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The digital citizenship of children and adolescents: Challenges for social work education.

 La ciudadanía digital de niños y adolescentes: Desafíos para la formación en trabajo social.

Antonia Picornell-Lucas​,Universidad de Salamanca*, 
Antonio López-Peláez​, UNED, España.
Research in Education and Learning Innovation Archives,
Realia Nº. 28 (2022).




Resumen
Las sociedades digitales y superdiversas de las que ahora formamos parte requieren una redefinición del trabajo social y los servicios sociales para abordar la ciudadanía digital de niños, niñas y adolescentes. Este artículo analiza los principales retos en este ámbito, que pueden ser abordados a través del trabajo social digital.

Introducción
La protección integral de la niñez y la adolescencia es una de las características más importantes de las democracias contemporáneas y se ha convertido en una prioridad de los sistemas de bienestar. A lo largo de los años, la definición de protección integral del niño ha evolucionado para abarcar un enfoque integrado del desarrollo del niño en el que el interés superior del niño es la consideración principal, tal como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989). Este enfoque ha dado lugar a nuevas prácticas de trabajo social (Liebel, 2021) y ha puesto el foco en la participación de niños, niñas y adolescentes de diversas regiones y contextos sociopolíticos.

Existe una larga tradición de trabajos empíricos y estudios longitudinales sobre las teorías de la infancia (James, Jenks, & Prout, 1998), el derecho de los niños a la ciudadanía (Gaitán, 2018; Villagrasa & Lepin, 2021) y la capacidad pública redistributiva y predistributiva y políticas de infancia (Ayala, Cantó, Martínez, Navarro, & Romaguera, 2020; González-Bueno, 2020). También se han realizado investigaciones comparativas sobre el bienestar subjetivo de los niños (Casas et al., 2014) y los niños migrantes (Skivenes, Barn, Kriz y Pösö, 2015). Además, dado el enfoque en la protección infantil dentro de los sistemas de bienestar, las políticas de austeridad y su impacto en la prestación de servicios ha sido objeto de análisis comparativos (, 2019), mientras que el debate en torno a los principios éticos y legales en conflicto que guían las decisiones de los profesionales de bienestar infantil también ha sido examinado (Berrick, 2018).

La transformación digital y su efecto en los procesos de exclusión e inclusión social ha sido un tema de creciente preocupación entre profesionales, ciudadanos y legisladores y ha llevado a la promulgación de los derechos digitales de los ciudadanos. En 2018, antes de la pandemia de COVID-19, se aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales [LOPDGDD], en España. El Título X de la Ley incluye disposiciones sobre los derechos digitales de todas las personas. La Ley también establece específicamente la obligación de proteger los derechos fundamentales de los niños (Art. 76) y garantizar el uso responsable y equilibrado de los dispositivos digitales y las redes sociales (Art. 84) y el tratamiento de datos personales (Art. 7).

La pandemia ha acelerado el ritmo de los procesos de digitalización en los que estamos inmersos desde hace décadas. Como resultado, las prácticas profesionales han cambiado, han surgido nuevas necesidades y demandas, y la formación en habilidades digitales se ha vuelto imprescindible tanto para los usuarios como para los profesionales del trabajo social. Desde un punto de vista legislativo, el 14 de julio de 2021 el Gobierno español presentó la Carta de Derechos Digitales (CDD) para proteger los derechos digitales de todos los ciudadanos. Asimismo, los estados miembros de la UNESCO adoptaron el primer acuerdo global sobre la ética de la inteligencia artificial (EIA) el 22 de noviembre de 2021.  Ambos documentos subrayan la importancia de monitorear los riesgos y prácticas potenciales en el entorno digital que pueden atentar contra la libertad y el desarrollo de niños y jóvenes.

Ciudadanía digital de niños y adolescentes: una prioridad en las sociedades digitales del siglo XXI
En las discusiones sobre la protección de la niñez y la adolescencia, es necesario recordar que el ser humano es ante todo hacedor de tecnología; somos constructores de máquinas, y que no sólo las relaciones físicas, sino también las sociales y las estrategias son tecnologías. En este sentido, en una sociedad digital no hay sociedad.
.......


Conclusiones:
En las sociedades digitales, la democracia solo puede ser viable si se basa en una digitalización inclusiva. Los derechos de los niños y jóvenes deben extenderse al entorno digital porque su ciudadanía está condicionada precisamente por este mundo virtual. Muchos de sus problemas y oportunidades, sus formas de comunicación y relación, su manera de entender el mundo, estarán intrínsecamente ligados al modelo de digitalización en el que estamos inmersos.

