En tiempos de COVID-19, Informe ANAR 2020.

 ANAR presentó el14 de julio, su informe anual 2020:  un documento que recoge y analiza por primera vez cómo el Covid-19 alteró todas las problemáticas que afectan a las personas menores de edad y agravó muchas de ellas.

Fundación ANAR, que gracias a sus Líneas de Ayuda (sobre todo el Chat ANAR, un canal silencioso y seguro) pudo estar cerca de los niños/as y ayudarles cuando nadie más podía hacerlo, dispone de datos únicos para realizar la radiografía de esta realidad y que arroja conclusiones muy interesantes.


¿Qué consecuencias ha tenido y tendrá la pandemia en la salud mental de nuestros menores de edad…? ¿Qué ocurría en los hogares cuando todos estábamos confinados? ¿Cómo ha influido en problemas como los intentos de suicidio, autolesiones, trastornos de alimentación, duelo…? ¿Cómo han evolucionado problemas que vienen sufriendo como el maltrato familiar o la violencia de género…? ¿Qué relación han tenido con la tecnología y cómo esta ha influido en los motivos de peticiones de ayuda que recibe ANAR? ¿Qué secuelas habrá para los niños/as y adolescentes que les ha tocado vivir esta emergencia excepcional y prolongada?

AUTOLESIONES E IDEACIONES SUICIDAS, ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN EN MENORES DE EDAD ALCANZAN CIFRAS RÉCORD A CAUSA DE LA PANDEMIA

Descargáte aquí el 
Informe anual 2020: el Teléfono/Chat ANAR en tiempos de COVID-19 .

“Durante el Estado de Alarma, la Fundación ANAR fue declarada operadora de Servicios Esenciales. Logramos el reto: ayudarles en el momento más difícil, cuando estaban aislados y nadie más podía hacerlo, recibiendo 166.433 peticiones de ayuda de toda España. Conseguimos atender 11.761 casos graves”, explica Benjamín Ballesteros, director de Programas de Fundación ANAR.



Infografía con los principales resultados del informe de ANAR

La gravedad de los casos se refleja en el elevado número de intervenciones de emergencia: 2.277 a lo largo de todo 2020, con una media de 6 diarias. Esto supone un incremento de los casos de urgencia alta (39,1%) y de máxima gravedad (55,6%). Asimismo, se confirma una mayor duración de los problemas: el confinamiento y el aislamiento han provocado que se cronifiquen, llegando a un 51,5% aquellos casos que venían sucediendo desde hace más de un año.

“La pandemia ha generado un ‘cóctel molotov’ en los hogares que explica el incremento de los problemas graves en niños, niñas y adolescentes: el confinamiento del núcleo familiar en un espacio pequeño, la presión en las familias por el trabajo -bien por el sobreesfuerzo del teletrabajo, o por incertidumbre o problemas económicos- o la ausencia de otros lugares protectores como el colegio o el médico. Además, el miedo por la pandemia y el duelo por seres queridos, entre otros muchos factores. Desde el principio de la pandemia alertamos de que todo esto estaba ocurriendo y ahora vemos las consecuencias”, advierte Benjamín Ballesteros.

 Se incrementan las secuelas psicológicas por el Covid: durante el confinamiento se disparan la ideación suicida (+244,1%), ansiedad (+280,6%), baja autoestima (+212,3%) y depresión/tristeza (+87,7%). Los trastornos de alimentación aumentan un 826,3% durante las primeras salidas. Y con la vuelta al cole: autolesiones (+246,2%), agresividad (+124,5%) y el duelo (+24,5%)

“Las consecuencias del COVID-19 han generado en niños/as y adolescentes una gran frustración fruto de la indefensión y desesperación que explican el porqué de que muchos/as adolescentes han aumentado sus ideaciones y tentativas de suicidio durante el confinamiento  y han utilizado mecanismos de autorregulación emocional dañinos con el fin de lograr la reducción de su ansiedad, como las autolesiones con la vuelta al cole  o los mecanismos de compensación propios de los trastornos de alimentación, que se han disparado coincidiendo con las primeras salidas”, revela Diana Díaz, directora del Teléfono/Chat ANAR.

ANAR también ha detectado un incremento de los problemas asociados a la tecnología que pasaron de un 23,2% a un 29,9%, afectando a temáticas como grooming, ciberacoso, violencia de género, pornografía/ prostitución infantil, trastornos de la alimentación, autolesiones, ideaciones e intentos de suicidio y otros problemas psicológicos.

 Además, durante el confinamiento y las primeras salidas despuntaron las dificultades relativas a separación, custodia y régimen de visitas (confinamiento: +42,3%; primeras salidas: +51,9%) y también crecen las consultas relativas a ayudas sociales y pobreza infantil, alcanzando la diferencia más aguda en el confinamiento (+307,2%), llegando a representar un total de 139 casos con esta problemática.

