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JORNADA: “ADOLESCENTES Y VULNERABILIDAD”. URJC/PROVULDIG/UJCI.

Adolescentes y situaciones de vulnerabilidad 
en un mundo  presencial y virtual: acoso y racismo.

Las relaciones y discursos de los adolescentes y jóvenes en los institutos son una pieza clave para entender esta etapa vital. Los cambios sociales, derivados de fenómenos como la irrupción de lo digital o la presencia de la inmigración, se hacen cada vez más patentes. Tanto a nivel social como para la administración y la universidad es relevante profundizar en cómo son las relaciones que se establecen entre los estudiantes. No solo a partir de su propia percepción sino también la del profesorado. 

Una de las claves tiene que ver con los problemas de convivencia que, a su vez, se pueden conectar con las situaciones de vulnerabilidad. Determinar algunos de los problemas
existentes puede dar lugar a orientar y trabajar en las soluciones adecuadas.  

Organiza: Departamento CC de la Comunicación y Sociología de la URJC.
Modalidad: Presencial y online
Lugar: Aulario I (aula 101) del campus de Fuenlabrada de la URJC.
Fecha: martes 19 de octubre
Hora: A partir de las 09:30 AM

Enlace de inscripción: 


Objetivos 
Se plantea un panorama global sobre la vida cotidiana de los menores en diferentes ámbitos, con clara presencia de lo digital, se presta una especial atención a:  
• El acoso escolar o intimidación existente tanto presencial como digital. Se persigue advertir los actos que se realizan a propósito para hacer daño a un/a compañero/a del
instituto. Los acosadores usan su poder (físico, tamaño, edad, estatus social, habilidades informáticas, etc.) para amenazar, acosar o lastimar a otros. 
• El acoso racista, tanto presencial como digital. Que se caracteriza por una nacionalidad diferente a la propia, que supone es mejor. 

Programa 
 
9.00h. Acogida de los participantes

9.30h. Apertura de la Jornada

9.45h. Vulnerabilidad, acoso y racismo. Situación y propuestas.   
 “El acoso escolar bajo el prisma psicosocial y jurídico”.
Ponente: Dña. Myriam Fernández Nevado, cofundadora de la Asociación GSIA, y colaboradora de la Asociación Aranjuez Sostenible.

10.45h. Taller: Discursos del odio y su superación. Análisis y propuestas
Ponente: Dña. Isabel Serrano Maíllo, profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
12.00h. Adolescentes, vida escolar y familiar bajo la impronta de las redes sociales y el móvil
Ponentes: Dña. María Cruz López de Ayala y Dña. Beatriz García Catalina, profesoras contratadas doctor de la Universidad Rey
Juan Carlos. 
Coloquio. 
 
13.15h. Medios de comunicación, internet y jóvenes. Visiones de los usuarios de la Comunicación. 
Ponente: Alejandro Perales, representante de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) 
 
14.00 h.  Clausura de las jornadas 

Comité organizador. Dirección: Antonio García Jiménez, Catedrático de Periodismo la Universidad Rey Juan Carlos. 
Organización: Rebeca Suárez Álvarez, 
profesora ayudante doctor. 
Inscripciones dirigirse a rebeca.suarez@urjc.es  

Financiación
Proyecto del plan nacional: Redes sociales, adolescentes y jóvenes: convergencia de medios y cultura digital (CSO2016-74980-C2-2-R). 
Programa de Actividades de Investigación “Nuevos escenarios de vulnerabilidad digital: alfabetización mediática para una sociedad inclusiva” PROVULDIG-2-CM (H2019/HUM5775)
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo. 

Tú sí que no vales.

 
Fotograma de Los 400 golpes
La cultura del esfuerzo, tan manida y que tanto se olvida de las dificultades que muchas personas tienen, se ha convertido en un mantra peligroso, freno en muchos momentos de la inclusión y acicate de la segregación escolar. El compromiso social y colectivo de cada cual se convierte, en este momento, en la mayor defensa ante un sistema excluyente y seleccionador.


En un exitoso concurso televisivo, con una fórmula repetida hasta la saciedad en distintos países, las personas participantes son seleccionadas en función de su talento para demostrar que poseen determinadas habilidades artísticas demandadas por el público.
Ese talento, a partir del esfuerzo personal, se va desarrollando fase a fase y, a medida que se acerca la final y se quedan atrás los menos aptos -los que menos puntuación obtienen-, se convierte en todo un reto de “superación personal”, espoleado por unos espectadores ansiosos por asistir a demostraciones asombrosas de lo que se es capaz de hacer delante de una cámara y ante el empuje popular: todo por lograr tener éxito.

La narrativa posmoderna de la escuela se ha nutrido de un mensaje similar; y es verdaderamente preocupante, porque la educación poco o nada debiera parecerse a un concurso televisivo alimentado por las audiencias. Sin embargo, determinadas políticas educativas de corte capitalista han convertido la escuela en un complejo entramado de oportunidades más cercano a los principios de la mercadotecnia que a los valores humanistas en los que debiera apoyarse todo acto educativo.

Si lleva unos meses revoloteando entre la comunidad escolar y en medios cierta polémica sobre la llamada “cultura del esfuerzo” es porque una visión problematizadora de esta hace tambalearse el sistema, y no interesa a los que sí que valen y han progresado gracias a lo que ellos llaman “su esfuerzo y su mérito personal”.

El mantra neoliberal de la individualización que supone todo aspecto social del aprendizaje supone un interesado intento de alejar el foco de los aspectos relacionales, colectivos y longitudinales que afectan al fracaso, el abandono y la marginación escolar, cuyos signos pueden observarse desde el momento en que se inicia la escolarización.

En ese mantra, se explica la segregación como antesala de la exclusión social: en el sistema educativo actual se perpetúan determinadas posiciones, estructuras y construcciones organizativas e identitarias que imposibilitan que determinadas personas puedan alcanzar el éxito y el bienestar a través de las fórmulas y acciones habituales de la educación formal; ello conlleva la creación de redes educativas privadas sostenidas con fondos públicos, programas idiomáticos que marcan al alumnado e incrementan las desigualdades, caminos paralelos para todo aquel que representa una desviación de lo comúnmente aceptado y bifurcaciones en forma de itinerarios que forjan una escuela para débiles y otra para fuertes; o mejor dicho: para debilitados y fortalecidos por una concepción histórica privilegiante de la vida que no interesa derribar.

