MARÍA ELENA ÚBEDA Y NÉSTOR LÓPEZ
Néstor López: Cuando se habla de políticas de primera infancia, la referencia inevitable es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no sólo porque establece un marco que define un conjunto de derechos para la niñez y la adolescencia, sino también porque ese marco que propone una relación entre el Estado y la ciudadanía, entre el Estado y la infancia, se ha ido incorporando en distintos niveles constitucionales.
La Convención posiciona a los niños como sujetos de Derecho, al Estado como garante de este derecho y, a través de un conjunto de instituciones, surge un conjunto de recomendaciones respecto de cuáles son los mecanismos concretos para hacer efectivo el ejercicio de los Derechos en la niñez, por ejemplo, qué tipo de normas y políticas deberían promoverse. La Convención tiene ya más de 25 años y surge la pregunta acerca de si este es un tiempo suficiente como para que tenga plena vigencia en nuestros países y cuál es el grado de apropiación de los principios de la convención que han alcanzado. Para conversar de este tema, invitamos a María Elena Úbeda, quien se desempeña en la oficina regional de UNICEF de América Latina en el carácter de especialista en desarrollo infantil temprano. ¿Qué apreciación tienen ustedes sobre la situación en América Latina en ese sentido?
María Elena Úbeda: Coincido plenamente con lo que has expresado, el marco legal vigente en cada país y las políticas sociales que están orientadas a la primera infancia constituyen la base de los sistemas integrales para la protección de los derechos de la primera infancia. Esto, como bien lo mencionabas, ha sido claramente establecido en la Convención sobre los Derechos del niño y en la observación general N°7 "Realización de los derechos del niño en la primera infancia", que tiene como objetivo reforzar la comprensión de los derechos humanos de los niños y de las niñas, señalar las responsabilidades que tienen los Estados y guiar la formulación y la aplicación de leyes, de políticas y de programas para la primera infancia en todos los Estados parte. Desde mi punto de vista, la Convención debe aplicarse de forma holística, teniendo en cuenta los principios de universalidad, indivisibilidad, e interdependencia de los derechos humanos de los niños y las niñas, y estos instrumentos son una herramienta fundamental para abogar, para movilizar socios y aliados, pero sobre todo para programar las estrategias y las intervenciones que aseguren el desarrollo integral de los niños pequeños. En la región cada vez hay mayor visibilidad de la primera infancia en la agenda de las políticas públicas y un progresivo reconocimiento de los niños como sujetos de Derecho. Existe un importante desarrollo de los marcos normativos y de planes integrales a favor de la infancia, y muchos avances en algunos países en la articulación intersectorial e interinstitucional. En estos 25 años, se cambió de un enfoque sectorial a uno intersectorial que se caracteriza por la intervención articulada de diferentes instituciones del Estado para poder responder a las necesidades de los niños pequeños.
A 25 años de ratificada la Convención hemos logrado importantes progresos como la reducción de la mortalidad infantil, el aumento de la matrícula escolar, el mejoramiento y la ampliación de las oportunidades para las niñas, por ejemplo. Sin embargo, también tenemos que preguntarnos si realmente estamos alcanzando a todos los niños o si existen todavía muchos niños rezagados. Por ejemplo, si bien se ha avanzado en la prevención de la mortalidad materna e infantil, donde hubo una reducción del 69%, todavía tenemos muchas muertes infantiles en nuestros países. Otro ejemplo se da en el acceso a la educación preescolar, se ve que la tasa bruta de escolarización preescolar ha pasado de 40% en los años noventa a 70%. Sin embargo, estas tasas sólo cubren a niños entre tres y seis años y tenemos serios problemas todavía en la calidad de los servicios educativos. Hay muchas brechas en la cobertura de los servicios para los niños más pequeños, de cero a tres años se cubre a menos del 12%. Por último, en la región todavía existen diferencias significativas en la distribución de la riqueza y, aunque ha mejorado la esperanza y la calidad de vida, esta mejora económica no siempre se traduce en mejores resultados para los niños y niñas, especialmente en los grupos más vulnerables. En nuestros países hay muchísima inequidad, la pobreza se concentra en algunas poblaciones específicas, y encontramos importantes problemas de violencia. Eso demanda una actuación diferente de los Estados y una manera diferente de enfrentar los problemas sociales.
