HDIA, Hablando de Infancia y Adolescencia: Blog GSIA con información y reflexión sobre la realidad que viven millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo.
El objetivo de esta obra se centra en el estudio pormenorizado de las características que debe reunir un sistema de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia para poder ser considerado integral.
Asimismo, se procede al análisis detallado de la forma cómo dichos modelos integrales se vienen instalando en América Latina, para con ello resaltar los avances alcanzados y los desafíos todavía pendientes de resolver en este contexto material.
De esta suerte, la presente monografía reúne a un grupo de destacadas y destacados juristas, expertos en derechos de la niñez y la adolescencia, para que examinen de manera minuciosa los sistemas de protección a niñas, niños y adolescentes vigentes en la actualidad en Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Perú, México, Argentina y Paraguay.
Esperamos que este libro se convierta en un texto de consulta obligatoria cuando de los derechos de la niñez y la adolescencia se trate, especialmente para operadores jurídicos, abogados litigantes, académicos, investigadores, estudiantes, y profesionales del ámbito de la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.
En este documento se examina el estado de un grupo de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en lo que atañe a la población joven de América Latina y el Caribe, y se definen líneas para orientar la acción futura dirigida a promover un desarrollo resiliente, sostenible e inclusivo entre las juventudes de la región. Las orientaciones se brindan sobre la base de tres grandes ejes de desafíos y áreas de oportunidad relacionados con el desarrollo, a saber: i) la inclusión, ii) el cambio climático y la protección del medio ambiente y iii) la gobernabilidad. En ese marco se analizan los ODS en función de los factores que están obstaculizando o potenciando su cumplimiento entre las juventudes, y se ofrecen elementos propositivos para profundizar las acciones orientadas a acelerar el progreso hacia su consecución. El documento es fruto de la labor conjunta de entidades del sistema de las Naciones Unidas en el marco de la Plataforma de Colaboración Regional de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe.
Índice
Introducción:
la Agenda 2030 y los tres ejes que enmarcan los desafíos de las juventudes de América Latina y el Caribe .--
I. Los ODS y las juventudes: un diagnóstico con fundamento empírico .--
II. Mirando hacia el futuro: participación de las juventudes e inversión en ellas .--
Si a la violencia en Colombia se le pusiera una edad, la niñez y la adolescencia serían, sin duda, una de las poblaciones más golpeadas.
La muerte de una chica de 15 años tras un bombardeo del ejército sobre un campamento guerrillero reabre las heridas de una realidad histórica: el reclutamiento ilícito de menores. Estas son algunas de las historias del millón de adolescentes víctimas del conflicto.
Giselle, de 18 años, avanza con otros miembros de
las FARC en la región de Antioquia, en Colombia, en enero de 2016, Rodrigo Abd/AP/Gtres
A los 15 años Yeimy Sofía Vargas ya forma parte
del registro de niños y adolescentes víctimas del conflicto armado
colombiano. La menor murió en marzo tras un bombardeo de la Fuerza Aérea
sobre un campamento de disidentes de las antiguas FARC en Guaviare, una zona de tradición insurgente al sur del país.
Tras los hechos, el Ministro de Defensa, Diego Molano, quiso
proyectar una imagen de autosuficiencia y seguridad. Además, hizo
responsables a las disidencias guerrilleras, quienes, a su juicio,
convertían a los menores en “máquinas de guerra”. Analistas del
conflicto armado como Andrés Aponte señalan que el Gobierno conservador
de Iván Duque buscó con aquellas declaraciones evadirse de su obligación
constitucional de proteger a una de las poblaciones más vulnerables del
conflicto, y de paso, cargarles con el peso de una “gran
estigmatización”.
La noticia revivió, además, el recuerdo devastador de los ocho
menores de edad que fallecieron en 2019, tras otra descarga de plomo
aéreo sobre la misma facción guerrillera. El hecho trató de ser ocultado
por la cartera de Defensa y le costó el puesto al entonces ministro
Guillermo Botero.
