La secretaria general del Consejo General
de la Abogacía Española y patrona de la Fundación Abogacía Española,
Victoria Ortega Benito, ha advertido de que "la austeridad impuesta" por
las administraciones públicas "afecta a la protección jurisdiccional de
los menores" y pide "hacer pública la realidad de los colectivos más
desprotegidos en época de crisis".
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| Foto: OBRA SOCIAL LA CAIXA |
Durante la Jornada 'Crisis Económica, Menores y Justicia', que ha
tenido lugar este martes en Madrid, Ortega ha lamentado los recortes
aplicados a la defensa de estos derechos de los menores al acceso a la
justicia y ha recordado que "en 2011 cerca de 2,2 millones de niños
vivían en hogares que se encontraban bajo los umbrales de la pobreza",
con un "incremento anual del 10 por ciento de media a causa de la
coyuntura económica actual.
En este sentido, ha lamentado "la carencia de medios específicos" y
explica que "el tratamiento a menores en los tribunales debe ser
distinto al de adultos, ya que requiere de un apoyo sociológico y
psicológico especial". "Una política de recortes y ajustes hace que la
disponibilidad de medios en este ámbito disminuya", ha apostillado.
Asimismo, ha recurrido a unos datos del Informe de la Fundación
ANAR que ponen de manifiesto "un aumento del 13,6 por ciento de la
violencia contra los menores". "Las diversa asociaciones que trabajan en
la materia dan cifras orientativas, pero todos coincidimos en que las
cifras son alarmantes, sobre todo si las unimos a una situación de
desprotección en el ámbito judicial", ha sentenciado.
Ortega ha matizado que "en la convivencia diaria, existe una
crispación y desesperación que, lamentablemente, puede degenerar en
situación de violencia en la que los menores son la parte mas débil y
desprotegida y concluye que la Abogacía "asumirá las recomendaciones
llevadas a cabo por las ONG" en la materia y "trabajará para encontrar
soluciones" ante esta "preocupante" situación.
Por su parte, la responsable de Incidencia Política de Save the
Children, Yolanda Román, --encargada de moderar la mesa redonda
'Infancia y Pobreza en España'--, ha asegurado que España vive "una
situación de emergencia", ya que "la crisis económica afecta de forma
alarmante a los derechos de los niños", hasta el punto de provocar "un
retroceso en su garantía".
El informe de Save The Children 'Infancia y Justicia: una cuestión
de derechos', presentado el pasado mes de diciembre, ya alertaba de que
"la Administración de Justicia de España no está adaptada a las
necesidades de los niños" y explicaba que el contacto con la misma
resultaba "una experiencia negativa para el niño que, en ocasiones,
puede considerarse violencia institucional".
De esta forma, recomienda crear una Subcomisión en el Congreso que
estudie el modo de hacer accesibles y adaptados a los niños los
procedimientos judiciales", así como la reforma de la Ley orgánica del
poder judicial, entre otras tantas medidas, con el fin de hacer frente a
estas deficiencias.
En este sentido, el responsable de Políticas de Infancia en España
de Unicef, Gabriel González-Bueno, ha explicado que "la pobreza
infantil no depende de la riqueza de las naciones sino de las políticas
que se aplican" y afirma que, en el caso de España, "las brechas de la
pobreza infantil están aumentando".
"La ayuda a la infancia se ha considerado prescindible,
han sido
las primeras políticas que se han eliminado
cuando arremetió la crisis,
probablemente por el hecho de que
los niños no votan",
ha apostillado
González-Bueno. En este punto, insiste en que "las medidas de austeridad
tienen un impacto importante en los menores", que permanecen "poco
visibles".
En concreto, el portavoz de Unicef ha aludido a uno de los
informes de la organización, en el que inciden en el hecho de que el
27,2 por ciento de los niños en 2011 vivían por debajo del umbral de la
pobreza y alerta de que medidas como la subida de tasas judiciales van a
afectar de forma directa a esta colectivo. "Los mayores están mejor
protegidos que los niños ante los impactos más duros de la crisis", ha
sentenciado.
También ha participado en esta conferencia el responsable de
Infancia en Dificultades de Cruz Roja Española, Carlos Chana, ha abogado
por "garantizar un nivel de renta", ya sea a través del empleo o de
subsidios, al entender que "sin ello será muy difícil hacer frente a la
pobreza infantil" y "garantizar unos niveles de vida dignos".
Durante su intervención, Chana ha avanzado algunos datos de un
futuro informe sobre la situación en la que viven los jóvenes a los que
atiende la Cruz Roja. Así, ha asegurado que "más de la mitad sufren
problemas económicos 'muy serios' en casa" y hasta el 79,6 por ciento se
encuentran en situación de paro. Respecto al ámbito educativo, estos
jóvenes tienen una tasa de repetición del 56,2 por ciento, cuatro veces
superior a la media del país.
Por su parte, la coordinadora de la Red Niñas y Niños con
Discapacidad del CERMI, Inés de Araoz, ha denunciado "un estancamiento
o, incluso, retroceso, en la educación inclusiva" en España. En este
sentido, ha recordado que la atención temprana, que considera "clave
para el desarrollo futuro de los niños con discapacidad", no es un
derecho y depende de las comunidades autónomas.
