiciales conocidas y
que, en un plazo de tiempo razonable, el NNA se encuentre en una
situación estable y segura.
Este juicio predictivo o “pronóstico”,
tal como lo denomina la ley de 2015, no consiste en la formulación de
una profecía ni una especial videncia atribuida a técnicos
experimentados, sino la determinación de los objetivos a conseguir, los
indicadores de logro para evaluarlos, y la previsión de un plan de
trabajo con compromisos de todas las partes. En los casos de una
situación de riesgo en la que es posible la preservación familiar, la
ley los llama proyecto de intervención social y educativo familiar,
que deberán recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsión de
plazos, para promover los factores de protección que permiten mantener
al NNA en su medio. En el caso de que se trate de una salida del hogar,
tanto si es guarda como si es tutela, lo llama plan individualizado de protección,
también con sus objetivos, la previsión y el plazo de las medidas de
intervención, incluyendo si es el caso el programa de reintegración
familiar. Todas las partes deben estar informadas de esos compromisos y
condiciones de regreso, y evitar ambigüedades que hagan parecer que el
futuro lo determinará la mayor o menor generosidad, simpatía, o estrés …
de los técnicos.
Nos parece muy importante incorporar
esta perspectiva de futuro a la toma de decisiones. Lamentablemente, los
servicios de protección pueden estar tan cargados de trabajo y
apremiados por la urgencia que una vez se produce la separación de un
NNA de su entorno, se relaja la tensión y el sistema pasa a preocuparse
por otros casos. Hace veinte años vicomprobamos
el elevado porcentaje de casos en que los servicios sociales dejaban de
intervenir con la familia tras la separación, o la limitaban al mero
“seguimiento social” del caso. El destino del NNA que ha sido separado
puede quedar a merced de la disponibilidad de recursos, el exceso de
casos, la ausencia de una planificación consistente, o el azar.
Diez pistas para examinar la toma de decisiones
Por si resultan inspiradoras para
mejorar los procesos de toma de decisiones de preservación / separación,
tanto desde el punto de vista individual del profesional que participa,
como del conjunto de la institución, proponemos diez sugerencias para
la reflexionar sobre nuestra práctica.
- ¿Se consideran las opiniones, deseos y necesidades de cada NNA en el proceso de toma de decisión que le concierne?
Aunque parezca innecesario recordar
esto treinta años después de la Convención de 1989, hay que asegurarse
de que se ha informado, preguntado y pedido opinión al NNA, e incluso
recabado su participación. Y esto no es porque seamos especialmente
simpáticos y cercanos (que ojalá lo fuéramos), sino por imperativo legal
de escuchar y tener en cuenta al NNA, sin discriminación alguna por
edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia en cualquier
procedimiento que conduzca a una decisión que incida en su esfera
personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus
opiniones, en función de su edad y madurez. Y esto comprende sus manifestaciones directas (“verbalmente o a través de formas no verbales de comunicación”), como a través de personas designadas por el NNA que por su “relación de especial confianza con él” o por su profesión puedan transmitir objetivamente su parecer.
Diremos también que, por muchos que
sean los niveles administrativos o judiciales de decisión, la presencia y
la participación en la decisión de quien conoce personalmente al NNA es
un requisito necesario –aunque no suficiente – para la calidad del
proceso.
- ¿Está asegurada la aportación de distintas personas / equipos y de diferentes perspectivas?
También en esta cuestión varias
decenas de ojos suelen ver mejor que un solo par. La existencia de
valoraciones por separado que se ponen en común reduce los riesgos de
sesgo y de ruido. Complementar los datos del ámbito sanitario con los
que se aportan desde el ámbito educativo o social multiplica la
fiabilidad y validez de las evaluaciones. Y nos referimos a la
aportación de los técnicos, y las de las familias acogedoras de
urgencia, y las de las familias de origen. Disponer también de
valoraciones en momentos diferentes puede enriquecer la evaluación
final. Como es natural, también existen defectos en las decisiones
colectivas, pero se reducen los riesgos de decisiones condicionadas por
ideologías o sentimientos individuales. Que existan supervisores con
suficiente especialización, capaces de devolver a los equipos un feedback respecto a la calidad de sus procesos decisorios, sería un valor añadido.