Una de las poblaciones más golpeadas por la violencia en Colombia
El reclutamiento ilícito de menores de 18 años
en la guerra colombiana es una antigua realidad. A pesar de la opacidad
de las cifras, sabemos que 6976 niños, niñas y adolescentes han sido
acogidos entre 1999 y 2021 por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), entidad estatal que atiende a los jóvenes que se
desvinculan, o son rescatados, de cualquier grupo armado ilegal.
Por su parte, la Unidad de Víctimas del conflicto ha registrado
desde 1985 unos 16.045 homicidios de personas de entre 12 y 17 años. Y
otras cifras apuntan que, del total de más de nueve millones víctimas
del conflicto registradas en la misma entidad, algo más de un millón son
adolescentes.
El politólogo Carlos Otálora es enfático en señalar que si a la
violencia en Colombia “se le pusiera una edad, la niñez y la
adolescencia serían, sin duda, una de las poblaciones más golpeadas”.
Así mismo lamenta que los medios locales se hayan limitado a
replicar la faceta más llamativa de una problemática profunda y
compleja. Andrés Aponte añade, en el mismo sentido, que el lenguaje
noticioso ha distorsionado la realidad: “La prensa en Colombia repite
como muletilla que se trata de ‘reclutamiento forzoso’ de menores. Un
estudio detallado muestra que eso es impreciso y que en nuestro país el
grueso de los casos de incorporación a los grupos ilegales es
voluntaria”.
De la misma manera, añade que el tratamiento correcto sería el
de “reclutamiento ilícito”. Y remata asegurando que, allí, "prefieren
las condenas moralistas y se forman ideas erróneas. En el caso
colombiano no sucede lo que en Nigeria, donde Boko Haram rapta a los niños y les corta violentamente toda capacidad de elección”.
Un niño celebra el acuerdo de paz en Bogotá en una concentración en junio de 2016
Fernando Vergara/AP/Gtres
Cruce de caminos
A los 13 años, Pedro Pablo Ibatá ya era un muchacho con nociones
políticas y relatos de guerra en la cabeza. A esa edad tomó la decisión
de alistarse en la guerrilla marxista de las FARC y seguir los pasos de
su padre, que formó parte de las primeras cuadrillas insurgentes a
principios de los años 60. Del universo rural que dejaba atrás, solo
añoraba a su familia, ya que la mayoría de chicos en la zona apostaron
también, en un punto u otro, por la lucha armada.
En Vistahermosa, la población del centro del país donde Ibatá
fue criado, a finales de los 80 quedaban ya pocos conocidos. Muchos
acabaron en las tropas antagónicas de la extrema derecha paramilitar,
que, por entonces, se empleaba a fondo en eliminar del mapa a los
miembros de la Unión Patriótica, una formación política legal de raíz
guerrillera.
Ibatá recibió el nombre de Guillermo como alias de guerra y pasó
casi 30 años en la clandestinidad, donde llegó a ser uno de los mayores
expertos en explosivos con varios delitos en la capital. Hoy, tras los acuerdos de paz de 2016
en La Habana con el Gobierno, es uno de los 19.000 desmovilizados de
las antiguas FARC. Cuenta que a sus 47 años ya es abuelo y tiene canas. A
pasar de ser un hombre precavido, muestra entusiasmo cuando habla de su
nueva misión al frente de una de las dependencias del programa de
reinserción a la vida civil para jóvenes combatientes.
Las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
fueron, históricamente, los mayores reclutadores de jóvenes, con un 56%,
según las cifras de menores acogidos por el ICBF, la mayoría de ellos
tenía entre 14 y 17 años. A las FARC las siguen el aún activo Ejército
de Liberación Nacional, con un 19% del total de menores reclutados y las
desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, con el 15%.
Casi todas las fuentes coinciden en que, a pesar de que es
innegable que ha habido reclutamiento forzoso, se trata de un fenómeno
residual a lo largo de medio siglo de conflicto interno. Hay
documentación, por ejemplo, que demuestra que en la década de los 90 las
FARC ejercieron un sistema de cuotas. En determinadas regiones se
llevaban para la selva, bajo extorsión, a un menor por cada familia. En
2012 se descubrió el escándalo de unos escuadrones, bautizados los "pisa suave", de niños especializados en operaciones especiales que llegaron a degollar a miembros de la fuerza pública.