Estrategias y enfoques como el aprendizaje cooperativo, la interculturalidad, la diversidad o el pensamiento crítico siempre han pasado “de puntillas” por las aulas ordinarias porque suponen un cambio de perspectiva en esa narrativa de lo fugaz, del centelleo, de un sistema propagandístico de libertades que anula todo intento de colectivización y de forjar ciudadanía. Y si nada lo remedia, igual pasará con la inclusión, un principio ineludible y un imperativo legal relacionado con los derechos humanos, sí, pero que choca con la ideología clasista de la selección de individuos en función de sus capacidades, y la separación del que “no vale” para que siga otro camino diseñado exclusivamente para él y sus iguales en donde -nos garantizan- estará mejor.

Y es así, en ese permanente “tú sí que vales pero tú, en cambio, no”, como se va construyendo el relato deslegitimador de determinadas diferencias hasta convertirlas en un hándicap, un inconveniente que es necesario atender paralelamente hasta el punto de hacerlas invisibles, en un permanente intento de infrarrepresentación de los grupos más vulnerables. Todo disfrazado del discurso de la supuesta libertad individual y el fracaso personal.

Porque la escuela del “tú sí que no vales” es la escuela de los privilegios, una escuela que atenta contra cualquier proyecto de colectividad y que se nutre de estereotipos culturales heredados. Una escuela construida sobre un engranaje organizativo plagado de marcas, de símbolos de violencia estructural y de fórmulas excluyentes que señalan y clasifican al individuo según sus condiciones de partida, su origen, su identidad, sus estilos y ritmos de aprendizaje, sus motivaciones, sus barreras y, finalmente, sus resultados.

Y es en este punto donde las relaciones pedagógicas de los centros se deterioran, para dar paso a la vigencia de modelos punitivos, coercitivos y basados en el castigo, y no en el desarrollo de las potencialidades de todo el alumnado. La escuela del “tú sí que no vales” es incompatible con la universalización de la educación, ya que interfiere en el mantenimiento del sentido de comunidad democrática en el que tienen que basarse los proyectos educativos de los centros en la práctica.

Nuestra capacidad para cambiar este sistema excluyente y seleccionador está en nuestro grado de implicación, de compromiso social y colectivo. Cualquier miembro de una comunidad educativa es copartícipe de una educación emancipadora que cambie este relato; una educación que le permita identificar y crear junto a sus iguales una visión crítica sobre posibles barreras, filtros y mecanismos de presión que asfixian siempre al que menos puede, cuando este, el que parte de condiciones estructurales, personales o sociales que no puede controlar, es el que más necesita de ese enfoque de la educación como bien común en el que “tú sí vales, y tú también.»



Niños y niñas migrantes en una de las rutas más peligrosas del mundo.

 

Canarias: Niños y niñas migrantes en una de las rutas más peligrosas del mundo

Hacia una política de contingencia con enfoque de derechos de la infancia



UNICEF España ha presentado hoy Canarias: niños y niñas migrantes en una de las rutas más peligrosas del mundo, informe que refleja la situación tanto de las más de 2.500 personas, presumiblemente menores de edad no acompañadas, que hay actualmente en las islas, como de un sistema que ha intentado dar atención a los 3.830 menores de edad que han llegado a Canarias desde 2019.

Descarga este Informe 

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ya alertó a España, en sus recomendaciones de 2018, sobre la necesidad de garantizar una atención adecuada a la infancia migrante no acompañada. Por ello, ese año llevamos a cabo el primer diagnóstico de los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española (Andalucía, Ceuta y Melilla). Tres años después, hemos realizado un segundo trabajo, esta vez centrado en las condiciones de recepción y acogida de los niños y niñas migrantes en las Islas Canarias, que también contiene una actualización de la situación en Andalucía y Ceuta, y una serie de recomendaciones para impulsar una verdadera política de Estado para la protección de los derechos de las niñas y los niños en contexto de migración.

Puedes encontrar toda la información aquí

Fuente Unicef España

 



Canadá desentierra los cementerios perdidos del "genocidio cultural" de la infancia indígena.

El hallazgo reciente de dos cementerios con los restos de casi 1.000 menores en antiguos internados indígenas ha reabierto las heridas de la política de asimilación forzada para acabar con las primeras naciones de Canadá y que la comisión oficial para la reconciliación define como "genocidio cultural".
 
Javier Biosca Azcoiti,

El grupo indígena Cowesses descubrió el pasado miércoles los restos de 751 personas sin identificar, la mayoría menores, en un cementerio olvidado situado en el internado Marieval, en la provincia Saskatchewan, en Canadá. Unos días antes, el 28 de mayo, otro grupo indígena, los tk'emlúps te secwépemc, de la provincia de la Columbia Británica, anunció el hallazgo de 215 cadáveres de niños en un internado de Kamloops. 



"Durante más de un siglo, los objetivos centrales de la política indígena de Canadá eran eliminar los gobiernos aborígenes, ignorar sus derechos, terminar los tratados y, a través de un proceso de asimilación, provocar su extinción como entidad legal, social, cultural, religiosa y racial diferente", señala en su primera frase el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación de Canadá, publicado en 2015.

"El establecimiento y funcionamiento de las escuelas-residencia fueron un elemento central de esta política, que se puede describir mejor como genocidio cultural", sostiene el documento. El sistema comenzó oficialmente en 1883 y el último centro cerró en 1996, aunque la mayoría ya lo había hecho en los años 80. Llegó a haber 130 de estos centros y muchos de ellos estaban dirigidos y gestionados por la Iglesia católica.

"Estos hallazgos son solo la punta del iceberg. Lamentablemente, vamos a ver más y más", dice a elDiario.es Heather Bear, vicepresidenta de la Federación de Naciones Indias Soberanas, representante de los 74 grupos indígenas de Saskatchewan. "Esto es solo el comienzo y creo que estamos destapando un legado para Canadá".

Las condiciones de los centros

La historia comenzaba con una carta de las autoridades o con el cura, policía o agente indio de turno presentándose en casa. Los padres estaban obligados a enviar a sus hijos a estas ‘escuelas’ y les amenazaron con ir a la cárcel si no los mandaban. Muchos de esos menores fueron trasladados a lugares remotos, las visitas estaban limitadas y muy controladas y a los hermanos se les separaba. Todo con el objetivo de romper lo máximo posible con su identidad de indígena y matar así al indio que había dentro del niño.

A su llegada se les cortaba la trenza (que a menudo tenía un significado espiritual), se les cambiaba la ropa por un uniforme y sus nombres indígenas por otros occidentales. Se les prohibía hablar en su lengua materna y en ocasiones tenían que hacer trabajo forzado para "financiar el funcionamiento de las escuelas", según detalla el informe.

"En algunas escuelas también eran esposados, maniatados, golpeados, encerrados en sótanos y otras cárceles improvisadas o exhibidos en cepos", señala el documento. Además, muchos sufrieron abusos sexuales. Las condiciones sanitarias tampoco eran las adecuadas y muchos de los niños fallecidos murieron por enfermedades, especialmente tuberculosis. Según los datos de la comisión, al menos 4.100 niños murieron en los internados, aunque la cifra real probablemente es mayor.