Pero no conviene ser ingenuos: la
coordinación entre instituciones y la colaboración entre servicios no
suele ser el estado natural de las cosas ni surge únicamente de las
buenas intenciones, sino que requieren protocolos y liderazgo.
- ¿Se recoge información suficiente para reducir el riesgo de los prejuicios y el peso de las primeras impresiones?
Como en toda actividad humana,
tendemos a buscar datos que apoyen nuestra primera impresión y creer que
esta búsqueda de coherencia interna garantiza la decisión. Las
percepciones subjetivas pueden condicionar toda la valoración posterior y
que tendamos a aceptar únicamente los argumentos que las confirman. Por
ello es necesaria una evaluación comprensiva que recopile información
diversa. Es necesario identificar correctamente la situación de
desprotección, los factores que la han motivado, las necesidades del NNA
y la familia, los factores de protección existentes, y el pronóstico
respecto a los cambios necesarios.
Junto a la seguridad que nos da
asirnos a las primeras impresiones, está el peligro de fijarse en un
único aspecto (la “visión de túnel”) y despreciar otras dimensiones
relevantes. Otro error frecuente es el de sobredimensionar datos
cercanos o inmediatos (por ejemplo, una anécdota reciente muy llamativa)
y minusvalorar los datos de una trayectoria temporal prolongada. Otro
sesgo que hay que vigilar es el llamado sesgo de deseabilidad, que nos
inclina a creer lo que queremos que ocurra, confundiendo deseos con
realidades.
- ¿Se emplean instrumentos para que la información sea lo más objetiva posible?
En ocasiones, las reuniones técnicas
que van a tomar decisiones trascendentales sobre la vida de los NNA
corren el riesgo de parecerse a tertulias de opinión, en las que se
comparten y discuten valoraciones meramente subjetivas de los presentes.
Los equipos profesionales deben trabajar sobre datos y evidencias, para
fundamentar las decisiones posteriores y limitar en lo posible la
influencia de los propios sistemas de valores, prejuicios e ideología
que pueden sesgar la intervención. El empleo de la historia social
única, de informes detallados, de protocolos de valoración, de guías y
directrices de aplicación, de instrumentos de medida, de escalas de
valoración, de hojas de registro, de instrumentos estandarizados y
digitalizados, etc., que permiten objetivar y ponderar las
circunstancias y disposiciones familiares puede ayudar a conseguir mayor
objetividad en el proceso de decisión. Ello exige también un grado
suficiente de formación y entrenamiento para los equipos profesionales.
Reconozcamos que son precisamente los
equipos experimentados los que a veces muestran resistencia a emplear
estrategias de análisis y toma de decisiones que compensen estos riesgos
potenciales, como si ello cuestionara su “juicio clínico” o su
intuición. La experiencia, obviamente, es valiosísima siempre que sea
reflexionada y analizada; pero no es incompatible con los necesarios
procedimientos de análisis estructurados y racionales.
- ¿Tomamos una decisión sólo porque es más fácil que otras?
Parece inevitable que, ante
situaciones complejas, el ser humano tiende a decidir lo más fácil. Si
no se dispone del recurso idóneo, o parece complicado conseguirlo,
existe el riesgo a conformarse con la alternativa más al alcance, o que
implica menores esfuerzos, o que no exige enfrentamiento o exigencia, o
que no va a molestar a nadie. Tradicionalmente, se decía que “siempre
habrá tantos menores internos como plazas residenciales existan” porque
la mera existencia de un recurso más fácil de aplicar que una
intervención preventiva en el medio o una familia acogedora, lo
convierte en opción prioritaria, aunque no fuera la más idónea. Ello
permite una respuesta inmediata al problema y la impresión, en la mayor
parte de los casos falsa, de que el problema ha quedado resuelto. Pero
ni se previene la situación de riesgo para el NNA ni se interviene sobre
sus causas. Sería una lástima que la actuación protectora no se
decidiera sobre la base de las necesidades del caso, sino que la
decisión final esté condicionada por la facilidad o dificultad de
conseguir el recurso que responde a las necesidades del NNA, o por
evitar enfrentamientos.
