Considerando las fuentes de información con las que se
cuenta actualmente sobre la delincuencia juvenil en España, ¿qué tipo de
datos echa en falta o le gustaría que estuviesen a su disposición?
Es bien conocido el problema que hay en España para acceder a las
fuentes oficiales de la delincuencia. En los últimos años se han hecho
esfuerzos que han mejorado algo esta situación, pero todavía queda mucho
por hacer. La información que tenemos es obsoleta (como mínimo un año),
son tablas de datos predefinidas con escasas categorías que se publican
en anuarios, desagregados a nivel provincial. Con esto poco se puede
hacer. El resultado es una foto borrosa de lo que hay.
Lo que demandan los expertos es poder tener acceso a las bases de
datos, para poder explotar la información en función de los intereses
concretos que tenga cada investigación. Tener el acceso a la matriz
sería lo más deseable, permitiría hacer esa foto de una manera mucho más
nítida y posibilitaría emplear la información oficial para hacer
investigación y expandir nuestro conocimiento sobre la realidad
delictiva.
Por otra parte, resulta imprescindible que los responsables que se
encargan de hacer las memorias donde se recoge esa información expliquen
bien cuál ha sido el proceso de producción de los datos. En una
sociedad democrática, la transparencia de la información oficial es
fundamental. Necesitamos conocer cuáles son las reglas de conteo, los
criterios que se emplean para clasificar la información. De esa manera
el investigador puede conocer el alcance de la información que se
proporciona y la manipulación resulta más complicada. Al ser información
oficial es complicado evitar cierta “fabricación” de los datos, pero si
hay unas exigencias mínimas, es más difícil su alteración.
Y si hablamos de deseos, sería muy interesante poder disponer de una
serie anual de datos autoinformados. Disponer de esa fuente alternativa
de información sería muy interesante, ya que permitiría la comparación
con los datos oficiales y así tener una visión todavía más clara de lo
que ocurre. Especialmente, resultaría muy útil para contrastar las
tendencias delictivas. El esfuerzo económico que supone llevar a cabo
una encuesta anual es muy pequeño. Por ello no entiendo como
instituciones públicas como el INJUVE, por ejemplo, u otras
instituciones de ámbito nacional, no apuestan por su aplicación. Si
pensamos en las ventajas que aportaría su disponibilidad para mejorar
nuestras políticas sociales y criminales con jóvenes, estoy convencida
que sería finalmente una medida rentable.
¿A qué factores principales atribuye el descenso progresivo
en España de la delincuencia juvenil en su conjunto durante las últimas
décadas?
La comunidad científica internacional lleva ya un tiempo tratando de
reflexionar sobre por qué están bajando las cifras de la delincuencia,
en general, y de la delincuencia juvenil, en particular. Es importante
conocer las razones que explican ese descenso, porque de ahí se pueden
derivar importantes lecciones de política criminal. No se puede
desaprovechar esta oportunidad. Hay que saber qué se está haciendo bien,
es una responsabilidad social que tienen los científicos. Son múltiples
las hipótesis que se han sugerido.
Nuestro grupo de investigación lleva unos años analizando el caso
español y, especialmente, en el ámbito de la delincuencia juvenil. Es
difícil explicarlo en unas líneas, y como suele ocurrir en delincuencia
no hay una única causa sino un conjunto de elementos que pueden explicar
qué está pasando.
Nosotras creemos que el descenso tiene que ver, por una parte, con un
contexto social que, cada vez es más intolerante con la violencia y que
está calando también en los jóvenes. Aunque cada generación suele
pensar que las generaciones venideras son peores, la evidencia
científica nos dice que los jóvenes de hoy día no son más violentos que
lo eran los de hace unas décadas, sino más bien lo contrario.
Además, en contra de la creencia común, las nuevas generaciones están
más controladas que nunca. Padres y profesores conocen mucho más lo que
hacen los jóvenes y hay una preocupación generalizada por criar y
formar bien a los chicos. Y es que hoy día los adultos no sólo controlan
más, sino que lo hacen mejor.
