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Save The Children valora positivamente la Ley de protección a la infancia contra el porno en Internet anunciada por el Gobierno

Save the Children valora positivamente que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en una entrevista al diario El País la aprobación de una ley para proteger a los menores de edad del porno en internet.

Madrid, 15 de enero de 2024


Sánchez iba más allá y concretaba tres objetivos en este tema: aprobar una ley integral para proteger a los menores en internet; aprobar una estrategia multidisciplinar que abarque las perspectivas de educación, competencias digitales e igualdad, y crear dispositivos que impidan el acceso a esos contenidos pornográficos a menores de edad.   


Save the Children lleva años promoviendo soluciones específicas a esta realidad y, de hecho, se han dado ya pasos legislativos claves: “Ya en el espíritu de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia de 2021, conocida como LOPIVI, estaba contemplado este propósito, planteando que internet también debe ser un entorno seguro para niños, niñas y adolescentes. Es hora de llevarlo a término”, valora Andrés Conde, director general de Save the Children. Y añade: “no podemos permitir que la pornografía se convierta en profesora y consultorio de sexualidad para los y las adolescentes, porque afecta muy negativamente a sus relaciones y su desarrollo”.  


“Estamos convencidos además de que es un asunto que puede concitar el consenso entre los grupos políticos. No hay nada de mayor interés general que proteger a los niños y a las niñas”, concluye Conde.  


En este sentido, la entidad considera que es una gran oportunidad que desde el Gobierno -y en concreto desde los ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes y de Juventud e Infancia- se esté brindando esta opción para encontrar soluciones desde el máximo consenso posible, con la colaboración de expertas, infancia y adolescencia, familias y sociedad civil.   


“Consideramos que esta ocasión única necesita de la más alta coordinación entre el grupo de expertas anunciado por el Ministerio de Juventud e Infancia y las sesiones que tengan lugar en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, organismo coordinador y representativo de todas las comunidades autónomas. Solo así se podrá abordar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital de forma integral y efectiva”, explica Conde.  


INFORME (DES)INFORMACIÓN SEXUAL  


En el informe “(Des)información sexual: pornografía y adolescencia”, de 2020, Save the Children ya advertía de la urgencia de tramitar la LOPIVI en este campo: “hay que desarrollar el gran enfoque preventivo de esta ley para que las niñas y los niños sean capaces de detectar la violencia o el abuso, lanzar campañas de sensibilización para prevenir la violencia y la igualdad, implementar las herramientas y soluciones necesarias para prevenirlo y que, si sucede, les hayamos ofrecido el acompañamiento necesario para poder ser críticos con el contenido”, resalta Conde.  


Asimismo, es necesaria una educación reglada que otorgue a la infancia y adolescencia conocimiento sobre la sexualidad basado en la igualdad, la afectividad y que sirva para prevenir la violencia sexual. La educación sobre el entorno digital es también fundamental, pues chicos y chicas tienen que entender cómo utilizar internet de manera segura, así como las implicaciones de sus acciones online. También se deben abordar otros fenómenos como la pornografía autoproducida, fuente de pornografía que intercambian hoy día los adolescentes.   


EL PAPEL DE SAVE THE CHILDREN  


En junio de 2023, la organización se unió a una iniciativa promovida por la Asociación Europea para la Transición Digital, que proponía un paquete de medidas para marcar unos estándares mínimos de consenso para un Pacto de Estado.   


Save the Children considera fundamental que garantizar un internet más seguro no suponga una merma de los derechos de niños y niñas en el entorno digital, tales como el derecho a la información, la libertad de expresión y la participación. “Hemos invitado a chicos y chicas a unirse a un mundo para el que no les hemos dado ni herramientas ni guía, y del que ahora queremos expulsarles”, añade Conde. A pesar de que considera que la protección es esencial, "esta debe producirse escuchando siempre a los niños y jóvenes".  


