La ONU establece por primera vez la obligación de proteger a los niños del cambio climático. Cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, marcó un hito histórico en los derechos humanos de la infancia. Pero hubo algunos aspectos a los que no prestó atención alguna, como la brecha digital, la perspectiva de género o el cambio climático.
Cuando la Asamblea General de Naciones
Unidas aprobó la Convención
sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, marcó un hito
histórico en los derechos humanos de la infancia. Pero hubo algunos aspectos a
los que no prestó atención alguna, como la brecha digital, la perspectiva de
género o el cambio climático.
Sin embargo, al proclamar que todos los
niños son titulares de su derecho a crecer en una familia idónea, en un entorno
sano y libre de cualquier tipo de violencia, también se deduce que deben
desarrollarse en un ecosistema limpio, saludable y sostenible. Y así se ha ido
reconociendo con
posterioridad.
La Organización Meteorológica Mundial de
Naciones Unidas alertó recientemente
de valores alarmantes en los cuatro indicadores clave del cambio climático, con
severos efectos para la infancia: la concentración de gases de efecto
invernadero, la subida de los niveles de mares y océanos, así como el contenido
de calor de los océanos y su acidificación, representan un claro atentado a su
salud e incluso a su derecho a la vida.
La opinión de la niñez sí cuenta
El Comité de los Derechos del
Niño es el más alto órgano de Naciones Unidas en este ámbito.
Compuesto por 18 especialistas, paritario y representativo de las diversas
regiones planetarias, supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los
Derechos del Niño en cada uno de los 196 estados que la han ratificado. Y lo
hace recabando informes de UNICEF, de los gobiernos y de las entidades no
lucrativas para formular las correspondientes recomendaciones de mejora.
Además, elabora observaciones generales
sobre cuestiones temáticas relacionadas con los derechos de la infancia y la
adolescencia. Para ello tiene muy
en cuenta la opinión de la niñez.
Pues bien, resulta que UNICEF ya había alertado de
que el cambio climático es una forma de violencia estructural contra toda la
niñez, por el colapso social que puede provocar en sus comunidades y en sus
familias. Se refiere a los efectos de los desastres naturales, la degradación
medioambiental y la pérdida de la biodiversidad, que a su vez repercuten en la
agricultura, en el acceso al agua potable y en la nutrición. Y en última instancia,
vulneran el derecho a la salud.
De hecho, su informe de agosto de 2021
denunciaba que se han
alcanzado cifras dramáticas: 815 millones de niños expuestos a la
contaminación por plomo, 820 millones a olas de calor, 920 millones a la
escasez de agua y 1 000 millones a elevados índices de contaminación
atmosférica.
Por su parte, la Organización Mundial de la
Salud ya
había alertado en 2017 de que anualmente 1,7 millones de niños mueren
como consecuencia de impactos ambientales evitables. Eso lo convierte en la
causa de mayor mortalidad en la primera infancia, ya que provoca más de una
cuarta parte de las defunciones de niños de menos de cinco años.
Más de 16 000 contribuciones de
menores
Con estos informes sobre la mesa, el Comité
de los Derechos del Niño decidió redactar una Observación General sobre los
derechos de la infancia y el medioambiente, con especial atención al cambio
climático (The
UN Committee on the Rights of the Child commits to a new General Comment on
Children’s Rights and the Environment with a Special Focus on Climate Change).
En dos períodos trimestrales de consultas –del 31 de marzo al 30 de junio de
2022 y del 15 de noviembre de 2022 al 15 de febrero de 2023— recibieron
16 331 contribuciones directas de niños, niñas y adolescentes de 121
países. Y sintetizaron sus demandas en
seis reivindicaciones globales:
1.
Que exista un medio ambiente limpio y saludable.
2.
Que se les escuche en serio como protagonistas en la acción
ambiental.
3.
Que las acciones de gobiernos y empresas sean claras y
transparentes.
4.
Que se fomente la cooperación internacional.
5.
Que se incremente la sensibilización y educación ambiental.
6.
Que se creen espacios de participación para compartir ideas y
posibles soluciones.
Este documento insiste en la
corresponsabilidad, y especialmente en la necesidad de crear normas universales
para que los gobiernos defiendan los derechos de la niñez vulnerados por la
emergencia climática, el colapso de la biodiversidad y la contaminación
generalizada del agua, el aire y el suelo. Al fin y al cabo, los niños son
titulares de sus derechos, protagonistas de la participación social y agentes
de la positiva transformación ambiental.
Los Estados deben introducir leyes y
directrices, con presupuestos suficientes y mecanismos de transparencia en su
aplicación, restaurando y protegiendo esos derechos contra el abuso por parte
de terceros, incluidas las empresas, para garantizar la recuperación y
conservación la biodiversidad.
Los niños tienen el derecho a un
medioambiente limpio, y los Estados tienen la obligación de garantizarlo. No
solo por quienes ya están en el mundo: también por los futuros habitantes del
planeta, que merecen una realidad en la que de verdad se cumplan sus derechos.
Carlos Villagrasa Alcaide, Profesor titular
de Derecho Civil, Universitat de Barcelona
