De Alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil
a Ministra de la cartera de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
recién nombrada entonces Alta Comisionada para Lucha contra la Pobreza Infantil.
“No se trata de atender a los niños pobres,
se trata de que no lo sean”.
José Luis Marín
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| Maria Luisa Carcedo |
Maria Luisa Carcedo (San Martín del Rey Aurelio, Asturias, 1953) ha estado ligada al PSOE durante más de cuarenta años. Desde la clandestinidad en la etapa tardofranquista a la caída y ascenso de Pedro Sánchez, la política asturiana ha pasado por las juventudes del partido y por multitud de cargos y responsabilidades. Su trayectoria, casi siempre vinculada a aspectos sociales y sanitarios, es prácticamente inabarcable: directora de Salud Pública y consejera de Medio Ambiente y Urbanismo en el Principado, presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, diputada, senadora… entre muchos otros cargos.
Desde el pasado 21 de junio, este médico de atención primaria de formación ha añadido un nuevo epígrafe en su currículum: Alta Comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. El organismo, dependiente de Presidencia, fue una prioridad expresa de Pedro Sánchez desde sus primeros días en el Gobierno. Carcedo, de semblante apacible y con la tranquilidad de la experiencia, explica con mucha prudencia –quizá por lo reciente del puesto– los retos de una situación social insostenible: 2,3 millones de menores en riesgo de pobreza y exclusión. El primer paso, asegura, es poner en la agenda y visibilizar la pobreza infantil. También vincular el problema a una situación estructural de desigualdad galopante que se transmite entre generaciones.
Los primeros movimientos del Comisionado han sido casi inmediatos. En menos de un mes desde su creación, el órgano ha puesto en marcha el programa VECA, una suerte de refuerzo a las becas comedor y los campamentos infantiles que organizan las Comunidades y los ayuntamientos durante el verano.
La exsenadora –dejó el cargo hace poco más de dos semanas para asumir la nueva responsabilidad– explica estos planes a CTXT el lunes 9 de julio en el edificio de Semillas del La Moncloa, el mismo día y a pocos metros de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra.
En su trayectoria política ha tenido puestos de responsabilidad en áreas como la salud, las políticas públicas o el bienestar social… Son ramas que conectan de forma integral con el tema de la pobreza infantil.
La pobreza infantil no se puede ver como algo anecdótico o que apareció de repente. Es consecuencia del incremento de la desigualdad en España.
Y también de una tendencia, en este caso global, que se viene desarrollando desde que tomaron preponderancia las tesis neoconservadoras –yo prefiero llamarlas así– de la etapa de Ronald Reagan o Margaret Thatcher, cuando se pusieron en práctica las teorías de Friedrich Hayek y Milton Friedman contrarias a la doctrina keynesiana de la economía. En España esto se agudizó mucho más durante la crisis, porque las que la pagaron fueron las rentas bajas, todas ellas. Y también muchas rentas medias que cayeron de escalón. Este fenómeno, la desigualdad, ha desembocado en que haya más familias pobres. Y que aquellas que tienen hijos sean todavía más pobres. Especialmente las monoparentales, donde casi la mitad están bajo el umbral de la pobreza. Esta es la foto, y también la consecuencia de la poca efectividad de las políticas redistributivas en la infancia. Por eso es necesario poner en marcha medidas que rompan las desventajas de los niños que están en estas familias. No se trata de atender a los niños pobres, se trata de evitar que lo sean. Y esto pasa también por la predistribución: evitar los salarios precarios y los recortes brutales en las prestaciones que se han hecho durante los años de la crisis.
Hablamos de 2,3 millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión. Aproximadamente uno de cada tres menores. ¿No es esto una emergencia social de primer orden?