Junto con el informe, ANAR ha lanzado una serie de recomendaciones ante la necesidad de actuar por la gravedad de estas tendencias. Entre estas, destaca la propuesta de la aprobación de un Plan de Acción o Contingencia, en consenso con las demás administraciones públicas e instituciones necesarias, para aplicarlo ante situaciones futuras similares a la de esta pandemia.

Además, se plantea, entre otras medidas: la necesidad de elaborar una estrategia para la erradicación de la violencia sobre la infancia y adolescencia; incorporar un mayor número de profesionales en el área de salud mental; la declaración como servicios esenciales los diferentes servicios destinados a la prevención, detección, protección y asistencia de los niños, niñas y adolescente frente a la violencia o la agilización en la creación de los Juzgados especializados en infancia y familia que prevé la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia a la violencia, que entró en vigor el pasado 25 de junio.

INTENTO DE SUICIDIO Y AUTOLESIONES

Adolescente de 16 años

“He tenido dos intentos de suicidio, además de autolesionarme… Creo que la situación de la cuarentena me está viniendo grande. Llevo un par de días que siento que el mundo se me viene encima…”

VÍDEO

El director de programas de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, y la Directora del Teléfono ANAR, Diana Diaz, resumen y valoran los principales resultados de este estudio.








Los niños, niñas y adolescentes estarán protegidos frente a la violencia en entornos deportivos.

Todas las niñas y los niños tienen derecho a la práctica deportiva y el disfrute de un ocio saludable. Se trata de un derecho recogido en multitud de tratados internacionales, incluida la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN) en su artículo 31.

Fuente, The Conversation*.


En consonancia con esta idea, la Declaración de San Mamés pretende consolidar unas bases mínimas en las cuales se deba asentar cualquier acción encaminada a la protección y buen trato a la infancia en el ocio y en el deporte. Programa ATERPE del Athletic de Bilbao

Además, se subrayan otras tres ideas que resultan claves:

  1. El deporte es, sin duda alguna, un elemento esencial para el desarrollo integral de la infancia.

  2. El deporte y el juego suponen un cambio fundamental para el aprendizaje y la transmisión de valores.

  3. El deporte es una herramienta de extraordinario valor que permite visibilizar la necesidad de seguir trabajando en materia de protección a la infancia.

Es innegable que la protección y el buen trato a la infancia es un elemento importante dentro del trabajo diario de cualquier agente que trabaje en el deporte y ocio infantil.

La labor de todos los agentes resulta importantísima y tiene que estar fundamentada en la construcción de una política integral de protección a la infancia para que la actividad de ocio o deportiva pueda ser disfrutada y vivida de manera sana.

Para lograr dicha finalidad hay que ser conscientes de la existencia de riesgos que pueden afectar a los niños y a las niñas en las actividades de ocio o en la práctica deportiva. Asimismo, puede que los pequeños bajo la supervisión de estos agentes evidencien situaciones de desprotección que se dan en otros ámbitos de su vida ante las que necesariamente se deben de aportar apoyo y una respuesta adecuada.

Delegado de protección a la infancia

La Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia supone un fundamental paso adelante en materia de derechos de infancia, también en el deporte. Dicha ley contiene un capítulo íntegramente dedicado al deporte, en concreto el capítulo 9, en su artículo 48, en el que se establece la necesidad de que los clubes deportivos tengan un delegado/a de protección a la infancia y lleven a cabo una política de protección a la infancia desarrollada mediante un protocolo de actuación para diferentes tipologías de violencia.

Esta figura será a la que las personas menores de edad puedan acudir para expresar sus inquietudes y quien se encargará de la difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos, así como de iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situación de violencia sobre la infancia o la adolescencia.

Los expertos inciden en los factores de protección y en la formación como elementos de prevención. En este sentido, cuando hablamos de prevenir pensamos en evitar que suceda lo malo, es decir, que no llegue a pasar aquello que queremos que suceda.

Pero, ¿prevenir consiste en esto? No, prevenir significa fortalecer los factores de protección. De ahí que sea necesario ampliar el radio de acción de las medidas de prevención para que se intente dar una solución desde la raíz. Así, el ocio y la práctica deportiva es otro de los importantes focos en los que hay que centrar la atención con el objetivo de prevenir situaciones de vulnerabilidad.

Una respuesta académica

La formación es muy importante en el ámbito de la protección y buen trato a la infancia en el deporte. Esta formación debe ser diversa: específica y completa para los/las delegadas de protección por un lado, y genérica para todos los agentes que rodean la practica deportiva infantil.

En relación, a la necesidad de formar a estos imprescindibles delegados en protección del menor, abre nuevos escenarios formativos, y una oportunidad para implementar en proyectos reales esta formación. En este sentido, hace dos años la Facultad de Educación de Bilbao junto con la Fundación Athletic comenzaron un proceso de análisis y de trabajo con la intención de crear un título de postgrado.

