Congreso de Abordaje Multidisciplinar del Abuso Sexual Infantil


13 y 14 de Marzo de 2020.
Auditorio AXA, 
Av. Diagonal 547, Barcelona.


Cronograma provisional del Congreso



Pincha aquí para la Inscripción/ acreditación gratuita 


VIERNES 13 MARZO
8:00 h.: Acreditaciones
9:00 h.: Presentación
9:30 h.  Maria Jesús Larios, Adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y de adolescentes del Síndic de Greuges de Catalunya (Defensor del pueblo de Catalunya)

10:00 h.: “Revictimización, proceso judicial y modus operandi del agresor”
 Ponentes: Montserrat Bravo
. Psicóloga forense del Departament de Justicia, especializada en violencia sexual.  José Ramón Juárez. Doctor en Psicologia, psicólogo forense y profesor universitario.
10:45   Consultas y preguntas a ponentes
11:15 h.: Coffe break 


11:45 h.: “Intervención jurídica en el ámbito de los abusos sexuales infantiles: buena praxis para su recuperación integral” Ponente: Ester García, Abogada especializada en violencia machista y sexual. Asesora externa de la Unidad de agresiones sexuales del Hospital Clínic. Formaciones en Diputación de Barcelona y Centro de Estudios Jurídicos a Cuerpos Judiciales.
12:15 h.: “La justicia ante el espejo” pendiente de confirmar
12:45 h.:   Mossos d’Esquadra. Atención a la víctima e Internet segura (grooming, sexting, etc…)
 .- “Atención a la víctima” Ponente: Carlos García Espejo, Guardia Civil del Equipo Mujer-Menor (EMUME), perteneciente a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona
 .- “La colaboración internacional en la lucha contra la pornografía infantil” Azahara Martínez , Inspectora del CNP, destinada en Grupo 1º de Investigaciones Tecnológicas de la Secc. 2ª UDEF de la B.P.P.J. (Jefatura Superior Policía Cataluña)Cuerpo Nacional de Policía. Interpol y Europol
14:00 h.: Consultas y preguntas a ponentes
14:30 h.: Comida

16:30 h.: La compañía de teatro “Tirant pel dret” representará la obra “¿Y ahora qué hago?”
17:00 h.: “Aspectos relevantes para el éxito terapéutico en adultos” Ponente. Silvia Picón. Psicóloga especialista en trauma de la asociación Creant Realitats. Psicóloga en Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Atención a adultos y en el sector de la discapacidad intelectual.
17:30 h.: “Tratamiento psicológico de las secuelas de la violencia sexual en la infancia” Ponente. Mireia Forner. Psicóloga clínica adjunta al Servicio de Psiquiatría del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, dentro de la Sección de Interconsulta y programas de enlace, área infanto-juvenil.
18:00 h.: DESCANSO

18:15 h.: "¿Podría ser una abuso sexual infantil?": Desde la sospecha a la actuación en la consulta de pediatría. Ponente. Gloria  Estopiñà. Médica adjunta de Pediatría. Servicio de  Pediatría. Unidad Funcional de Pediatría Social. Consorci Sanitari de Terrassa
18:45 h.: “Prevención del Abuso sexual en menores: créeme, páralo” Ponente. Lupe García. Educadora social t Sexóloga especializada en educación afectivo-sexual
19:15 h.: Consultas y preguntas a ponentes



SÁBADO 14 MARZO
8:30 h.: Acreditaciones
9:00 h.: “Implementación en las aulas de la educación afectivo-sexual” ponencia a cargo de Departament de Educació
9:30 h.:  “Implementación proyecto Barnahus en Catalunya” la casa que protege a las niñas y los niños . El modelo Barnahus permitirá que todos los especialistas en violencia infantil trabajen bajo un mismo techo
10:00 h.: “Voces de supervivientes”. Ponentes: Aurora Martín. Técnico  especialista  en jardín de infancia. Ex víctima de abusos sexuales intrafamiliares y activista social. Colaboradora de Mans Petites y Keppa Uharte superviviente de abuso sexual en la escuela y activista de la Justicia transformativa
10:30 h.: Consultas y preguntas a ponentes
11:00 h.: Coffe break 


11:30 h.: Presentación del Programa para la prevención y la atención del abuso sexual infantil del Ayuntamiento de Barcelona.
12:15 h.: "Ninguna medalla vale más que la salud y la integridad de una persona" Ponente: Gloria Viseras. Con 15 años, Campeona de España Absoluta y una de las únicas 9 mujeres que representaron a España en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Superviviente de abusos sexuales en la infancia por parte del Entrenador Nacional de Gimnasia desde los 12 a los 15 años. Activista por un deporte sano y seguro para los deportistas.
12:45 h.:  “Abordaje de las medidas transversales de la protección del ASI y experiencia personal” Ponente:  Manuel Barbero (padre coraje del Caso Maristas). Presidente de la Asociación Mans Petites
13:15 h.: Consultas y preguntas a ponentes

13:45 h.: Conclusiones
14:15 h.: Clausura y entrega de diplomas


Infancia, democracia y libertad de expresión.


El  derecho  a  la  libertad  de  expresión  de  los  niños  vino  para  quedarse,  entre  otras  razones  porque constituye el emergente de un proceso que, a falta de mejor nombre, podría denominarse como de profunda democratización de las relaciones sociales.

Esto, sin embargo, no significa la ruptura de la autoridad entre padres e hijos. 
Lo que implica el proceso de democratización de las relaciones familiares es la ruptura del autoritarismo, entendido este último como una falsa autoridad. 
El autoritarismo es una pseudo autoridad despojada de toda razón argumental.


García Méndez, Emilio [autor]*,
Serie: Cuadernos de discusión 
de comunicación e información; nº 16, 
UNESCO Office Montevideo and Regional Bureau 
for Science in Latin America and
the Caribbean, 2019.


Conclusiones y Recomendaciones.

En primer lugar, se trata de crear las condiciones para que en el diseño de las políticas públicas los niños puedan emitir su voz con el menor grado de interferencia posible. 
No se ignora aquí el problema de la legitimidad de la voz de los niños. La legitimidad de la voz de los niños participa de todas  las  dificultades  que  afectan  a  los  adultos  con el agregado del obstáculo ya mencionado de la  mediación  de  los  adultos.  
Poner  de  manifiesto los problemas vinculados con la mediación por parte de los adultos constituye tal vez la recomendación más fuerte en este campo. 
Se trata también de reformular las estrategias de protección  de  la  infancia  no  solo  sin  afectar  su  libertad  de  expresión  sino  expandiendo  esta  libertad.  
Encontrar  estrategias  de  diálogo  franco  y  sincero entre los niños y los adultos constituye en todo caso el corazón de cualquier estrategia seria en este ámbito. 
Aceptar la libertad de expresión que plantean las nuevas  tecnologías  (redes  sociales)  sin  demagogias y sin condicionamientos que excedan lo previsto normativamente es uno de los desafíos centrales, no solo de la relación con la infancia sino de la posibilidad de ensanchamiento de las bases de la democracia.