Pero el politólogo y ex guerrillero del ELN, Álvaro Villarraga,
matiza que en el esquema clásico de las guerrillas campesinas predominó
un sistema de convencimiento político y factores de tipo hereditario.
Los documentos de inteligencia militar clasificaban como familias
“farianas” o “elenas” a los clanes de milicianos que se sucedían por las
estructuras a través de generaciones.
El caso de los paramilitares es distinto. Su modelo consistía en
atraer delincuentes jóvenes más avazados, muchas veces ex guerrilleros o
ex militares, a los que se les ofrecía un sueldo o la promesa de todo
tipo de bienes. A diferencia de las guerrillas, su centros de
preparación se situaban a las afueras más pobres de ciudades medias, y
no en el campo.
Andrés Aponte, de la Fundación Ideas para la Paz, se refiere a
una “mercenarización” de la guerra. “A partir de los 80 se abre una
ventana de ascenso social distinto para jóvenes humildes. En la
guerrilla no había pago, pero en el caso de los paras sí, y la
remuneración dependía de la destreza de cada guerrero.”, señala el
investigador.
Generaciones rotas
A los 14 años, José Sánchez ingresó a la guerrilla de las FARC
para evitar la cárcel. Su padrastro había violado a una de sus hermanas y
como venganza decidió “zamparle un tiro para que aprendiera a
respetar”. Por eso huyó. Allí recibió el alias de "El tuerto". No
reniega de su pasado, pero confiesa que, en las más de tres décadas en
la montaña, lo único con lo que nunca congenió con su organización fue
en la fe religiosa. “Los lineamientos marxistas-leninistas imponen el
ateísmo. Con eso nunca pude. Siempre creí en la existencia de Dios y
antes de cada misión me echaba la bendición sin falta”, aseguró.
Sánchez tuvo en sus manos la misión de reclutar nuevos
integrantes para “la causa”. Asegura sin titubear que nunca mintió ni
tampoco obligó a nadie a seguirlo. Hoy, desmovilizado y con 57 años,
trabaja como conductor de maquinaria pesada y no reniega de su pasado.
"No había más nada"
Camila, en cambio, se muestra reacia a hablar de su vida en la
guerrilla. Además de haber perdido una pierna al pisar una mina
antipersona, ha tenido problemas de salud y su única preocupación en la
vida es velar por el futuro de su hijo de seis años.
También entró a las FARC con 14 años porque en su municipio “no
había más nada”. Ni escuela, ni ejército, ni nada. Allí aprendió a leer,
cumplió funciones como enfermera y odontóloga. Su voz es seca y dura.
Su vida no ha sido muy distinta. Tras preguntar una y otra vez cuál es
la finalidad de la entrevista, pide una única condición: que no se
mencione su nombre. No quiere que su hijo lea en el futuro sobre un
pasado que quisiera enterrar.
Las motivaciones para escoger el camino de las armas han variado
muy poco en el último medio siglo. La violencia ha amainado, pero de
ninguna forma ha desaparecido. De hecho, el cierre de escuelas debido a
la crisis sanitaria ha espoleado nuevos casos de reclutamiento
documentados por Organizaciones como la Coalición contra la vinculación
de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado colombiano (Coalico).
El vínculo entre niños y maestros se ha visto interrumpida. Y el
repliegue por el confinamiento ha ahondado aún más el vacío
institucional.
En los últimos tiempos, nuevos grupos ilegales, así como bandas
más pequeñas apoyadas en el sempiterno y lucrativo narcotráfico, han
sumado herramientas digitales para enganchar a chicos en los suburbios
urbanos (en la ruralidad la cobertura de internet no supera en promedio
el 9,6%). Se trata de muchachos mucho menos ideologizados, más
interesados en subsistir. Muchas veces, migrantes venezolanos
vulnerables.