Esto es especialmente evidente en el ámbito de la justicia de
menores. Estamos convencidas de que gran parte del descenso de la
delincuencia juvenil, puede ser atribuido a una política criminal
juvenil eficaz. El modelo de justicia de menores por el que apostó la
ley del menor que busca un equilibrio entre el castigo y la educación,
parece estar dando sus frutos. La delincuencia está bajando y las cifras
de reincidencia también. Por lo tanto, algo debe estar haciéndose bien
en este ámbito. Las investigaciones que se han hecho en este sentido nos
dicen que la intervención comunitaria que se está realizando con los
menores infractores parece funcionar.
Por otra parte, hay un dato especialmente relevante, el principal
descenso es atribuible a la delincuencia cometida por chicos, mientras
que la delincuencia de las chicas permanece estable. Por lo tanto, sea
lo que sea que se está haciendo bien, parece estar funcionando
especialmente bien con los chicos. En el Simposio que la SEIC organizó
en 2015 en Albacete, Rosemary Barberet sugería que la Criminología debía
desplazar el debate género-delincuencia, para explorar la relación
entre masculinidad y delincuencia, ya que lo que parece estar asociado
con la mayor predisposición a la delincuencia no sería el ser hombre,
sino una determinada manera de ser hombre. Y es precisamente esta
última, la que parece estar siendo superada por las nuevas generaciones.
En otras palabras, hay quién considera que parte del descenso de la
delincuencia es atribuible a una sociedad más igualitaria; y que, en
contra de aquellos que auguraban que un aumento de la igualdad traería
un aumento de la delincuencia femenina, sorprendente y positivamente ha
tenido como resultado un descenso de la delincuencia masculina. Son
muchos los investigadores como, por ejemplo, Steven Pinker, quiénes
están convencidos de que el descenso de la delincuencia es una muestra
más de que la sociedad en general evoluciona positivamente y que, en
contra de la percepción generalizada, vivimos en una época menos
violenta, en la que las conquistas que se han ido consiguiendo en el
ámbito de los derechos humanos ha logrado mejorar calidad de vida de
muchos y ha humanizado la sociedad.
¿En esta evolución se aprecia un cambio significativo en los perfiles más habituales de niños en conflicto con la ley?
Esta es una cuestión que se debate mucho en la opinión pública, todo
se percibe como nuevo, que nos desborda y no sabemos atajar porque es
desconocido. Sin embargo, la investigación científica sobre jóvenes
sugiere que no hay tanto de nuevo. Cambian las formas, los escenarios,
pero en la etiología de la delincuencia juvenil no hay nada nuevo.
Ahora se cometen más delitos en la red, es normal. Los chicos, que
antes estaban mucho tiempo en la calle para estar con sus amigos, ahora
pueden pasar toda una tarde en casa porque no están solos, están
conectados con sus amigos. Por lo tanto, es normal que hablemos, por
ejemplo, de cyberacoso en vez de acoso; pero no hay mucho de nuevo en
las razones de por qué unos jóvenes acosan a otros. Simplemente, hemos
cambiado el escenario, pero los chicos hacen lo mismo que hacían antes.
Otro de los comportamientos que parece haber emergido es el de los
menores que agreden a sus padres. De hecho, en España esta es la única
conducta que aumenta según los datos oficiales. El principal problema
que tenemos en el caso de este tipo de delitos es que no tenemos
información ni oficial ni autoinformada de lo que los jóvenes hacían
antes de que se visibilizara el problema. Porque lo que también tenemos
claro es que esa tendencia al alza está en parte motivada porque ha
descendido la cifra negra.
Como ya pasara con el maltrato en la pareja, existe una mayor
conciencia en la sociedad de que estos comportamientos que se producen
en la esfera íntima del hogar, no tienen por qué quedarse dentro de
ella; y cuando la situación es insostenible, las víctimas se atreven a
denunciar y a pedir protección a las autoridades. Sin embargo, sigue sin
quedar muy claro qué hay verdaderamente de nuevo en este fenómeno. Un
dato que han puesto de manifiesto investigaciones realizadas por nuestro
grupo de investigación, pero también por otros, es que muchos de estos
jóvenes que agreden a sus padres no son solo violentos en el hogar, sino
que son violentos en general.