*Emilio García Méndez: Abogado Universidad de Buenos Aires (1974). Doctor en Derecho por la Universidad del Saarland Alemania (1984). Profesor Regular Titular de la Cátedra de Criminología, Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (since 1988). Diputado Nacional mandato cumplido (2005-2009). Presidente de la Fundación Sur Argentina

El derecho a la libertad de expresión en la infancia y la adolescencia, Coloquio GSIA, 27/02/2020.



PRIMER COLOQUI0 2020
El derecho a la libertad de expresión 
en la infancia y la adolescencia

PONENTES 
Ignacio Campoy, Profesor Titular del Área de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”.
Camilo Jené, Presidente de la FAPA Giner de los Ríos.
Sonia García, Secretaria de Comunicación de ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza).
José Antonio Ruiz San Román, Profesor de Sociología y Opinión Pública. Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.

MODERA
Lourdes Gaitán (Asociación GSIA) 

Fecha: 27 de febrero de 2020

Horario: de 17.00 a 19.30 horas

Lugar: Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid
Sala de Profesores (tercera planta)
Av. Complutense 3, Madrid. Metro: Línea 6 -Ciudad Universitaria-

Todo niño o niña tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de los otros. (Art. 13 de la CDN)

Desde la Asociación Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA) queremos contribuir a un cambio de mirada hacia los niños, que les contemple como actuales sujetos de derechos, con capacidad también de comprender y actuar como sujetos morales aquí y ahora. Deseamos hacerlo de una manera proactiva, antes que reactiva.

Por ello, siguiendo en la línea de anteriores jornadas de formación y debate de nuestra asociación, queremos plantear un Coloquio sobre el derecho de los niños a la libertad de expresión que, de acuerdo con la Convención, incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo. Asimismo sobre la relación de este derecho con otros que deben estar garantizados, como el derecho a la educación, a no ser discriminado por su origen, religión, color o sexo, o a que su interés prevalezca sobre otras razones o circunstancias.


FORMULARIO de INSCRIPCIÓN:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMVG81kAVHrsY1rZgLTF3dnZ2zxupqsZC-4kx9sbhv9cJLqQ/viewform

Inscripción gratuita hasta completar aforo

Colabora:
Cátedra Complutense de Comunicación por la infancia y la adolescencia.


MENORES OLVIDADAS.

No había un problema, ni una necesidad social que justificase la modificación de la norma 
y, sin embargo, su cambio sí ha producido problemas, 
además de dejar más desprotegidas a las menores que decía se pretendía proteger.
El hecho de que una menor no pueda contar con sus padres, 
de que el miedo a comportamientos violentos de éstos le impida la comunicación con ellos, 
no se arregla cambiando la edad de consentimiento de la mujer, 
sino cambiando a los progenitores. 

José Antonio Bosch,Abogado.

Hasta el mes de julio del 2015, cuando una menor de 16 o 17 años alegaba de forma fundada que solicitar el consentimiento a su padre o madre para interrumpir su embarazo le provocaba un conflicto grave con posibilidad de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o la posibilidad de una situación de desarraigo o desprotección, la ley permitía que se practicase la interrupción del embarazo sin conocimiento ni consentimiento de sus progenitores.

Con los datos del Ministerio de Sanidad, en España no llegaban a cuatrocientas jóvenes al año las que acudían a los centros acreditados de interrupción de embarazo sin ser acompañadas por padre, madre o representante legal y, sin embargo, en base a una supuesta protección de las menores se cambió la ley, imponiendo desde entonces la necesidad de que el progenitor o responsable legal consienta el aborto de las menores de dieciocho años.

Se supone que cuando se modifica una norma es para mejorarla porque existe una nueva realidad social que reclama la reforma, pero no cabe duda que esto es una mera suposición y que son muchas las motivaciones que hay tras una reforma legislativa y ni qué decir tiene que muchas más y no todas abiertamente expresadas, cuando lo que se modifica es una ley de aborto con los votos de los partidos de la derecha.

Así, tras más de cuatro años desde la entrada en vigor la referida reforma, ya podemos analizar los beneficios o desventajas del indicado cambio, que no hay que olvidar afecta anualmente, aproximadamente, a cuatrocientas jóvenes.

Hace unos meses los medios se hicieron eco de una tragedia; una pareja de adolescentes, después de que la chica diera a luz en un hostal, el chico procedió a tirar al bebe al río Besós, donde murió ahogado. Al parecer, la menor había tratado de abortar, pero le dijeron que necesitaba la autorización de sus padres, lo que la hizo desistir.

Estudios recientes indican que hay menores que acuden a Internet en búsqueda de remedios que les permitan abortar porque no son capaces de hablar con sus padres e informarles de que están embarazadas, por miedo a que la reacción de sus padres les cause un daño mayor que el riesgo a una interrupción voluntaria de embarazo sin garantía sanitaria alguna.

La ley cambió para, en palabras de su exposición de motivos, que la menor pudiera contar “en un momento crucial y complicado de su vida, con la asistencia de quienes ejercen su patria potestad”, pero lo que demuestra la cruda realidad es que la menor, que entonces y ahora no puede contar con su padre o con su madre, bien porque se desentienden, porque ni están ni se les espera, o porque el temor fundado a represalias graves le empuja al prudente secreto o por circunstancias similares, no va a dejar de abortar por ello sino que buscará la forma de abortar despreciando el riesgo que supone interrumpir el embarazo al margen de los centros sanitarios, o parirá, con resultados tan tristes como el del río Besós o tan dramáticos como es tener un hijo no deseado en plena adolescencia.

No había un problema, una necesidad social que justificase la modificación de la norma y, sin embargo, su cambio sí ha producido problemas, además de dejar más desprotegidas a las menores que decía se pretendía proteger
El hecho de que una menor no pueda contar con sus padres, de que el miedo a comportamientos violentos de éstos le impida la comunicación con ellos, no se arregla cambiando la edad de consentimiento de la mujer, sino cambiando a los progenitores. Lamentablemente, el cambio en los progenitores no se logra con una norma, sino con educación. Esto es demasiado lento.

Soy consciente de los enormes retos y problemas que tiene por delante el Gobierno de España pero no por ello podemos olvidar que, año tras año, cuatrocientas mujeres se enfrentan al hecho de que, a pesar de haber tomado la decisión de poner fin a un embarazo no deseado, no tienen apoyo ni del sistema público de salud ni de los servicios sociales y que las dos únicas opciones que les quedan son o bien asumir el riesgo de pasar al enfrentamiento abierto con sus progenitores con la posibilidad de violencia física o incluso de ser expulsadas del seno de la familia o bien acudir al mercado clandestino asumiendo los riesgos que ello conlleva para la salud.