Este enfoque supone alejarse de la prohibición y poner a los niños y niñas en el centro para saber cómo hacerles llegar esta información: “La inmersión y contacto con las tecnologías debe ser progresiva, bajo recomendaciones oficiales, especialmente en la primera infancia, y siempre desde la educación como acompañamiento, con límites y normas”, según Conde.  


EL ENTORNO DE LOS NIÑOS, CLAVE EN ESTE PROCESO  


La educación y la formación ayudan a generar herramientas útiles para utilizar las tecnologías de manera segura y responsable, y en este punto es fundamental el papel de la familia y la escuela. El rol de las familias debe ser el de dar ejemplo y acompañamiento, basado en el diálogo y la confianza, desde edades tempranas y no solo en el entorno digital. Save the Children ha elaborado un curso al respecto para que lo padres y madres tengan las herramientas necesarias para hablar sobre sexo a sus hijos e hijas.  


En cuanto a su uso en las escuelas, "debemos considerar que la utilización del móvil durante las lecciones puede afectar a la concentración en el aprendizaje. Es importante que se limite su uso para el objetivo educativo y que la educación digital forme parte de la enseñanza, así como para ayudar a aprender a autorregular y gestionar su uso para el entretenimiento o interrelación personal en los momentos adecuados". En cuanto a su uso como herramienta educativa, se deben proporcionar las herramientas y dispositivos adecuados desde el centro educativo para realizar las actividades, previniendo siempre una posible discriminación y exclusión por motivos socioeconómicos del alumnado más desfavorecido.  


Finalmente, en este análisis en busca de soluciones duraderas también Save the Children dice que se debe tener en cuenta la igualdad de oportunidades, como analizar el impacto de la digitalización, de las competencias digitales y la brecha digital en un mundo marcado por la tecnología.  


Una app “pionera” y una ley integral: el Gobierno define su hoja de ruta contra el acceso de los menores al porno

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un informe coordinado por el Ministerio de la Presidencia con las medidas que el Ejecutivo quiere poner en marcha para “dar respuesta al problema social” de la aproximación temprana de los chicos y chicas a la pornografía.

elDiario.es

Marta Borraz

16 de enero de 2024


Dos jóvenes utilizando teléfonos móviles en una foto de archivo.  Europa Press


El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un informe en el que detalla la hoja de ruta que prevé seguir con el objetivo de “proteger a los menores del porno” en internet. Así lo ha especificado la ministra portavoz Pilar Alegría, que ha explicado parte del contenido del documento, elaborado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que coordinará las acciones en esta materia. 


El objetivo es “dar respuesta al problema social” del acceso a pornografía por parte de los chicos y chicas, una realidad “ante la que no podemos permanecer impasibles ni como sociedad ni como Gobierno”, ha esgrimido Alegría.


El plan constará de tres patas, como ha avanzado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los últimos días: por un lado, el desarrollo de una ley integral “para la protección de los menores en internet”, también una estrategia disciplinar que aborde ámbitos como la educación, la igualdad y las competencias digitales y en la que trabajarán varios ministerios así como el grupo de expertos creado hace un mes por el Ministerio de Juventud e Infancia, y por último, la puesta en marcha de una herramienta “pionera” de verificación de la edad que está en desarrollo por parte de la Agencia de Protección de Datos y la Fábrica de Moneda y Timbre.


Según ha asegurado Alegría, la app “ya ha sido probada con varios navegadores”, tiene por objetivo principal bloquear el acceso de menores a “contenido para adultos” y se prevé que funcione antes del verano de 2024. El informe aprobado por el Consejo de Ministros asegura que “conjuga la protección a la infancia y el interés superior del menor con el derecho fundamental a la protección de datos de los ciudadanos” y que otros países como Reino Unido o Francia están implementando sistemas similares.


La ministra ha ejemplificado su funcionamiento con su caso particular: “Soy adulta y madre de un menor, si en algún momento quisiera acceder con mi móvil a un contenido así, la aplicación me reconocería y tendría la posibilidad de navegar, pero si hiciera uso del teléfono mi hijo menor de diez años, le reconocería y le imposibilitaría que accediese”.


