En los últimos años, y erosionando desde diversos frentes la legitimidad de los Derechos Humanos (niñas y niños son seres humanos, por si aún alguien pueda albergar alguna duda al respecto), se ha acentuado la disputa (al hilo de cuestiones como el pin parental o los debates entre la educación concertada y privada, además de un largo etcétera) sobre si las niñas y los niños “son de los padres”, o “son del Estado”. La infancia siempre se ha situado en el ámbito de lo privado, al margen de las cuestiones públicas, como si estas no afectaran a sus vidas (sobre esto ya debatimos en este mismo medio).
Esgrimir excusas competenciales ante una gravísima violación de los Derechos Humanos no es admisible. Utilizar a la infancia como objeto de disputa entre competencias no es admisible.
Sin perjuicio de lo ya defendido por otros especialistas en derechos de la infancia, que han reclamado una respuesta inmediata, la situación cobra ahora la insólita deriva de convertir a niñas y niños en objeto de disputa entre las competencias del Estado. Léase: “Estos niños no son de mi negociado” o “esta Dirección General o Ministerio no tiene competencias en la materia”. Las familias asisten a una nada edificante pelotera sobre a quién le corresponde actuar. Un áspero debate en el que se pretende “apagar” a la infancia de Cañada Real, aislarla en “territorio de nadie” ahora que, paradójicamente, la zona cobra un gran interés por la política del ladrillo. Poco importa que lleven cerca de 150 días sin acceso a la electricidad, que hayan visto sus derechos suspendidos de forma abrupta por la empresa responsable del suministro eléctrico y las diferentes administraciones públicas directamente implicadas. Niños de la Cañada Real piden electricidad a los Reyes Magos, Pablo 'Pampa' Sainz.
Ahora Naciones Unidas, a través del Relator Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Olivier De Schutter, responde de nuevo inequívocamente al Estado español con el argumento que venimos defendiendo en reiteradas ocasiones: la protección de los derechos de niñas y niños de Cañada Real compete a las tres administraciones; esto es: gobiernos central, autonómico y local. Para ello se basa en argumentos claros del derecho internacional: España como Estado parte de los Tratados de Derechos Humanos y, por tanto, como sujeto de derecho internacional, tiene la obligación última del cumplimiento de dichos tratados. En román paladino: esgrimir excusas competenciales ante una gravísima violación de los Derechos Humanos no es admisible. Utilizar a la infancia como objeto de disputa entre competencias no es admisible.
Echar balones fuera, a modo de “estos niños no son de mi negociado”, no es nuevo en nuestro país y conviene recordarlo. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en el marco de su labor de velar por el adecuado cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que España tanto se vanagloria de ser parte, ha reiterado, desde hace años, en sus informes de Observaciones Generales (último en 2018) que el Estado firmante debe velar “por que la política y la estrategia tengan su fundamento en los derechos del niño, se conviertan en un componente integral de la planificación del desarrollo a nivel nacional y regional y abarquen los distintos contextos regionales”. Y si esto ahora no funciona, a lo mejor es otra señal de que necesitamos un ente rector que fortalezca un sistema de protección nacional en materia de derechos de la infancia y garantice la coherencia de políticas en todos los niveles. En el mismo informe, el Comité reitera la recomendación de que “el Estado firmante [España] siga fortaleciendo sus sistemas de coordinación en la administración central y entre las comunidades autónomas para aplicar políticas destinadas a la promoción y protección de los derechos del niño (véase también CRC/C/ESP/CO/3-4, párr. 12)“.
Ahora, tras cinco meses de pelea entre las distintas administraciones, a la que las niñas, niños y adolescentes de Cañada Real asisten con perplejidad y descorazonados, el Relator de Naciones Unidas reitera lo afirmado —nótense las numerosas reiteraciones— y eleva el tono. Se puede decir más alto, pero no más claro: ya no acepta las explicaciones y excusas del Gobierno de España sobre lo que interpreta como una dejación de responsabilidad en el conflicto abierto en el asentamiento madrileño de Cañada Real. En el ejercicio de sus funciones como Relator, acusa al Gobierno de España de incumplir sus obligaciones internacionales, de no atender a sus requerimientos y de anteponer argumentos basados en un reparto de competencias conforme al derecho interno, esto es: que si bien las competencias en políticas de Atención Integral para la Protección de los Derechos de la Población Infantil están en manos de las comunidades autónomas —ese entramado legislativo que se traspone en 17 leyes cuya antigüedad, por cierto, se sitúa entre 1998 y 2010 en función de cada CCAA—, este no es el único marco jurídico ni competencial que considerar, ni tampoco el más importante. Cañada Real, la vida bajo cero, Pablo 'Pampa' Sainz.
Una vez más Naciones Unidas se ha pronunciado, como debe hacer cuando los Estados atropellan derechos recogidos en diferentes instrumentos, porque esa es su función, instar al Gobierno a tomar “medidas urgentes” (llegan con cinco meses de retraso) y a dar cumplimiento al pacto firmado por las tres administraciones con el fin de resolver el problema: Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. En su firma (mayo de 2017) se anunciaba como un “momento histórico: el de la unanimidad de todos los representantes políticos en la búsqueda de soluciones para Cañada Real, y un reflejo del esfuerzo conjunto de Administraciones, Entidades Sociales y ante todo Vecinos, protagonistas de este proceso histórico de cambio”. Un esfuerzo del que hoy nadie parece estar dispuesto a cumplir las responsabilidades que conlleva.