Cuatrocientas mujeres al año parecerán pocas o muchas en función de la sensibilidad y conciencia de cada uno. A mi juicio son demasiadas como para ignorarlas, entre otras razones porque coincide que, la casi totalidad de ellas, previo a sus embarazos ya están en situación de gran vulnerabilidad por no decir en situación de desprotección.

La solución es bien fácil. Tan sólo requiere derogar la Ley Orgánica 11/2015 que modificó la Ley del Aborto, devolviendo a su artículo 13 su redacción inicial. Cuatrocientas mujeres al año agradecerán la modificación amén de que evitaremos dramáticos sucesos como el del río Besós e impediremos el desarrollo de un mercado clandestino del aborto con las graves consecuencias para la salud que este tipo de mercado conlleva.

Niños y padres: uso de medios y actitudes, Informe 2019 Ofcom.

Este informe examina la alfabetización mediática de los niños. 
Proporciona evidencia detallada sobre el uso de los medios, las actitudes 
y la comprensión entre los niños y jóvenes de 5 a 15 años, 
así como sobre el acceso a los medios y el uso de niños de 3 a 4 años.
 sobre el uso de los medios de sus hijos y las formas en que los padres buscan, 
o deciden no, monitorear o limitar el uso de diferentes tipos de medios....


Fuente Ofcom.org
04 February 2020


This report examines children’s media literacy. It provides detailed evidence on media use, attitudes and understanding among children and young people aged 5-15, as well as about the media access and use of young children aged 3-4.
The report also includes findings relating to parents’ views about their children’s media use, and the ways that parents seek – or decide not – to monitor or limit use of different types of media.
The report is a reference for industry, stakeholders and consumers. It also provides context to the work Ofcom undertakes in furthering the interests of consumers and citizens in the markets we regulate.
The Communications Act 2003 placed a responsibility on Ofcom to promote, and to carry out research in, media literacy. This report on children and parents contributes to Ofcom’s fulfilment of this duty.

II Seminario Internacional REDidi. PreCongreso Mundial por los Derechos de la Infancia y Adolescencia:


Para conmemorar el 30 aniversario de la adhesión de España a la Convención de los Derechos del Niño, el Instituto de Iberoamérica presenta

que se celebrará el 24 y 25 de marzo de 2020
en el Instituto de Iberoamérica. C/ Fonseca, 2. 37002 Salamanca

El precongreso se configura como un punto de encuentro entre políticos, gestores, técnicos e investigadores, comprometidos con la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes, para reflexionar sobre las tendencias actuales en investigación.


Antonia Picornell-Lucas y Mª Carmen Patino
Directoras académicas




IX Congreso Mundial 

por los Derechos de la Infancia y Adolescencia


El 20 de noviembre del año 2019 la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño cumplió 30 años, motivando a lo largo de su existencia un reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos portadores de unos derechos específicos. Este motivo dio lugar a la celebración de eventos en todo el mundo, reflexionando sobre los compromisos jurídicos de los gobiernos en relación con el interés superior del menor de edad.
Para seguir avanzando en unas políticas públicas con enfoque de derechos de infancia y adolescencia, el II Seminario Internacional REDidi y Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia y Adolescencia se centra en el poder de la investigación para transformar los valores políticos de compromiso con la ciudadanía y la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes. Pretende reflexionar sobre el papel de la producción científica como punto de encuentro entre políticos, gestores y técnicos. Aunque no podemos reflexionar sobre el bienestar de la infancia y adolescencia dejando de lado a los verdaderos protagonistas.
El Seminario, avalado por la organización del IX Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y Adolescencia, se construye sobre tres temáticas, consideradas como ejes básicos de cualquier política con infancia y adolescencia según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y que se trabajarán en el IX Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia que tendrá lugar en Córdoba (Argentina), del 4 al 7 de noviembre del 2020, con el lema: “Niños, niñas y adolescentes: ciudadanos protagonistas en la construcción de un mundo más justo”: ciudadanía y participación, convivencia saludable y sin violencia, género y políticas públicas.
Hoy, la Universidad de Salamanca se suma a esta conmemoración abriendo una ventana para seguir defendiendo los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes; continuando con la herencia de la Escuela de Salamanca y el pensamiento de Francisco de Vitoria en su búsqueda por alcanzar la dignidad humana.

“Infancia y migración: Diálogos entre Chile y América”. Conferencias del Seminario Inter.

Han sido publicadas en la plataforma Youtube, las Conferencias Magistrales dictadas por las profesoras invitadas al Seminario Internacional “Infancia y migración: Diálogos entre Chile y América”, que realizamos en junio 2019 en Chile, en el marco del Proyecto FONDECYT Regular Nº 1170947: "Múltiples violencias que afectan a las niñas y los niños migrantes en Chile: derechos, intervenciones sociales y políticas públicas”, dirigido por Dra. Iskra Pavez-Soto (Universidad Bernardo O'Higgins) y Dra. Caterine Galaz (Universidad de Chile), según los detalles que se publican a continuación:

•          Conferencia magistral: "La infancia migrante en Estados Unidos", Dra. Joanna Dreby, realizada el martes 25 de junio de 2019, en la Casa de la Cultura de la Universidad Bernardo O'Higgins, Santiago de Chile: https://youtu.be/Dk9u87_8NWw


•          Conferencia magistral: "Los estudios de infancia en América del Sur", Dra. Monique Aparecida Voltarelli, realizada el jueves 27 de junio de 2019, en el Aula Magna de la Universidad de Las Américas (UDLA), Campus Los Castaños, ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso: https://youtu.be/n875AO03xoU
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Declaración del Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, en su visita a España, 27 de enero - 7 de febrero de 2020


sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, 
en su visita a España, 27 de enero - 7 de febrero de 2020. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=E


Derechos Humanos.
Naciones Unidas,
Madrid, 7 de febrero de 2020.
I. Introducción
España está prosperando económicamente; la mitad de su población. 
La cuarta economía más grande de la UE ha disfrutado de un crecimiento constante del PIB desde la crisis económica, el desempleo está disminuyendo, los salarios promedio están aumentando y las exportaciones están aumentando. 1 Pero casi la mitad de los españoles considera el desempleo y la inseguridad económica como sus principales preocupaciones. 2 
Durante mi visita de país de casi dos semanas a España, ha quedado muy claro que la recuperación posterior a la recesión que ha sido tan buena para algunos ha dejado atrás a muchas personas, y que se ha hecho muy poco para la mayoría de los miembros de ese gran grupo.

España finalmente tiene un nuevo gobierno, uno con grandes esperanzas y ambiciones impresionantes, especialmente en el ámbito socialPero se enfrenta a enormes desafíos. El país tiene un alto desempleo, desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de proporciones sorprendentes, pobreza generalizada, arreglos de protección social en gran medida inadecuados, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas fiscales que brindan muchos más beneficios a los ricos que a los pobres, y una mentalidad burocrática arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas sobre el bienestar de las personas.
Si los planes estratégicos, los programas de acción y los informes voluminosos pero ilegibles pudieran resolver la pobreza, España estaría en lo más alto. Pero en ausencia de un compromiso significativo para defender los derechos sociales de las personas a la vivienda, la educación y un nivel de vida adecuado, estos grandes diseños seguirán siendo tan ineficaces como lo han sido durante la última década. España necesita un liderazgo innovador a nivel nacional, respaldado con los recursos para alentar a las comunidades autónomas a apoyar reformas de gran alcance. La pobreza es en última instancia una opción política, y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla.