Para lograr que los niños, niñas y adolescentes estén debidamente cuidados, apoyados y protegidos en el entorno digital, y para dar respuesta a los desafíos que hemos analizado anteriormente, es fundamental desarrollar un modelo de intervención profesional basado en una triple estrategia:

.- Colonice democráticamente las plataformas virtuales, incluido el metaverso, y proporcione espacios para la participación activa.
.- Asegurar la presencia de profesionales dedicados a la defensa de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, así como profesionales que puedan implementar estrategias y metodologías innovadoras y comprender y transformar los riesgos inherentes a la realidad digital.
.- La formación en competencias digitales es ya una prioridad en el ejercicio profesional pero también debe jugar un papel relevante en la formación de los futuros trabajadores sociales y profesionales de la previsión social. La formación debe centrarse en la práctica profesional polivalente y en la investigación. La formación desde el enfoque de ciudadanía digital infantil garantizará un entorno digital seguro y gratuito para todos los niños, niñas y adolescentes en sus nuevas realidades vitales y virtuales.

Este es un reto decisivo en la formación de los futuros trabajadores sociales. En este sentido, el trabajo social digital se ha convertido en los últimos años en una especialización y se integra cada vez más en los programas de formación del trabajo social con un objetivo básico: el diseño de mejores intervenciones profesionales en el entorno digital (González, Astray, & Puelles, 2021) .

Citation: *Picornell-Lucas, A.& López-Peláez, A. (2022).The digital citizenship ofchildren and adolescents:Challenges for social workeducation.Research in Education and Learning Innovation Archives,28,32--37. DOI: 10.7203/28.23001

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¿Conoces una iniciativa inspiradora e innovadora en el área de servicios sociales?. Infórmaselas al Fondo Social Europeo, Proyecto BuiCaSuS.

 

Encuestas: ¡Indícanos buenas prácticas para una sociedad sostenible!.


La Unión Europea está promocionando el concepto y la práctica de la innovación social en la implementación del Fondo Social Europeo. 
La Comisión Europea ha encargado a una serie de consorcios indagar en las prácticas, competencias e institucionalización de la innovación social. 
La Secretaría de Estado de Derechos Sociales (España) lidera un consorcio con socios en Francia, Letonia, Suecia y España. 

Puedes encontrar más información en la página web www.buicasus.eu

Una parte del cometido del proyecto BuiCaSuS es saber más sobre el ecosistema de innovación social en cada país. También se organizará un espacio de encuentro e intercambio para iniciativas que dan apoyo a iniciativas y proyectos.

BuiCaSuS nos propone participar y difundir los dos cuestionarios para identificar y registrar este tipo de proyectos e iniciativas

Toda la información y los enlaces a dos encuestas están disponible también en la página para el mapeo en España: https://www.buicasus.eu/encuestas-indicanos-buenas-practicas-para-una-sociedad-sostenible

Están buscando dos tipos de iniciativas: accede desde aquí a las dos encuestas

1.- Nuevas formas de hacer las cosas en el área de servicios sociales enfocados en la persona. Primera encuesta – INICIATIVAS: Innovación social en servicios sociales
    
2.- Estructuras y servicios que dan apoyo a este tipo de iniciativas.

Ambas son el primer paso para un mapeo más detallado y para nombrar iniciativas que entren en un intercambio transnacional.

. El cuestionario no debería tardar más que diez minutos en rellenarse. 
. ¡OJO! Está abierto hasta el 3 de diciembre.


"BuiCaSuS es un proyecto transnacional destinado a reforzar las capacidades de los centros nacionales de competencia para la innovación social. Los socios proceden de España, Suecia, Letonia y Francia. Es uno de los seis consorcios financiados por la Comisión Europea. Entre sus tareas está la de cartografiar los actuales sistemas de innovación social, apoyar los planes de pilotaje y ampliación, fomentar el aprendizaje transnacional sobre herramientas para la innovación y desarrollar propuestas políticas para los centros de competencia nacionales". 

El Proyecto BuiCaSuS tiene por finalidad fomentar la cooperación transnacional para la creación o consolidación de centros nacionales de referencia de la innovación social (IS). Pretende mantener una vinculación estrecha con las actividades de programación actuales y futuras del Fondo Social Europeo y con los programas EaSI. Este consorcio ha elegido la opción A, reuniendo en un mismo consorcio desde el inicio a organizaciones de 4 Estados miembros, dos de las cuales cuentan con bastante más experiencia que las otras dos. 

El objetivo general es fomentar la cooperación transnacional y el aprendizaje mutuo para crear o fortalecer instituciones u organizaciones que actúen como centros nacionales de referencia, con objeto de impulsar el ecosistema de la innovación social en los respectivos Estados miembros. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 
 Identificar e inventariar las fortalezas, debilidades e iniciativas inspiradoras de los ecosistemas de innovación social de los socios, así como las iniciativas de innovación social emprendidas y/o replicadas, promoviendo su análisis comparativo y el intercambio de experiencias (Paquete de trabajo 2 - WP2) 
 Aprender cómo se promueve en otros países la innovación social en respuesta a las necesidades sociales y preparar y probar la réplica y el escalado de proyectos de innovación social entre los países socios (Paquete de trabajo 3 -WP3) .
 Facilitar la cooperación y el intercambio de experiencias sobre métodos, herramientas y enfoques del fomento de la innovación social entre las instituciones y actores de los cuatro países socios, con el fin de desarrollar sus capacidades para propiciar la emergencia de ideas innovadoras y determinar los ámbitos prioritarios del desarrollo de capacidades en cada país. (Paquete de trabajo 4 - WP4) 
 Desarrollar estrategias y establecer las condiciones para la creación o la consolidación de unos centros de referencia de la innovación social que contarán con el apoyo del FSE en los próximos años (Paquete de trabajo 5 - WP5) 
 