NL: La impresión que tenemos es que este es el punto más crítico, es decir, hubo avances en el campo normativo, pero cuesta mucho más la transformación en la política del Estado en la relación con la niñez, con la infancia y con la familia. También vemos una dificultad en entender la noción de integralidad5, ¿Cuál es tu posición respecto de los avances o las dificultades en las políticas integrales dedicadas a la primera infancia?
MEU: Los países están avanzando en la definición de políticas públicas intersectoriales, y los más adelantados aun en el establecimiento de sistemas de protección integral para la primera infancia, donde la intervención estatal suma esfuerzos para un resultado común, que es asegurar que las niñas y los niños de la primera infancia puedan gozar de todos sus derechos y tengan la posibilidad de desarrollarse de la mejor manera posible. Las políticas públicas deben invertir en tres dimensiones: el niño, la familia y la comunidad. La primera implica la cobertura de necesidades básicas y el apoyo para la adquisición de habilidades, destrezas, competencias, en todas las áreas de desarrollo. También se debe invertir en la familia, para que reciban el apoyo que necesitan con vistas a desarrollar conocimientos y habilidades que le faciliten el cumplimiento de su rol, y que les aseguren condiciones favorables para la crianza. Además, se debe invertir en la comunidad para generar condiciones favorables en el entorno en que se desarrollan los niños y las niñas y sus familias. En cuanto a la intersectorialidad, se trata de un tema de corresponsabilidad en la implementación, es necesario avanzar desde la oferta de programas sectoriales hacia la consolidación de sistemas integrales de protección para la primera infancia, lo que requiere de un trabajo colaborativo entre los diferentes niveles de gobierno. Estas políticas deben garantizar una serie de servicios de atención en salud, en educación, en protección, en desarrollo, atendiendo a las necesidades particulares que tiene cada niño, su familia, su comunidad, su cultura y su identidad. Los marcos de referencia que definen las políticas tienen que ser consensuados por los diferentes sectores y actores, estableciendo cuáles son los criterios de calidad exigibles a todos los programas y servicios que se comprometen a formar parte de este sistema de protección integral. No siempre existe una correspondencia entre lo que se está invirtiendo y los compromisos que han suscripto los gobiernos frente a la Convención al cambiar sus marcos legales y al definir sus programas y sus políticas sociales para la primera infancia.
NL: ¿Cuáles son los casos para ser tenidos en cuenta como referencia en el momento de pensar una política integral, como experiencias que son innovadoras y destacables en la región que merecerían ser observados de cerca?
MEU: Me parece que tenemos que poner la mirada por ejemplo en lo que esta pasando en Chile, con el “Chile Crece Contigo”, que es un programa de protección integral de los derechos de la primera infancia con muchos años en su haber; incluye intervenciones en salud, educación y protección y está estructurado en las diferentes etapas de vida. Otros países, sin embargo, han avanzado de una manera diferente en el desarrollo de un enfoque descentralizado, con mayor participación de los niveles locales, como es el caso de Brasil o Colombia. También es para observar el caso de Cuba, con una experiencia de 21 años a través del Programa “Educa a tu hijo”. Este Programa atiende al niño desde la etapa de gestación, también incluye servicios de salud, educación, protección y lo más importante es que se posiciona muy fuertemente el rol que tiene la familia y la comunidad en su implementación. Además, tiene una base conceptual muy sólida y ha sido evaluado sistemáticamente para ir mejorando durante el tiempo que ha estado en implementación. Al igual que el programa de Chile y de Colombia, ha influido de manera importante en la definición de las políticas y los programas de otros países. En los países del Caribe ha habido también importantes avances. El programa de Jamaica7 es muy importante, incluye visitas domiciliarias sistemáticas a las familias en situación de extrema vulnerabilidad. A veinte años de su puesta en marcha se ha hecho un seguimiento periódico de la implementación y de sus resultados y se observa una diferencia enorme en los niños que fueron parte del programa porque han tenido un mejor rendimiento en la escuela, mejores posibilidades de inserción laboral y menor necesidad de la asistencia social.