La intención del Gobierno con el plan es alcanzar “un acuerdo de país” ante la realidad de los datos, que el propio Sánchez ha calificado de “demoledores”: según Save the Children, la edad media del primer acceso a contenido pornográfico se sitúa en los 12 años, pero cerca del 10% lo tienen antes de los diez años, si bien en la mayoría de estos casos se produce de manera accidental. En muchas ocasiones, además, la entrada al porno se produce por curiosidad o para hacer reír o entretenerse entre los grupos de iguales, según la organización. En total, el 62,5% de los menores de entre 13 y 17 años han visto pornografía alguna vez en su vida.

La polémica por la presencia de menores de seis años en centros residenciales llega al Parlament

La Vanguardia avanzaba ayer una cifra demoledora. Casi 1.100 niños menores de seis años viven en una residencia en España, de los que la mitad son bebés. De estos, 263 se encuentran en Catalunya, siendo la comunidad que encabeza la lista en España por delante de Andalucía (172) y Madrid (118), según los datos recopilados por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf) del Boletín del Sistema de Protección a la Infancia que publica el Ministerio de Derechos Sociales.


LA VANGUARDIA

JOSEP FITA

04/01/2024




La información recordaba que en el año 2015 los partidos políticos en España alcanzaron un acuerdo en materia de protección de la infancia que consistía en que los niños menores de seis años no crecieran en residencias, sino en familias (ya fueran las suyas, las de sus allegados o bien, ajenas). A la luz de los datos, parece que el pacto no se ha cumplido.


Fruto de este escenario, el grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar registró ayer una petición de comparecencia en el Parlament del conseller del ramo, Carles Campuzano, y de Josep Maria Forné, director del Institut Català d’Acolliment i de l’Adopció. A esta petición se le añade el informe que presentará la Síndica de Greuges en la comisión de infancia de la cámara catalana el próximo día 16 en el que se trata la cuestión, siendo sus datos muy parecidos a los recogidos por Aseaf.


“La situación es inaceptable”, arguye Raúl Moreno, portavoz del grupo parlamentario PSC-Units. Esgrime que se trata de una cuestión que “lleva unos cuantos años en el debate político del Parlament” y que ya en el 2016 “el Govern dijo explícitamente que ningún menor de seis años debería estar en un centro de acogida”. Lamenta que, años después, no solo no se ha reducido el número de menores, sino que ha aumentado.


Entiende que el problema radica “en las trabas burocráticas con las que se encuentran las familias que quieren acoger”. Afirma que el proceso es “largo y lento” y sostiene “que en Catalunya hay familias con voluntad y disposición de acoger, pero que el sistema no lo facilita”.


Fuentes del departament niegan la mayor. Arguyen que “faltan familias de acogida” y que por ello iniciaron hace dos meses una campaña de sensibilización. Además, recuerdan que han aumentado la prestación que se entrega a estas. 


Sí admiten que el proceso es largo, pero inciden en la necesidad de “asegurar bien” cuál será el destino del menor. Entienden que “para el bienestar subjetivo” de los niños la situación “idónea” es que vivan con una familia, pero a la vez subrayan que en los centros “están bien atendidos por profesionales especializados”. No lo ve así Moreno: “Los centros están saturados y cuentan con profesionales que no están formados para atender las necesidades de estos menores”.

La ONU difunde la Estrategia para Terminar con la Violencia contra la Infancia 2023-2030

La Oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Infancia (OSRSG-VAC por sus siglas en inglés) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), han lanzado recientemente una estrategia conjunta para el periodo comprendido entre 2023 y 2030, con el objetivo de abordar la violencia contra las niñas y los niños.