El proyecto BuiCaSuS tendrá una duración de 24 meses, con arreglo a un plan de trabajo dividido en 5 paquetes de trabajo (WP). Está basado en un diseño de múltiples niveles concebido para propiciar el intercambio transnacional de experiencias entre los respectivos entornos de la innovación social, a través de los espacios definidos dentro de cada WP para ese intercambio y aprendizaje mutuos.  

Dado el carácter integral del proyecto, cada uno de estos paquetes, salvo el primero, será liderado por un socio con el apoyo de otro de los socios, ambos expertos en la materia correspondiente. Además del conjunto inicial de tareas de coordinación, el proyecto consta de cuatro líneas de trabajo.  
La primera actividad consiste en el mapeo de los actuales sistemas de IS (WP2). El carácter formativo del proyecto se manifiesta en dos dimensiones: un proyecto piloto de transferencia de competencias de acompañamiento de la innovación a través de dos experiencias con proyectos reales en Letonia y en España, respectivamente (WP3), y la creación de plataformas transnacionales de intercambio (polos de conocimiento) en los que se aplicarán métodos específicos de la IS a los problemas sociales identificados en cada país.  
Por último, el proyecto definirá criterios para el diseño institucional mediante la elaboración de un plan de creación o consolidación de estructuras institucionales que actúen como centro de referencia en cada uno de los cuatro países.  
Dada la breve duración del proyecto, los elementos WP2 y WP5 se desarrollarán de forma consecutiva, mientras que WP3 y WP4 se desplegarán en paralelo a ellos.

Patrocinadores del consorcio que lidera España, Fondo Social Europeo.
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Nuevos retos del Trabajo Social ante la nueva Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Charla de Tomás Luis Martín Rodríguez.


Consejo Oficial del Trabajo Social 
de las Palmas.

No todos los días se puede contar con la participación de profesionales como Tomás Luis Martín Rodríguez, Magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas . Primer Juzgado especializado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de España, ubicado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Fundador de AIDDDIA. Asociación interdisciplinar en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Como profesionales del ámbito de la infancia y adolescencia se trata de una gran oportunidad para conocer de primera mano las novedades en relación a esta nueva ley orgánica, y el papel del colectivo de profesionales del Trabajo Social. Qué roles sería necesario desempeñar y las exigencias formativas en relación al mismo.

OBJETIVOS DE LA CHARLA

  • Informar sobre los cambios y las novedades que aporta la ley al Trabajo Social
  • Contestar a las posibles dudas de las/os profesionales en relación a este tema.

CONTENIDO

  • Exigencias en materia de formación especialización y capacitación.
  • Nuevas figuras concernientes al Trabajo Social.
  • Novedades en materia de Intervención vinculadas a la nueva ley

FECHA Y HORARIO

14 de julio a las 18.00 a través de la plataforma Zoom

PLAZAS LIMITADAS

*Dirigido a profesionales del Trabajo Social colegiados/as, con preferencia de los profesionales del Colegio del Trabajo Social de Las Palmas.

⭐!AMPLIAMOS PLAZAS !

INSCRÍBETE AQUÍ

El pin parental es una forma de ejercer la violencia contra la infancia y la adolescencia.


Posicionamiento del Consejo General del Trabajo Social.

Los/as niños/as tienen que conocer la sociedad que les rodea y decidir sobre cómo quieren vivir, por lo que la aplicación del pin parental es una forma de ejercer violencia contra la infancia y la adolescencia al no respetar su autonomía como personas libres y con capacidad de decisión. Así lo ponemos de manifiesto en nombre de la profesión desde el Consejo General (CGTS) y la Comisión de Infancia y Adolescencia del Colegio de Trabajo Social de Granada (COTS Granada).

El llamado “pin parental” educativo, eufemismo para denominar al veto parental, genera un debate público populista y manipulado.
Aunque no se habla de un tiempo a esta parte de la incorporación de dicha figura en las políticas públicas en el ámbito educativo, consideramos necesario retomar su análisis desde un abordaje reflexivo para concienciar a madres, padres, tutores/as legales y profesionales de los ámbitos social y educativo, sobre las repercusiones que su aprobación parlamentaria puede tener para niñas, niños y adolescentes.

Entendemos que la familia cumple un papel fundamental en nuestra sociedad en la socialización del niño/a, en su proceso educativo, provisión de afecto, protección y desarrollo personal en un contexto de bienestar. Desde el Trabajo Social apoyamos a las familias en el desarrollo de sus funciones, la atención de las necesidades de la infancia y la adolescencia, y su implicación en su proceso educativo.