El objetivo era el de formar a profesionales del deporte, deporte escolar y federado desde un enfoque innovador, inclusivo y atendiendo a unos valores de convivencia que fomenten el desarrollo integral de las personas.

Una titulación específica

Este título es ya una realidad desde el curso académico 2019/2020 y lleva por título: “Deporte, Educación y Convivencia: Protección de la Infancia y la Adolescencia”. Esta titulación tiene entre sus competencias la de conocer el marco legislativo relativo a la protección de la infancia y la adolescencia y vincularlo al ámbito deportivo; reconocer buenas prácticas en la protección del menor e identificar intervenciones de carácter preventivo; ser capaz de diseñar, desarrollar y evaluar procesos formativos que tienen lugar en los entrenamientos y disponer de las herramientas para la resolución de conflictos; desarrollar espacios de aprendizaje que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades desde una especial atención a la educación en valores, la equidad y el nivel emocional e identificar el deporte escolar y federado como una herramienta para el desarrollo de las habilidades sociales y críticas, y el servicio de la ciudadanía.

Asimismo, este título cuenta con varios módulos teóricos centrados en la protección de la infancia y adolescencia, el entrenador/a como educador o la dimensión social y comunitaria del deporte; además de un módulo de prácticas que se realizan en diferentes proyectos gestionados y coordinados desde la Fundación Athletic.

Con todo, esta formación pretende atender a una necesidad subrayada ya en el nueva ley, y que hará común la presencia de los delegados y delegadas de protección en las entidades deportivas. En definitiva, el objetivo fundamental, que también se traslada desde esta Ley, es la de erradicar cualquier tipo de violencia de la práctica deportiva y trabajar por intentar convertir todos los espacios deportivos infantiles en espacios de bienestar, seguros y protectores para la infancia.


* Este artículo se ha redactado en coautoría con Iñaki Alonso, responsable de la protección de la infancia del Athletic Club.

Coautores Asier Romero Andonegi, Profesor Titular de la Facultad de Educación de Bilbao, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea,   y

Mari Mar Boillos Pereira, Profesora adjunta de la Facultad de Educación de Bilbao, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea


Canadá desentierra los cementerios perdidos del "genocidio cultural" de la infancia indígena.

El hallazgo reciente de dos cementerios con los restos de casi 1.000 menores en antiguos internados indígenas ha reabierto las heridas de la política de asimilación forzada para acabar con las primeras naciones de Canadá y que la comisión oficial para la reconciliación define como "genocidio cultural".
 
Javier Biosca Azcoiti,

El grupo indígena Cowesses descubrió el pasado miércoles los restos de 751 personas sin identificar, la mayoría menores, en un cementerio olvidado situado en el internado Marieval, en la provincia Saskatchewan, en Canadá. Unos días antes, el 28 de mayo, otro grupo indígena, los tk'emlúps te secwépemc, de la provincia de la Columbia Británica, anunció el hallazgo de 215 cadáveres de niños en un internado de Kamloops. 



"Durante más de un siglo, los objetivos centrales de la política indígena de Canadá eran eliminar los gobiernos aborígenes, ignorar sus derechos, terminar los tratados y, a través de un proceso de asimilación, provocar su extinción como entidad legal, social, cultural, religiosa y racial diferente", señala en su primera frase el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación de Canadá, publicado en 2015.

"El establecimiento y funcionamiento de las escuelas-residencia fueron un elemento central de esta política, que se puede describir mejor como genocidio cultural", sostiene el documento. El sistema comenzó oficialmente en 1883 y el último centro cerró en 1996, aunque la mayoría ya lo había hecho en los años 80. Llegó a haber 130 de estos centros y muchos de ellos estaban dirigidos y gestionados por la Iglesia católica.

"Estos hallazgos son solo la punta del iceberg. Lamentablemente, vamos a ver más y más", dice a elDiario.es Heather Bear, vicepresidenta de la Federación de Naciones Indias Soberanas, representante de los 74 grupos indígenas de Saskatchewan. "Esto es solo el comienzo y creo que estamos destapando un legado para Canadá".

Las condiciones de los centros

La historia comenzaba con una carta de las autoridades o con el cura, policía o agente indio de turno presentándose en casa. Los padres estaban obligados a enviar a sus hijos a estas ‘escuelas’ y les amenazaron con ir a la cárcel si no los mandaban. Muchos de esos menores fueron trasladados a lugares remotos, las visitas estaban limitadas y muy controladas y a los hermanos se les separaba. Todo con el objetivo de romper lo máximo posible con su identidad de indígena y matar así al indio que había dentro del niño.

A su llegada se les cortaba la trenza (que a menudo tenía un significado espiritual), se les cambiaba la ropa por un uniforme y sus nombres indígenas por otros occidentales. Se les prohibía hablar en su lengua materna y en ocasiones tenían que hacer trabajo forzado para "financiar el funcionamiento de las escuelas", según detalla el informe.

