Luchar contra el hambre infantil es una obligación del Estado

Luchar contra el hambre infantil es una obligación del Estado




La aprobación por unanimidad del Congreso de los Diputados de una proposición no de ley de lucha contra la pobreza infantil en España representa una buena noticia, puesto que el primer paso para resolver un problema es el de tomar conciencia del mismo y, hasta ahora, el hecho de que, incluso en los años de mayor prosperidad, casi una cuarta parte de la población infantil española estuviera viviendo por debajo del umbral de la pobreza, no había sido reconocido como un problema que incumbe a toda la sociedad y que compromete a los poderes públicos.

Pero pasar de las palabras a los hechos, de las declaraciones de buena voluntad a las actuaciones y medidas rotundas y eficaces, es otro cantar. Ese cantar es iniciar un camino que lleve a la disminución gradual de la pobreza que está afectando a miles de niños y niñas ahora mismo, y que evite el riesgo de pobreza para otros tantos; eso  requiere un esfuerzo de planificación y coordinación y una disposición de recursos económicos, materiales y humanos, dispuestos con carácter inmediato y adecuados a la gravedad del hecho. Y es el Estado quien debe tomar la iniciativa y llevar las riendas de este proceso.

El alivio que hemos sentido ante la resolución del Congreso de los Diputados, se ha visto pronto contrarrestado con algunos motivos para la inquietud. Hoy mismo, 22 de junio, ha tenido lugar, en la sede de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, una mesa redonda en la que distintas organizaciones no gubernamentales (como Cruz Roja, Caritas, o la propia UNICEF que organizaba el acto) han presentado los datos para un diagnóstico de la situación, basado en su propia experiencia contrastada con la realidad.


Sin embargo, en la clausura del acto, el Secretario de Estado, en una breve intervención, superficial y plagada de lugares comunes, ha venido a decir: que el gobierno central no tiene recursos ni competencias, sino las comunidades autónomas, que las familias españolas son estupendas y se ayudan unas a otras y todas a sus miembros en dificultad, que las ONGs son muy buenas ocupándose de este problema, y que desde el gobierno se las “ayudará” en su lucha ¿con recursos?. No, sino a través de sendos planes para “coordinar” los esfuerzos de todos.

No puede haber mayor inversión en los términos en lo que a la provisión del bien colectivo se refiere. 
No, señor Secretario: 
el Estado no es subsidiario de las organizaciones voluntarias, 
sino al revés. 
Y la pobreza no se remedia con la caridad, 
sino que se erradica con la justicia. 
Quienes tenemos esto claro seguiremos defendiendo con nuestros medios 
una justicia social que alcance también a los niños.


Madrid a 23 de Junio 2012
Asociación Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia






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