Por ello, atendiendo a las razones legales fundamentadas, por convicciones éticas y deontológicas, los y las trabajadoras sociales mostramos nuestro más rotundo rechazo al establecimiento del veto parental, pues atenta contra los derechos y libertades de niñas, niños y adolescentes; supone un grave sesgo para la formación integral y en valores de la población en edad escolar y confunde, con un fin manipulativo, el adecuado cumplimiento de las obligaciones y funciones de madres, padres y tutores/as legales para con sus hijos e hijas.

Como trabajadoras/es sociales, aportamos nuestro punto de vista sobre esta cuestión tan sensible para dar a conocer ante la sociedad y las familias a las que atendemos desde los distintos dispositivos públicos y de iniciativa social, las repercusiones negativas que este planteamiento conlleva para niños y niñas. Pretendemos de este modo, concienciar a madres, padres y tutores/as legales sobre el trasfondo de una propuesta, que pese a disfrazarse a través de un discurso de ejercicio de un derecho de libertad de decisión de la ciudadanía, promueve la vulneración de derechos fundamentales de los niños y las niñas.

Accede al posicionamiento sobre el veto parental (accede al documento) elaborado por el CGTS y el COTS de Granada en nombre de la profesión del Trabajo Social.



Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2021.

Guía "Actualizada a 15 de mayo de 2021,"
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.


Resumen:

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 publica esta "Guía de Ayudas Sociales y Servicios para las Familias", cuyo objetivo es facilitar información actualizada a las personas que tienen responsabilidades familiares sobre las prestaciones, beneficios y servicios que tienen a su disposición en el ámbito de la Administración General del Estado.

La Administración General de Estado desarrolla múltiples iniciativas de apoyo a las familias desde los diversos Ministerios, que afectan a ámbitos como la protección social, la normativa laboral básica, la fiscalidad, las becas educativas, la política de vivienda, entre otros, que complementan las actuaciones que desarrollan las administraciones autonómicas y locales en sus respectivos ámbitos de competencia. Algunas de las medidas van dirigidas a las familias en general, mientras que otras tienen como beneficiarios a colectivos familiares singulares, como es el caso de las familias numerosas, las familias monoparentales o las familias con personas en situación de dependencia.

Esta Guía pues contribuye a la difusión y sensibilización en materia de derechos y servicios para las familias, integrando y ordenando la información más relevante para facilitar a ciudadanos e interesados el acceso a la misma, todo ello sin perjuicio de otras medidas de apoyo adoptadas por el Gobierno en el marco del llamado “escudo social” para paliar los efectos sociales y económicos de la crisis sanitaria producida por la COVID-19, que cuentan con vías de difusión específicas, como, por ejemplo, la web del Ministerio.

En esta nueva edición, actualizada para el año 2021, se recogen principalmente las ayudas establecidas en los ámbitos de seguridad social, empleo, fiscalidad, servicios sociales, educación, vivienda, entre otros, incluyendo las muy relevantes modificaciones aprobadas recientemente en relación con los permisos por nacimiento y cuidado de menores, a fin de facilitar la conciliación y la corresponsabilidad familiar y laboral o la implementación del Ingreso Mínimo Vital, una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas; asimismo se facilitan las direcciones y enlaces de los organismos autonómicos competentes en estas materias y de entidades sociales que trabajan en el ámbito de familias, de modo que los ciudadanos y ciudadanas puedan ampliar la información sobre las ayudas existentes en su Ciudad o Comunidad Autónoma.

Esta edición, como en años anteriores, contiene un capítulo dedicado a las actividades culturales, deportivas y de turismo para familias con niños/as y adolescentes promovidas por organismos y centros dependientes de la Administración General del Estado tales como los Museos Nacionales, la Biblioteca Nacional, los adscritos al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el Consejo Superior de Deportes o Turespaña.

Asimismo, se ha mantenido y actualizado el capítulo referente a parentalidad positiva (apoyo a padres, madres y personas con responsabilidades parentales), con la intención de proporcionarles herramientas para promover relaciones positivas en la familia; y el capítulo sobre el uso seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que ofrece recursos gratuitos encaminados a un uso seguro, responsable, legal y crítico de internet y de las redes sociales, en el que se ha añadido información sobre nuevos materiales y recursos en estas materias.

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Génesis de la profesionalización y el cierre ocupacional de la intervención con la infancia y adolescencia.

Exigencias a España del Comité de Derechos del Niño y la Niña, 
sobre la necesidad de especial cualificación profesional para todos los agentes 
que intervienen con niños, niñas y adolescentes.

Tomás Luis Martín Rodríguez*,
Artículo del Magistrado, 
  publicado en el Anuario Didania 2020.

