Rego impulsa un nuevo marco para blindar los derechos de la infancia en el sistema de protección

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado un real decreto para crear un nuevo marco que blinde los derechos de la infancia en el sistema de protección, a través del establecimiento de unos estándares comunes mínimos, en colaboración con las diferentes administraciones competentes.

La Moncloa

13/11/2024

"Con este decreto, damos un paso firme hacia un sistema de protección más justo y efectivo para todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de desamparo en nuestro país", ha afirmado Rego durante su comparecencia en la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados. "La protección a la infancia no puede ser voluntaria, no puede ser opcional", ha añadido.

Esta propuesta legislativa, que se encuentra en consulta pública hasta el 27 de noviembre, se marca como objetivo establecer criterios para fomentar el acogimiento familiar frente al residencial; la accesibilidad y condiciones estructurales de los centros; la transición a la vida adulta y la supervisión y evaluación de los centros; así como protocolos contra violencia y discriminación.

Grupo de trabajo sobre el impacto de la crisis climática

Durante su comparecencia, Rego ha presentado las líneas de actuación del Ministerio de Infancia y Juventud para atender las necesidades específicas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes afectados por la DANA en distintos ámbitos. Las subvenciones cubrirán atención psicosocial, voluntariado, recuperación de instalaciones infantiles y juveniles y protección de menores en desamparo, entre otras áreas.

Por ello, el Ministerio de Juventud e Infancia ha puesto en marcha un grupo de trabajo permanente sobre el impacto de la crisis climática en la infancia con organizaciones del tercer sector y ministerios competentes. 

"Desarrollar acciones capaces de abordar los efectos de la DANA no significa solo enfrentarse a las consecuencias, sino también a sus causas", ha dicho Rego.

También ha incidido en el trabajo participativo que el Ministerio de Juventud e Infancia está realizando en torno a la ley de juventud, que se encuentra en consulta pública hasta el 30 de noviembre. "Hemos creado espacios de encuentro participativos para garantizar que sea la juventud de nuestro país quien escriba el primer borrador de esta ley", ha recordado la ministra, quien ha apuntado el "gran deseo de participación" demostrada por las y los jóvenes.

La ministra ha mostrado también el compromiso de su departamento para "poner fin a la ley de la selva que domina internet" y crear entornos digitales seguros para las personas menores. Para ello, ha recordado que el Gobierno está tramitando el anteproyecto de Ley de Entornos Digitales Seguros, que el informe del grupo de 50 personas expertas se publicará próximamente y que irá acompañado de más medidas, como una Estrategia Nacional de Alfabetización.

"Estamos convencidas de que no podemos dejar en manos de las empresas tecnológicas la tarea de autorregularse: no sucede en ningún otro sector económico", ha afirmado.

Rego ha recalcado también la urgencia de trabajar para la erradicación de la pobreza infantil. "Tenemos las herramientas. Tenemos la riqueza. Solo necesitamos voluntad política", ha afirmado. La ministra ha invitado a los grupos a unirse pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil que está impulsando su departamento.

La lucha contra las violencias hacia la infancia y la adolescencia es otra de las prioridades del Ministerio de Juventud e Infancia, que trabaja para la implementación completa de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Además, Rego ha recordado que es necesario que, como sociedad, "tomemos conciencia sobre las violencias contra la infancia y aprendamos a reconocer sus señales". "No es un asunto privado", ha zanjado. 