DF Diario Feminista

Susana Gómez

11/diciembre/2023



La violencia que se comete contra la infancia es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos y afecta a millones de niñas y niños en todo el mundo. Esta estrategia integral, titulada Estrategia para Terminar con la Violencia contra los Niños y las Niñas, se presenta como un documento de utilidad para orientar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general para poner fin a la violencia que afecta a las personas menores en todas sus formas. El documento, establece una serie de objetivos que abordan diversas manifestaciones de la violencia que se ejerce contra la infancia en todo el mundo. Algunos de éstos son la prevención y eliminación del castigo corporal, la protección contra la violencia en línea, el abuso sexual y la explotación laboral infantil.


La estrategia deja claro que la violencia infantil es un problema complejo, multidimensional y aboga por un enfoque integral que no obstante, se centra en la importancia de la inclusión de las voces de las niñas y los niños en la elaboración e implementación de políticas y programas, reconociendo sus voces como fundamentales para el éxito de cualquier iniciativa destinada a protegerlos.


El documento insiste en la necesidad de fortalecer los sistemas judiciales y de protección infantil, así como en mejorar la capacidad de los profesionales que trabajan con menores para identificar y abordar casos de violencia. También destaca la importancia de la cooperación internacional y la coordinación entre los diferentes sectores involucrados en la respuesta para garantizar ese enfoque global, coherente y efectivo.


Una aportación de la estrategia será la recopilación de datos y la investigación necesaria para comprender mejor la prevalencia y las causas de la violencia infantil con el fin de ajustar y garantizar el éxito en las acciones a implementar a medida que evolucionen las circunstancias.


Un paso más hacia la creación de contextos seguros y de protección para todas las niñas y niños cuyo éxito dependerá de la evidencia que respalde cada una de las actuaciones, su adopción a nivel gubernamental y de la participación activa y comprometida del conjunto de la sociedad para que cada menor tenga la oportunidad de crecer en un entorno libre de violencia.


Acceso al documento STRATEGY TO END VIOLENCE AGAINST CHILDREN

La nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Castilla y León priorizará a las familias de acogida

 El borrador del anteproyecto busca garantizar la atención integral de los menores de edad y prevenir las causas que sean un "obstáculo", "limitación" o "impedimento" para su pleno desarrollo e integración socio familiar

La Razón 25. Castilla y León

R. Travesi

Valladolid Creada: 12.10.2023 13:33

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 

Isabel Blanco, visita un centro de acogida de menores  Ical


La futura Ley de Atención a la Infancia y a la Adolescencia en Castilla y León priorizará a las familias de acogida en detrimento de los recursos residenciales, ya que el texto recoge que no se acordará el acogimiento residencial para los niños menores de tres años, “salvo en los supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga a su interés superior, en atención de sus circunstancias personales, familiares y sociales”. Una limitación que también se aplicará a los menores de seis años cuyo acogimiento residencial será por el plazo “más breve posible”.


El borrador de anteproyecto, consultado por la Agencia Ical, recoge que la Junta podrá prestar a los acogedores “apoyos” y “ayudas”, además de recibir una compensación económica por los gastos de manutención de la persona menor y otros gastos extraordinarios que se generen durante el acogimiento. También, el anteproyecto del texto recoge que la administración autonómica impulsará campañas de sensibilización para fomentar el acogimiento familiar y evitar la institucionalización de los menores de edad, sin olvidar las actuaciones de captación y formación de familias acogedoras.


Además, se dará prioridad a la promoción del acogimiento de los menores con menos posibilidades de ser acogidos, por su edad, discapacidad u otras circunstancias especiales. Por otro lado, deja claro que el acogimiento residencial , como forma de ejercer la guarda, “solo” se acordará en casos en los que se acredite que no es “posible” ni “viable” un recurso de protección de naturaleza familiar. De no haber otra opción, el acogimiento residencial tendrá carácter provisional y la menor duración posible.


La Junta procurará, como hasta ahora, que todos los hermanos puedan alojarse y ser atendidos en el mismo centro, con el ánimo de fomentar su convivencia y su relación filial. El acogimiento familiar de menores con necesidades especiales, por razón de discapacidad, toxicomanías, problemas de salud mental o enfermedades crónicas de carácter grave dispondrán de servicios especializados, debiendo garantizarse una calidad y nivel de las prestaciones asistenciales, educativas y terapéuticas adecuados y adaptados a sus necesidades.