De Schutter argumenta que lo verdaderamente irresponsable está siendo “dejar a los niños sin electricidad en medio del invierno” e insiste, en este sentido, en algo que, después de tanto tiempo de peleas competenciales, debería ser ya una evidencia incuestionable, y es que el hecho que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid tengan unas obligaciones y unas competencias jurídicas en la Cañada Real —que están incumpliendo—, como ha venido justificando el Gobierno central para no intervenir en el conflicto, “no exime al Estado español, como sujeto de derecho internacional, del cumplimiento de sus obligaciones como Estado Parte”. Moncloa, dice el Relator, “debe tener esto en cuenta, máxime cuando se trata de satisfacer el deber de socorro en la situación de grave desamparo e indefensión que experimentan los habitantes de la Cañada Real Galiana”. O sea, está denunciando explícitamente que los derechos humanos de las niñas y niños no pueden ser objeto de semejante pelotera; esos derechos no se cuestionan, no se discuten; no cabe excusa alguna para que aquellos a quienes compete actuar se inhiban de asumir sus responsabilidades.
Se puede decir más alto, pero no más claro: el Relator ya no acepta las explicaciones y excusas del Gobierno de España sobre lo que interpreta como una dejación de responsabilidad en el conflicto abierto en el asentamiento madrileño de Cañada Real.
La ONU señala que sigue esperando con impaciencia (expresión poco habitual en un Relator) una respuesta adecuada del Gobierno a la situación de los niños y niñas en la Cañada Real. El mismo desasosiego se ha instalado en las vidas de Doua, Salma, Yasmine, Adam, Tarik, Omar, Hkadija, Saac, Amal, Ghalia, Reyan, Saber, Kulud y así hasta casi 2.000 biografías concretas. Una población infantil que, amparada en el artículo 15 de la Convención, que reconoce el derecho a la libertad de asociación y a celebrar reuniones pacíficas, está saliendo a las calles a defender sus derechos, participando en diferentes acciones reivindicativas, como han sido enviar 50 cartas a Naciones Unidas, acompañar a sus familias para concentrarse ante la sede de Naturgy; escribir cartas a “los Reyes Magos” y leerlas ante la sede del Ayuntamiento de Madrid o recordar el mismo día de Nochebuena al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid su obligación de actuar. Este mismo miércoles 17 de febrero, se concentraron ante la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, para denunciar la pobreza energética en la ciudad en la que viven y recordar al Gobierno central y a la sociedad en su conjunto su derecho a unas vidas dignas de ser vividas. No piden privilegios, sino el cumplimiento efectivo de sus derechos, los mismos que el Estado español ha ratificado y asumido como parte de su ordenamiento jurídico y sus políticas públicas.
Estos niños y niñas viven en Madrid, una ciudad que en 2008 fue distinguida con el galardón de “Ciudad Amiga de la Infancia”, al igual que la Comunidad Autónoma de Madrid, que en 2018 obtuvo el sello de un programa cuyo objetivo es “que cualquier ciudad se comprometa con el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989)”. Cabe también recordar que el pasado 21 de enero el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobaba el IV Plan de Infancia y Adolescencia (2020-2023) atendiendo a uno de los requisitos formales para renovar este reconocimiento. Así las diferentes instituciones implicadas en el Programa CAI (la Federación Española de Municipios y Provincias-FEMP, el Instituto Universitario de Derechos de la Infancia y Adolescencia IUNDIA de la Universidad Autónoma de Madrid, la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, y el propio Comité español de UNICEF) deberían atender las exigencias de Naciones Unidas y escuchar las peticiones de las niñas y niños de Cañada Real y valorar la pertinencia de esa posible renovación, pues la misma no parece que cumpla con todas las garantías mientras no se restituyan con urgencia los derechos de la población infantil en Cañada Real: tienen que actuar de forma coordinada y el gobierno local de Madrid debería poner ahora el mismo empeño en su renovación (prevista para abril de 2021) para garantizar las condiciones merecedoras de este reconocimiento.
Es hora de poner en marcha una institución con carácter nacional, un Defensor de los Derechos de los/las Niños/as para actuar ante situaciones incorrectas o irregulares de las administraciones, instituciones y autoridades.
A estas alturas ninguno de los gobiernos puede eludir sus competencias, los argumentos que insisten en la idea de “estos niños no me corresponden” no son admisibles. En un contexto donde la pobreza que afecta a la infancia es evidente y donde se están violando gravemente los derechos de los niños y las niñas, no hay otra opción que actuar decididamente para restituir a todos los niños y niñas en el pleno ejercicio de sus derechos.
Tras tres décadas de ratificación de la Convención, es hora de poner en marcha una institución con carácter nacional, un Defensor de los Derechos de los/las Niños/as para actuar ante situaciones incorrectas o irregulares de las administraciones, instituciones y autoridades que afecten sus derechos y vele para que los responsables de formular las políticas públicas nacionales, autonómicas y locales, tengan en consideración los derechos de la población infantil. No son pocas las ocasiones en las que esperar las exigencias de los organismos internacionales conlleva un tiempo del que niñas y niños no disponen, aunque parezca lo contrario.
*Marta Martínez Muñoz, Socióloga. Acompaña a las niñas y los niños de la asociación Mujeres Tabadol y Juventud en Acción Cañada (JAC) en la Defensa de sus Derechos. @MMM_DDHH.