LOPIVI y Justicia Especializada: un paso crucial para proteger a la infancia en España

La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en España en junio de 2021, marcó un hito en la protección de los derechos de las personas menores de edad. Esta ley, inspirada por los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, subraya la responsabilidad del Estado, las instituciones y la sociedad en general para garantizar que los niños, niñas y adolescentes (NNA) crezcan en un entorno seguro, libre de cualquier tipo de violencia, abuso o negligencia. Sin embargo, su implementación y el alcance de su impacto continúan en debate, planteando desafíos tanto estructurales como sociales para asegurar su cumplimiento real.

elDiario.es

canariasahora

Iraxte Serrano

12 de noviembre de 2024

Avances clave de la LOPIVI

La LOPIVI incluye avances significativos para proteger a las personas menores de edad de situaciones de violencia y abuso. Uno de sus puntos más destacables es la creación de un registro centralizado de delincuentes sexuales, restringiendo el acceso de personas con antecedentes de abuso infantil a trabajos relacionados con la infancia. Esto permite un mayor control y prevención de situaciones que podrían exponer a los NNA a abusos. Además, se establecen plazos de prescripción más amplios para los delitos sexuales, reconociendo que muchas víctimas tardan años en procesar y denunciar los abusos.

Asimismo, la ley introduce un sistema de vigilancia y denuncia accesible, que incluye la figura del Coordinador de Bienestar y Protección en centros educativos y de actividades para la infancia. Estos coordinadores están encargados de detectar y actuar ante situaciones de violencia, fomentando una cultura de protección en los espacios donde los menores pasan la mayor parte de su tiempo. También obliga a los centros educativos y sanitarios a incorporar programas de sensibilización y protocolos específicos de actuación, algo que es esencial para romper el silencio en torno a la violencia infantil.

La LOPIVI desde la perspectiva de los derechos de infancia

La LOPIVI, sin duda, representa una evolución positiva en términos de derechos de infancia, al colocar a las personas menores de edad en el centro de la política de protección. Desde un enfoque de derechos, esta ley responde a principios fundamentales: el derecho de los NNA a vivir en un entorno seguro, su derecho a ser escuchados y a que su bienestar se priorice en las decisiones que les afectan.

Es importante resaltar que este marco no solo protege físicamente al NNA, sino que también intenta abordar las secuelas emocionales que pueden sufrir debido a la violencia o el abuso. Al reconocer el impacto psicológico y emocional de estas situaciones, la ley pone el foco en el bienestar integral, incluyendo la atención a su salud mental. De esta forma, la LOPIVI hace eco del principio de “interés superior del menor”, uno de los pilares de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La experiencia piloto en Las Palmas de Gran Canaria

En 2022, Las Palmas de Gran Canaria inauguró el primer Juzgado especializado en Violencia contra la Infancia y Adolescencia en España, un avance pionero en la implementación de la LOPIVI. Esta iniciativa busca adaptar el sistema judicial a las necesidades y particularidades de los menores de edad víctimas de violencia, evitando revictimizaciones y ofreciendo un entorno más seguro y sensible para procesar estos casos. La creación de este juzgado especializado representa un avance significativo, ya que reconoce la violencia infantil como un problema urgente que requiere un tratamiento judicial especializado y diferenciado de otros delitos.

Una de las principales características de este juzgado es su enfoque de protección integral hacia los NNA. Desde el momento en que el niño, niña o adolescente ingresa en el sistema, se activa un protocolo de atención que incluye el acompañamiento de profesionales de la psicología y el trabajo social, para asegurar que el proceso judicial cause el menor impacto emocional posible. Además, el juzgado dispone de salas amigables para las declaraciones de los NNA, diseñadas con un ambiente adaptado para evitar el estrés y favorecer una comunicación más fluida y segura. 

El juzgado de Las Palmas también pone especial énfasis en la formación y sensibilización del personal judicial. Profesionales de la judicatura, la fiscalía y la abogacía son capacitados para comprender las complejidades de la violencia infantil, de manera que puedan interactuar con las víctimas de forma respetuosa y adecuada a su edad y situación emocional. Esta especialización ha permitido reducir la repetición de testimonios, evitando su exposición a interrogatorios prolongados y traumáticos. Asimismo, el uso de tecnologías, como la grabación de testimonios, permite que estos puedan ser usados en etapas posteriores del juicio sin que el menor deba revivir el proceso.

