Derecho a la alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad durante el cierre escolar por el COVID-19,

en situación de vulnerabilidad durante el cierre escolar por el COVID-19.

Gobierno de España.

El pasado 12 de marzo el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2020 por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Entre las medidas de apoyo a las familias, se encuentra la de garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de los centros educativos. 
Se establece, en concreto, una dotación extraordinaria de 25 millones de euros a las Comunidades Autónomas.

ACTUACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS



A lo largo de la semana las Comunidades Autónomas han ido definiendo y aprobando sus respectivos programas para dar respuesta a esta necesidad. Las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas se pueden clasificar en dos grupos:


Ayudas económicas
Tarjetas monedero
Transferencia bancaria
Vale de compra en supermercados
Ayudas en especie
        A domicilio
               Catering a domicilio
               Compra a domicilio
       Fuera del domicilio
               Apertura de centros escolares específicos
               Recogida de menús en negocios establecidos
 [Ver detalle de las medidas por comunidad autónoma en el documento adjunto]

RECOMENDACIONES DEL ALTO COMISIONADO

Independientemente de la modalidad elegida, desde el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil aportamos las siguientes recomendaciones para garantizar que estas medidas tengan el efecto deseado:

Cumplir con la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en particular con sus artículos 24 y 27, garantizando el derecho a una alimentación saludable, que se ve comprometido en aquellos hogares más vulnerables en el estado de alarma actual.
En el caso de que se opte por suministrar alimentos (preparados o no) directamente a los hogares con niños y niñas, su calidad nutricional es muy importante por dos razones:

La evidencia muestra una mayor incidencia de la obesidad en los menores en riesgo de pobreza o exclusión social. Una alimentación saludable es especialmente crítica para estos niños y niñas.
La situación de confinamiento conlleva en la mayoría de casos, y en particular cuando las condiciones de vivienda no son óptimas, una disminución acusada de la actividad física, con lo cual aumenta el riesgo para quienes tienen sobrepeso u obesidad.
Es necesario asegurar que estas ayudas lleguen, de manera oportuna, fácil y accesible, a toda la población objetivo, niños y niñas de 0 a 18 años en situación de vulnerabilidad, para no desatender ninguna necesidad, en especial las que se producirán fruto de esta coyuntura. No debe olvidarse la cobertura de las necesidades de la primera infancia, especialmente en el tramo de 0 a 3 años de edad.

Poner en marcha en el menor tiempo posible medidas efectivas en consonancia con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad respecto al mantenimiento de la distancia social y la Convención de los Derechos del Niño.
Es importante que las medidas adoptadas protejan a las familias de la estigmatización. No debe ponerse una nueva losa encima de los hogares más vulnerables: cuanto más fácil y discreta sea la ayuda, mejor.
Conviene tener en cuenta que en muchas ocasiones los hogares con necesidades de este tipo tienen también otros problemas relacionados con los suministros de energía, por lo que también hay que contemplar que los productos entregados requieran la mínima preparación para asegurar un consumo bajo de energía.
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