La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, supuso en nuestro ordenamiento jurídico el avance más importante que en materia normativa de protección a la infancia y adolescencia se había producido en décadas. 
A la luz de dicho texto, y en el marco de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos de Niños y Niñas (Aunque el propio Comité ha indicado: “In Spanish, chlidren should be rendered as niños, niñas y adolescentes”, considero igual de ajustada y más inclusiva la traducción mixta.), examinó el segundo informe periódico de España presentado en 1998. 
Del contenido de estas observaciones finales prestaremos especial atención a las exigencias de especial cualificación profesional a todos los agentes que intervienen con niños, niñas y adolescentes.
El Comité recomendaba que España debía emprender programas sistemáticos de educación y enseñanza de los principios y las disposiciones de la Convención a todos los grupos de profesionales que trabajan con y para los niños, profesionales del sistema de justicia, abogacía, policías, funcionarios públicos, personal sanitario, docente y del trabajo social. 

Las sucesivas normas autonómicas que siguieron a la publicación de la ley 1/1996 implicó un reforzamiento de los trabajos que se venían desarrollando en el abordaje del maltrato
infantil. En una de sus publicaciones sobre esta materia el Grupo de Trabajo sobre Maltrato Infantil del Observatorio de la Infancia incidía de forma particular en que la actuación en casos de maltrato infantil, independientemente del nivel en que se produzca, tiene que cumplir unos requisitos mínimos. Debe realizarse por un equipo de profesionales con formación específica en los problemas familiares y de la infancia, con conocimientos de recursos y estrategias propias de estas situaciones (equipo especializado, no por un conjunto de especialistas).  Lo que implica el desarrollo de un trabajo coordinado, en equipo y con bases científicas, y no desde el voluntarismo. 

El Comité en el informe del año 2010, recomendaba al Estado que prosiguiera su labor de asegurar la amplia difusión y comprensión de todas las disposiciones de la Convención.
A este respecto, lo alentaba a elaborar programas educativos sistemáticos sobre los principios y las disposiciones de la Convención dirigidos a las familias, niños y niñas y los
profesionales que con ellos trabajan.

Respecto al interés superior del niño solicitaba que se impartiera capacitación a todos los responsables de la adopción de decisiones (funcionarios públicos, órganos legislativos y de la Administración de Justicia). Igualmente recomendaba que intensificara su labor y promoviera el debido respeto por las opiniones de niños y niñas a cualquier edad en los procedimientos administrativos y judiciales sobre su custodia y las causas sobre inmigración, así como en la sociedad en general. Efectivamente una adecuada capacitación de los profesionales, parte de la comprensión del derecho de niños y niñas a ser escuchados. 

En el ámbito de la justicia juvenil instaba a mejorar los programas de capacitación sobre las normas internacionales pertinentes para todos los profesionales del sistema de justicia. Conviene recordar que es este informe el primero que recomienda que se apruebe una ley integral sobre la violencia contra los niños, texto en el que desembocaremos. 
En el año 2018, el Comité presentaba nuevas observaciones finales, reiterando que se intensificaran los esfuerzos para asegurar que el derecho de niños y niñas a que su interés superior sea una consideración primordial, esté incorporado de manera apropiada y sea interpretado y aplicado de manera consistente y en consecuencia que se impartiera a los profesionales formación sobre la manera de determinar ese interés superior.

Instó a que se promoviera el debido respeto por las opiniones de niños y niñas, se promovieran los conocimientos de los profesionales de distintos ámbitos que trabajan con la infancia y adolescencia, incluidos los jueces, juezas y fiscales de familia, y se impartieran programas de formación acerca de los derechos y de la aplicación del derecho de la infancia y adolescencia a ser escuchados, entendido como un derecho y no como una obligación. El Comité considera imprescindible que en España se emprendan programas y actividades de concienciación para promover la participación significativa, basada en el empoderamiento, de todos a cualquier edad, en la familia, en la comunidad y en las escuelas, prestando especial atención a las niñas y a los niños desfavorecidos o marginados. 
Son varias las materias en las que reitera esta necesaria mejora profesional, así para abordar casos de abusos y agilizar la elaboración de protocolos de atención. Con referencia a los derechos de los niños con discapacidad, insta a aplicar plenamente a las cuestiones de discapacidad un enfoque basado en los derechos humanos que garantice la igualdad de acceso a una educación inclusiva de buena calidad en las escuelas ordinarias, lo que incluye el funcionamiento de mecanismos apropiados que permitan recurrir contra decisiones de colocación en centros educativos y la imprescindible formación permanente de buena calidad a todo el personal docente.  Con relación al derecho de niños y niñas al disfrute del más alto nivel posible de salud, el Comité recomendó que se aumentara el número de pediatras y velara por que los médicos generalistas que prestan servicios de salud a la infancia adquirieran experiencia y conocimientos especializados adicionales y reciban más formación sobre la atención a los niños, niñas y adolescentes. 

En el contexto de la migración internacional y sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos en los países de origen, tránsito, destino y retorno, el Comité recomendó a España, impartir a todos los profesionales que intervienen en cuestiones de protección internacional y de migración formación sobre la Convención, los derechos de la infancia y el deber de proteger a los niños y niñas que solicitan protección internacional, ello implica mejorar la capacidad de guardias de fronteras y otros profesionales competentes para identificar adecuadamente a los niños y niñas y determinar sus necesidades de protección específicas, teniendo en cuenta su edad, género y diversidad, y asegurar una rápida transferencia a centros de recepción adecuados.