- ¿Existen mecanismos para evitar las decisiones apresuradas?
Aunque no dejamos de recordar la
importancia de valorar el paso del tiempo en el desarrollo de los NNA y
la fijación de plazos, hay que advertir que la rapidez y las decisiones
intuitivas no son necesariamente un mérito. Hay procedimientos de
trabajo o culturas de equipo que parecen reforzar las decisiones rápidas
tomadas por personas resolutivas, que evitan problemas a la
institución, aunque coloquen a los NNA en un rumbo inadecuado. El riesgo
permanente de que lo urgente se anteponga a lo importante. Se dice que
un tercio de los errores de una organización son atribuibles a los
excesos de carga de trabajo en determinadas personas, lo cual merecería
también una especial precaución.
Con frecuencia, la decisión sobre
separación o preservación se toma apresuradamente en momentos de crisis,
lo cual reduce su fundamentación técnica y puede resultar más
inconveniente para el NNA implicado. Como en la práctica siempre habrá
que tomar decisiones en momentos de urgencia, estas medidas urgentes
deben estar sometidas a revisión temprana antes de que la fuerza de la
costumbre las equipare a otras decisiones de mejor fundamentación.
En el extremo contrario estaría la
excesiva demora en la toma de decisiones por inoperancia, dificultad, o
falta de rigor. Desarrollar una cultura de respeto a los plazos y de
diligencia es fundamental.
- ¿Se especifican adecuadamente los problemas, decisiones y compromisos?
Trabajar con formulaciones genéricas o
vagas (en la descripción de las circunstancias, en la calificación del
problema, en los objetivos de la intervención, en los compromisos a
asumir…) resulta confuso e inoperante. Debemos ser capaces de precisar
de qué dimensiones estamos hablando y de qué indicadores. Si estamos
valorando la posibilidad de una preservación familiar, será necesario
descender a variables más concretas, como el grado de conciencia de
problema, la motivación de cambio, la respuesta de colaboración e
implicación, la cronicidad de los problemas, la posibilidad de modificar
las causas, el grado de incapacidad y de conflictividad, la vinculación
parento-filial, la gravedad de los perjuicios o el volumen de
necesidades infantiles por su edad o necesidades, u otras dimensiones
que concreten la realidad y previsión de cambios posibles.
Si se está decidiendo el acogimiento
fuera del hogar, se requiere un plan de continuidad para el NNA y la
familia. ¿En qué tipo de acogimiento? ¿Cuánto estará fuera? ¿Con qué
tipo y frecuencia de relación con la familia? ¿Cuál es el plan de
vuelta? ¿Qué objetivos se van a perseguir y qué grado de consecución
permitirá el regreso? ¿Evaluado a través de qué indicadores? En caso
contrario ¿qué plazo se considera para una solución alternativa estable?
Las buenas intenciones son valiosas,
pero la eficacia requiere descender a los detalles. Un viejo refrán
decía “Si definimos, no discutiremos”.
- ¿Las decisiones tomadas contemplan el futuro de los NNA implicados?
Las decisiones de protección infantil
deben tener visión de futuro y pronunciarse sobre lo que debe ocurrir.
La intervención protectora no se interrumpe o ralentiza si el NNA es
separado, ni se limita a “esperar y observar” si se le mantiene en su
entorno. La decisión implica acciones que hay que hacer y define quién
va a hacerlas y en qué plazo. Sólo si existe el plan de caso que se
revisa periódicamente es posible asegurar la finalidad de la
intervención protectora. En principio, el objetivo debería ser la
preservación de la vida familiar, pero si su seguridad y su atención
adecuadas han justificado su salida del hogar familiar, la primera
alternativa que debe considerarse es la de la reunificación familiar en
un plazo establecido con los recursos necesarios (apoyo intensivo a la
familia, ayuda económica, supervisión educativa, programa terapéutico,
etc.) Y si la reunificación familiar no es posible, deberá considerarse
la medida permanente o, en el caso de adolescentes, la preparación para
la autonomía personal. Pero todo ello implica que las decisiones tomadas
incluyen plazos y compromisos: plazos de intervención, plazos de
seguimiento, plazos de modificación de la decisión…
Pensar en el futuro también implica
considerar los riesgos potenciales la decisión tomada, de modo que
puedan adoptarse medidas preventivas frente a ellos; y si es posible,
planes alternativos por si la medida resulta inadecuada.