Resulta importante señalar que hay algunos puntos comunes que tienen estos programas exitosos, que marcan las pautas para enfrentar los desafíos que tiene la región en la construcción de sistemas similares. En primer lugar, en todos estos países hay una fuerte articulación y coordinación interinstitucional, con puntos focales en cada institución participante, que tienen un rol y una responsabilidad clara en la implementación y el seguimiento de las políticas de primera infancia. Hay una coordinación, no solamente entre los diferentes sectores sino entre los niveles de gobierno, y una oferta continua de servicios de acuerdo con las diferentes etapas del ciclo de vida que empieza antes del nacimiento. En el caso de la estrategia "De cero a siempre" de Colombia es claro cómo se ha organizado una ruta de atenciones que responde a los Derechos que establece la Convención, en base a los cuales se diseñó la oferta de servicios de cada uno de los sectores del Estado para responder a las necesidades que tiene cada niño en las diferentes etapas de su proceso evolutivo.
En segundo lugar, en todas estas experiencias hay un entendimiento común del desarrollo infantil, de una manera holística, considerando que todos los aspectos del desarrollo del niño son importantes, no solamente la salud y la nutrición, sino que también se atienden las necesidades de estimulación, de aprendizaje, de trabajo con la familia para recrear vínculos fuertes y desarrollar las esferas socio afectivas del niño, en ese marco la protección es un componente muy importante. Las familias también necesitan un acompañamiento para poder crear los entornos propicios con vistas maximizar el potencial desarrollo de los niños.
En tercer lugar, el diseño de estos programas incluye la implementación de sistemas de información, monitoreo y seguimiento compartido en las instituciones. Esto es importante porque se pueden tomar decisiones en base a lo que nos muestran los indicadores de seguimiento y los resultados que estamos obteniendo con los programas. Otro tema fundamental es la flexibilidad para adaptar las estrategias a contextos que son complejos y cambiantes. Aunque las políticas son universales, tienen que ser lo suficientemente flexibles para poder atender las particularidades de cada familia o de cada niño. También es sumamente importante la definición de estándares de calidad y de medición del desempeño de los prestadores de servicios para los niños. Y dos temas más que me parece importante remarcar: el personal que trabaja con los niños y con las familias debe estar bien calificado, así que es necesario invertir en la formación del personal. Por ultimo, enfocar las intervenciones en aquellos niños que son más vulnerables.
NL: Quería ampliar la discusión acerca de cuál es el lugar de la familia. A medida que se empezaron a poner en marcha políticas orientadas a la niñez, se generó resistencia por parte de ciertos sectores porque el Estado se estaba metiendo en la vida privada. Y quedó instalada una tensión entre Estado y familia. La Convención rompe con esa tensión y propone una alianza: le da el lugar de privilegio a la familia y el rol del Estado es fortalecerla para que pueda hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos de los niños. Sin embargo, mi sensación es que todavía existen esos dos paradigmas, por un lado se está instalando el paradigma que concibe una alianza entre Estado y familia, pero por otro lado uno percibe a veces en algunas políticas la idea de que el Estado no tiene por qué meterse en algo que es propio del mundo privado. ¿Cuál es tu impresión?
MEU: Estoy completamente de acuerdo y creo que ese es un tema importante en el que tenemos que avanzar mucho más en la región. Es indispensable que los Estados aseguren el apoyo y la atención a la familia o a otros cuidadores principales mediante programas de protección social, de atención a la salud, a la educación, subsidios a la maternidad, a la paternidad que permitan que los padres, las madres y los cuidadores puedan dedicar el tiempo y la atención que merecen sus niños pequeños. Es un imperativo y lo establece la Convención. Sin embargo, hay muchas disparidades en la legislación de la región en ese sentido. Al mismo tiempo que tenemos que trabajar en mejorar las condiciones de las familias, debe fortalecerse la participación de la familia en la elaboración, desarrollo y monitoreo de políticas y programas, como partícipes de la definición de las políticas públicas en el nivel local.
Entonces el Estado debe asegurar programas para dar información y fortalecer las competencias de las familias, para asegurar entornos adecuados, amorosos, protectores, y para conocer cuáles son los derechos de sus hijos, dónde pueden reclamar esos derechos y cómo pueden acceder a los servicios que el Estado ofrece.
NL: Otro tema es el de la inversión, cuánto del presupuesto se utiliza en la primera infancia. En este sentido, hemos hecho un estudio desde el SIPI en conjunto con la oficina de UNICEF regional en la que estás9. ¿Cómo recibieron ustedes este estudio respecto al grado de inversión que se está haciendo en la región? ¿Qué conclusiones sacan?