En materia de Trata requirió que se fortaleciera la capacidad de agentes de policía, guardias de fronteras, funcionarios de los servicios consulares, inspección de trabajo y trabajo social, entre otros, de modo que puedan identificar a las niñas y niños víctimas de la trata.
En la Administración de la justicia juvenil solicitó el aumento del número de jueces y juezas especializados en la infancia y adolescencia y que se disponga de juzgados especializados
en justicia de menores y de procedimientos que tengan en cuenta las necesidades de niños y niñas. En palabras del Comité, España debe fortalecer la capacidad y la concienciación
de la judicatura en lo relativo a la Convención y sus Protocolos Facultativos y velar por que se asignen a este respecto los recursos humanos, técnicos y financieros apropiados.
 
El Comité lamentó, ya ese año, la falta de progresos en la aprobación de una ley general sobre la violencia contra los niños. 
Dentro de las muchas novedades propuestas en el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, una de las más relevantes es la
atención a los mandatos expuestos, más considerando que, en el actual trámite de enmiendas, parece admitirse la propuesta del texto en esta materia. Por ello incide de manera particular en elevar el nivel formativo y capacitación de los profesionales que trabajan, en todos los sectores, público o privado, retribuido o voluntario, con niños, niñas y adolescentes. 

Establece como uno de los Principios Rectores la especialización y capacitación de los profesionales que tienen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes para la detección de posibles situaciones de violencia sufrida por los mismos. 
Prevé que las Administraciones Públicas, promoverán y garantizarán una formación especializada y continua a los distintos profesionales que tengan un contacto habitual con las personas menores de edad en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia. Dicha formación comprenderá como mínimo: La educación en la prevención y la detección precoz de toda forma de violencia. Posibles actuaciones a llevar a cabo una vez que se han detectado indicios de violencia. Formación específica en seguridad y uso seguro de Internet para mejorar la prevención y detección de toda forma de violencia. El buen trato a los niños, niñas y adolescentes. Identificación de los factores de riesgo. Y mecanismos para evitar la victimización secundaria.  
Además, las Administraciones Públicas deberán desarrollar programas de formación inicial y continua destinada a los profesionales cuya actividad requiera estar en contacto habitual
con niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de detectar precozmente la violencia ejercida contra los mismos. 
Se instaurará el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia con el objetivo de erradicar la violencia contra niños y niñas con especial incidencia en los ámbitos familiar,
educativo, de servicios sociales, sanitario, judicial, y de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 

En el campo de los Servicios Sociales se incrementan las exigencias de formación inicial y continua toda vez que pasan a ser considerados autoridad. Para ello las Administraciones Públicas competentes dotarán a los servicios sociales de atención primaria de profesionales y equipos de intervención familiar especialmente entrenados en la detección, valoración e intervención frente a la violencia ejercida sobre la infancia y adolescencia.

En el ámbito escolar las Administraciones Públicas, deberán garantizar que los docentes y educadores reciben formación específica en materia de educación inclusiva. Se crea la figura del Coordinador de Bienestar y Protección (a la espera de su nominación final)  que deberá acreditar una particular formación, en relación con la discapacidad y la detección y prevención de la violencia. En el campo de la Educación superior se promoverá la inclusión en todos los ámbitos académicos de la docencia e investigación en derechos de la infancia
y adolescencia y en la lucha contra la violencia ejercida sobre la misma. Los programas de especialización de las profesiones sanitarias, del ámbito educativo, de Periodismo y Ciencias de la Información, del Derecho, y de aquellas otras titulaciones conducentes al ejercicio de profesiones en contacto habitual con niños y niñas, promoverán la incorporación en sus planes de estudios de contenidos específicos dirigidos a la prevención, detección e intervención de los casos de violencia.  

En el sector sanitario se concreta que las Administraciones sanitarias deberán garantizar la existencia de recursos especializados en el tratamiento de personas menores de edad
víctimas o agresores de violencia sexual y/o violencia de género. 

Estas exigencias también se trasladan al campo de la Administración de Justicia. Los Colegios de Abogados facilitarán a sus miembros el acceso a formación específica sobre los aspectos materiales y procesales de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, tanto desde la perspectiva del Derecho interno como del Derecho de la Unión Europea y Derecho internacional, así como a programas de formación continua en materia de lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia. También deberán existir agentes de policía especializados en el abordaje de niños, niñas y adolescentes y en recoger su testimonio.  

Exigiendo la especialización en materia de infancia y adolescencia a tribunales y fiscales, en previsión de la creación de órganos especializados, se estructura todo un conjunto de acciones encaminadas a esta formación y a la de los miembros de los equipos psicosociales, cuyo número debe aumentar.  