"En algunas escuelas también eran esposados, maniatados, golpeados, encerrados en sótanos y otras cárceles improvisadas o exhibidos en cepos", señala el documento. Además, muchos sufrieron abusos sexuales. Las condiciones sanitarias tampoco eran las adecuadas y muchos de los niños fallecidos murieron por enfermedades, especialmente tuberculosis. Según los datos de la comisión, al menos 4.100 niños murieron en los internados, aunque la cifra real probablemente es mayor.

Durante la mayor parte de la historia de estos centros, la política general era no devolver los cuerpos a las familias, que incluso no recibían ninguna notificación. En cerca de la mitad de los casos no se registró la causa de la muerte. Bear denuncia que ni Canadá ni la Iglesia han entregado los registros oficiales de los centros para saber el alcance de las muertes. "No podemos permitirles suavizar esto más de lo que lo han hecho. Hay centenares de niños de los que no sabemos nada", dice.

La comisión también recogió múltiples testimonios de abusos sexuales, como el de Marie Therese Kistabish: "El cura me dijo que me arrodillase. Lo hice y empezó a levantarse la sotana. Era una túnica negra larga. Yo empecé a llorar y gritar para que me dejase ir". Otros relatan en detalle tocamientos, violaciones, amenazas, etc.

"Fue un holocausto de nuestros niños. Eran campos de concentración", dice Heather Bear. "La Iglesia y el Estado tienen que reconocerlo. Recibimos una disculpa de Canadá, pero realmente no hemos abordado el genocidio de nuestro pueblo. El Papa ni siquiera se ha disculpado y admitido que ocurrieron atrocidades a manos de curas y monjas".

"Hay que acabar con el racismo de este país"

En 2006, Canadá llegó a un acuerdo extrajudicial con las comunidades indígenas tras la presentación de la demanda conjunta más grande de la historia de Canadá por parte de supervivientes de estas escuelas. En dicho acuerdo, además de indemnizaciones económicas, se pactó la creación de la Comisión de la Verdad y Justicia, que publicó su informe final casi ocho años después del inicio de las investigaciones.

"Los canadienses han sido educados para creer en la inferioridad de los pueblos indígenas y en la superioridad de las naciones europeas. Esta historia y sus consecuencias, por tanto, no deberían verse como un problema indígena. Es un problema canadiense", escribe en la introducción Murray Sinclair, presidente de la comisión y juez de origen indígena.

"Tenemos a nuestra gente caminando perdida sin idioma, sin cultura, sin tradiciones y sin valores que han perdido con esta política. Y eso es lo que necesitamos para sanar", dice. "Se nos ha enseñado que el perdón consciente es el paso para la curación, pero ¿a quién tengo que perdonar? ¿A Canadá, a la Iglesia, a Dios? Alguien tiene que dar un paso al frente, admitirlo y ayudarnos a reparar nuestras naciones porque el sistema actual, en el que se supone que somos compañeros de igual a igual en esta tierra, está mal. [Nuestra comunidad] sufre pobreza y desigualdad en todos los ámbitos".

"Cuando hablamos de los colonos, ha llegado la hora de acabar con la discriminación y el racismo en este país. Ese mismo grupo está construyendo otras instituciones como la penitenciaria, el control policial… Los que las dirigen y controlan son todo colonos, no hay indígenas. Las cárceles de todo el país están llenas de nuestra gente", denuncia. "La representación e indigenización parecen palabras muy bonitas, ¿pero está ocurriendo?"

Bear, sin embargo, se muestra optimista cuando mira al futuro. "Estamos haciendo todo lo que podemos para revitalizar nuestra cultura, tradiciones, costumbres e idioma. No podemos cambiar lo que ocurrió en el pasado, pero siempre hay un mañana".

"ANA", comic sobre migraciones hacia Estados Unidos.

‘Ana’ es la historia de una niña que huye de Honduras para salvar su vida y la de su familia.
‘Ana’ es un esfuerzo para sensibilizar a la sociedad sobre la situación de la migración forzada de niñas, niños y adolescentes.



Se estima que cada año 17 millones de personas migran de Centroamérica hacia Estados Unidos, la mayoría cruzando de forma irregular a través de México. En México, uno de cada tres migrantes irregulares que ingresan al país son niñas y niños. Acompañados o solos cruzan por rutas cada vez más peligrosas para evitar los controles migratorios. Huyen principalmente de la pobreza, la violencia, el cambio climático, los conflictos políticos y ahora por la crisis provocada por la Covid-19. A pesar de la pandemia, las autoridades migratorias mexicanas monitorearon la entrada de casi 12.000 niñas y niños migrantes en 2020, sin embargo, el número podría ser mucho más alto ya que hay muchos que no son registrados por las autoridades mexicanas.