Durante la mayor parte de la historia de estos centros, la política general era no devolver los cuerpos a las familias, que incluso no recibían ninguna notificación. En cerca de la mitad de los casos no se registró la causa de la muerte. Bear denuncia que ni Canadá ni la Iglesia han entregado los registros oficiales de los centros para saber el alcance de las muertes. "No podemos permitirles suavizar esto más de lo que lo han hecho. Hay centenares de niños de los que no sabemos nada", dice.

La comisión también recogió múltiples testimonios de abusos sexuales, como el de Marie Therese Kistabish: "El cura me dijo que me arrodillase. Lo hice y empezó a levantarse la sotana. Era una túnica negra larga. Yo empecé a llorar y gritar para que me dejase ir". Otros relatan en detalle tocamientos, violaciones, amenazas, etc.

"Fue un holocausto de nuestros niños. Eran campos de concentración", dice Heather Bear. "La Iglesia y el Estado tienen que reconocerlo. Recibimos una disculpa de Canadá, pero realmente no hemos abordado el genocidio de nuestro pueblo. El Papa ni siquiera se ha disculpado y admitido que ocurrieron atrocidades a manos de curas y monjas".

"Hay que acabar con el racismo de este país"

En 2006, Canadá llegó a un acuerdo extrajudicial con las comunidades indígenas tras la presentación de la demanda conjunta más grande de la historia de Canadá por parte de supervivientes de estas escuelas. En dicho acuerdo, además de indemnizaciones económicas, se pactó la creación de la Comisión de la Verdad y Justicia, que publicó su informe final casi ocho años después del inicio de las investigaciones.

"Los canadienses han sido educados para creer en la inferioridad de los pueblos indígenas y en la superioridad de las naciones europeas. Esta historia y sus consecuencias, por tanto, no deberían verse como un problema indígena. Es un problema canadiense", escribe en la introducción Murray Sinclair, presidente de la comisión y juez de origen indígena.

"Tenemos a nuestra gente caminando perdida sin idioma, sin cultura, sin tradiciones y sin valores que han perdido con esta política. Y eso es lo que necesitamos para sanar", dice. "Se nos ha enseñado que el perdón consciente es el paso para la curación, pero ¿a quién tengo que perdonar? ¿A Canadá, a la Iglesia, a Dios? Alguien tiene que dar un paso al frente, admitirlo y ayudarnos a reparar nuestras naciones porque el sistema actual, en el que se supone que somos compañeros de igual a igual en esta tierra, está mal. [Nuestra comunidad] sufre pobreza y desigualdad en todos los ámbitos".

"Cuando hablamos de los colonos, ha llegado la hora de acabar con la discriminación y el racismo en este país. Ese mismo grupo está construyendo otras instituciones como la penitenciaria, el control policial… Los que las dirigen y controlan son todo colonos, no hay indígenas. Las cárceles de todo el país están llenas de nuestra gente", denuncia. "La representación e indigenización parecen palabras muy bonitas, ¿pero está ocurriendo?"

Bear, sin embargo, se muestra optimista cuando mira al futuro. "Estamos haciendo todo lo que podemos para revitalizar nuestra cultura, tradiciones, costumbres e idioma. No podemos cambiar lo que ocurrió en el pasado, pero siempre hay un mañana".

Familias de clase media se unen para llevar a sus hijos a los colegios gueto que nadie quiere.

El maltrato estructural/institucional: la segregación escolar se da,
 cuando la Administración no interviene para conseguir un sistema equilibrado 
y los niños acaban divididos en diferentes colegios en función de su renta familiar. 
De esto no se habla en España, es un tema tabú en España.
España, con Madrid y Cataluña a la cabeza, 
es el tercer país de la OCDE con mayor número de colegios gueto.
El Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido en los últimos años a España 
a aprobar políticas que frenen la segregación escolar.
Grupos de madres y padres de Manresa se organizan para matricular de forma conjunta a sus hijos 
en centros con un alto porcentaje de alumnos de origen inmigrante.

Madres valientes, familias coherentes de la escuela Muntanya del Drac (Manresa):
son María, Anna, Sara y Georgina... F.Albert Garci.

 ―¿Verdad que te gusta tu cole?
Marc no contesta. Tiene cuatro años y se esconde detrás de las piernas de su madre, Anna Candel, de 36. Probablemente, Marc aún no sabe que su caso es especial y que sus padres han tomado una decisión sobre su escolarización que puede cambiar la historia educativa de Manresa. Su colegio es uno de esos centros públicos conocidos como gueto, en el que más del 95% de los alumnos son de origen inmigrante. Es una de esas escuelas de las que las familias de clase media catalanas huyen. Sus padres, ambos profesores, tenían claro que él no crecería en un colegio burbuja. Pero no querían hacerlo solos y se pusieron de acuerdo con otras seis familias con un perfil parecido al suyo para matricular a sus hijos de forma conjunta en Muntanya del Drac, una de las siete escuelas públicas de “alta complejidad” del municipio.

La segregación escolar, que se da cuando la Administración no interviene para conseguir un sistema equilibrado y los niños acaban divididos en diferentes colegios en función de su renta familiar, es un tema tabú en España. Los vecinos saben a qué escuelas no quieren llevar a sus hijos, aunque queden a menos de 100 metros de su casa. La Administración las tiene perfectamente identificadas, y los maestros y directores de centro prefieren guardar silencio.

España, con Madrid y Cataluña a la cabeza, es el tercer país de la OCDE con mayor número de colegios gueto, situación que se da cuando el nivel de concentración de alumnado con bajos recursos socioeconómicos en un mismo centro supera el 50%, según un estudio pionero publicado el pasado abril de la ONG Save the Children y el centro de estudios EsadeEcPol con datos de 64 países. Por ello, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido en los últimos años a España a aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos ―nueve de cada 10 son públicos―.

De forma anónima, una de las directoras de uno de los colegios de alta complejidad de Manresa habla. “Las familias de clase media catalanas no nos eligen porque pesa más la segregación que el proyecto educativo que ofrecemos… No vamos a esconder el tipo de alumnado que tenemos, basta pasar por la puerta para verlo”.