José lo resume claro: “Desde hace rato el Estado se lo pone muy
fácil a los grupos armados”. Basta repasar las declaraciones de los
excombatientes para constatar que hay patrones que se repiten:
precariedad, ausencia estatal, venganza o violencia. Pero también
pequeñas dosis de esperanza de que en un futuro no muy lejano las
próximas generaciones no tendrán que crecer bajo el silbido de las balas.
En el presente documento se abordan el agravamiento de los riesgos y la disminución de los factores de protección ante la violencia física, psicológica y sexual a la que se exponen en su hogar los adolescentes, niños y —especialmente—niñas de la región durante la pandemia de COVID-19.
Asimismo, se ofrecen recomendaciones sobre cómo integrar acciones concretas en los mecanismos de respuesta que los Estados de América Latina y el Caribe han dispuesto para enfrentar la crisis del COVID-19.
.- Protección social para familias con niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe: un imperativo frente a los impactos del COVID-19.
Antes de la crisis del COVID-19, las niñas, niños y adolescentes ya eran una población con marcada vulnerabilidad, con una mayor incidencia de la pobreza respecto de los demás grupos etarios, y se veían afectados por múltiples desigualdades en diversas dimensiones. Ante la emergencia actual, las familias no solo enfrentan la pérdida de sus medios de vida y la percepción de menores ingresos, sino que los niños, niñas y adolescentes también encuentran grandes barreras para acceder a la atención sanitaria (incluso a los esquemas de vacunación) y a la educación, con lo que experimentan un mayor riesgo de rezago o abandono escolar. También corren más riesgo de padecer inseguridad alimentaria y de sufrir violencia o maltrato físico. Es urgente, por lo tanto, invertir en la infancia y garantizar su desarrollo en un contexto lleno de adversidades, unas nuevas y otras más antiguas.
.- Desafíos: Boletín de la infancia y la adolescencia.
América Latina y el Caribe es la segunda región más urbanizada a nivel global y la que presenta los índices más altos de desigualdad. Por ello la relevancia de considerar distintos aspectos sobre las posibilidades de desarrollo que el entorno urbano otorga a las niñas, niños y adolescentes que viven en ciudades. El artículo central de este boletín se centra en la precariedad habitacional que caracteriza a los más de 80 millones de niñas, niños y adolescentes que enfrentan algún tipo de precariedad relativa a los materiales de construcción, a condiciones de hacinamiento y falta de acceso a agua, saneamiento y energía en sus viviendas. Ello implica la vulneración de derechos y, en consecuencia, la disminución de sus oportunidades de desarrollo. Reconocer y recoger la voz de la infancia y adolescencia acerca del entorno urbano que habitan, así como sus propuestas para convertirlo en espacios amables y en los cuales ejercer sus derechos, son elementos clave para sumar a las políticas involucradas en la materia. Diversas publicaciones y experiencias son presentadas en las demás secciones de este boletín.
El derecho a la libertad de expresión de los niños vino para quedarse, entre otras razones porque constituye el emergente de un proceso que, a falta de mejor nombre, podría denominarse como de profunda democratización de las relaciones sociales.
Esto, sin embargo, no significa la ruptura de la autoridad entre padres e hijos.
Lo que implica el proceso de democratización de las relaciones familiares es la ruptura del autoritarismo, entendido este último como una falsa autoridad.
El autoritarismo es una pseudo autoridad despojada de toda razón argumental.
En primer lugar, se trata de crear las condiciones para que en el diseño de las políticas públicas los niños puedan emitir su voz con el menor grado de interferencia posible. No se ignora aquí el problema de la legitimidad de la voz de los niños. La legitimidad de la voz de los niños participa de todas las dificultades que afectan a los adultos con el agregado del obstáculo ya mencionado de la mediación de los adultos. Poner de manifiesto los problemas vinculados con la mediación por parte de los adultos constituye tal vez la recomendación más fuerte en este campo. Se trata también de reformular las estrategias de protección de la infancia no solo sin afectar su libertad de expresión sino expandiendo esta libertad. Encontrar estrategias de diálogo franco y sincero entre los niños y los adultos constituye en todo caso el corazón de cualquier estrategia seria en este ámbito. Aceptar la libertad de expresión que plantean las nuevas tecnologías (redes sociales) sin demagogias y sin condicionamientos que excedan lo previsto normativamente es uno de los desafíos centrales, no solo de la relación con la infancia sino de la posibilidad de ensanchamiento de las bases de la democracia.