MEU: Este esfuerzo es importante, ya que interviene una amplia gama de actores del ámbito público y es difícil cuantificar la inversión específica en los países. Me parece importante mencionar que hay enormes variaciones en los datos generales de la inversión que hacen los países y que el gasto social varía muchísimo en los países estudiados. Puede ir desde un 3.1% hasta un 14%, que es el caso de Argentina, el país que invierte el mayor porcentaje del gasto social en primera infancia. En algunos países del gasto social total, el 70% se gasta realmente en los niños y en las niñas pequeñas, el 64% en Colombia, el 57% en Guatemala. En cambio, en otros países el peso de este gasto está más relacionado con acciones más específicas, relegando el gasto en primera infancia a proporciones mucho menores, como en Paraguay o Costa Rica. En algunos otros países las inversiones en primera infancia se canalizan a través de sus familias, vinculado a Programas de Transferencias Condicionadas10.
La inversión en nuestra región es desigual. Es importante estandarizar estas políticas de seguimiento del gasto público porque cuando se tiene la información es posible incidir en los presupuestos de los países. Por eso, esta información es tan importante. Se ve, por ejemplo, que se invierte mucho en salud y educación y hay menos inversión en los programas de nutrición, de apoyo del deporte, de recreación, de cultura y de protección. Por ejemplo, en cuanto a la protección, todos sabemos que la violencia en la primera infancia tiene repercusiones enormes en la vida de un niño, no solamente en lo inmediato sino que trae consecuencias a largo plazo. Y este es uno de los sectores en los que menos se está invirtiendo.
NL: ¿Por qué la primera infancia es una prioridad? Se puede decir simplemente porque es una cuestión de Derechos y la sociedad en su conjunto asumió ese compromiso. Sin embargo, con esa visión coexisten otras que justifican políticas desde los aportes de las neurociencias, también hay políticas justificadas desde una lógica de la rentabilidad, de la tasa de retornos en términos económicos. Ahí hay una preocupación, en la aparición de estos paradigmas como justificación de una política. ¿Cómo ven ustedes esta coexistencia de paradigmas? Por un lado el del derecho, por otro lado una justificación económica, por último, una justificación más ligada al tema de las neurociencias11.
MEU: La Convención de los Derechos del niño como marco de actuación es innegociable. Los países se han comprometido y tienen que asegurar los presupuestos y recursos para poder cumplir con el compromiso de asegurar los derechos de las niñas y de los niños en la primera infancia, igual que en las otras etapas del desarrollo. Vimos que se han consolidado los esfuerzos de los Estados para poder priorizar a la infancia en las políticas sociales. Sin embargo, creo que el debate se ha enriquecido con base en la evidencia científica y en las experiencias innovadoras e intersectoriales adquiridas en numerosos países que nos muestran la importancia de invertir en los primeros años de vida de un niño. Todos estamos de acuerdo en que los primeros años de vida constituyen un periodo crítico en la trayectoria del desarrollo humano. Sabemos también que las condiciones en las que un niño nace y crece, sus condiciones de salud, el estado nutricional en los primeros años de vida, los vínculos que establece con sus pares, con su familia y con otros niños, así como sus primeras experiencias educativas van a afectar profundamente su desarrollo físico, cognitivo y social. Sabemos que eso tiene un impacto en su vida inmediata y en su vida futura. Porque durante los primeros años de vida los niños y las niñas tienen una etapa de madurez acelerada, el cerebro se desarrolla a una velocidad que no vuelve a repetirse en ningún otro momento de la vida. De modo que las experiencias positivas o negativas que tenga el niño durante los primeros años de vida le permitirán desarrollarse de manera plena, pero también determinan las posibilidades que ese niño va a tener cuando sea una persona adulta. Pienso que tenemos mucho que aprender de las neurociencias, de la psicología, de las ciencias educativas, de la sociología, porque hemos visto a lo largo de estos años que no siempre se ha invertido en los mejores programas.
NL: Me gustaría saber que visión tienen ustedes del rol que están cumpliendo otros actores como las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones empresariales y distintos actores que hay en la región que tienen una fuerte incidencia en la agenda y en el financiamiento de las políticas. ¿Qué apreciación hacen ustedes respecto al rol que están teniendo estos otros actores?