Para conocer el Muntanya del Drac hay que hacerlo a conciencia. Está en uno de los barrios más alejados del centro de Manresa, el Xup, que fue construido a finales de los 60 para alojar a las familias obreras recién llegadas, fundamentalmente andaluzas. Ahora, abunda la población musulmana. Ubicado en la parte más alta de la ciudad, a sus calles el alcantarillado llegó más tarde y para muchos de los vecinos del municipio, de 78.000 habitantes, sigue siendo una barriada. Frente al colegio hay varios bloques grandes de vivienda social y en la parte trasera solo hay bosque. “Es un entorno idílico, hacen muchas excursiones a la naturaleza”, dice María Ribera (psicóloga de 36 años), otra de las madres que matriculó a su hija junto a Anna Candel de forma conjunta. “Es una pena que los prejuicios tapen todo el potencial que yo le veo a este centro”, añade. “A la escuela van niños, el resto de etiquetas tienen que ir fuera”, comenta Candel.

Anna Candel, María Ribera, Sara Pio (maestra de 37 años) y Giorgina Bori (ingeniera agrónoma de 37) son madres de la generación milenial. Reunidas en el Jardí del Casino de Manresa para la foto que ilustra este reportaje coinciden en que no quieren ser vistas como heroínas, que les parece lógico llevar a sus hijos a un colegio con una representación real de lo que ven en la calle. 
No quieren que en su clase haya únicamente “catalanets blanquets” (catalanes blancos). Pero son conscientes de que son una minoría. En los últimos tres cursos, unas 15 familias han matriculado de forma conjunta a sus hijos en diferentes centros de alta complejidad del municipio, según datos del Ayuntamiento.

Muchas de esas familias se han sensibilizado con el tema gracias a unas jornadas que celebra desde hace tres años la Xarxa de Famílies d’Escoles Públiques (una plataforma de familias de los 13 centros públicos del municipio), en las que informan de los proyectos educativos de las escuelas de alta complejidad y animan a los padres a conocerlas en las jornadas de puertas abiertas.

Los investigadores consultados resaltan la “valentía” de estas familias, organizadas por su cuenta y riesgo al margen de la Administración para acabar con una sociedad fragmentada en la que no quieren ver crecer a sus hijos. Pero alertan de que la solución no puede venir únicamente de esa parte. Hacen falta políticas sólidas con nuevos criterios de escolarización, aunque gusten poco a las clases medias.

Aunque la nueva ley educativa, la Lomloe, aprobada el pasado noviembre, es la primera normativa estatal que aborda el problema de la segregación e incluye un paquete de medidas para frenarla, la decisión final está en manos de las autonomías, que son las que diseñan los procesos de admisión. Precisamente Cataluña ha sido una de las comunidades pioneras en aprobar en 2019 un pacto contra la segregación escolar, que este curso incluye por primera vez una reserva mayor de plazas para alumnos vulnerables en todos los centros, entre otras medidas.

Manresa está entre los municipios catalanes con un mayor índice de segregación escolar: allí el 41% de los alumnos de primaria tendrían que cambiar de colegio para que las escuelas reprodujesen la composición real del barrio (en secundaria, tendrían que hacerlo el 23% de los estudiantes), según un informe de la Fundación Jaume Bofill. En 2017, el Ayuntamiento de Manresa creó junto a la Inspección Educativa (dependiente de la Generalitat) una comisión para analizar la segregación escolar, después de recibir quejas por parte de las direcciones de varios centros afectados. Su reclamación: el grave perjuicio ocasionado a los niños de origen inmigrante al privarles de clases más heterogéneas.

Diferentes investigaciones muestran que las consecuencias de la falta de diversidad cultural y económica en las aulas perjudica al rendimiento de los alumnos con menos recursos. En caso de producirse una mezcla, se genera el “efecto compañero”, un contagio de las aspiraciones que influye en el éxito académico de los más desfavorecidos. ¿Y qué pasa con los niños de familias más acomodadas? Diferentes revisiones del informe PISA ―elaborado por la OCDE para medir las competencias de los alumnos de 15 años en matemáticas, ciencias y lectura― muestran que esos chavales sacan las mismas notas independientemente de si su centro está más o menos segregado, ya que lo que más les influye es el nivel educativo de sus padres, especialmente de la madre.

Este ha sido el primer curso en el que el Ayuntamiento de Manresa ha puesto en marcha medidas innovadoras. La prioridad es detectar cuántos y quiénes son los alumnos con menos recursos (revisan los datos de los servicios sociales para ver qué familias perciben la Renta Mínima de Inserción), los que presentan problemas de aprendizaje (a través de los informes prescritos desde pediatría) y los que no dominan bien el español o el catalán (preguntan a las escuelas infantiles municipales). Todos los centros, incluidos los concertados, están obligados a reservar cuatro plazas en cada clase para ese alumnado. “De esa manera nos aseguramos de que el reparto es más equitativo, aunque los efectos se verán a largo plazo, para acabar con la segregación no hay medidas drásticas”, apunta Marta Romeo, técnica de educación del Ayuntamiento.

Este mecanismo provoca, en ocasiones, el efecto contrario: familias de origen inmigrante que quieren llevar a sus hijos a los colegios gueto se ven forzadas a matricularlos en otros para cumplir con esa cuota de cuatro plazas. “Hay familias que no lo aceptan porque quieren que sus hijos vayan con sus iguales... Les pagamos el autobús escolar y el comedor porque algunos de esos centros están lejos de su domicilio”, añade.

En la clase de la hija de Mariam Berraha, que llegó a Manresa hace 30 años de Marruecos, no hay ninguna Laia ni José, todos los compañeros de aula tienen nombres árabes. “El 99% de los alumnos del colegio son inmigrantes, estamos excluidos, todos en el mismo sitio”, cuenta Berraha, de 33 años, que trabaja de traductora en centros públicos del municipio para facilitar la comunicación entre las familias recién llegadas, sobre todo de África, y los docentes del colegio. Le gustaría que hubiese más diversidad porque cree que así los problemas con el idioma se solucionarían y el ritmo de aprendizaje sería más rápido. “En el recreo hablan en árabe y a eso se suma que los profesores les tratan con menos cariño que en colegios donde solo hay catalanes”.

Nadia Lahchiri, de 45 años, ya tiene a dos de sus hijos, que fueron a otro de los colegios gueto de Manresa, haciendo Bachillerato. “En casa siempre hemos estado encima para que hagan los deberes, y los catalanes deben pensar que nuestros hijos lastran a los suyos, pero no es así... Los niños tendrían que estar mejor repartidos para que desde pequeños convivan y creen lazos”.

El rol del profesor
Albert Ramírez ha sido el inspector jefe de educación en Manresa durante los últimos cinco años. Él insiste en que la solución para acabar con los colegios gueto no pasa solo por distribuir de otra manera a los alumnos, sino por formar a los docentes para que pongan en los alumnos vulnerables las más mismas expectativas que en el resto. “La forma en la que el profesor se relaciona con sus alumnos y con las familias en estos centros es clave; no es lo mismo transmitirles que sus hijos pueden llegar a la Universidad que decirles que, al menos, tienen que sacar los estudios obligatorios, el efecto no es el mismo”, recalca. “Ya estamos trabajando este aspecto con el profesorado”.