*Emilio García Méndez: Abogado Universidad de Buenos Aires (1974). Doctor en Derecho por la Universidad del Saarland Alemania (1984). Profesor Regular Titular de la Cátedra de Criminología, Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (since 1988). Diputado Nacional mandato cumplido (2005-2009). Presidente de la Fundación Sur Argentina
Herramienta pedagógica que se desarrolla en Colombia con el objetivo de mejorar la convivencia entre estudiantes colombianos y venezolanos en el ambiente escolar.
La situación
actual de la niñez en el país (CHILE) se explica en gran medida por un olvido
sistemático y negligente de las instituciones adultas respecto de las
necesidades principales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ),
así como también por los resultados de problemáticas sociales que ligan
conductas y comportamientos validados culturalmente en la crianza y que
sustentan la pobreza infantil, las altas incidencias en violencia y una
severa crisis de salud mental, entre otros flagelos. Lo anterior obliga a
analizar los pilares que sustentan esta verdadera caída del
adultocentrismo. El Fracaso de las Instituciones Adultas: Estado, Iglesias, Escuelas,
la Justicia, SENAME, todos espacios de relacionamiento que han devenido
en rotundas crisis de legitimidad, de funcionamiento y resultados, de
generación de desigualdad, de equidad jurídica y de oportunidades. En
particular, hacia la niñez, el Estado no ha cumplido con su promesa de
brindar protección y garantías de derechos para NNAJ; la cantidad de
niños, niñas vulnerados al interior del mismo SENAME y, en los últimos
dos años, la crisis de los colegios emblemáticos que ha sido tratada
principalmente desde la crítica, la sanción y la reacción coercitiva,
con poco y nulo diálogo resolutivo y un acercamiento real a sus
demandas. El Fracaso Ético – Cultural de la Adultez: Un segundo ámbito a
destacar es el de la cultura y las costumbres, en donde la crisis ética y
moral de la adultez, que ha amparado la violencia, el maltrato, la
discriminación, el abuso y en donde existe una cultura de subestimar la
niñez, la adolescencia y la juventud. El científico Pablo Razeto lo
define como “una crisis sistémica y generacional, donde se ha
subestimado a los adolescentes”. Clave en esto han sido las
inconsecuencias mostradas tanto en fallos judiciales para delitos
económicos, donde connotados empresarios han sido condenados a multas y a
clases de ética, y jóvenes vendedores ambulantes son privados de
libertad. En el caso de las iglesias, la caída ética de la Iglesia Católica por
abusos sexuales y el escándalo económico, así como las reacciones
ultraconservadoras de iglesias evangélicas, distancian y decepcionan a
la adolescencia y juventud de los valores tradiciones y costumbres que
sustentan el contrato social.
En esta línea, en el estudio de Modelos Culturales de Crianza (WorldVision, 2017) se configura el concepto de “Complejo de
Disciplinamiento”, entendido como un sistema de comportamientos que
aloja de manera difusa y ambivalente formas de crianza basadas en la
ternura y el afecto, con otras asociadas al castigo y el uso de la
violencia. El Fracaso Económico y Social: en este punto, tanto los datos como la
vivencia cotidiana de la crisis de desigualdad de nuestro modelo de
sociedad tiene un correlato directo con la niñez, adolescencia y
juventud, pues junto con ser los más pobres entre los pobres, el 56,4%
de los menores pertenecen a los primeros dos quintiles. Esto quiere
decir que más de la mitad de los niños del país son parte del 40% más
pobre de la población. Asimismo, el 13,9% de los menores de edad son
catalogados como pobres según sus ingresos, y un 22,9% es considerado
pobre multidimensional. Se suma a esto que la cifra de “NINI´s”, que
supera los 520 mil en el país y que el desempleo entre los 15 y 29 años,
la población más joven, bordea el 20%. El adultocentrismo está en crisis y no logramos verlo detrás de todas
las cifras que nos muestran dicha situación, buscando siempre a los
culpables fuera y responsabilizando a los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes.