En sus primeros meses de funcionamiento, el juzgado especializado en violencia contra la infancia de Las Palmas de Gran Canaria ha demostrado ser un modelo efectivo de atención judicial adaptada a la infancia. Las estadísticas iniciales muestran un aumento en el número de denuncias, lo cual puede interpretarse como una mayor empoderamiento y confianza de las víctimas y sus familias en el sistema judicial. Este tipo de juzgado es un ejemplo tangible de cómo la LOPIVI puede traducirse en un cambio estructural, generando espacios que prioricen el bienestar de los NNA en todo el proceso judicial.

La experiencia de Las Palmas de Gran Canaria subraya la importancia de contar con una justicia especializada para la infancia, que permita abordar estos casos desde una perspectiva de derechos y cuidado. La ampliación de estos juzgados especializados a otras comunidades podría consolidar aún más los avances en la protección de los menores, cumpliendo así con el objetivo principal de la LOPIVI: asegurar que los derechos y el bienestar de la infancia sean una prioridad absoluta en todos los ámbitos, incluyendo el judicial.

Desafíos en la implementación de la LOPIVI

Aunque la LOPIVI establece una estructura sólida para la protección infantil, su aplicación real plantea algunos retos significativos. Uno de los desafíos principales es la falta de recursos en muchas comunidades y localidades. Los profesionales encargados de implementar estos protocolos, como los profesionales del trabajo social, la psicología o la educación social, a menudo están sobrecargados, y muchos centros educativos carecen de personal suficiente para asumir funciones de protección de manera efectiva.

Otro problema relevante es la resistencia social y cultural a hablar abiertamente sobre el abuso infantil y la violencia en el hogar. En muchas familias y comunidades, estos temas aún se consideran tabú, lo que dificulta que los NNA y sus familias hablen de ello y además, busquen ayuda. Para que la LOPIVI logre el impacto deseado, se requiere un cambio cultural que fomente el reconocimiento del abuso y la intervención temprana. Esto también implica trabajar con las familias, maestros y otros cuidadores para reconocer los signos de abuso y saber cómo actuar.

La ley también enfrenta el reto de la coordinación interinstitucional. Aunque propone el establecimiento de coordinadores de bienestar en centros educativos, esto debe complementarse con un sistema integral que conecte a todos los actores involucrados en la protección del menor. En la práctica, la falta de comunicación entre servicios de salud, educación y justicia puede dificultar la detección y respuesta oportuna ante casos de violencia.

La LOPIVI es una ley ambiciosa que representa un paso importante hacia la protección de los derechos de infancia en España. Desde una perspectiva de derechos, ofrece un marco prometedor para la prevención y respuesta ante la violencia hacia los menores. Sin embargo, la efectividad de la ley dependerá en gran medida de su implementación adecuada y del compromiso de la sociedad en su conjunto.

Es fundamental recordar que la protección de los NNA es una responsabilidad compartida, y todos tenemos un papel en la creación de entornos seguros y libres de violencia para ellos y ellas. La LOPIVI plantea la posibilidad de un cambio real, pero solo si cada uno de nosotros como parte activa de la sociedad asume su responsabilidad en la protección y bienestar de la infancia. 

Los estudiantes precisan mejor protección contra la violencia y el acoso escolar

Muchos estudiantes son víctimas de violencia y acoso en todo el mundo, un lastre que el día de hoy trasciende la escuela por medio de las redes sociales; sin embargo, sólo 32 países tienen una legislación para combatir el problema, alerta un nuevo informe de la agencia de la ONU para la educación.

Naciones Unidas

Noticias ONU

6 Noviembre 2024

                                                                    © UNICEF/Anush Babajanyan VII Photo

 

Mediadores pares simulan un caso de acoso escolar 
en la escuela Branko Radicevic en Mitrovica Norte, el 30 de mayo de 2018.

“Aunque todos los niños deben sentirse respetados, aceptados y seguros en la escuela para aprender y desarrollarse, muchos estudiantes siguen siendo víctimas de violencia y acoso”, dijo la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay.

La UNESCO publicó un informe sobre el tema en la víspera del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, celebrado cada primer jueves de noviembre.