En las actividades deportivas y de ocio se regula que quienes trabajen en entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con niñas, niños y adolescentes, deberán recibir formación específica en la prevención y detección de cualquier forma de violencia, así como para atender adecuadamente las diferentes aptitudes y capacidades físicas e intelectuales y la discapacidad para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo.

En consecuencia y tras tanto tiempo, viene la nueva norma a suplir el gran vacío existente en nuestro país para una adecuada atención, con su participación, a niños, niñas y adolescentes, como es la exigible cualificada formación de los adultos que con ellos intervienen. 


*Tomás Luis Martín Rodríguez
. Magistrado de Carrera desde 1997, recientemente nombrado para poner en marcha el 1º Juzgado de España especializado en violencia contra los NNA.
Máster sobre “Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo de la Infancia” por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Experto Universitario, con certificado de excelencia, en Aspectos Clínicos, Prevención y Tratamiento del Maltrato Infantil. Formación Continua en “Estudios Jurídicos Avanzados en Derechos Humanos”. 
Especialización en perspectiva de género y perspectiva de género, ámbito penal, del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.  
Miembro del Grupo de Sociología de Infancia y Adolescencia (GSIA).

La discriminación por razón de edad desde el enfoque de los Derechos Humanos del Niño: ¿una asignatura pendiente en la formación para el Trabajo Social?.

Los profesionales de trabajo social deben reconocer a niños y niñas 
como sujetos de derechos.

Eva Carrasco-Hierro, Iván Rodríguez-Pascual,
Vol. 10, nº 18, enero-junio 2020. 

Resumen(*)

Los profesionales de trabajo social deben reconocer a niños y niñas como sujetos de derechos. En esta investigación, nos centramos en la percepción por parte del estudiantado del Grado en Trabajo Social de la Universidad de Huelva de la discriminación contra niñas y niños. Nos basamos en los cuatro tipos de discriminación por razón de edad propuestos por Manfred Liebel (por conducta no deseada; por protección; por restricción de acceso a servicios y también la discriminación intergeneracional) con el objetivo de conocer en qué grado los y las estudiantes de Trabajo Social reconocen diferentes manifestaciones de la discriminación hacia niños y niñas tanto como los derechos de la población infantil. Los resultados muestran un bajo conocimiento de la Convención de Derechos del Niño (CDN) así como una baja sensibilidad hacia algunas de las formas de la discriminación ejercida contra la población infantil, datos que solo tienden a mejorar significativamente en el tercer curso y que aconsejan mejorar la cantidad y la calidad de formación obligatoria en materia de enfoque de derechos del niño en la formación universitaria de las y los Trabajadoras/es Sociales.

Accede al texto completo.

(*) El presente artículo está basado en el Trabajo Fin de Máster, del Programa Oficial “Máster Universitario en Investigación e Intervención en Trabajo Social” de la Universidad de Huelva (España), realizado por Eva Carrasco Hierro y dirigido por Iván Rodríguez Pascual durante el curso académico 2018-2019.

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Tendencias de Investigación en Intervención Social...


Orgambídez Ramos, Alejandro . Editor,
Borrego Alés, Yolanda . Editor,
Vázquez Aguado, Octavio. Editor,


Acceso al índice de esta publicación, en la que merece una atención especial el 7º apartado: 

"INFANCIA, INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL: HORIZONTES METODOLÓGICOS EN DIÁLOGO / Iván Rodríguez Pascual. Marta Martínez Muñoz."

Este libro pretende ser una herramienta de trabajo para todos los investigadores y profesionales interesados por la investigación en el ámbito de la intervención social.
Ofrece un conjunto de textos que permiten conocer las tendencias actuales de investigación social, tener información sobre los métodos y las técnicas que se están utilizando, las estrategias de análisis de la información, los resultados obtenidos…sobre áreas que resultan de gran interés para investigadores, profesionales, estudiantes y responsables de instituciones públicas y privadas de intervención social.
Tener acceso a los resultados más relevantes de estas investigaciones, será de gran ayuda para mejorar el conocimiento de la realidad y abrirá también posibles nuevas líneas de investigación en las que profundizar.
El desafío es doble: la intervención social debe basarse en el conocimiento, pero también la investigación debe convertir en objeto de conocimiento las prácticas de intervención. Quelas decisiones que tomen los profesionales, así como las agencias de intervención respondan al mejor conocimiento disponible en cada momento. Y, al mismo tiempo, que la sociedad conozca, y aprecie, los logros de la intervención social puestos en valor por la investigación.

A todo ello quiere contribuir el presente volumen.


Objetivos de Desarrollo Sostenible. Retos en la Agenda de los Servicios Sociales. Jornada.














25 de abril 2018,
en la Casa de la Cultura.
Mejorada del Campo

Objetivo de la Jornadalos Servicios Sociales y los acontecimientos que les rodean, bajo el prisma de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – agenda 2030 – para los Servicios Sociales (públicos y próximos).

¿Cómo inscribirse?