Los delitos cometidos por menores en el ámbito de Internet
han aumentado significativamente en la última década. En su opinión
¿ciertos factores criminógenos pueden verse acentuados en este entorno?
En relación con lo que decía antes, Internet lo único que cambia es
el escenario. Los chicos delinquen más que los adultos en Internet
porque son usuarios habituales de la red. Los jóvenes han incorporado
muy fácilmente la tecnología a sus vidas. De hecho, como suele decirse,
cuando nacieron Internet ya estaba allí, son nativos digitales. Por
ello, es normal que la empleen. Todos los estudios sobre uso de las TIC
nos dicen que son los jóvenes los que más tiempo las consumen.
En el ámbito de la criminalidad, desde mi punto de vista, el
principal factor que incorpora Internet es la oportunidad. La falta de
control ha convertido Internet en un lugar donde la oportunidad
delictiva es mucho mayor. De ahí que, en el futuro, el principal reto
que tienen los criminólogos es conocer la red tanto o más que los
delincuentes para ser capaces de bloquear en la medida de lo posible la
oportunidad delictiva.
Respecto a los distintos programas/intervenciones que operan
en el ámbito de la justicia juvenil en España en general, ¿existe en su
opinión suficiente consideración a una perspectiva de género para
responder a las necesidades específicas de las niñas y adolescentes?
No tenemos evidencia de que se esté trabajando con una perspectiva de
género en la justicia de menores. Se asume que existe una perspectiva
neutra, pero esto no es del todo cierto. Los programas de intervención
empleados en realidad se han diseñado para chicos, y en la práctica se
aplican por igual a chicos y a chicas. No tenemos evidencias de si las
necesidades específicas de las chicas están siendo tenidas en cuenta.
Sabemos que ellas suelen tener más problemas de salud física y mental
y tienen más historias previas de maltrato y abuso sexual; y estas
cuestiones no suelen ser tenidas en cuenta en los instrumentos y
protocolos empleados. Esto es importante, porque, independientemente de
lo que ocurra con su carrera criminal, estos factores aumentan su
vulnerabilidad en su desarrollo futuro.
¿Cree que en general existe necesidad de mejora en la evaluación de la efectividad de estos programas/intervenciones?
Sí, este es uno de los grandes retos de la justicia de menores en
España. En general, se evalúa poco y, por tanto, no tenemos elementos
que nos sirvan para evaluar con rigor la efectividad de lo que se está
haciendo. Tenemos investigaciones parciales que dibujan un panorama
moderadamente positivo; pero es necesario saber mucho más, respecto al
género, pero también respecto al propio modelo de intervención por el
que se está apostando.
Como decíamos antes, la delincuencia baja y la reincidencia también,
pero en realidad no sabemos muy bien qué cosas funcionan mejor que
otras. La adopción de prácticas actuariales que se ha ido produciendo
progresivamente en el sistema en la última década, debería estar
aportando ya información valiosa, pero no ha sucedido así. En parte,
porque la descentralización que hay en el país en el ámbito de la
intervención con jóvenes impide concluir de manera global lo que se está
haciendo. Hay diferencias entre regiones y muchas veces, incluso,
dentro de ellas.
Pero también es complicado saber más porque los programas muchas
veces parten de diseños no muy bien definidos que hacen muy difícil una
evaluación seria. Creo que es necesario que los profesionales apuesten
más en prácticas basadas en la evidencia que sean las que orienten el
trabajo que se realiza con los chicos y que traten de evaluar el impacto
de su trabajo.
¿En qué modo piensa que los procedimientos judiciales en
España podrían seguir mejorando su adaptación a los niños, en línea con
las directrices del Consejo de Europa?
El Consejo de Europa ha marcado una hoja de ruta clara sobre lo que
hay que hacer en la justicia de menores para continuar especializando la
jurisdicción. Es cierto que desde que se crearon los primeros
tribunales de menores el objetivo era ya éste, diseñar una justicia
adaptada para los menores, y se ha hecho mucho desde entonces. Pero, a
día de hoy la investigación científica ha seguido descubriendo elementos
que son importantes tener en cuenta para que la justicia juvenil logre
ser realmente una justicia pensada por y para los jóvenes.