También se destaca que el centro deberá proporcionar el estilo de vida más “normalizado” y “adecuado” a las circunstancias del niño o adolescente, lo que obligará a que mantenga la “proximidad” al entorno familiar y social, “ a fin de no alterar ni interferir en sus relaciones y actividades anteriores, siempre que no sea contrario a su interés”. Para ello, la entidad pública de protección promoverá modelos de acogimiento residencial con núcleos reducidos de menores que convivan en condiciones similares a las familiares.


Este criterio de prevalencia de las medidas familiares frente a las residenciales se mantiene para los casos de protección cuando hay una separación de su familia biológica. No en vano, el borrador reitera que se procurará evitar el ingreso de los menores de 12 años en centros y, cuando no sea posible, se tratará de que no permanezcan más tiempo del que se fije reglamentariamente.


Por último, la Junta podrá optar por la concertación de plazas con entidades públicas y privadas para llevar a cabo “adecuadamente” la media del acogimiento residencial. A efectos de asegurar la protección de los derechos de los menores, la administración deberá realizar la supervisión de los centros semestralmente y siempre que así lo exijan las circunstancias.


El texto, según Ical, tiene un apartado para los centros específicos para menores con problemas de conducta, cuya finalidad será la integración social, lo que obliga a elaborar un plan de intervención individualizado. El ingreso en estos dispositivos, que requerirá una autorización judicial, se limitará al tiempo necesario para abordar la problemática y “solo” será posible cuando la intervención no pueda realizarse a través de otros recursos de protección.


En cuanto a los menores de 14 años no sujetos al sistema de responsabilidad penal, los que hayan cometido delitos contra la libertad sexual o de violencia de género, la Junta se compromete a desarrollar programas formativos en igualdad y de respeto a la libertad sexual.


El anteproyecto expone en el título preliminar que la futura ley busca garantizar la atención integral de los menores de edad que pasa, por ejemplo, por regular las actuaciones y medidas dirigidas a prevenir las causas y los factores que puedan suponer “obstáculo”, “limitación” o “impedimento” para su pleno desarrollo e integración socio familiar. También, establecer el marco jurídico de actuación para la atención de los niños y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo o desamparo así como la protección, tutela y ejecución de medidas penales impuestas por los jueces. Otro de los objetivos es fijar los cauces para la colaboración con las familias, las entidades del tercer sector y canalizar la participación social en todas las actuaciones de promoción, prevención y protección de los menores de edad pero también fijar las competencias de las entidades locales en relación a la atención y protección a la infancia y la adolescencia.


Identidad de género y orientación sexual


En el apartado de los derechos, el borrador precisa que los menores de edad tienen derecho a su identidad de género y a la expresión de su orientación sexual, sin ninguna discriminación. En este sentido, añade que las administraciones públicas de Castilla y León adoptarán las medidas “necesarias” para garantizar su derecho al reconocimiento de su identidad de género y al libre desarrollo de su personalidad, de conformidad con la normativa vigente.


Además, los menores extranjeros residentes en la Comunidad tendrán derecho a los recursos públicos que faciliten su atención e inclusión social, lingüística y cultural, respetando su propia identidad y al margen de su situación administrativa así como la asistencia sanitaria, de salud mental infanto-juvenil y de rehabilitación. De ahí que apunte que las administraciones públicas deben prestar el servicio de atención inmediata y primera acogida a los menores migrantes no acompañados, de acuerdo a la normativa y la ley.


Lo mismo ocurre con las víctimas de violencia de género y de trata que deberán recibir las atenciones necesarias para su recuperación e inclusión social y los que tengan necesidades especiales o dificultades de inserción social para que se les preste una formación educativa y profesionales para lograr una inclusión plena.