Es lo que en psicología se conoce como profecía autocumplida. “El docente es el líder y, muchas veces de forma inconsciente, transmite un mensaje que tiende a cumplirse, ya que los niños carecen de pensamiento crítico y asumen lo que les dice su maestro”, indica Rafa Guerrero, psicólogo y autor del libro Educar en el vínculo. “El ser humano nace frágil, así son sus primeros años de vida, y en un contexto de protección, de relación vertical, en función de cómo interprete ese adulto de referencia lo que hace, le va a empoderar o ridiculizar. El impacto a nivel emocional es muy fuerte y determinante para su futuro”, zanja.

Así trabajan los adolescentes migrantes en y por España.

 140 marroquíes extutelados trabajan en la recogida frutera en Huelva. 
"VOX está creando la imagen de un monstruo de quien no lo es", denuncian 
no solo las ONGs, sino cualquiera que tenga algo de sentido común.
-Vox, “Vente a la fresa con nosotros a 39€ el día”-
Andros Lozano

Chicos marroquíes que el periodista entrevistó. A. L.
Hace un par de horas que Mohamed, Bilal, Soufiane y su grupo de amigos, todos ellos marroquíes, han terminado su jornada en el tajo. Han pasado calor y sed. Pero están contentos. Los chicos -casi imberbes, delgados, por lo común de ojos vivos- son jornaleros en una finca de fresas junto al parque nacional de Doñana, a unos tres kilómetros por carretera de la ermita de El Rocío, en Almonte (Huelva).  

Estos chavales trabajan siete horas al día por 41 euros, aunque en realidad son 39 porque dos euros se los devuelven a la empresa que los ha contratado. Es lo que les cobra diariamente por ocupar una plaza en un barracón de obra donde tienen cama, retrete, ducha, cocina y lavadora. Se trata de un habitáculo que intenta asemejarse a un hogar, aunque ni de lejos.

Hay dos hileras de estos barracones en mitad de un descampado rodeado de inmensas fincas con invernaderos. Los chicos, cuando le dan indicaciones a este reportero para llegar hasta aquí, les llaman “las casitas”. Ahora, a mitad de tarde de este jueves, cuando EL ESPAÑOL los visita, algunos de estos jóvenes se reúnen a charlar mientras otros, todavía exhaustos por el duro trabajo, descansan en sus camastros tras comer y ducharse.

Saben que mañana han de levantarse al amanecer y que pasarán siete horas encorvados cortando esos jugosos frutos rojos que a las pocas horas de saltar de la rama -a lo sumo un par de días- llegarán a las neveras de media Europa.

Algunas jornadas hacen horas extras. Como máximo, tres diarias. Las cobran a entre siete y nueve euros cada una. 

Todos estos chavales cruzaron un día de manera irregular las fronteras de Ceuta y Melilla. Eran menores de edad cuando lo hicieron. 15, 16, 17 años. La Administración de ambas ciudades autónomas españolas se hizo cargo de ellos. Hasta cumplir los 18 se les catalogó como ‘menores extranjeros no acompañados’, MENAS. Se les dio un techo, comida y formación. 

Cuando se hicieron mayores de edad se les entregó un permiso de residencia temporal y se les dejó en la calle. Si no encontraban trabajo, tarde o temprano acabarían expulsados. Buscaos la vida, se les vino a decir. Y en esas andan. 

Esta semana, VOX ha vuelto a señalarlos en un cartel publicitario de su campaña electoral en Madrid. “Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión mensual”. El mensaje era directo, acusador y falso, como contó este periódico esta semana. En resumen, se decía que esos chicos estarían llevándose el dinero que podría destinarse al bienestar de los ancianos españoles.

No era la primera vez que el partido de ultraderecha los acusaba de manera prejuiciosa y falsa. Otras veces los ha señalado como violadores o ladrones y de actuar en manada. Siempre, sosteniendo que su procedencia era la causa por la que actuarían de ese modo. Pero Mohamed, Bilal, Soufiane y compañía desmienten esa imagen dañina que VOX quiere trasladar de ellos.

Nosotros venimos a trabajar, no a ser delincuentes”, 

explica Mohamed Achoroaa, de 21 años, el mayor del grupo. “El color de mi piel, mi lugar de nacimiento o mi acento no tienen por qué marcarme de por vida”. El chico, de pelo oscuro y rizado, lleva cinco meses trabajando en la recogida de la fresa. 

“Lo que queremos es buscarnos la vida”, apostilla Bilal Lamsayah, de 18 años, uno de los recién llegados. Trabaja aquí desde mediados de marzo. “Que Abascal, cualquiera de VOX o la gente que piensa como ellos vengan aquí por 39 euros al día. No aguantarían mucho, te lo aseguro”.

Dinero a casa

Los ochos jóvenes marroquíes con los que habla el reportero aseguran que cada mes envían una remesa de dinero a sus familias. Mohamed, el más veterano del grupo, mandó 350 euros el mes pasado. Con ese dinero ayuda a sobrevivir a sus padres, que no tienen trabajo, y a sus cuatro hermanos.

“Aquí, aunque el salario sea bajo, gano en un día lo que podría ganar en mi país durante todo un mes trabajando más horas”, asegura. Otros chicos envían lo que pueden: 100, 150, 200 euros…

Los barracones en los que viven estos jornaleros -la mayoría de la mano de obra en la recogida de la fresa es extranjera, principalmente de origen magrebí y de países de Europa del Este- se encuentran en mitad de inmensas fincas que sólo se ven delimitadas por carreteras perpendiculares. A vista de pájaro, resultaría como observar el mapa de un bosque lleno de caminos verticales y horizontales que se entrecruzan. 

Este grupo de ocho jóvenes extutelados por la Administración conviven en barracones junto a una finca de fresas.
Extutelados conviven en barracones en las fincas de fresas. A. L.
Las personas que se alojan en este tipo de instalaciones se encuentran a varios kilómetros del núcleo urbano más cercano. Para hacer la compra, han de ir en grupo en un automóvil. Este grupo de ocho jóvenes marroquíes no dispone de uno. La empresa para la que trabajan les facilita una furgoneta cada 15 días para poder ir a un supermercado o a cortarse el pelo a una barbería.

“Estamos aislados”, cuentan. Para ellos, salir a tomar un refresco, conocer a otros jóvenes o ir a comer una hamburguesa es una quimera. Sin embargo, en ningún momento de la entrevista se quejan. 

Un decreto 'salvador'

En abril del año pasado, casi al inicio de la pandemia y con el país confinado, el Gobierno publicó un decreto por el que se permitía que los extranjeros en situación irregular en España pudieran trabajar en el campo. 