Este informe se centra en los temas clave que requieren atención urgente. 
Incluyen: medidas integrales y creativas para aliviar la crisis de la vivienda, la restauración de condiciones de trabajo decente, especialmente para trabajos mal pagados, un esquema nacional de ingresos mínimos que garantiza un nivel de vida básico para todos los necesitados, un programa de educación para la primera infancia para todos niños de 0 a 3 años, y reformas fiscales de gran alcance para garantizar un fuerte impacto redistributivo, reducir el fraude y la evasión, y hacer transparentes los acuerdos de impuestos corporativos.

El rostro de la pobre España
España es un país con una gran historia, un líder mundial en algunas áreas y un faro cultural. Pero España hoy necesita mirarse de cerca en el espejo. Lo que verá no es lo que la mayoría de los españoles desearían. La autoimagen de una sociedad familiar cercana enraizada en valores profundamente compartidos y solidaridad social ha sido gravemente fracturada por una crisis económica y la implementación de políticas neoliberales. Las redes de seguridad locales y familiares que habían sido históricamente importantes continúan trabajando para los acomodados, pero han sido socavadas por una gran parte de la población. Hoy, España se ubica cerca del fondo de la UE en demasiados indicadores sociales.

Las tasas de pobreza son terriblemente altas. El 26,1 por ciento de las personas en España, y el 29,5 por ciento de los niños, estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, una de las tasas más altas en Europa. 3 Más del 55 por ciento tuvo algún grado de dificultad para llegar a fin de mes, 4 y 5.4 por ciento experimentó privación material severa. 5 La tasa de desempleo del 13.78 por ciento es más del doble que la tasa de la UE y la situación de los jóvenes es particularmente angustiante con una tasa de desempleo del 30.51 por ciento entre los menores de 25 años. 6 Las cifras de empleo oscurecen una de las tasas más altas de trabajo en la UE con pobreza, con muchas personas trabajando en empleos mal pagados, a tiempo parcial o temporales, ganando salarios lamentablemente inadecuados para cubrir las necesidades básicas. 7 7La desigualdad también es sorprendentemente alta, con indicadores muy por encima de los promedios de la UE. 8
Detrás de estos números hay personas reales que experimentan graves dificultades. En Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía, Cataluña y Madrid, me encontré con muchas personas que apenas están luchando. Muchos perdieron sus ahorros durante la crisis y otros se encuentran ahora en una situación en la que tienen que elegir entre poner comida en la mesa y calentar una casa. Demasiados están mirando la posibilidad de desalojo, incapaces de encontrar viviendas asequibles. Casi todos los que conocí buscaban con avidez trabajo decente. Conocí a una madre soltera viuda en Andalucía que solo puede encontrar 18 horas de trabajo a la semana, no lo suficiente para mantener a sus hijos; un hombre en Bilbao abusado de niño y posteriormente sin hogar a quien se le negó la asistencia social porque no pudo obtener el registro municipal (empadronamiento); y una mujer en las afueras de Madrid, criando niños en un área considerada peligrosa para la salud humana, en medio del olor de incineradores de desechos cercanos y en una casa en riesgo de colapso.
También visité áreas que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. Un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campo de refugiados, sin agua corriente, electricidad o saneamiento, donde los trabajadores migrantes han vivido durante años sin ninguna mejora en su situación. Barrios cerrados de pobreza concentrada donde las familias crían niños con una escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras pavimentadas o electricidad legal. Una escuela segregada en un barrio pobre con un cuerpo estudiantil 100% romaní y una tasa de abandono temprano del 75%. Me llamó la atención la capacidad de recuperación y la compasión de las personas con las que me reuní, que mostraron una verdadera generosidad al compartir a menudo experiencias muy personales conmigo para informar este informe.

La palabra que más escuché en las últimas dos semanas es "abandonada". 
La gente se sintió abandonada en un pueblo rural sin ningún transporte público para visitar al médico, sin dinero para pagar el transporte privado y sin saber si vendría una ambulancia cuando necesario. Abandonado en un estigmatizado suburbio de bajos ingresos que la policía evita. Abandonado a propietarios sin escrúpulos, aumentos de renta desmesurados o viviendas públicas sin mantenimiento. Y abandonado a un sistema burocrático arbitrario que de repente niega o revoca el apoyo vital sin explicación. El hilo conductor era la ausencia de apoyo gubernamental para garantizar que las personas no experimenten innecesariamente los peores efectos de la pobreza, una situación que muchos enfrentan debido a fenómenos que escapan a su control, como la pérdida de empleo, la discriminación estructural o la enfermedad.
La gente se siente abandonada por buenas razones. Los beneficios de la recuperación económica han llegado en gran medida a las corporaciones empresariales y a los ricos, mientras que los servicios públicos y las protecciones que fueron severamente restringidas después de 2008 en muchos aspectos no han sido restaurados. El crecimiento de los ingresos ha sido capturado principalmente por aquellos en la parte superior de la distribución del ingreso. Entre 2007 y 2017, los ingresos del 1 por ciento superior crecieron un 24 por ciento, mientras que el 90 por ciento inferior experimentó un crecimiento de ingresos por debajo del promedio del 2 por ciento. 9 Las ganancias corporativas se han recuperado en gran medida desde la crisis, pero los ingresos por impuestos corporativos cayeron a la mitad entre 2007 y 2019, del 22.3 por ciento de los ingresos fiscales totales al 11.9 por ciento. 10Antes de la crisis, España había sido relativamente inmune a la creciente desigualdad que afectaba a tantos otros países, pero desde 2010, la desigualdad ha estallado. 11 Con la desregulación y los fuertes recortes de impuestos corporativos, no es sorprendente que a los ricos y a los intereses corporativos les haya ido tan bien.