En este contexto, desde Save the Children y la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea presentamos ‘Ana’, un cómic realizado por el reconocido escritor, guionista y director cinematográfico Guillermo Arriaga y el dibujante Humberto Ramos. ‘Ana’ es la historia de una niña que huye de Honduras para salvar su vida y la de su familia. Juntos emprenden el doloroso camino de la migración forzada rumbo a los Estados Unidos. A través de la narrativa e imagen, quienes se acerquen a esta obra se adentrarán a una realidad que cada año viven miles de niñas, niños y adolescentes en el continente americano.

‘Ana’ es un esfuerzo para sensibilizar a la sociedad sobre la situación de la migración forzada de niñas, niños y adolescentes en la región. Este cómic forma parte del programa de ayuda humanitaria para la población migrante financiado por la Unión Europea e implementado por Save the Children y HIAS México en las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Monterrey y Tapachula. Con este proyecto se ha dado apoyo psicosocial, asistencia legal y acompañamiento a víctimas de violencia de género para niñas, niños y mujeres migrantes, así como capacitaciones en reducción de riesgos de desastres y amenazas antropogénicas para los albergues en donde pernoctan.

Los basureros de aparatos digitales ponen en riesgo la salud de los niños. Informe OMS.

Los dispositivos electrónicos viejos son la basura doméstica de más crecimiento en el mundo. 
Su desecho no regulado amenaza la salud de las mujeres embarazadas y los niños,
En 2019 se produjeron 53,6 millones de toneladas de esos desechos 
y sólo el 17% se procesó adecuadamente.

La salud de niños, adolescentes y mujeres embarazadas de todo el mundo está en riesgo por el procesamiento ilegal de dispositivos eléctricos o electrónicos viejos, alertó este martes la
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en un nuevo informe sobre la toxicidad de esos aparatos.


La OMS señaló que la basura de aparatos electrónicos es el desecho doméstico que crece más rápidamente en el planeta y detalló que los datos de la Asociación Mundial de Estadísticas de Residuos Electrónicos (GESP) indican que, en 2019, por ejemplo, se produjeron 53,6 millones de toneladas de esos desperdicios y apenas el 17,4% se registró como recolectado y reciclado de manera adecuada.


Si bien se desconoce el destino de los desechos electrónicos restantes, es poco probable que se hayan gestionado y reciclado respetando el medio ambiente, dice el estudio.

En este sentido, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la amenaza para la salud aumenta a la par del “tsunami creciente de desechos electrónicos”.

“De la misma manera que el mundo se ha unido para proteger los mares y sus ecosistemas de la contaminación por plásticos y microplásticos, debemos unirnos para proteger nuestro recurso más valioso, la salud de nuestros niños, del peligro cada vez mayor de los desechos electrónicos”, puntualizó Tedros.

Envío ilegal a países de renta baja

Aunque los desechos electrónicos generalmente terminan en vertederos, hay cantidades significativas que a menudo se envían ilegalmente a países de ingresos bajos y medianos donde los trabajadores informales, incluidos niños y adolescentes, recogen, desmantelan o utilizan ácido para extraer metales y materiales valiosos de esa basura.

De acuerdo con los datos de la OMS, unos 12,9 millones de mujeres trabajan en el sector informal de desechos, exponiendo su salud y la de sus hijos, que pueden nacer dañados por los productos tóxicos.

Además, el informe estima que más de 18 millones de jóvenes y niños, algunos de hasta cinco años, están involucrados activamente en el sector industrial, del cual el procesamiento de desechos electrónicos es sólo una pequeña parte.

Las evidencias han mostrado que los métodos informales de eliminación de materiales de los desechos tiene una variedad de efectos en la salud, especialmente en la salud infantil.

La OMS explicó que el reciclaje de desechos electrónicos afecta particularmente a quienes se encuentran en etapas vitales de desarrollo físico y neurológico, por lo que los niños, los adolescentes y las mujeres embarazadas los más vulnerables.

Los niños son más susceptibles a los productos químicos tóxicos porque absorben contaminantes en relación con su tamaño. Y como algunos de sus órganos no están completamente desarrollados todavía, son menos capaces que los adultos de eliminar las sustancias nocivas.


Problema no reconocido

“La gestión inadecuada de los desechos electrónicos es un problema creciente que muchos países aún no reconocen como una cuestión de salud”, apuntó la autora principal de la investigación, Marie-Noel Brune Drisse.

La experta advirtió que si no se toman medidas ahora, “su impacto será devastador para la salud de los niños y supondrá una pesada carga para el sector sanitario en los próximos años ”.

El informe “Niños y vertederos digitales” plantea las múltiples dimensiones del problema y recomienda acciones y prácticas que los gobiernos y otras partes implicadas pueden emprender para evitar los riesgos.

Instrumento vinculante

Entre otras disposiciones, pide un instrumento vinculante con el objetivo de que los exportadores, importadores y gobiernos garanticen que los desechos electrónicos se eliminen de forma racional y benigna para el medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores y las comunidades.