El
cambio climático constituye la principal amenaza al pleno ejercicio de
los derechos humanos. Conforme a los estándares internacionales de
derechos humanos, la acción climática debe tener en cuenta y asegurar el
respeto, la protección y la realización de los derechos de todas las
personas, en particular las más vulnerables.
En los países de América
Latina y el Caribe se han realizado notables avances en la
incorporación de una perspectiva de derechos humanos a la acción
climática. Con esta publicación conjunta, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ponen de relieve
las numerosas contribuciones al enfoque de derechos humanos realizadas
desde y para la región. Estas se manifiestan en numerosos frentes, desde
los procesos y las iniciativas de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), hasta las contribuciones
determinadas a nivel nacional (CDN), las recomendaciones de los
mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el
Caribe (Acuerdo de Escazú) y los marcos legales y de políticas
climáticas nacionales.
Índice:
Prólogo
.-- I. El inseparable vínculo entre el cambio climático y los derechos
humanos .-- II. Estándares internacionales de derechos humanos
aplicables al cambio climático .-- III. Contribuciones desde América
Latina y el Caribe .-- Consideraciones finales.
El uruguayo Victor Giorgi, que, desde el 2015 actúa como Director General
del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
(IIN-OEA), participó de un diálogo sobre los desafíos y propuestas para
la garantía del derecho humano a la educación y al cuidado en la primera
infancia en la región, durante el seminario virtual “30 años de la Convención de los Derechos del Niño: La primera infancia en diálogo”
Video con análisis, aportes y recomendaciones de Victor :
Las manifestantes gritan consignas contra las fuerzas de seguridad durante una protesta contra el gobierno de Chile en Valparaíso. (REUTERS / Rodrigo Garrido)
Luego de esa primera presentación en su natal Valparaíso, la canción de protesta se ha vuelto un himno para los movimientos feministas alrededor del mundo.
El nombre de la agrupación proviene de las tesis que toman como ejemplo para escribir las letras de sus canciones. Los textos de escritoras como Rita Segato son el eje principal de “Las Tesis”.
-La letra-
“El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo, es la violencia que no ves.
Es feminicidio. Inmunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación.
Y la culpa no era mía ni donde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni cómo vestía.
El violador eras tú. El violador eres tú. Los jueces. El Estado. El presidente”.
Tomar las calles con esta canción “sale del colectivo (feminista) Los adolescentes y jóvenes están marcando el territorio del cuidado del planeta: Son protagonistas, son ciudadanos, son personas con iguales derechos que los adultos. El mundo es suyo, y el futuro de ese mundo con más motivo.; cabras (muchachas) de Valparaíso que difundieron la performance con el fin de que el mensaje no pare de cantarse en todos lados y todo el mundo pueda escuchar”, dijo a la AFP Amaru Rivera, estudiante de actuación en Universidad de Chile que llegó a la sede del gobierno, La Moneda, para dirigir la intervención.
Con un megáfono en sus manos, Rivera, de 22 años, lideró el grupo que entonó la canción, afrontando con sus puños en alto la fachada de la casa de gobierno. A su alrededor, decenas de personas detenían su camino para filmar con sus celulares, lo que luego transformó a #LasTesis en una de las tendencias del día en redes sociales.
“Exigimos respeto por ser mujeres” comentó a la AFP Catalina Farias, profesora de historia y geografía que participó de una representación en Plaza de Armas, ubicada a unas 6 cuadras de La Moneda.
A seis semanas del inicio de la convulsión social en Chile, que estalló con protestas de estudiantes contra el aumento en las tarifas del ferrocarril metropolitano, el gobierno de Sebastián Piñera sigue sin poder frenar las manifestaciones que piden mayor igualdad a través de profundas reformas sociales.