En comparación, los formuladores de políticas han fallado en gran medida a las personas en situación de pobreza. Está muy claro que los derechos sociales y económicos rara vez se toman en serio, incluso si se invocan con frecuencia en abstracto. Las personas enfrentan costos de vivienda que se disparan, privatización de bloques de apartamentos y desalojos agresivos. Sin embargo, la vivienda social de bajo costo es casi inexistente a pesar del amplio acuerdo sobre su necesidad. El sistema para proporcionar asistencia social está roto. Debería desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza, pero es notablemente ineficaz con las familias ricas que se benefician más de las transferencias de efectivo que las familias pobres. 12El sistema está fragmentado, es imposible de navegar y no llega a las personas pobres que más lo necesitan. La capacidad de las transferencias de efectivo existentes para reducir la pobreza se encuentra entre las más bajas de la UE. 13 Como muchas personas me dijeron, este no es un sistema diseñado principalmente para maximizar la ayuda para las personas con dificultades.
No soy el único en notar esto. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional, apenas defensor de la necesidad de una protección social adecuada, informó que los programas españoles de asistencia social no cumplen plenamente sus objetivos, que el gasto es bajo, que las brechas en la adecuación y la cobertura obstaculizan la reducción pobreza, que los obstáculos burocráticos disminuyan la captación y que la menor asistencia social se dirija a los niños más vulnerables y a los hogares de bajos ingresos. 14 Este es solo el último de una serie de hallazgos similares de actores nacionales y externos como la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal (AIReF), 15 la OCDE, 16 y la Comisión Europea. 17
Muchos de los políticos y funcionarios con quienes me reuní coincidieron en que existen problemas estructurales profundos. La pobreza y la precariedad, muchos reconocieron, están integradas en el sistema. Pero mientras el nuevo gobierno de coalición está comprometido con una reforma de gran alcance, y algunos asesores políticos de alto rango me hablaron en tales términos, demasiados funcionarios parecían complacientes y contentos de culpar a "otras" partes del sistema. Algunos funcionarios afirmaron, sin brindar apoyo, que la pobreza no es tan mala como muestran las estadísticas porque el costo de vida es más bajo en algunas comunidades autónomas. Los aumentos recientes en el beneficio familiar y para el niño y el salario mínimo son primeros pasos importantes, pero están lejos de ser adecuados a la luz de la escala de dificultades en el país.

Me impresionó el increíble trabajo realizado por el tercer sector, que es uno de los más vibrantes que he encontrado. Me reuní con muchos empleados y voluntarios profundamente dedicados a apoyar a las personas que buscan alcanzar la seguridad económica y niveles de vida adecuados. También aprendí mucho de la información que estos grupos compartieron conmigo antes y durante mi visita. Pero el gobierno tiene obligaciones directas de cumplir con los derechos humanos que no pueden ser subcontratados de facto, y no puede abandonar sus propias responsabilidades a un mosaico de grupos del tercer sector con fondos insuficientes. Este último no puede reemplazar al estado, ni puede ofrecer el apoyo integral y sistemático necesario para combatir la pobreza a gran escala y garantizar que las personas estén protegidas contra el peor de sus impactos.

Después de un período prolongado de inestabilidad y parálisis en la formulación de políticas, la formación de un nuevo gobierno presenta una oportunidad para el cambio. Con su aceptación de los derechos sociales y la justicia fiscal, y la priorización de las condiciones de vida de los más vulnerables, el mensaje del gobierno es bienvenido, pero sus acciones deben estar a la altura de esa retórica. Si se toman medidas concertadas y efectivas sobre los problemas identificados a continuación, será bueno no solo para los vulnerables sino para toda España. Tomar en serio la eliminación de la pobreza facilitará la movilidad laboral, generará más ingresos fiscales para ayudar a abordar la deuda a mediano y largo plazo, mejorará la eficiencia del gasto existente y establecerá un curso para un crecimiento futuro inclusivo.

Desafíos clave
Si el nuevo gobierno va a cumplir su compromiso de hacer de España un líder en derechos sociales dentro de Europa, deberá abordar los siguientes problemas principales.

Protección social, Asistencia social
La asistencia social en España hace un mal trabajo para combatir la pobreza. El impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza es el sexto más bajo de los países informantes de la UE. 18 En 2014, el diez por ciento o menos de las transferencias se acumularon en el 20 por ciento inferior de los hogares, la mitad de lo que hubieran recibido si las transferencias se hubieran distribuido por igual entre los hogares. 19 Según Caritas, la mayoría de los 1,8 millones de personas que vivían en la pobreza extrema en España en 2018 no utilizaron mecanismos de protección social. 20 La proporción de adultos pobres que viven en un hogar desempleado y que recibieron beneficios se encontraba entre los más bajos de la UE en 2016, más de 15 puntos por debajo del promedio de la UE. 21

Cuando el apoyo llega a las personas, la cantidad puede ser extremadamente baja, como es el caso de la prestación nacional por hijos, que es solo 341 euros por año para familias de bajos ingresos y 588 euros para los extremadamente pobres. 22 Esto es en realidad menos generoso que una desgravación fiscal por hijos disponible exclusivamente para familias de ingresos medios altos y altos que tienen obligaciones tributarias. 23 Del mismo modo, para aquellos que no han ganado una pensión completa, el monto básico para una pensión no contributiva es de solo 392 euros por mes.
España obtiene lo que paga en protección social. Comparativamente, gasta muy poco y los resultados lo demuestran. En 2017, gastó el 16,6% del PIB en protección social, muy por debajo del promedio de la UE del 18,8%. 24 El gasto por persona fue de 5.426,73 euros en 2017, en comparación con 7.651,89 euros en la UE en 2016, un poco más del 40 por ciento. 25 España gastó significativamente menos que otros países de la UE, incluida la discapacidad (1,6 por ciento del PIB en comparación con un promedio del 2 por ciento), prestaciones familiares (1,2 por ciento del PIB en comparación con el 2,3 por ciento), y vivienda y otras exclusiones sociales (0,3 por ciento del PIB en comparación con el 1.1 por ciento). 26

La burocratización del sistema de asistencia social es una de las principales causas de exclusión, y los requisitos excesivos de documentos sirven como obstáculos para el apoyo. Conocí a una mujer en Sevilla que había huido de un marido abusivo pero que no podía acceder a la vivienda social porque todavía no tenía documentos oficiales de divorcio y otra en Madrid que dijo que le habían dicho a su hijo que necesitaba proporcionar un documento oficial que "probara" que él no se dedicaba al trabajo informal. En muchos municipios, el registro es la clave para acceder a los servicios sociales, sin embargo, los requisitos son completamente inadecuados para las personas que viven en la pobreza, que pueden estar sin hogar, en viviendas temporales o incapaces de responder a solicitudes de documentos muy específicas.
La estructura descentralizada de gran parte de la asistencia social no contributiva de España, en combinación con la ausencia de cualquier estándar nacional sobre qué asistencia mínima debe ofrecerse, ha llevado a una gran variación entre las comunidades autónomas. Esto es especialmente cierto para la última capa de la red de seguridad social, que está específicamente destinada a prevenir la pobreza y ayudar a las personas de bajos ingresos sin acceso a otros beneficios: en los sistemas de ingresos mínimos de las comunidades autónomas (renta mínima de inserción) si bien algunos de los esquemas claramente ayudan a las personas a evitar la pobreza, son fracasos abyectos en ciertas comunidades autónomas. Los montos de manutención son bajos, los períodos de espera pueden extenderse a muchos meses, los requisitos de residencia punitiva pueden prohibir el acceso a nuevos residentes por hasta tres años y excluir completamente a las personas sin hogar, los programas a menudo son incompatibles con los tipos de trabajos a corto plazo o de medio tiempo esas podrían ser las únicas opciones disponibles, las personas menores de 25 años generalmente no son elegibles, y la carga de papeleo prueba un obstáculo insuperable para muchos. 27