Así, hay dos cuestiones clave para seguir avanzando. Una es la
participación. El Comité de Derechos de los Niños lleva ya tiempo
diciendo que éste es un elemento clave cuando se trata con menores de
edad, especialmente, si se trata de adolescentes. Los actores del
sistema tienen que demostrar que están dispuestos a escuchar y tomar en
consideración seriamente lo que los jóvenes tengan que decir. Para ello,
el contexto es importante, tiene que ser un espacio que no intimide y
que de confianza a los chicos.
De ahí que sea muy importante adaptar las salas de justicia para que
sean lugares no hostiles. Es fundamental eliminar el formalismo excesivo
de las salas de justicia (estrados, togas, etc.) que está cargado de
simbolismo, porque el efecto que consigue es el de amedrentar a los
adolescentes. Se necesitan espacios que inviten al dialogo.
Y además del contexto es imprescindible que las autoridades sean
capaces de demostrar a los chicos que se les ha escuchado de verdad;
aunque la decisión final no sea la deseada por ellos. Por ello es
importante que cuando se adopten las resoluciones se les explique por
qué se ha tomado esa decisión y cómo se ha tenido en cuenta o no su
opinión. Esa será la garantía para que los jóvenes perciban que su
opinión se ha escuchado de verdad y no solo como una mera formalidad.
Además, la investigación científica no deja de aportar evidencias en los
últimos años sobre la importancia que tiene el sentirse escuchado por
el sistema. Cuando ello ocurre las percepciones de justicia se
incrementan, la legitimidad del sistema se refuerza y la conformidad
normativa aumenta.
La otra cuestión clave es la información. Es importante explicar a
los chicos qué está pasando, por qué y qué va a pasar en el futuro.
Reducir la incertidumbre es importante para generar confianza. Los
adolescentes son un colectivo con grandes expectativas de ser tratados
como adultos y especialmente susceptibles de ser tratados con dignidad.
Para conseguir ambas cosas la información es clave para que los chicos
se sientan competentes. Por ello, hay que dar información sobre todas
las cuestiones importantes: cuáles son sus derechos, qué va a pasar, con
quién van a tener que hablar, cuáles son las consecuencias de las
decisiones que van a tener que ir adoptando.
Para todo ello, es fundamental el lenguaje empleado. Las autoridades
deben ser capaces de comunicarse de manera eficaz con los jóvenes, para
ello deben adaptarse. Es imprescindible emplear un lenguaje accesible y
comprensible. También lo es para conseguir la participación efectiva de
la que hablaba antes. Por lo tanto, será fundamental dotar a los actores
del sistema de herramientas de comunicación efectiva con menores. Es
fundamental reforzar las competencias de los profesionales para que su
trabajo sea más efectivo. En una investigación reciente hemos constatado
que las percepciones de los adultos que intervienen en el sistema no
coinciden con las de los jóvenes. De nada sirve tener a profesionales
comprometidos haciendo esfuerzos notables por hacer bien su trabajo si
luego los chicos son incapaces de captar lo que se les está requiriendo.
En definitiva, participación e información son los objetivos, usar
procedimientos y espacios amables junto a un lenguaje accesible, los
instrumentos para conseguirlos. Esa es la hoja de ruta a seguir.
*.-Esther Fernández Molina es profesora de Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha y Secretaria Académica del Master en Criminología y Delincuencia Juvenil de esta universidad. Es responsable del Grupo de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha y como tal es investigadora principal de diversos proyectos de carácter europeo, nacional y regional.
Sus principales líneas de investigación son la justicia de menores, las tendencias delictivas de la delincuencia y las percepciones públicas sobre el delito, en concreto se ha interesado por el estudio del miedo al delito y de las actitudes públicas hacia la justicia penal y el castigo juvenil. Desde 2013 a 2016 fue Presidenta de la Sociedad Española de Investigación Criminológica y continúa vinculada a esta sociedad contribuyendo al desarrollo de la disciplina en España.