Con motivo de la jornada, Audrey Azoulay alertó de que en la era de las redes sociales, estos fenómenos ya no se detienen en la puerta de la escuela, sino que la trascienden y continúan y se amplifican en línea.

En línea con el informe, Azoulay señaló que si bien el acoso es un problema del que ningún país escapa, sólo 32 Estados cuentan con un marco jurídico completo dedicado a combatir la violencia en las escuelas.

Más aún, 793 millones de escolares viven en países donde no están prohibidos los castigos corporales en la escuela.

Prioridad educativa

Por ello, la responsable de la UNESCO aprovechó la efeméride como la ocasión de “dar un salto colectivo hacia adelante para que la lucha contra la violencia y el acoso se convierta en una prioridad educativa”.

En este sentido, la agencia reclamó una mejor protección de los estudiantes contra los ataques físicos, verbales y psicológicos, especialmente ante el aumento de la discriminación y la violencia relacionadas con el género y la identidad sexual.

Según los datos de la UNESCO, casi un tercio de los estudiantes del mundo afirma haber sido agredido físicamente al menos una vez durante el año escolar y otro tercio sufre acoso cada mes.

Ciberacoso

El estudio indica también que el ciberacoso es cada vez más frecuente y afecta a uno de cada diez niños, y que más del 16% de los menores ha sufrido negligencia física o emocional.

Además, explica que estos fenómenos tienen graves consecuencias no sólo para el aprendizaje, sino que afectan la salud mental de los estudiantes, y precisa que las probabilidades de sufrir soledad severa, insomnio e ideas suicidas se duplican como consecuencia del acoso.

Acoso a estudiantes LGTB+

El informe destaca que la violencia en las escuelas impacta de manera desproporcionada a ciertos grupos en función de su género, orientación sexual, situación socioeconómica y otros factores de identidad.

A nivel mundial, el 42% de jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transgénero han sido ridiculizados, objeto de burlas o amenazas en la escuela, principalmente por otros estudiantes, debido a su orientación sexual o identidad de género.

Por su parte, las niñas siguen siendo particularmente vulnerables, señala el estudio, y cita que hasta el 25% de las adolescentes sufren violencia de género, y que hasta el 40% de estos incidentes ocurren en las escuelas.

Guía para profesores

La UNESCO recalca el papel fundamental de las políticas públicas, normas y cooperación multisectorial para frenar la violencia y el acoso escolar, y ha elaborado una serie de orientaciones, al igual que guía dirigida a los profesores para combatir la violencia de género y el acoso en las escuelas.

Asimismo, promueve enfoques inclusivos que involucren a todas las partes: estudiantes, profesores, familias y comunidades para crear entornos de aprendizaje seguros y respetuosos.

También apoya proyectos que ponen en práctica sus recomendaciones, sobre todo en África y Asia, y ayuda a prevenir el acoso basado en el género, alentando a los estudiantes a tratarse con respeto y dándoles información para que las víctimas sepan a dónde ir en busca de ayuda.

En África occidental, la UNESCO ha capacitado a más de 20.000 educadores para crear un entorno escolar libre de violencia.

Con Francia echó a andar un proyecto de dos años sobre la salud mental de los estudiantes que tiene como objetivo mejorar las competencias de los equipos educativos en este ámbito y crear redes de apoyo para los estudiantes que reúnan a profesores y educadores, personal sanitario y servicios sociales.

Promover la paz y el respeto por los demás

El informe también llama a las autoridades educativas de todos los países a intervenir en los programas escolares para garantizar que los contenidos educativos promuevan los valores de la paz y el respeto por los demás.

Para lograr que los sistemas educativos en los que todos los estudiantes puedan aprender y prosperar, estando libres de violencia, exclusión y discriminación se requiere un compromiso inquebrantable, “no sólo con acciones inmediatas, sino con la transformación sostenida y sistemática de la manera en que abordamos la educación”, apunta el estudio.