Madrid puede verse como un laboratorio para los problemas con los esquemas de ingresos mínimos e ilustra por qué pueden ser tan inadecuados como una red de seguridad. Madrid tiene el segundo PIB más alto de España, una tasa de desempleo comparativamente baja y un alto costo de vida. Aunque su severa tasa de pobreza se duplicó en 10 años, del 3 por ciento en 2008 al 7,8 por ciento en 2017, 28 su plan de ingresos mínimos proporciona unos miserables 400 euros al mes, el más bajo de cualquier esquema de este tipo en España. Para ayudarme a entender por qué solo llega al 1.5 por ciento de la población 29madrileña me describió cómo los numerosos requisitos del programa los excluyeron formalmente y de facto. Una mujer explicó que perdió el beneficio cuando aceptó un trabajo a prueba, pero se quedó sin hogar después de que no fue contratada permanentemente y su solicitud para reiniciar el beneficio fue denegada.
La forma en que se ha administrado el programa en los últimos años lo ha hecho más irrelevante. La tasa de aprobación de las solicitudes iniciales cayó drásticamente entre 2016 y 2018, del 50 por ciento al 23 por ciento, 30 y el número de suspensiones y terminaciones aumentó más del doble. 31 Si bien los representantes del gobierno de Madrid acordaron que la situación no es satisfactoria, un funcionario insistió en que las autoridades no tienen la culpa y que la culpa es de los solicitantes por no cumplir con los requisitos del programa. Tales resultados atroces sugieren que el sistema está estructurado intencionalmente para excluir a las personas o está extremadamente mal diseñado.

Un esquema nacional de ingresos mínimos bien diseñado y adecuadamente financiado podría ser de gran ayuda para arreglar lo que está roto, pero debe evitar las deficiencias manifestadas en algunos de los esquemas de comunidades autónomas. Debe tener al menos las siguientes características: portabilidad total independientemente de la comunidad autónoma; compatibilidad con el mercado laboral existente para que las personas no pierdan el acceso al apoyo simplemente porque han aceptado un trabajo mal pagado o temporal; una cantidad adecuada para garantizar que las personas no vivan en la pobreza y que rastree el costo de vida; un enfoque individualizado y flexible para la administración que facilita el acceso al minimizar los requisitos de papeleo onerosos; disponibilidad para personas menores de 25 años.
Si las altas tasas de pobreza de España no se reducen significativamente, no hay alternativa a un gasto adicional importante para arreglar un sistema de asistencia social que no funciona. Las deducciones de impuestos no son sustitutos, ya que necesariamente solo benefician a las personas más ricas que pagan impuestos sobre la renta. Tampoco se puede confiar únicamente en el empleo. Las personas en situación de pobreza quieren trabajar mucho, pero a menudo no pueden encontrar trabajo decente debido a la alta tasa de desempleo y la precariedad de los trabajos que existen.

Educación
La educación y la pobreza están estrechamente vinculadas. En España, el 33.7 por ciento de las personas con educación primaria o inferior estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, en comparación con solo el 12.6 por ciento de las personas con educación superior. 32 Sin embargo, la inversión pública absoluta en educación como porcentaje del PIB ha disminuido significativamente entre 2009 y 2017. 33 Existen problemas reales con el costo y la calidad de la educación, así como la segregación por estado socioeconómico y étnico.
España ofrece educación gratuita, pero esto no cubre el costo de transporte, comida, libros y suministros. Esos gastos, incurridos por las familias, aumentaron en un 34 por ciento entre 2009 y 2016. 34 Según un informe de Save the Children de 2019, el 32 por ciento de las familias enfrentan dificultades para pagar los costos de educación 35 y un informe de la Comisión Europea encontró que a partir de 2017, el 25.7 por ciento de los hogares con niños en riesgo de pobreza reportaron una gran dificultad para pagar los costos de la educación formal. 36 Una madre me dijo: "El año pasado no podíamos permitirnos ni un solo libro de texto".
España lidera la UE en el abandono escolar, con una tasa de abandono escolar temprano del 17.9 por ciento en educación y capacitación en 2018, 37 a un costo estimado de entre 5.9 y 10.7 por ciento del PIB total. 38 Tiene la tasa de repetición de segundo grado más alta en la UE, 39 con los estudiantes con desventajas económicas seis veces más propensos a repetir el año. 40 Estas cifras preocupantes apuntan no solo a serios problemas con la calidad del sistema educativo en general, sino a una importante pérdida en el bienestar económico general del país.
Un alarmante 44 por ciento de los estudiantes y el 72 por ciento de los niños en situaciones vulnerables estudian en escuelas segregadas de facto que tienen una gran concentración de niños de entornos socioeconómicos pobres, niños romaníes y migrantes, así como aquellos con mayores necesidades de apoyo, lo que representa 46.8 por ciento del total de centros educativos. 41 La segregación escolar aumenta la repetición de grados, el fracaso y el abandono escolar; disminuye los puntajes de las evaluaciones; y afecta negativamente las expectativas de los estudiantes de seguir estudios universitarios. 42Visité una escuela en Andalucía, con un cuerpo estudiantil 100 por ciento romaní, donde el 75 por ciento de los estudiantes abandonaron antes de completar la escuela secundaria y las familias reciben muy poco apoyo, a pesar de vivir en una de las zonas más pobres del país. Y en Extremadura, un funcionario me dijo que era un viejo problema arraigado en la "planificación urbana", pero no ofreció ningún plan de acción para abordarlo. Concentrar a los niños de los entornos más pobres en las mismas escuelas no es una receta para el éxito educativo o la superación de la pobreza. 43

Cuidado de la salud
España está justificadamente orgullosa de su excelente sistema sanitario, con una cobertura sanitaria casi universal. Sin embargo, siguen existiendo brechas importantes para quienes más necesitan cobertura.
Algunos de los más desfavorecidos no pueden acceder a la atención médica. Según un estudio de EAPN de 2019, alrededor del 5 por ciento de las personas en hogares pobres que necesitaban asistencia médica, el 25.5 por ciento de los que necesitaban atención dental y el 3 por ciento de los que necesitaban servicios de salud mental no podían recibir atención por razones económicas. El 6.9 por ciento no pudo acceder a medicamentos recetados, el 8.3 por ciento entre las personas desempleadas. La Encuesta Nacional de Salud indica que entre el 9 y el 10 por ciento de las personas en riesgo de pobreza no están involucradas en prácticas preventivas de salud. 44 Y el crecimiento del empleo precario significa que no es posible tomarse un día libre del trabajo debido a una enfermedad. "No puedo permitirme enfermarme", me dijo una persona.
En 2018, España derogó en gran medida el Real Decreto-ley 16/2012, que tenía una cobertura sanitaria universal limitada, incluso para los migrantes. Sin embargo, el sistema actual excluye a algunos migrantes en sus primeros 90 días en España, 45 y REDER documentó 4,755 casos de exclusión del sistema nacional de salud desde 2014. 46 El Ministerio de Salud reconoció esta brecha, pero aparentemente no tenía ningún plan para abordarla.
También me preocupa la creciente privatización de elementos dentro del sistema de salud, que corre el riesgo de priorizar las ganancias sobre la provisión de servicios. El Ministerio de Salud sostuvo que esto se hizo solo en circunstancias excepcionales, por razones de eficiencia y necesidad, y que la calidad de la atención no se vio afectada. Sin embargo, no pudieron proporcionarme estimaciones de cuánto del sistema había sido privatizado o estudios que evaluaron el impacto.