Presentación de la Jornada
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible suponen una estrategia global para mejorar la calidad de vida de la personas de una forma integral. No solo se plantea la perspectiva
de que debemos mejorar el acceso a los recursos de bienestar social y evitar las desigualdades sociales sino que es una clara llamada de atención a no seguir perjudicando el medio en el que habitamos.
Los objetivos marcados suponen la implicación de todos y todas y por ello es imprescindible que la agenda 2030 esté presente en las administraciones de proximidad como son las municipales. Es imposible poder llegar a conseguir los objetivos si no se trazan líneas de actuación en las que estemos presentes.
Muchos de los objetivos que la Agenda 2030 plantea son inherentes a los Servicios Sociales y por ende a la Intervención Social. Por ello no tendría que suponer mucho esfuerzo el poder integrarlos y que estén en la implementación de nuestras acciones.
Aun así, cuando una estrategia global se plantea, debemos aterrizarla y organizar las actuaciones para entender cuáles son nuestras finalidades y medir el impacto.
Nos parecía importante en esta Jornada, que siempre gira en torno al Sistema de Servicios Sociales y la calidad, reflexionar sobre cuál es el papel de los servicios públicos de carácter social en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Son grandes retos, pero no inalcanzables. Los plazos son cortos  y el cambio de paradigmas y la sostenibilidad  necesarios. Debemos reflexionar, pero activar todos los mecanismos para que se cumplan. Esta Jornada pretende que encontremos viejos y nuevos caminos para culminar esta gran tarea.
Sonia Redondo González
Presidenta de la Mancomunidad
Antonia Alcázar Jiménez
Vicepresidenta de la Mancomunidad

Programa de la Jornada
9.00 h.  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.
9.30 h. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA.
 · Dña. Sonia Redondo González.   Presidenta de la Mancomunidad Mejorada – Velilla.
 · Dña. Antonia Alcázar Jiménez.  Vicepresidenta de la Mancomunidad Mejorada – Velilla.
 · Dña. Mar Ureña Campaña.   Decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid.

10.00 h.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ATERRIZANDO EN LA PROXIMIDAD
 · Don Juan Luis Revuelta Sansegundo. Asesor Técnico, D.G. de Serv. Soc. e Integración S.
 · Don Pablo Martínez Oses. Director General de Unión Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).
Modera:  Dña. Mar Cercadillo Isla. Directora de la Mancomunidad Mejorada – Velilla.
11.00 h.  DESAYUNO.

11.30 h.  BIENESTAR CON DESARROLLO. DIALÓGICAS PARA REPENSAR EL PAPEL DE LOS
SERVICIOS SOCIALES.
 · Don Germán Jaraiz Arroyo. Profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
 · Dña. Gema Gallardo Pérez. Vicepresidenta Segunda de EAPN Madrid. Directora General de la Asociación Provivienda.
Modera: Don Alejandro López Pérez. Director Gerente del Colegio de Trabajo Social Madrid.

12.30 h.  UNA MIRADA DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE LA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EL FEMINISMO Y LA PRÁCTICA DEL BIENESTAR.
 · Aportaciones y carencias de los ODS desde la mirada Ecofeminista.
  Dña. Nerea Ramírez Piris. Socia fundadora de la Cooperativa Cyclos.
 · Educación Changemaker (que cambia el mundo) en el siglo XXI.
  La experiencia del Aprendizaje Servicio.
  Dña. Cristina Domínguez Soler. Maestra, pedagoga y colaborada de Fundación Ashoka.
  Dña. Mª Jesús Luque Mendoza. Profesora  del IES Miguel Catalán.
  Dña. Cristina Castillo Siles. Integradora del IES Miguel Catalán.
 · Re-humanizando la sanidad.
  Dña. Rosario Luis-Yagüe López. Trabajadora social. Técnico de la Subdirección   General de Humanización de la Asistencia Sanitaria . Consejería de Sanidad.
Modera:  Don Ignacio García Fernández. Mediador de la Mancomunidad Mejorada – Velilla.
14.00 h. CONCLUSIONES DE LA MAÑANA.
DESCANSO HASTA LAS 16:00 h.

16.00 h. TALLERES SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO DE NUESTRA PRÁCTICA 
PROFESIONAL.
 · Algunas claves para mejorar nuestra  comunicación en público.
  Don Lars Bonell Garcia. Profesor universitario de Educación Social.
 · Herramientas para la divulgación científica  de la práctica profesional.
  Dña. Laura Ponce de León Romero. Trabajadora Social y Psicóloga Clínica.
 · Redes sociales y estrategia comunicativa en Servicios Sociales.
  Don José María Regalado López. Trabajador Social.
Presenta: Don David Mendieta Martín. Director Operativo y Comercial de 7 Estrellas.

18.00 h.  CONCLUSIONES.
18.15 h.  ENTREGA PREMIOS Y CIERRE DE LA JORNADA.

Direcciones, teléfonos y datos de interés:
Sede de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada - Velilla:
Pza. de España, 1.     28.840 - Mejorada del Campo
Teléfonos: 91.679.33.27 / 56   -   Fax:91.679.26.74
e-mail: serviciossociales@mejoradadelcampo.org