MEU: Me parece imperativo que los países desarrollen políticas de Estado y no de gobierno, ya que en los cambios se pierden los marcos conceptuales, las estrategias, los instrumentos, la capacidad institucional y las lecciones aprendidas. Entonces ahí la participación de otros actores, sobre todo a nivel local, es sumamente importante porque ayuda a asegurar la memoria institucional. Es interesante cuando la academia se involucra en la definición de políticas públicas. Otro actor importante es la sociedad civil, si bien el Estado tiene un rol regulador de las políticas públicas, hay diferentes actores a nivel local que también forman parte de la vida comunitaria, y que tienen un rol muy importante que desempeñar en la prestación de los servicios. En otros países de América Latina se ve que la oferta es múltiple, que muchas veces la oferta del Estado no llega a todos los niños y que hay otras instituciones que también prestan servicios.
Otros actores que tienen un rol fundamental son, por ejemplo, los comunicadores, la gente que trabaja en medios, en prensa, que pueden jugar un rol fundamental en lo que tiene que ver con el comportamiento y la difusión. En nuestros países hay una base social muy amplia de voluntarios y agentes comunitarios. Pienso que hay que invertir mucho más en los voluntarios y los agentes comunitarios para mejorar sus condiciones de trabajo y su valoración social.
NL: María Elena, son muchas las preguntas que están llegando. ¿Cuál es tu apreciación respecto al lugar que tienen las comunidades indígenas o las culturas indígenas en las políticas de la región? ¿En qué medida las políticas fomentadas por la Convención están siendo respetuosas de las visiones indígenas? ¿Cuál es tu apreciación y tu experiencia respecto a las tensiones que esto genera cuando se trata de hacer políticas orientadas a la primera infancia?
MEU: Mencioné la importancia de la universalidad de las políticas públicas, porque todos los niños tienen los mismos derechos, sin embargo también dije que las políticas deben ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse a los contextos en que los niños y sus familias viven. Por supuesto, las políticas deben adecuarse para responder a la dimensión intercultural que tienen algunas comunidades y a las disparidades del contexto. Se ha tratado de ver cómo la política puede implementarse en el contexto indígena, cuáles son sus problemas y cuáles las soluciones que la comunidad ofrece para poder atender los problemas que en esa comunidad enfrentan los niños de una manera respetuosa con su cultura y con sus prácticas.
NL: Otra pregunta ¿Conoces experiencias exitosas para ser observadas de abordajes de dos situaciones difíciles como lo son la niñez dispersa en zonas rurales y la niñez migrante12?
MEU: Quería contar el caso de Perú. Este país se ha propuesto aumentar la cobertura para la primera infancia. Entonces se ha diseñado un programa para comunidades rurales dispersas13 donde un promotor comunitario trabaja con la familia, de manera individual y de manera grupal y la familia se convierte en el agente educador del niño. De manera que, con el acompañamiento de un promotor y de un supervisor de campo, se trabaja con la familia los contenidos educativos que se van a desarrollar con los niños mediante un currículo adaptado, y se aprovecha cualquier espacio de la comunidad para hacer estas actividades educativas. Los padres aprovechan cualquier situación diaria de la comunidad, si están en el campo con los niños, si están en la casa, para desarrollar actividades con ellos que tienen una finalidad educativa, también tienen la oportunidad de juntarse con otras familias de su misma comunidad para conversar sobre cómo van avanzando en el desarrollo de las actividades educativas con sus hijos, y reciben retroalimentación sobre cómo están trabajando y cuáles son los contenidos que tienen que ir desarrollando más adelante. Este programa educativo que ofrece el Ministerio de Educación tiene un seguimiento estrecho, se ha evaluado de manera sistemática y ha mostrado notables resultados. Los niños que han asistido a este programa tienen incluso mejor rendimiento que los niños que asisten a un preescolar regular. Y ha permitido aumentar muchísimo la cobertura de preescolar en zonas rurales, de manera que se acerca a los promedios nacionales.
En el caso de Cuba, el programa “Educa a tu hijo” se implementa también a nivel comunitario, las familias son acompañadas por un promotor. Y los niños que asisten a estos programas comunitarios, donde las actividades se hacen en el hogar, también han mostrado que tienen un desempeño excelente, incluso mucho mejor que los niños que van al centro de desarrollo infantil. Esos son algunos ejemplos de modalidades exitosas en nuestra región.
NL: ¿En cuanto a los niños en situación de migración?