Esto es un problema estructural de país. Va más allá de lo que es la justicia social sobre las personas afectadas, en este caso las familias –yo siempre digo que no hay niños pobres en familias ricas–. Es un problema que, al final del recorrido, también afecta a la economía: esos niños, que pueden aportar conocimiento, talento, que pueden ser una pieza clave para la productividad y la competitividad del país, dejan de serlo por las dificultades y la falta de oportunidades. Es algo que, además, puede generar fractura social, con todos los problemas que conlleva. Es decir, no es un problema solo de las familias, sino del conjunto de la sociedad. Y no es solo un problema de justicia social, si no de la estructura económica del país.
El Alto Comisionado que usted dirige es de creación muy reciente. Ha habido un primer paso, anunciado en el Consejo de Ministros de finales de junio, que consiste en un plan –llamado VECA– de choque contra la exclusión infantil en el periodo estival.
Hay dos cuestiones básicas que forman parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y que no se hacen efectivas para aquellos que viven en hogares con carencias severas. El primero es el derecho a una alimentación sana, equilibrada y adecuada a su edad. El segundo es el derecho al ocio, al esparcimiento y a la cultura. Este periodo, el de verano, es una etapa de aprendizaje informal muy efectivo para los niños. Visitan museos, van a obras de teatro… Pero hay familias que no se pueden permitir estos gastos –prácticamente el 100% de las que están en pobreza severa–. Que esto se consiga hacer con carácter general ha sido uno de nuestros objetivos, para que existan actividades inclusivas en las que participen niños de todos los niveles socioeconómicos. Por eso hablamos, a la hora de poner en marcha el plan, de reforzar y duplicar la inversión, que es lo que hemos podido hacer este verano. Llegamos hace poco y ya había un programa para cofinanciar con las Comunidades y los ayuntamientos estas actividades.
Los Presupuestos Generales del Estado ¿afectan a su labor? José Luis Ábalos señaló hace poco que se intentaría adaptar las partidas dentro de la flexibilidad que permite la ley.
Bueno, estamos ya en junio y queda la mitad del ejercicio presupuestario, que se cerrará enseguida. En el programa VECA en concreto se aprovechó que había 60 millones de euros destinados a la infancia y usamos una parte para impulsar el plan. Lo que tengamos se aprovechará y ejecutará, y si hay que desviar dinero de distintas partidas, pues se hará. Para el año que viene hay que diseñar unos presupuestos más adecuados a lo que perseguimos.
Y en términos estructurales, ¿cómo se ha trazado el plan? ¿De dónde salen los fondos? ¿Ha habido también incrementos en términos de capital humano?
Esto depende de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. Nosotros lo que queremos para el próximo año es diseñar un programa más sistematizado, contando con las bases de población que tenemos –más de 300.000 niños en familias en riesgo–, y analizando cómo se puede planificar la estrategia de incluir a los más posibles. Hay familias que a veces no llegan ni a conocer los programas o desconocen sus mecanismos.
Pedro Sánchez insistió desde un primer momento en que la pobreza infantil era un tema prioritario. Es más, el Alto Comisionado depende de Presidencia. ¿Hasta qué punto hay un contacto directo o participación de las dos partes?
No queremos duplicar el aparato administrativo. El Alto Comisionado es un equipo pequeño que se encarga de estudiar la situación, identificar con detalle los orígenes de la pobreza infantil y proponer el diseño de políticas efectivas. Pero esto es algo que, en última instancia, tiene que hacerse a través de los Ministerios. Por eso queremos trabajar con los departamentos afectados: la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del ministerio de Sanidad y Bienestar Social; el Ministerio de Educación; el de Trabajo y Seguridad Social… Todos aquellos que tienen que ver con las políticas que hagan efectivas las medidas para combatir la situación de pobreza infantil.
Siempre, con temas como la pobreza infantil, hay una percha recurrente: el famoso pacto de Estado. ¿Es posible en este ámbito? ¿Hay avances?