“Esto no es solo un imperativo educativo, sino también social, esencial para el bienestar y el desarrollo de las generaciones actuales y futuras”, enfatiza la UNESCO.

Preocupación por falta de inclusión de niños, niñas y adolescentes en textos finales de la COP16: “Es nuestro deber”

En el evento internacional sobre biodiversidad hubo representantes de la niñez que expresaron sus puntos de vista sobre la crisis medioambiental en el mundo

infobae

Carol Salazar

03 Nov, 2024

Varios niños, niñas y adolescentes hicieron presencia en la COP16
y enviaron mensajes de esperanza - crédito Unicef Colombia

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), llevada a cabo en Cali (Valle del Cauca) terminó el 1 de noviembre de 2024 con el establecimiento de varios acuerdos, entre ellos, la creación de un órgano subsidiario de trabajo para pueblos indígenas y comunidades locales. Así, estas poblaciones contarán con poder institucional.

De igual manera, fueron aprobadas varias modalidades para actualizar y ampliar descripciones de zonas marinas que son de importancia biológica y ecológica, lo cual se logró luego de negociar durante ocho años. De esta manera, se espera que se avance en la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

“Tenemos áreas marinas que están por fuera de las jurisdicciones de países, o sea que se ata el tratado de áreas marinas por fuera de jurisdicciones, se le da poder a la Asamblea de Naciones Unidas para seguir regulando la biodiversidad en el mar, pero además se logra poner las partes de acuerdo en que para definir dónde hay un área marina de importancia ecológica”, explicó la ministra de Ambiente y Desarrollo, Susana Muhamad, que fungió como presidenta de la COP16.

Sin embargo, hay inconformismo a nivel internacional por la falta de inclusión explícita de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los textos finales de la COP16, lo que implica una menor probabilidad de que se ejecuten programas que sirvan para adelantar tareas de protección de biodiversidad. Así lo explicó Tanya Chapuisat, representante Residente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

“Garantizar la inclusión efectiva de la infancia no es solo darles la palabra, sino realmente incluirlos explícitamente en el texto final de la COP. Si no se menciona a la niñez, adolescencia y juventud, es menos probable que haya programas que financien la protección de la biodiversidad pensando en cómo esto afecta su supervivencia, y que se gestionen acciones y soluciones diferenciadas que respondan a sus necesidades particulares”, indicó la funcionaria, citada en un comunicado de Unicef.

Cabe resaltar que los Estados están obligados a garantizar un buen futuro para los niños en materia de contar con un entorno sano y sostenible, de ahí la importancia de incluirlos en los acuerdos que se pacten de cara a la protección de la biodiversidad. Además, serán las personas más afectadas por la crisis medioambiental.

En consecuencia, Chapuisat resaltó la necesidad de escuchar las preocupaciones de los menores. “Instamos a los tomadores decisión a que las voces de los niños, niñas y adolescentes sean incluidas en las resoluciones y políticas que en adelante incorporen los países. Es nuestro deber que sus preocupaciones se traduzcan en acciones concretas, por ello seguiremos acompañando a los gobiernos para que las voces y derechos de la niñez y adolescencia sean tenidos en cuenta”, precisó.

Cabe resaltar que en la COP16 hubo niños presentes, que tuvieron un corto espacio de intervención. Sin embargo, el canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que había solicitado que más representantes de la niñez estuvieran presentes, lo cual no fue posible. “Aquí quiero sentar una voz de queja y de protesta porque no me dejaron entrar a los niños que tenían que presentarse aquí”, indicó.

Una de las niñas que intervino es Sara Díaz, que invitó a los menores de edad a utilizar la tecnología de manera adecuada y buscando beneficiar al planeta. “Aprovechemos la tecnología que tenemos, y en vez de utilizarla para ver videos de TikTok, la utilicemos para informarnos sobre la triple crisis climática que estamos viviendo, porque defender la madre Tierra no es cuestión de un júbilo de ambientalistas, es cuestión de supervivencia”, dijo.