MEU: El tema de la migración presenta muchos desafíos en la región, principalmente en la zona de Centroamérica y Mexico. Desde UNICEF, nos preocupa muchísimo y no podría hablarte en este momento de una experiencia exitosa porque estamos tratando de entender el fenómeno y trabajar con los gobiernos para poder definir estrategias con las poblaciones migrantes.
NL: Varios aportes mencionan el conflicto en la implementación de políticas, en cuanto presuponen a la familia de un modo tradicional cuando en realidad se encuentran diversas configuraciones. ¿En qué medida las políticas están siendo sensibles a esta diversidad de situaciones familiares? ¿Pueden apropiarse e incorporar estos nuevos formatos de familia? ¿Qué percepción tenes de lo que está ocurriendo en la región al respecto?
MEU: Coincido en que no podemos pensar en la familia tradicional con las figuras de un papá, una mamá y unos niños. Nosotros entendemos la familia en un sentido más amplio. La familia es el espacio donde se cría un niño, con un adulto como referente que se preocupa de proveer los cuidados que ese niño necesita, no solamente de salud y de nutrición, sino también de protección, de proveer estímulos positivos, con un entorno protector, un vínculo afectivo y emocional que le permita al niño crecer con seguridad por sentirse protegido y amado. Ya hay algunos esfuerzos para trabajar una paternidad responsable, o el rol de los abuelos y abuelas y que las políticas no estén dirigidas únicamente a las mujeres. Hablando de la situación de migración, hay muchos niños y niñas que están creciendo con la familia extendida y que no tienen a su mamá y a su papá. Definitivamente las políticas públicas deben mirar estos contextos y esto debe ser parte de la flexibilidad de los programas.
Por ejemplo en el caso de Chile, aun cuando existe una universalidad de servicios pensados para toda la familia, tienen un programa de visitas domiciliarias especialmente dirigido a familias con vulnerabilidades particulares: madres solteras, madres adolescentes, niños que no están creciendo con su padre o con su madre. Tienen también intervenciones específicas para fortalecer el rol de los padres. En el caso de Cuba, el trabajo con los padres para fortalecer sus capacidades para ejercer una buena crianza es impresionante. Creo que esos son ejemplos de cómo las políticas pueden pensar estos conceptos distintos de familia.
NL: Como última pregunta, queríamos saber en qué medida las distintas profesiones que están involucradas en la atención de la niñez están recibiendo una formación realmente sensible a los Derechos del niño, que los posiciona como agentes estatales que trabajan efectivamente para consolidar a los Estados como garantes de derechos? ¿Cuál es tu percepción o tu intuición de lo que está pasando? ¿Estamos lejos de estar formando agentes que sean promotores de los derechos de la niñez?
MEU: Creo que los avances son desiguales de acuerdo con el país. Es uno de los desafíos más importantes que tenemos como región, un elemento fundamental del sistema es la profesionalización del personal que atiende los servicios para primera infancia y para su familia, debemos asegurarnos de que los prestadores de servicios tengan las competencias necesarias para poder desempeñar de manera adecuada el rol que les toca como funcionarios del Estado, de un programa destinado a una población especifica. Otro tema importante es la supervisión de los profesionales docentes. Definitivamente debería haber una institución normadora, reguladora, que sea capaz de asegurar que cada uno de los servicios que se prestan cumple con un estándar de calidad y que el profesional tiene las competencias requeridas. En ese sentido, creo el Estado debe invertir mucho más. Generalmente muchas de las personas que están atendiendo los servicios de primera infancia, sobre todo en los casos de bases comunitarias, es gente que no forma parte de la plantilla de las instituciones del Estado sino que recibe un bono o un programa de ayuda, esto no puede ser, y mucho menos cuando estamos trabajando con servicios para niños de cero a tres.
NL: María Elena, te agradezco muchísimo, realmente muy buena conversación. Se nos terminó el tiempo y quería saber si hay algún último comentario que quieras hacer como cierre.
MEU: Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de dialogar con ustedes. Quería contarles que UNICEF ha estado trabajando en una campaña de comunicación a nivel global sobre el tema de primera infancia donde muchos de los temas que hemos discutido aquí van a ser rescatados. Hay un enorme interés en la primera infancia, un compromiso asumido y renovado por los Estados, y seguiremos avanzando en este sentido. Muchas gracias.