La nueva ley de infancia y adolescencia del Gobierno Vasco prioriza la protección y promoción de los derechos de la infancia


  • El texto reconoce la prevalencia del interés superior de los y las menores como titulares de derechos y no como sujetos de protección
  • El nuevo marco legal incluye las estipulaciones de acuerdos internacionales, europeos y nacionales pertinentes en relación con los derechos de los y las menores
  • “Es un esfuerzo por unificar y homogenizar la protección de nuestros y nuestras menores, tomando las mejores prácticas estatales e internacionales y ajustándolas a nuestra realidad”, ha dicho Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales




Fecha de publicación: 


Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Políticas Sociales y Juventud del Gobierno Vasco para presentar la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, todo un avance significativo en la promoción y protección de los derechos de los y las menores en Euskadi.


El nuevo marco legal, fruto de un extenso trabajo colaborativo con colectivos sociales y personas experta en el tema, con una especial participación activa de la infancia y adolescencia, destaca por la prevalencia del interés superior del niño, niña o adolescente, reconociendo explícitamente este derecho.


“El corazón de esta ley reside en su capacidad para articular y ordenar derechos previamente dispersos en diferentes documentos legales. Su principal objetivo es clarificar y reforzar las políticas relacionadas con la infancia y adolescencia, colocando en el epicentro de todas nuestras decisiones el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, garantizando que toda resolución adoptada será en pro de su bienestar”, ha dicho Melgosa.


En su intervención, Melgosa ha destacado el enfoque de la ley en “promover y asegurar los derechos humanos y libertades fundamentales para los niños y niñas, protegiéndoles de cualquier forma de violencia y desprotección”.


De esta manera, se materializa una visión progresista donde el niño, niña o adolescente es reconocido por sus derechos sustantivos, y por su capacidad de participar de manera autónoma en la sociedad.


Adicionalmente, la ley reconoce y profundiza el derecho de los y las menores a ser escuchadas, “no solo otorgándoles una voz, sino también formalizando su capacidad para influir en su propio destino”, ha dicho Melgosa.


La ley también integra el concepto de buen trato, ligado al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Para ello se centra en la promoción, prevención e intervención en situaciones perjudiciales para el desarrollo y la protección de los y las menores, tanto en casos de violencia como de desprotección en el ámbito familiar.


"Este proyecto de ley es una manifestación de nuestro compromiso con los valores de equidad, inclusión y protección para todos nuestros niños, niñas y adolescentes", ha señalado Melgosa.


La consejera Melgosa ha explicado que “uno de los elementos clave de esta legislación es la creación de órganos e instrumentos especializados, como el Órgano Interinstitucional para la Infancia y la Adolescencia y el Sistema Vasco de Información sobre la Infancia y la Adolescencia, entre otros. Estas entidades nacen con el propósito de recopilar datos, fomentar el diálogo y apoyar el desarrollo de políticas transversales”.


A nivel internacional, la ley ha sido diseñada teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. “Esta perspectiva global garantiza estrategias y mecanismos que protegen a nuestros niños, niñas y adolescentes contra cualquier forma de violencia, impulsando una cultura de prevención, concienciación y participación activa”, ha manifestado la consejera.


En sintonía con la legislación estatal, la nueva ley complementa y amplía lo establecido en normativas estatales, “adaptándose a las realidades y necesidades específicas de Euskadi”.


En palabras de la consejera Melgosa, “esta ley propone un sistema integral que aborda todos los aspectos de la vida de los niños, niñas y adolescentes, garantizando su seguridad y desarrollo pleno, y poniendo la protección y promoción de sus derechos como eje central de todas las políticas públicas”.


Para concluir, Nerea Melgosa ha invitado a todos los grupos parlamentarios a “unirse en este esfuerzo, reconociendo que la protección y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia es una responsabilidad compartida que va más allá de visiones partidistas, garantizando un futuro brillante para las generaciones más jóvenes de Euskadi”.


URL: 

https://bideoak2.euskadi.eus/2023/09/27/news_88102/20230927_Presentación_Ley_de_Infancia_y_Adolescencia_CAST.pptx


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