También insta al sector de la salud a que reduzca los efectos adversos de los desechos electrónicos mediante la creación de capacidad para diagnosticar, monitorear y prevenir la exposición a tóxicos, y aboga por mejores datos e investigaciones de salud sobre los riesgos que encaran los trabajadores informales que lidian con desechos electrónicos.

“Los niños y adolescentes tienen derecho a crecer y aprender en un ambiente saludable, y la exposición a desechos eléctricos y electrónicos y sus muchos componentes tóxicos incuestionablemente impacta ese derecho”, sostuvo Maria Neira, directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS. .

Agregó que el sector de la salud puede proporcionar liderazgo y promoción, realizar investigaciones, influir en los responsables de la formulación de políticas, involucrar a las comunidades y llegar a otros sectores para exigir que las preocupaciones de salud se conviertan en un elemento central de las políticas de desechos electrónicos.
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GSIA es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter independiente, que fue creada hace 10 años por un pequeño pero apasionado grupo de profesionales de diferentes especialidades.

Su finalidad principal es la de contribuir al reconocimiento de los derechos humanos en la infancia y la adolescencia, a través del estudio, la formación, la sensibilización y la difusión de los mismos.

Infancia: el desafío futuro del derecho a tener derechos.

El ordenamiento jurídico está empezando a abrir los ojos ante los niños como titulares de derechos fundamentales. 
Se empieza a hablar, asimismo –y recuperando la idea de Jacques-Yves Cousteau del “Bill of rights for future generations”–, de la necesidad de reconocer derechos a las generaciones futuras, a través del reconocimiento de la posición preferente de los niños y niñas para ser titulares de los mismos.


La nacionalidad, la situación administrativa, la edad, la capacidad, en algunos ordenamientos jurídicos, en tiempos más o menos pretéritos, el sexo. Estas son las condiciones principales que pueden modular la titularidad de los derechos fundamentales. Son las claves del derecho a tener derechos. Si hoy me detengo en la minoría de edad, es por cuatro razones de contexto que me parecen relevantes:
  1. El 11 de enero de 2021, el Gobierno alemán acordó iniciar un procedimiento de reforma del art. 6 (2) de la Ley Fundamental de Bonnpara incorporar los derechos del niño al texto constitucional; 
  2. Entretanto, en la frontera sur de Europa, concretamente en Canarias y en Ceuta, se están produciendo desde hace meses entradas de niños, niñas y adolescentes de origen extranjero que llegan solos a nuestras fronteras y que, al llegar, se encuentran con la insuficiencia del modelo asistencial y el sometimiento a una serie de procedimientos que priorizan su condición de extranjería sobre su condición de infancia, dando prueba de ello los catorce dictámenes del Comité de Derechos del Niño que han constado el incumplimiento de la Convención (CDN) por parte de España respecto de los menores extranjeros no acompañados; 
  3. Por su parte, el TEDH cerró el 27 de mayo el plazo concedido a 33 gobiernos europeos para responder a las cuestiones planteadas en relación con la demanda  de seis niños y jóvenes portugueses que les imputan falta de cumplimiento de los acuerdos internacionales para frenar el cambio climático, afectando ello a su derecho a la integridad física y moral; y, 
  4. Por último, en España entró en vigor el 25 de junio la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), poniendo de manifiesto la existencia de una opinión mayoritaria respecto de la necesidad de reforzar el estatuto de protección de la infancia.

Se pone así de manifiesto que el ordenamiento jurídico está empezando a abrir los ojos ante los niños como titulares de derechos fundamentales. Se empieza a hablar, asimismo –y recuperando la idea de Jacques-Yves Cousteau del “Bill of rights for future generations”–, de la necesidad de reconocer derechos a las generaciones futuras, a través del reconocimiento de la posición preferente de los niños y niñas para ser titulares de los mismos.  Pero también se evidencian las dificultades que experimentan las personas menores de edad a la hora de activar los mecanismos de garantía de esos mismos derechos, de forma autónoma e independiente. De modo que la proclamación de sus derechos corre el riesgo de ser meramente declarativa. 