Comunidades autónomas
Las comunidades autónomas tienen una responsabilidad significativa en la protección social, pero los recortes de fondos relacionados con la austeridad afectaron significativamente su capacidad de invertir en estas áreas, tuvieron un impacto negativo en muchas personas y minaron la capacidad de las comunidades para combatir la pobreza. Es escandaloso que Extremadura, la comunidad autónoma con la tasa de AROPE más alta y el ingreso medio más bajo, recibió menos del gobierno central en 2018 que en 2008 (3.002 millones de euros en 2018 en comparación con 3.180 millones de euros en 2008). Del mismo modo, Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, con una tasa AROPE muy superior a la media, experimentó una caída en la financiación recibida de 19.099 millones en 2008 a 18.983 millones de euros en 2018. 47En 2018, el gasto social total de las comunidades autónomas, incluido el cuidado de la salud, la educación y la protección social, fue aún un 3,4 por ciento más bajo que antes de la crisis, a pesar del aumento significativo de la demanda resultante de la crisis y sus secuelas. 48

Alojamiento
Los funcionarios del gobierno repitieron constantemente el refrán de que la vivienda es uno de los primeros pasos para abordar la pobreza. Pero eso hace que sea aún más impactante que se haya hecho tan poco para garantizar el derecho a la vivienda. Según la fundación FOESSA, el 24 por ciento de la población se enfrentó a la "exclusión de la vivienda" en 2018 y 4,6 millones de personas vivían en viviendas inadecuadas. 49 La situación ha empeorado tanto que una organización con la que me reuní ha recurrido a celebrar más de 200 asambleas de vivienda en todo el país cada semana para compartir información y consejos colectivos sobre cómo navegar por el laberinto de los desafíos de la vivienda.
Los costos de la vivienda están aumentando a tasas alarmantes. La asequibilidad del mercado de alquiler privado se encuentra entre las más bajas de la OCDE, con más del 38 por ciento de los inquilinos privados que pagan tasas de mercado sobrecargadas por el costo del alquiler. 50 El Banco de España descubrió que el precio de la vivienda en alquiler aumentó más del 50 por ciento entre 2013 y 2019, 51 mientras que los salarios han perdido un 7,8 por ciento de su poder adquisitivo en la última década. 52 España también ha sido criticada por permitir que empresas de capital privado e inversión compren viviendas asequibles y de bajos ingresos y aumenten sustancialmente el alquiler, obligando a los inquilinos a abandonar sus hogares. 53 Visité un bloque de viviendas en las afueras de Madrid, donde la gente me dijo que sus alquileres se habían duplicado de la noche a la mañana, como resultado de una decisión del Gobierno de Madrid de vender viviendas sociales a gran escala a Blackstone.

El aumento en los costos de la vivienda se ha visto acompañado por tasas impactantes de desalojos: el número anual de desalojos aumentó de 16.097 en 2006 a 59.671 en 2018, con 712.723 desalojos totales entre 2006 y el tercer trimestre de 2019. 54 Esta es una imagen incompleta que no tiene en cuenta los desalojos de ocupantes ilegales o el número total de personas afectadas.
A pesar de la clara necesidad, las viviendas de alquiler de bajo costo son casi inexistentes en España. Solo el 2.7 por ciento de la población alquilaba viviendas por debajo de la tasa del mercado a partir de 2018. 55 Housing Europe estima que las viviendas sociales en España comprenden el 2.5 por ciento del stock nacional de viviendas ocupadas, en comparación con el 30 por ciento en los Países Bajos, el 24 por ciento en Austria, 17.6 por ciento en el Reino Unido y 16,8 por ciento en Francia. 56 La nueva construcción de viviendas públicas se ha desplomado: de 63.900 nuevas unidades construidas en 2008 a 2.737 en 2018. 57 Mientras tanto, el último censo nacional de viviendas (2011) encontró 3,4 millones de viviendas vacantes, mientras que Housing Europe estima que había 3,8 millones de viviendas vacantes en 2017. 58

Las estadísticas sobre las personas sin hogar son extremadamente limitadas, pero se estima que hubo entre 27.500-33.000 personas sin hogar en 2015, 59 y FOESSA estima que otros dos millones de personas corren el riesgo de quedarse sin hogar. 60 Pero la respuesta política es confusa. Por ejemplo, en Extremadura, un funcionario me dijo que "no tienen personas sin hogar". Las políticas preventivas son "prácticamente inexistentes" 61 y hablé con personas afectadas por personas sin hogar que enfatizaron la seria dificultad de acceder a los servicios sociales sin dirección permanente, evitando que aquellos en las situaciones más precarias obtengan el apoyo al que tienen derecho. Entre las personas sin hogar, el 19.8 por ciento no tenía una tarjeta de salud a partir de 2015, incluido el 32.7 por ciento de los extranjeros.62 Las comunidades autónomas deben rectificar urgentemente esta situación, implementar un primer enfoque de vivienda y buscar estrategias preventivas que enfaticen la intervención y el apoyo antes de que la gente sea arrojada a la calle.
Además, casi el 10 por ciento de la población de España no podía permitirse el lujo de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en 2018, y las personas tienen que elegir entre calentar sus hogares y alimentar a sus hijos. España debería ampliar el acceso a la bonificación social que subsidia los pagos de servicios públicos para quienes lo necesitan, y garantizar que los servicios públicos no se corten a las familias vulnerables. La ley de Cataluña sobre la pobreza energética, el resultado de la promoción sostenida de la vivienda, es un paso en la dirección correcta.