Ni un acuerdo histórico alcanzado en el Congreso para cambiar la Constitución heredada de Augusto Pinochet (1973-1990), ni un paquete de medidas que incluye un aumento en las pensiones menos favorecidas, han desactivado el descontento.
Con 23 muertos y miles de heridos -cerca de 300 personas con lesiones oculares y dos con ceguera total- las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad alertaron a organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que recomendó reestructurar la Policía.
. Con un escaño en el órgano legislativo de la ciudad de Buenos Aires, la candidata del Frente de Todos se ha convertido en la legisladora más joven de la historia del país
. "Es una conquista colectiva y el comienzo de algo, soy consciente que si voy a estar sentada ahí es porque hay un fenómeno que me excede, el movimiento feminista y la juventud", afirma a eldiario.es
. Su elección ha despertado un aluvión de críticas cargadas de machismo que cuestionan su experiencia y su edad, a pesar de contar con trayectoria como líder estudiantil
"No me digas chiquita", frenó Ofelia Fernández a un periodista que quiso callarla por su edad, en septiembre del 2017. Tenía 17 años y era Presidenta del Centro de Estudiantes del colegio Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Ahora tiene 19 años y, en las elecciones del 27 de octubre, fue elegida como diputada. No es un cargo más, es la diputada más joven de la historia del país latinoamericano.
"Es una conquista colectiva y el comienzo de algo. Soy consciente de que si voy a estar sentada ahí es porque hay un fenómeno que me excede, que tiene que ver con el movimiento feminista y la juventud, que tanto protagonismo hemos tenido en la lucha contra el neoliberalismo en estos años", explica Ofelia Fernández en una entrevista con eldiario.es.
Amidst the latest noise about the latest outrage - treason and Ukraine
and extortion oh my - a grisly reminder: Crimes against small, brown
humanity are ongoing. Thousands of migrant kids are still imprisoned -
children as pawns, children in cages, sick, dirty, hungry, alone,
frightened, experiencing "trauma
after trauma" until "every heartbeat hurts." Does it need to be
repeated: Baby concentration camps "are the worst and the last place you
would ever want to put a child," say doctors and functioning human
beings. "You wouldn't want to live there. I wouldn't want to live there.
We wouldn't want our families to live there." Their horrors came to light again with a recent report
by the DHHS Inspector General on 45 detention facilities, just half of
this country's multiple abominations. In two separate House committee
hearings, lawmakers called the report's findings of "intense trauma" and
worsening mental health problems so "twisted and shameful" they constitute "deliberate, government-sanctioned child abuse.” The hearings also revealed that Florida's infamous Homestead facility, the largest, unlicensed, for-profit kiddie jail, which at is peak held over 3,000 children until public pressure emptied it in August, is still inexplicably paying 2,500
employees at a Trump-hotel cost of $600 to $775 a bed - $720,000 a day,
now approaching a total of $33 million - to house imaginary,
non-existent children. Officials explained
that "retaining bed capacity is necessary to provide care and services
as mandated," adding they "anticipate an uptick in the number of
referrals based on historical trends." English translation: Damn
straight we're still gonna make some bucks from this human tragedy.
Toward that end, soulless cretins for the "government," seeking to re-open Homestead as soon as October, argued
in court Friday that a judge should ignore experts' and doctors'
testimony about the ravages inflicted on children there because, c'mon,
what do experts and doctors know and what are a few human rights abuses
in the name of catching bad guys and profits? Opposing them, lawyers
seeking to close Homestead permanently cited many of those abuses:
They said children were subject to "prison-like rules," harmed by
too-lengthy detention, not advised of their rights or told they could
have visitors or given access to lawyers, and often waited days for
medical help. Their conclusion: "The government is causing irrevocable
mental and physical harm to every immigrant child held (in) detention.
Confronted with those harsh facts, desperate Trumpian lawyers went low, and played games.