Resulta evidente que, en todos los ordenamientos, los menores de edad (independientemente ahora de donde se fije esa mayoría, que suele estar en los 18 años -art. 1 CDN-) adolecen de falta de capacidad procesal plena, siendo este un elemento intrínsecamente vinculado a su estatuto jurídico. Por esa razón, aunque el ordenamiento nacional propio, o incluso el sistema internacional de derechos humanos a través de lo recogido en la CDN, les reconozca la plena titularidad de los derechos recogidos en las respectivas declaraciones (excepción hecha del de participación política), lo cierto es que ese reconocimiento puede quedar vacío de contenido si esos mismos ordenamientos no prevén mecanismos adecuados de garantía. Resulta paradójico pero los menores de edad son individuos cuya inmadurez, desde el parámetro de observación de la vida adulta, lleva asociada la limitación de la autonomía y de la capacidad de obrar, y esas limitaciones son completadas por la capacidad de los mayores de edad, o por las autoridades que velan por sus intereses, compensando así su situación de desventaja. Ahora bien, su situación de vulnerabilidad inmanente, que les hace sin duda merecedores de protección, justifica también algunas limitaciones introducidas en el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos, y esa minoración puede llegar a reforzar la situación de vulnerabilidad en determinadas circunstancias, particularmente en contextos de conflicto de intereses entre el menor, suficientemente maduro para identificar los que le son propios, pero insuficientemente capaz para defenderlos en un sistema procesal de garantías que le niega plena capacidad de obrar. La calificación, por tanto, de la situación o condición de vulnerabilidad en este caso, es sumamente compleja porque puede provocar un efecto de refuerzo de la propia situación de desventaja. 

Para evitar que esto suceda, los ejemplos que justificaban detenernos en este tema nos ofrecen también ideas sobre los mecanismos de superación de la paradoja. El reconocimiento constitucional específico de los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos fundamentales propios e independientes de los que se reconocen a sus progenitores, y como sujetos autónomos de su unidad familiar resulta fundamental a la hora de evaluar adecuadamente la preminencia del interés superior de menor, y en el momento de considerar la identificación de los límites de los derechos de los menores y de sus progenitores o tutores legales. Por eso, la propuesta de reforma del art. 6 (2) de la Constitución Alemana ha sido objeto de severas críticas por parte de muchas organizaciones de infancia. De un lado, la propuesta no se alinea con el estándar actual de protección de los derechos de la infancia que marca el CoDN en la interpretación que formula la CDN, lo que podría interpretarse como una reducción de la base de garantía. De otro, se propone la incorporación de la reforma en el precepto referido a la familia, y con una mención expresa de que la responsabilidad principal de los padres no se verá afectada por el reconocimiento de derechos, de modo tal que podría entenderse que, ante una situación de conflicto de intereses entre el menor y sus progenitores, prevalecerá siempre el de los padres suponiendo ese interés un límite implícito a los derechos del menor de edad. Por tanto, conviene reconocer expresamente a los niños y niñas como titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, sin que ese reconocimiento suponga que vienen a introducirse más límites de los que se derivan de la CDN, que debe ser considerada como decantación del ius cogens internacional en este ámbito. Un buen modelo de referencia, en este sentido, puede ser el art. 24 CDFUE.

Además, es preciso prever las políticas de infancia como políticas de promoción y desarrollo de los derechos fundamentales de los menores, y como implementación de las obligaciones positivas de los Estados en la garantía de los derechos, porque de otro modo, asociaremos los derechos de la infancia con derechos de prestación, y no como derechos de libertad en sentido estricto, que es lo que efectivamente son. Los menores no pueden disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos sin acciones específicas que hagan posible superar su situación de vulnerabilidad. Entre esas acciones, es fundamental atender a la promoción de mecanismos específicos de defensa y tutela de los derechos. El art. 14 LOPIVI reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a los menores de edad en el marco de determinados procedimientos, y la LOPJM [art. 10.2.e)] prevé la posibilidad de que se nombre al menor un defensor judicial “para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la protección y defensa de sus derechos e intereses”. Desde otro punto de vista, la modificación de las normas procesales o de contenido material, para contemplar particularidades vinculadas a la infancia también coadyuva a mejorar el pleno disfrute de los derechos de los niños y niñas (véase el caso de los nuevos arts. 109 bis, 110, o 132 del Código Penal español).

Por último, es preciso asumir un cambio de paradigma y superar la concepción adultocéntrica de los derechos que impera en la interpretación del ordenamiento. Los derechos de los adultos de que dependen los menores no pueden ser considerados sistemáticamente como prioritarios, por el mero hecho de tratarse de las personas que los tienen bajo su responsabilidad, siendo un ejemplo paradigmático de lo dicho la necesidad de superar las reticencias a retirar la patria potestad o los derechos parentales en los supuestos de violencia de género de que son víctimas los menores (véanse, en este sentido, las nuevas redacciones de los arts. 92, 154, 158 del Código Civil por la LOPIVI), o a considerar las libertades educativas de los hijos como preferentes, en determinados supuestos, a las libertades de enseñanza de los padres. Y ese salto lógico y metodológico nos hará más sencillo integrar y conformar adecuadamente la noción de derechos de las generaciones futuras, porque nos permitirá asumir lo relativo del alcance y proyección de nuestros derechos presentes y lo pernicioso de su expansión inconsciente.