Acabamos de llegar y justo ahora empiezan las vacaciones parlamentarias. Es un asunto sobre el que todos los partidos ya se pronunciaron en el Congreso, donde había incluso un mandato al Gobierno. Lo que ocurre es que hay que analizar el alcance de ese posible pacto e identificar las zonas de acuerdo –ya ocurrió con una muy importante, la violencia contra los niños– para que la situación de la infancia entre en la agenda política. Lamentablemente, tenemos temores de que hay un cierto negacionismo contra la situación de la pobreza en la infancia. La pobreza ahora tiene otros perfiles, ya no son niños con harapos y legañas. Pero sigue siendo pobreza.
¿Negacionismo desde sectores sociales, partidos o ámbitos económicos?
No hay una expresión concreta en la que alguien se atreva a decirlo abiertamente. Pero sí que se percibe que se habla de ello como si fuese solo estadística y que la realidad no es así. No, las estadísticas miden lo mismo en España que en otros países. Y tenemos la situación relativa que tenemos. Afortunadamente, el Estado de Bienestar tiene servicios públicos, pero el deterioro, los recortes y la falta de avance de este sistema –que en España también nació con retraso respecto de los países del entorno– hace que los que más sufran las consecuencias sean los niños. Y particularmente los que tienen más carencias. Si tú las becas las derivas a la excelencia académica y no a esas carencias, tienes un problema. Si estás fomentando que haya segregación escolar favoreciendo que hay desgravación de la renta a las familias que llevan a sus hijos a centros privados, como ocurre en Madrid, pues tienes otro problema. Todas son medidas concretas de cómo se gestiona el Estado del Bienestar y los servicios públicos, que deberían tener vocación inclusiva, y no siempre es así. Eso genera importantes desventajas en las familias con menos recursos.
¿Está previsto que la cuestión de la pobreza infantil termine en alguna ley, al estilo de lo que se hizo con la dependencia?
Bueno, incluso en varias leyes, dependiendo de los temas. El objetivo es combatir la desigualdad, la pobreza, tomar medidas en las familias con grandes carencias…. Todo esto irá generando decisiones en función del rango necesario. Durante la legislatura pasada se impulsaron dos leyes de infancia para modificar sobre todo el tema del tutelaje, la acogida y la adopción. Para el Alto Comisionado lo primordial es hacer efectivos los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto exigirá en algunos casos una modificación legal, y en otras medidas como el programa VECA, que no requirió ninguna norma.
Has mencionado los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Es decir, que la situación supera las cuestiones económicas y se traslada a un plano en el que hay unos derechos que no se están haciendo efectivos. Y aquí pueden aparecer otras cuestiones que guardan relación con la pobreza infantil, que tampoco están resueltas en nuestra sociedad, como la vivienda.
A mí no me gusta, y es algo en lo que coinciden muchas organizaciones de infancia, fragmentar la pobreza. Es decir, el que es pobre para poner la calefacción lo es para comprar alimentos sanos, es pobre para comprar libros, para consumir cultura… Lo que hay que combatir es la desigualdad y la pobreza y que las familias tengan ingresos que le permitan cubrir las necesidades básicas.
Pero en el programa electoral del PSOE para esta legislatura el apartado de infancia hacía hincapié en etas cuestiones estructurales como la vivienda o la educación…
Ahí tiene que haber una intervención pública en la política de vivienda y todas las dimensiones que la rodean. En España, lamentablemente, la política de vivienda se convirtió en un elemento de especulación y no en un bien social, que es lo que debería de ser. Hay que retomar eso en ámbitos como el alquiler, para que no suponga un coste para las familias más allá del porcentaje de gastos aceptable. En la educación, por su parte, es fundamental que se recupere su papel como motor del ascensor social. Temas como el abandono escolar son problemas muy serios que afectan sobre todo a las familias con pocos recursos. Hay relaciones muy estrechas entre la formación de los padres y el rendimiento de los hijos.
Las desigualdades de acceso a la educación son más notables en edades muy tempranas. Hay estratos socioeconómicos que, por ejemplo, no tienen apenas posibilidades de acceder a la educación inicial (de 0 a 3 años). ¿Qué hay de la gratuidad de estos servicios?