Aprovechando esta coyuntura, tres ONG -Amani, de Granada; Familia Solidaria para el Desarrollo, de Chiclana (Cádiz) y Voluntarios por otro Mundo, en Jerez (Cádiz)- negociaron con Freshuelva, una de las patronales del sector de las fresa, para incorporar a jóvenes extutelados a la campaña de recogida.

En 2020 consiguieron 80 contratos. En la campaña de 2021 han sido 140. Sólo a cuatro de estos chicos se les ha despedido.

“La pandemia les abrió una puerta laboral y una oportunidad”, explica Michel Bustillo, delegado de Voluntarios por Otro Mundo, ONG que tiene cinco pisos de acogida, con 42 plazas en total, para exMENAS.

Hablamos con el Defensor del Pueblo y éste le hizo una recomendación al Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones. Gracias a ese decreto a los chicos que firmaron un contrato se les concede una tarjeta de residencia y trabajo de dos años de duración”. 

En 2020 se acogieron al acuerdo alcanzado con Freshuelva cuatro empresas. Este año han sido nueve. “Estoy contento”, añade Bustillo. “Las condiciones laborales son duras pero los chicos están respondiendo muy bien. Con 18 años, como tiene la mayoría, el que estén en esos campos aguantando demuestra que son un ejemplo y que vienen a buscarse un futuro, no a hacer daño a nadie”. 

Michel Bustillo se revuelve cuando se le pregunta por VOX y su última campaña electoral en Madrid contra los MENAS, la misma que un juzgado de la capital del país ha rechazado retirar. La Fiscalía lo denunció por la supuesta comisión de un delito de odio. 

Son unos provocadores. ¡Que Abascal me acompañe un día a una de esas fincas o que los escuche Rocío Monasterio! Entonces se les cambiará el concepto que tienen de estos chicos. Me genera mucha rabia que se aprovechen de los vulnerables y que se intente enfrentar al pobre contra el pobre. Son ruines. Están creando la imagen de un monstruo de alguien que no lo es”. 

"¿Tanto mal hago?"

Comienza a caer la noche sobre los campos de fresas de Huelva. Aquí, en este poblado de barracones, corre un leve viento que invita a resguardarse. Los chicos se cubren con sudaderas, aunque varios de ellos todavía visten pantalones cortos y llevan chanclas. 

Bilal Lamsayah cuenta que es Nador. Lleva dos años y medio sin ir a Marruecos, justo el tiempo que hace que cruzó a Melilla. Con 18 años, tras abandonar el centro de menores en el que convivía con alrededor de otros 900 chicos, se mudó a Almería para intentar encontrar trabajo y que se le prorrogara el permiso de residencia. Estuvo un mes y medio trabajando sin papeles en una restaurante, donde fregaba platos. 

Luego, Bilal probó suerte en Málaga y más tarde en Lérida. En tierras catalanas escuchó hablar de un tal Michel Bustillo y sus pisos de acogida en Jerez de la Frontera, adonde llegó en octubre del año pasado. El 11 de marzo se mudó a Huelva para empezar a trabajar en la recogida de la fresa. El chico considera que hay una parte de la sociedad española que es "abiertamente racista".

Salí de mi casa en busca de un futuro mejor. Mi sueño es estudiar y mudarme a Inglaterra. Quiero vivir allí, me encanta ese país. Es injusto que a alguien se le juzgue por el color de piel o por lo que hagan otros de su mismo país. Eso es xenofobia. 

Yo estoy en España para ganarme la vida y tener un futuro. 

¿Tanto mal hago? Dímelo tú, ¿tanto mal hago?”.

La pregunta todavía resuena en la cabeza de este reportero.

(In)seguras online, informe de Plan Internacional.

Hoy el Día de las Niñas en las TICs, Plan Internacional 
ha  presentado el informe “(In)seguras online”, 
en colaboración con el Parlamento de Andalucía.


El estudio, basado en testimonios y entrevistas en profundidad a más de 14.000 chicas de entre 15 y 25 años de 22 países, entre ellos España, revela que las niñas se enfrentan a experiencias de acoso desde los 8 años, y es entre los 14 y los 16 años cuando lo sufren con mayor frecuencia.
Descargar resultados de España
 
Las niñas, adolescentes y jóvenes usuarias de redes sociales están expuestas de forma habitual a esta forma de violencia, que incluye la recepción de mensajes explícitos, imágenes de contenido sexual, ciberacoso, amenazas de violencia física y sexual, comentarios racistas y anti-LGTBIQ+, humillaciones y burlas, y ataques por su aspecto físico.
Descargar Informe Estado Mundial de las Niñas.




Las organizaciones sociales demandan una respuesta urgente en la Cañada Real ante la vulneración de derechos.

 

ante la vulneración de derechos que se viene sufriendo desde hace más de 100 días 
en los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana. 

La falta de suministro eléctrico que llevan sufriendo los más de 1.800 niños y niñas que viven en estos asentamientos se ha traducido en un empeoramiento extremo de sus condiciones de vida, que se ha visto seriamente agravado por la alta incidencia de la pandemia, así como las frías temperaturas del invierno.

Esta situación pone en riesgo a muchos niños y niñas y provoca una vulneración grave de sus derechos, especialmente en el ámbito de la salud, pero también en otros derechos como el acceso a la educación, a vivir en un entorno adecuado o a la protección. Especialmente grave es en el caso de 20 bebés o de niños y niñas en situación vulnerable, convirtiéndose la necesidad de actuar en una emergencia humanitaria.

Instituciones como el Defensor del Pueblo, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, los relatores especiales de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil o la propia Plataforma de Infancia han trasladado a las diversas instituciones competentes la necesidad de impulsar medidas, tanto urgentes como a largo plazo, para acabar con esta situación, siendo la cuestión más inmediata la necesidad de volver a proveer a las familias de suministro eléctrico.

Las organizaciones firmantes somos conocedoras de situaciones de extrema gravedad y mostramos nuestra perplejidad y preocupación ante la ausencia de medidas suficientes y adecuadas ante el drama humanitario existente.

El Real Decreto Ley 37/2020 aprobado el pasado diciembre es muy claro con respecto a la protección que debe darse a los consumidores vulnerables durante el estado de alarma, prohibiendo el corte de suministro eléctrico incluso en el caso de que no pudieran acreditar la titularidad del contrato de suministro.