They argued evidence should be inadmissible because multiple members of
visiting teams did interviews with children; evidence from a Texas
doctor and decade-long head of the American Academy of Pediatrics
Immigrant Health should be barred because she's not "an expert";
testimony from a Stanford psychiatrist of "clear ongoing psychological
harm directly attributable to detention and separation practices" should
be tossed out because he didn't adequately describe his methodology;
findings by a Stanford professor and expert in pediatric health,
emergency medicine and health services were not "relevant." To these
monsters, we offer one simple, relevant truth:
A child is a child is a child. In light of their atrocities, treason
charges pale. Put 'em all away for a long, long time, and may justice be
served.
Los delitos sexuales contra niños y adolescentes en Chile no
prescribirán, una vez entre en vigor la ley promulgada, que
se aprueba después de varios escándalos de abusos contra menores que han sacudido el país,
sobre todo por parte de miembros de la Iglesia católica. El nuevo texto
no es retroactivo, algo que generó un arduo debate durante la
tramitación del proyecto en el Congreso.
"A partir de hoy, el paso del tiempo no será nunca más un cómplice de
los abusadores de nuestros niños, ni un aliado de la impunidad (...).
La responsabilidad de los que abusan de nuestros niños será imborrable,
igual como es imborrable el dolor que ellos causaron", dijo el
presidente chileno, Sebastián Piñera, que firmó la ley en un acto en la
sede del Ejecutivo.
Hasta que entre en vigor la ley, en los próximos meses, los delitos
sexuales contra menores de edad tienen un plazo de prescripción de entre
5 y 10 años desde que la víctima alcanza la mayoría de edad si esta no
presenta una denuncia, algo que ocurre muy a menudo.
En España, la
legislación fija la prescripción en cinco años para el abuso y 15 para
la agresión sexual desde que la víctima cumple los 18 años. El Gobierno
de Pedro Sánchez aprobó en diciembre pasado un anteproyecto de ley que prevé que el plazo empiece a contar a los 30 años de edad.
"Todos sabemos que denunciar un abuso sexual es algo muy difícil,
especialmente para aquellos que sufrieron los abusos sexuales durante su
niñez o su adolescencia", señaló Piñera, quien añadió que muchas
víctimas consiguen el valor y la fuerza para denunciar muchos años
después de haber sufrido los abusos y con ayuda de profesionales. El presidente aseguró que, entre 2015 y 2018, las denuncias de abuso
sexual aumentaron un 33% y el año pasado superaron las 10.000, aunque
esas cifras están lejos de mostrar la magnitud real del problema. Según
una estimación de la Fiscalía chilena citada por Piñera, por cada
víctima de abuso sexual que presenta una denuncia, hay otros siete
menores de edad que también fueron abusados y no lo denunciaron. "El silencio se debe al miedo, a la culpa, a la vergüenza, a los
traumas, al sufrimiento y también al abuso de poder, porque detrás de
los abusos sexuales muchas veces hay abusos de poder, manipulación,
redes de encubrimiento", dijo el mandatario. Piñera lamentó que a las
víctimas que deciden dar el paso de denunciar los abusos, el proceso
penal posterior las lleva a "revictimizarse", un factor que incide en
que muchas veces prefieran no acudir a la Justicia. El presidente agradeció al Congreso por la rápida aprobación del
proyecto y tuvo un gesto especial con James Hamilton y Vinka Jackson,
dos representantes de la sociedad civil que colaboraron activamente en
la elaboración de la ley. Hamilton es uno de los denunciantes del sacerdote Fernando Karadima,
protagonista de uno de los casos de abusos sexuales cometidos por
miembros del clero más mediáticos y destacados. Jackson, por su parte,
es psicóloga, escritora y activista por los derechos de la infancia que,
además, fue víctima de abusos cuando era una niña. La nueva legislación también impide que prescriban las acciones
judiciales civiles para perseguir la responsabilidad de los cómplices y
los encubridores de los abusos, no solo a los responsables directos de
los delitos. Solamente en los casos conocidos en el interior de la Iglesia
católica chilena, actualmente están abiertas 166 causas, contra 221
personas investigadas y que implican a 248 víctimas, de las que 131 eran
menores de edad al sufrir los delitos, según datos de comienzos de mayo
ofrecidos por la Fiscalía Nacional.