- ¿Nos aseguramos de que las decisiones sean comprendidas por todos los implicados, tanto familias como profesionales?
Gran parte de la evolución posterior
está condicionada por el modo en que se desarrolla el comienzo de la
intervención (y más si se trata de una separación, que debería
planificarse lo más cuidadosamente posible). Asegurarse de que la
familia de origen y el menor comprenden la medida tomada y la finalidad
que se persigue resulta fundamental. Aunque en los casos de gran
conflictividad será complejo, resulta de vital importancia que en las
primeras semanas se consiga cierto grado de comprensión, colaboración y
consenso con las familias, que permita una relación más fluida, que
ayude a los progenitores a tomar conciencia de sus dificultades, pero
también sus fortalezas, que les transmita su derecho a ser escuchados, a
implicarse y a mejorar en competencia.
También es importante asegurarse desde
el comienzo la mayor claridad y conjunción posible en cuanto a la
orientación de la intervención sociofamiliar entre los diversos
servicios implicados, incluida la familia acogedora o los encargados del
cuidado directo. A veces ocurre, más bien al contrario: se tardan meses
o años en coordinar a las instituciones implicadas y que asuman una
orientación conjunta del trabajo sociofamiliar en los casos de un NNA
separado de su hogar, lo que impide una intervención intensiva durante
las primeras etapas de separación, tan decisivas para facilitar la
reincorporación posterior.
- ¿Existen mecanismos para asegurar la revisión y la decisión incluso en ausencia de crisis?
En un sistema enfrentado a la urgencia
permanente y que maneja problemas con fuerte componente emocional,
pueden pasar inadvertidos los casos que no llaman la atención o se
cronifican sin llamativos incidentes. Las estructuras se acomodan
fácilmente a aceptar cierto grado de adversidad crónica, y sólo si se
produce una crisis aguda se re-evalúa la situación de los NNA. Pero
inevitablemente, no tomar decisiones también es una forma de decidir
sobre la vida de los NNA en riesgo que permanecen en su casa, o que han
sido separados y no regresan. Los mecanismos de control y la exigencia
de informar periódicamente a instancias ajenas deberían reducir este
riesgo de que sólo se tomen decisiones cuando la situación explota.
Para concluir
En el documento inicial con el que
abrimos “Renovando desde dentro” mencionábamos la paradoja de que los
profesionales de la protección ejercen con sus acciones, decisiones y
omisiones una poderosa influencia en las vidas de los NNA, pero a la vez
experimentan la impotencia de no poder ofrecer a los NNA la respuesta a
sus necesidades. Ojalá estas sugerencias os inspiren para reflexionar
sobre ello.
Antonio Ferrandis.
20 de noviembre de 2021, Día Internacional de los Derechos de los NNA
32º Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño
i
A lo largo del texto usaré el acrónimo NNA para referirme, tanto en
singular como en plural, a “niño, niña y/o adolescente” que incluye a
todas las personas menores de edad, aunque la Academia considere
innecesario el desdoblamiento por género.
ii https://bettercarenetwork.org/library/principles-of-good-care-practices/gatekeeping
iii https://bettercarenetwork.org/library/principles-of-good-care-practices/permanency-planning
iv KAHNEMAN, D. et al. (2021). Ruido: Un fallo en el juicio humano. Debate, Madrid.
v STEVENSON, O. (1992): La atención al niño maltratado. Paidós, Barcelona.
vi FERRANDIS, A. (1998): El Internamiento residencial como recurso de protección a la infancia. Tesis doctoral no publicada. Universidad Pontificia Comillas, Madrid.