*Este comentario es resultado de la investigación desarrollada en el marco del I+D+i “LÍMITES A LA FRAGMENTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA EUROPA INTEGRADA Y UN CONTEXTO GLOBALIZADO: SUJETOS, ORDENAMIENTOS, COMPETENCIAS, ESTÁNDARES Y TERRITORIO” (DER2017-85659-C5-4-RS), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 

* Itziar Gómez Fernández https://www.ibericonnect.blog/perfil/itziar-gomez-fernandez/. “Infancia: El Desafío Futuro Del Derecho a Tener Derechos» IberICONnect, 5 de julio 2021. https://www.ibericonnect.blog/2021/07/infancia-el-desafio-futuro-del-derecho-a-tener-derechos/.

Itziar Gómez Fernández: Letrada del Tribunal Constitucional de España, Profesora e investigadora en el área de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autora unas 50 publicaciones fruto de su actividad investigadora, además de haber participado en distintos proyectos de investigación y de cooperación nacionales e internacionales, y de haber presentado ponencias en congresos y seminarios científicos tanto a nivel nacional como internacional. Ha impartido cursos y seminarios en una quincena de Universidades europeas y latinoamericanas.

Nuevos retos del Trabajo Social ante la nueva Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Charla de Tomás Luis Martín Rodríguez.


Consejo Oficial del Trabajo Social 
de las Palmas.

No todos los días se puede contar con la participación de profesionales como Tomás Luis Martín Rodríguez, Magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas . Primer Juzgado especializado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de España, ubicado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Fundador de AIDDDIA. Asociación interdisciplinar en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Como profesionales del ámbito de la infancia y adolescencia se trata de una gran oportunidad para conocer de primera mano las novedades en relación a esta nueva ley orgánica, y el papel del colectivo de profesionales del Trabajo Social. Qué roles sería necesario desempeñar y las exigencias formativas en relación al mismo.

OBJETIVOS DE LA CHARLA

  • Informar sobre los cambios y las novedades que aporta la ley al Trabajo Social
  • Contestar a las posibles dudas de las/os profesionales en relación a este tema.

CONTENIDO

  • Exigencias en materia de formación especialización y capacitación.
  • Nuevas figuras concernientes al Trabajo Social.
  • Novedades en materia de Intervención vinculadas a la nueva ley

FECHA Y HORARIO

14 de julio a las 18.00 a través de la plataforma Zoom

PLAZAS LIMITADAS

*Dirigido a profesionales del Trabajo Social colegiados/as, con preferencia de los profesionales del Colegio del Trabajo Social de Las Palmas.

⭐!AMPLIAMOS PLAZAS !

INSCRÍBETE AQUÍ

Importancia de la Atención Temprana en el Desarrollo Integral de la Infancia. Encuentro AIDDDIA

 Encuentro Interdisciplinar, Panel de personas expertas.

Organiza AIDDDIA*
Apoyan 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria,
Ágora, centro de formación.

Día 10 de Julio, 
10 - 12 h (GMT +1).




*AIDDDIAAgrupación Interdisciplinar en Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.  


El ejército británico aún recluta a más soldados a los 16 que cualquier otra edad



Veinte organizaciones importantes de derechos humanos y de niños escribieron al gobierno del Reino Unido (2021/06/23) pidiendo el fin del reclutamiento de menores de 18 años por parte de las fuerzas armadas del Reino Unido. 

La carta pide al Secretario de Estado de Defensa que utilice el proyecto de ley de las Fuerzas Armadas, que se debatió en el Parlamento el miércoles, para elevar la edad mínima de alistamiento a 18 años en la ley.

Mientras que la mayoría de los estados en todo el mundo ahora permiten que solo se recluten adultos en sus fuerzas armadas, el ejército británico aún recluta a más soldados a los 16 que cualquier otra edad, particularmente para roles básicos de infantería.


 Comic animados para "unirse" al ejército:  En respuesta a las campañas de reclutamiento del ejército dirigidas a adolescentes a partir de los 16 años, que pintan una visión glamorosa de la vida militar pero nunca cubren los riesgos y las responsabilidades involucradas, nos asociamos con un artista de la palabra hablada, un animador y diseñadores de sonido para crear un poema animado (video) que contrarreste retórica y fomenta el pensamiento crítico sobre el reclutamiento de menores de 18 años.

En un artículo de opinión de CRIN para RUSI, el grupo de expertos en defensa y seguridad más antiguo del mundo, revisamos las razones para abolir el reclutamiento de menores de 18 años en las fuerzas armadas, una práctica cada vez menor en todo el mundo que, en el Reino Unido, está sumida en la controversia sobre el impacto desproporcionado en la salud mental de los jóvenes reclutas, entre otras cosas.

Obtenga más información sobre este problema.

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GSIA es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter independiente, que fue creada hace 10 años por un pequeño pero apasionado grupo de profesionales de diferentes especialidades.

Su finalidad principal es la de contribuir al reconocimiento de los derechos humanos en la infancia y la adolescencia, a través del estudio, la formación, la sensibilización y la difusión de los mismos.