Por otro lado, la posible existencia de actividades delictivas en la zona no puede suponer, en ningún caso, un menoscabo de los derechos de los niños y las niñas, ni su culpabilización. Igualmente debe recordarse, ante la existencia de “enganches en precario”, que las personas afectadas han solicitado la posibilidad de tener contratos dentro de la legalidad, pero estos no han sido facilitados ni “se han esclarecido suficientemente las razones que lo impiden o dificultan” como ha trasladado el Defensor del Pueblo. Cabe recordar en este sentido que es un compromiso asumido por todas las administraciones públicas implicadas, a través del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, la garantía de un adecuado suministro de energía eléctrica a todos los ciudadanos de la Cañada Real. Este Pacto fue firmado en mayo de 2017 y dichos compromisos no han sido asumidos ni iniciados.

Por todo ello demandamos:

    La adopción urgente de las medidas excepcionales necesarias para el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico a todas las familias afectadas.
    La adecuación y rehabilitación de la red eléctrica en la zona para garantizar un adecuado suministro eléctrico, partiendo en su caso de un peritaje externo que pueda esclarecer las dificultades técnicas y buscar soluciones a corto y largo plazo.
    Iniciar la posibilidad para acceder a contrataciones dentro de la legalidad en el corto plazo.
    Implementar los acuerdos establecidos en el Pacto Regional de la Cañada Real Galiana en el medio plazo para solventar este y otros graves problemas que sufren las familias de estos sectores.
    Realizar una evaluación del impacto que esta situación está teniendo en el bienestar y derechos de los niños y niñas afectados de cara a la toma de decisiones para reparar el daño e impacto negativo que haya podido tener en los diferentes ámbitos
    Tener en cuenta en todo momento la opinión de las familias afectadas y garantizar que las medidas que se implementan tengan en cuenta el Interés Superior del Niño tal y como obliga la Convención sobre los Derechos del Niño, por encima de cualquier otra consideración.

Hacemos este llamamiento a la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno, los Ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada así como a la empresa suministradora de la energía, Naturgy, para que en el marco de sus competencias hagan efectivas estas demandas.



Organizaciones firmantes Manifiesto Cañada Real


UNICEF. 'Pin parental' y actividades educativas complementarias

La mayor aportación de la Convención sobre los Derechos del Niño es 
 considerar a los niños como sujetos de derechos 
y no como meros objetos de protección. 
Los estados deben garantizar la aplicación, provisión y protección de dichos derechos.

UNICEF.
Nacho Guadix*


La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional de derechos humanos más ratificado de la historia, contando con una implantación prácticamente universal. España la ratificó en 1990 y desde entonces su aplicación es norma en nuestro país.


La mayor aportación de la CDN es considerar a niños y niñas como sujetos de derecho, y no como meros objetos de protección. Es obligación de los estados garantizar la aplicación, provisión y protección de esos derechos.

En lo referente a los fines del derecho a la educación, la CDN establece que los estados deben reconocer que la educación debe estar orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niños y niñas, y prepararlos para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos (art. 29).

En ese sentido, la Constitución Española está perfectamente alineada con esa visión y  especifica que: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (art. 27.2).

El principio del Interés Superior del Niño. 
Del mismo modo, nuestra Constitución reconoce, entre otros, aspectos tales como la libertad de enseñanza, la participación del profesorado, familias y alumnado en la gestión de los centros sostenidos con fondos públicos y la libertad de las familias para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones.

 Dicho esto, cualquier controversia entre derechos deberá ser dirimida 
siguiendo el principio del interés superior del niño.

Una comunidad escolar cohesionada podrá articular las demandas del entorno y armonizarlas con los fines anteriormente mencionados. Desde la participación, a través de los mecanismos existentes y según las normativas vigentes, y en especial desde el fomento de una participación infantil informada y responsable, se ha de velar por un enfoque de equidad, inclusión y respeto a los derechos humanos.

El valor de la aportación de las familias

No cabe duda que contar con una buena aportación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje es una valor con el que cualquier sistema educativo quisiera contar. Esa presencia familiar es tremendamente intensa en los años de educación infantil, y se va diluyendo a medida que niños y niñas avanzar por las distintas etapas educativas y van ganando en autonomía.

La escuela se nos presenta como un espacio diverso y privilegiado para disfrutar de un contexto democrático que dé lugar al aprendizaje de derechos y responsabilidades individuales y colectivas, al entendimiento entre ciudadanos críticos y pensantes, al goce de la igualdad sin ningún tipo de discriminación y al desarrollo y potenciación de todas sus capacidades.

Para que todo esto suceda es preciso que esa amalgama formada por docentes, estudiantes, familias, personal de apoyo y servicio, autoridades, etc., en definitiva, lo que denominamos comunidad escolar, encuentre los cauces legítimos y apropiados para expresar ese derecho de forma armoniosa y constructiva. 
Y en ese contexto donde queremos reivindicar la participación infantil, el establecimiento de mecanismos y herramientas adecuadas, relevantes, regulares y que garanticen la accesibilidad universal de consulta de la opinión del alumnado y reforzar el papel de órganos de gobierno como son los consejos escolares.

Confiar en los docentes y responsables de los centros educativos

En este contexto queremos manifestar nuestra confianza en los docentes y responsables de centros educativos en el ejercicio de su libertad de enseñanza a la hora de configurar el conjunto de actividades necesarias para cumplir con los objetivos curriculares  de la manera más eficaz, inclusiva y equitativa.
Una educación con enfoque de derechos, de derechos de infancia, facilitará nuestros análisis en un período de gran interés social sobre el presente y futuro de nuestra infancia y nuestro sistema educativo. 
Sobre la naturaleza de las actividades complementarias
  • ¿Qué son las actividades complementarias? Las actividades complementarias tienen por objeto enriquecer el currículo, como mecanismo con el que cuentan los centros educativos dentro de su competencia. Son propuestas realizadas por el equipo docente y van alineadas con los objetivos curriculares. Son obligatorias y evaluables. Se celebran en horario escolar y con el profesorado presente.
  • ¿Cómo se aprueba realizar unas actividades u otras? Todas las actividades se han de aprobar por parte del Consejo Escolar al inicio de curso dentro de la Programación General Anual (PGA), así como ser evaluadas una vez se celebren.
  • ¿Qué diferencia hay entre actividades complementarias y extraescolares? Las complementarias son obligatorias, evaluables, en horario escolar, con profesorado presente y las extraescolares son voluntarias, fuera del horario escolar y no son evaluables.
*Nacho Guadix
Responsable de Educación en Derechos de Infancia de UNICEF Comité Español

Infancias que migran de forma autónoma, Artículo,

Entre la Agencia , las Movilidades y las Fronteras. 

Mercedes G. Jiménez,
Dra. Antropología, UCM.
María Auxiliadora Trujillo,
T.S., SEPISE, UGranada.
n.º 20, 2019, 183-204. 