El acceso a los servicios públicos debe ser gratuito, y estamos en contra de cualquier tipo de copago tanto en la educación como en la sanidad. Ya nos opusimos cuando quisieron poner el euro por visita en los servicios sanitarios. El acceso debe ser gratuito y de carácter universal, es crucial.
Pero los datos de Eurostat dicen que apenas existen menores en el país que reciban atención de los servicios formales de cuidados de forma gratuita…
Ahí es donde encaja el programa VECA que hemos puesto en marcha. No tiene por qué ser gratuito para todos los niños, pero aquellos que tengan padres que no puedan sufragar los gastos deben ser becados. El verdadero problema está en los niños que no pueden acceder por razones económicas. Esa es la clave.
¿Y cómo harán para evaluar las situaciones y las capacidades económicas de las familias?
En ese tema hay bastante avanzado. Los niños que tienen becas de comedor ya conforman un censo. En los servicios sociales municipales también tienen identificadas a las familias con situación de necesidad. Hay que tener en cuenta que esto son cosas que nosotros podemos impulsar, pero que son competencias de ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Se trata de diseñar programas sistematizados, que contengan información para conocer lo que está sucediendo y unas guías sobre los requisitos que se deben reunir para hacer efectivos los derechos de los niños.
Estos distintos niveles en la administración hacen que la implementación de planes a veces se vuelva compleja ¿Han pensado cómo llevarlos a cabo para que sean efectivos y haya sinergia entre las distintas instancias?
Lo que planteamos es que el propio diseño de los planes participe ya las distintas Comunidades y ayuntamientos y que trasladen sus experiencias. Es decir, difundir las buenas prácticas y que sean parte del diseño de los programas. Con el plan VECA se ha hecho de forma un poco intuitiva y en cuatro días, porque ya estaban empezando las actividades de verano. Para el año que viene, como he comentado, todo se debe sistematizar.
Hay otra cuestión en el ámbito de la pobreza infantil, que es la desigualdad territorial, muy pronunciada en España. ¿Cómo se puede solucionar esta cuestión geográfica?
Para eso se necesita el concierto con las administraciones que están en esa realidad, especialmente los ayuntamientos. Los planes deben tener un sistema de información, es decir, saber a cuántos niños estamos llegando actualmente y qué necesidades de desarrollo futuro se deben afrontar. Y también las que no se deben hacer, como tener guetos para niños pobres.
En las últimas semanas hemos visto cómo llegaban a los puertos de España personas rescatadas en el mar. Migrantes, entre los que hay niños y bebés. Dentro de la infancia, que es un colectivo vulnerable, ellos son un grupo de riesgo. ¿Tienen previsto intervenir, pronunciarse o aconsejar con estas situaciones?
Queremos trabajar con la Secretaría de Estado de Migraciones. Hay dos temas altamente preocupantes en este asunto: por un lado, que en todo el proceso sobre los refugiados hay muchos niños desaparecidos. Por otro lado la escolarización, que hay que asegurarla. Esto pasa por fomentar políticas de inclusión social. Otro asunto, que es común a niños y niñas, y especialmente a estas últimas, son los abusos y la violencia que sufren. A los problemas de la infancia se unen otros problemas específicos, por lo que hay que garantizar la seguridad de este colectivo de forma prioritaria.
¿Y lugares como los Centros de Internamiento de Extranjeros, donde hay menores? Varios ayuntamientos prometieron cerrarlos pero de nuevo parece un tema poco resuelto
Efectivamente. Naciones Unidas alertó sobre la situación de estos centros. Son lugares de acción prioritaria. Es una problemática que hay que afrontar: garantizar la inclusión, la seguridad y la educación. Y sobre todo no meter a los niños en guetos.
Según el nuevo estudio sobre acoso escolar y ciberbullying realizado por la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR,
en base a la situación de las niñas y niños afectados, la mitad de los
casos de acoso contrastados y atendidos durante 2017 evolucionaron con
el tiempo hacia una mayor violencia y frecuencia, tendencia al alza que ya venía produciéndose desde 2015.