¿Y tú por qué puedes moverte y yo no?.
Todo depende del color de tu pasaporte, ¿no?.
Sufian, 13 años, Tánger.

Este artículo reflexiona desde una mirada performativa sobre la presencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años extranjeros, construidos jurídicamente como menores extranjeros no acompañados, dentro y fuera de los sistemas de protección en el Estado español y las interacciones que su presencia ha generado en los últimos 20 años. 
El texto tiene como objetivo la reflexión teórica desde el concepto de agencia sobre los significados de estas movilidades infantiles y adolescentes en un contexto transnacional. En una primera parte describiremos las implicaciones de una mirada agentiva poniendo especial interés en la cuestión de la migración autónoma y sosteniendo la importancia de generar otras narrativas y desbancar denominaciones raptadas en el nacionalismo epistemológico y metodológico como el uso intensivo de la categoría jurídica de “menores extranjero no acompañados”. 
En la segunda parte, describiremos las performatividades de la presencia de estos menores en nuestras sociedades y territorios en estos últimos 20 años y las interacciones y tramas que sus subjetividades han reformulado y construido. Nos detendremos en tres aspectos, por un lado cómo la presencia de personas menores de edad marroquíes está contribuyendo a que los diferentes Sistemas de Protección de la Infancia comiencen a reflexionar en torno a la diversidad cultural y su gestión. Por otro lado, cómo se ha articulado un movimiento de defensa de derechos de los chicos y chicas extranjeras con importantes logros jurídicos que han beneficiado a la infancia y adolescencia en su conjunto. 
Finalmente, cómo nuevas formas de intervención social, como la mediación social transnacional, están poniéndose en marcha para acompañar la movilidad de estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes y repensar la  territorialidad de los sistemas de protección, que se revela como insuficiente.

Niños desarraigados. #30añosCDN.

Los niños migrantes, refugiados y desplazados son, ante todo, niños. 

A child is carried in a suitcase, Syrian Arab Republic
UNICEF/UN0185401/Sanadiki

El desafío.

Millones de niños están en movimiento. Algunos son expulsados de sus hogares por el conflicto, la pobreza o el desastre; otros están migrando con la esperanza de encontrar una vida mejor y más segura. Demasiados encuentran peligro, detención, privación y discriminación en sus viajes.

No debería ser así. El sufrimiento y la discriminación de los niños migrantes es inaceptable y puede prevenirse. Ante todo son niños, independientemente del motivo por el que abandonen su hogar, el lugar del que procedan, dónde se encuentren o cómo hayan llegado hasta allí. Y cada niño merece protección, cuidados y todo el apoyo y los servicios necesarios para su desarrollo. Con demasiada frecuencia, sin embargo, este no es el caso.

Los niños desplazados y migrantes hacen frente a numerosos desafíos tanto en su recorrido como a la llegada porque, en muchos casos, sus opciones suelen ser limitadas para moverse por caminos seguros y en compañía de sus familias. Con frecuencia se encuentran en situaciones de violencia, abuso, explotación o discriminación. No reciben educación ni atención médica adecuada. Su condición de recién llegados puede obstaculizar su integración y, así, hacer que resulte aún más complicado el aprendizaje de un idioma nuevo y la adaptación a otra cultura. Estas dificultades dejan secuelas físicas y psicológicas permanentes.

En ningún otro lugar del mundo los niños son tan importantes para el futuro de un continente como en África. Por una parte, esto presenta una dificultad; por otra, una oportunidad. Si se aplican las políticas y prácticas adecuadas, los estados africanos mejorarán las acciones nacionales y la cooperación internacional y, de este modo, podrán abordar los factores negativos que obligan a los niños a dejar sus hogares y proteger y responder a las necesidades y los derechos de los niños desarraigados, sin importar quiénes son ni de dónde vienen. Del total de personas migrantes y desplazadas que hay en África, la proporción de niños es la más alta en todas las regiones: cerca de uno de cada cuatro migrantes internacionales de África es un niño, más del doble de la media mundial.



El Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular es un acuerdo histórico que reconoce por primera vez que los niños son fundamentales para la gestión de la migración y demuestra que el Programa de Acción de UNICEF es factible y proporciona un macro para darle vida. UNICEF ha participado activamente en 18 meses de negociaciones y debates que culminaron en el documento final y contaron con la participación de jóvenes migrantes. El pacto se aprobará en una conferencia intergubernamental en Marrakech, Marruecos, el 10 y el 11 de diciembre.

La solución.

Se debe tratar por igual a todos los niños del mundo, independientemente de dónde procedan o por qué hayan abandonado su hogar.

Los niños deben sentirse protegidos contra la violencia y la explotación. Deben poder permanecer con su familia. No deberían tener que faltar a la escuela o no poder ir al médico. No deberían temer a la xenofobia o la discriminación. Deben poder sentirse en casa, dondequiera que esta se encuentre.

En todo el mundo, UNICEF lleva a cabo una labor orientada a asegurar la protección de los niños refugiados y migrantes y el respeto de sus derechos. Ofrece suministros humanitarios vitales en campos de refugiados. Dirige espacios amigos de la infancia, es decir, lugares seguros donde los niños refugiados y migrantes pueden jugar; las madres, descansar y alimentar a sus bebés en privado; y las familias separadas, reunirse. Apoya las iniciativas de los gobiernos nacionales y locales dirigidas a poner en marcha leyes, políticas, sistemas y servicios públicos que incluyan a los niños refugiados y migrantes, aborden sus necesidades específicas y favorezcan su desarrollo. Recopila, analiza y difunde datos. Ayuda a mantener juntas a las familias y promueve las soluciones basadas en la familia como alternativa a la detención de niños desplazados y migrantes. Colabora con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Emplea soluciones novedosas en favor del empoderamiento de los niños y los jóvenes desarraigados, y facilita modos de que se tenga en cuenta su opinión.

Existen soluciones, y son viables. 

Recomendaciones de acciones concretas que los agentes locales pueden emprender (y que ya están emprendiendo) para promover los derechos de cada niño refugiado, migrante y desplazado interno que viva bajo su jurisdicción.
Cada día, niños y familias de El Salvador, Guatemala, Honduras y México dejan sus hogares y sus comunidades para emprender la peligrosa travesía hacia el norte. Ponen sus vidas en peligro a cambio de la promesa de un futuro mejor.
La protección de los niños que se encuentran en tránsito comienza por disponer de mejores datos. Lea la propuesta de UNICEF para obtener mejores datos...
UNICEF describe la vida de millones de niños y familias afectadas por la migración.
Los niños y jóvenes en tránsito a través del Mediterráneo están en peligro de ser víctimas de la trata y la explotación.
Cómo lograr que los pactos mundiales sobre migración y refugiados protejan a los niños desarraigados.