Después de que tanta gente en ciudades clave en España enfatizara la gravedad de la crisis de la vivienda, mis conversaciones con funcionarios clave en el gobierno nacional me dejaron preocupado de que haya un desajuste profundo entre las necesidades y las respuestas políticas que se están considerando. Nadie duda de que se requieren medidas urgentes. Un Plan Nacional de Vivienda 2018-21 incluye una asignación de 20,000 unidades de vivienda pública durante cuatro años, 63pero eso está muy lejos de lo que se necesita. Las nuevas leyes que aumentan la duración mínima de los contratos de alquiler y descargan la deuda de la vivienda en caso de ejecución hipotecaria y recuperación son un paso en la dirección correcta, aunque esta última debe aplicarse retroactivamente. España debería actuar agresivamente para aumentar sustancialmente la disponibilidad de viviendas de bajo costo, pero eso traerá poco alivio durante varios años. Del mismo modo, la dependencia significativa propuesta en las Asociaciones Público Privadas es, en base a mucha experiencia pasada, probable que beneficie a las clases medias, pero no a las más afectadas dramáticamente. Si bien los controles de alquileres se han adoptado en Barcelona, ​​siguen siendo controvertidos a nivel nacional y los funcionarios con los que hablé les dieron poca importancia. Esto me parece un error. La experiencia en París, Berlín,64 es positiva.

El Gobierno también debería dar sustancia al derecho a la vivienda. A pesar de su reconocimiento constitucional y sus protestas en sentido contrario, toda la información disponible para mí sugiere que actualmente es un cascarón vacío y en gran parte sin sentido. Si bien no se puede hacer justiciable sin una enmienda constitucional, hay muchas maneras en que se pueden tomar medidas administrativas para convertirlo en un concepto significativo en la configuración de la ley y la política de vivienda.

Política fiscal
Si España se toma en serio la lucha contra la pobreza y realiza inversiones muy necesarias en políticas de asistencia social, educación y vivienda, también debe cambiar sus políticas fiscales. Los ingresos actualmente recaudados son demasiado bajos para cumplir con los derechos sociales y lograr un presupuesto equilibrado, el sistema es inadecuadamente progresivo y el fraude fiscal, la evasión y la evasión potencialmente cuestan miles de millones al país cada año.

Los ingresos fiscales de España son relativamente bajos. La relación impuestos / PIB fue del 35,4 por ciento en 2018, mucho más baja que el promedio de la UE del 40,3 por ciento y el promedio de la zona euro de 41,7, y especialmente baja en comparación con países similares como Italia (42,1 por ciento) y Francia (48,5). 65

Las tasas de impuestos corporativos se han reducido desde 2007, del 35 al 25 por ciento, 66 y las empresas también aprovechan las generosas deducciones y subsidios, por lo que en realidad terminan pagando mucho menos que la tasa nominal. El Ministerio de Hacienda no pudo proporcionarme una cifra de la tasa efectiva real que las corporaciones están pagando, sobre la base de que las cifras están "protegidas". Esta posición es insostenible dados los obvios intereses públicos involucrados, y aún más a la luz de la promesa del nuevo gobierno de elevar la tasa efectiva a un mínimo del 15 por ciento. Los ingresos por impuestos corporativos han disminuido masivamente en los últimos años. Entre 2007 y 2018, los impuestos corporativos cayeron como porcentaje de los ingresos totales de 22.34 a 11.9 por ciento, y de 44,823 millones de euros a 24,838 euros. 67Si bien algunas de estas pérdidas han sido compensadas por una dependencia cada vez mayor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre 2007 y 2017 los ingresos tributarios totales disminuyeron en realidad en unos 6.725 millones de euros. 68

Además de no aumentar los ingresos necesarios para financiar el cumplimiento de los derechos sociales, el sistema tributario es inadecuadamente progresivo y apenas comienza a aprovechar la capacidad de los impuestos para abordar la desigualdad. La desigualdad se disparó después de la crisis. Entre 2007 y 2015, el índice Gini aumentó en 2.1 puntos, el S80 / 20 en 0.9 y el índice de Palma en 1.4. 69 Sin embargo, el efecto redistributivo de los impuestos directos a los hogares es mucho más bajo que el promedio de la UE, reduciendo la relación S80 / S20 en un 8,6 por ciento en 2016, en comparación con el 12,4 por ciento en la UE. 70 Los impuestos indirectos en realidad aumentaron la desigualdad en un 3,5 por ciento. 71España depende cada vez más del IVA, con un aumento de la tasa del 16 al 21 por ciento entre 2009 y 2013, elevando el porcentaje de los ingresos totales del 27,83 al 33,63 por ciento. 72 Esto es problemático, ya que el impuesto es generalmente regresivo, y España lo es aún más debido a una serie de deducciones que benefician a las personas más ricas, como en los hoteles. También hay comunidades autónomas en España donde el impuesto a la herencia es extremadamente bajo, y los hijos y los cónyuges pueden heredar hasta un millón de euros libres de impuestos. 73

El fraude fiscal es un problema importante en España que priva al estado de los recursos. Un estudio reciente del FMI estimó que el tamaño de la economía sumergida en España es del 20,3 por ciento del PIB, incluso más que en 2007. Se estima que la economía sumergida reduce los ingresos fiscales hasta en 70 mil millones. 74 Y en 2018, las empresas del IBEX 35 tenían 805 filiales en paraísos fiscales, lo que sugiere que se pueden perder cantidades significativas de ingresos por evasión fiscal. 75

Cambio climático
El cambio climático tendrá un impacto dramático en la vida de las personas en situación de pobreza y las políticas vigentes para apoyarlos. 76 Además de los esfuerzos de mitigación y adaptación ya implementados, España debe garantizar que sus políticas de protección social tengan en cuenta los efectos inminentes del cambio climático y que esté en posición de apoyar a las personas en la pobreza que serán las más afectadas por el daño, así como aquellos que serán empujados a la pobreza por el cambio climático. Las olas de calor ya han provocado la muerte de cientos de personas, y las familias pobres sin acceso a electricidad o aire acondicionado estarán cada vez más en riesgo. 77

En 2019, el gobierno anunció un plan de inversión pública de 47 mil millones de euros para hacer frente al cambio climático en 10 años, con el objetivo de hacer que España sea neutral en carbono para 2050. 78 El mes pasado declaró una emergencia climática 79 y ha reducido significativamente su dependencia del carbón. 80 Pero aún no se ha aprobado una ley tan esperada sobre el cambio climático, y el Congreso debe actuar sin demora. 81
Es alentador que el Gobierno ya tenga un acuerdo con la OIT para implementar una Transición Justa, 82 y será crucial que el nuevo gobierno trabaje para garantizar que los trabajadores desplazados durante la transición lejos de los combustibles fósiles tengan un apoyo social adecuado y acceso a capacitación. programas La insuficiencia del actual sistema general de protección social indica que este será un gran desafío.

Transparencia administrativa y responsabilidad
Muchos de mis interlocutores comentaron sobre la falta de transparencia en relación con la toma de decisiones del gobierno y la dificultad de dar sentido, y mucho menos utilizar, gran parte de la información publicada proporcionada por fuentes oficiales. Como me dijo un funcionario altamente informado: “No falta información. Es solo que es imposible determinar cuál es la estrategia subyacente o cómo evaluar los resultados o el impacto de la política”. El gobierno debería tratar de hacer que la información sea más fácil de usar, más disponible y más relacionada con los indicadores de efectividad.

Los procedimientos burocráticos, incluida la necesidad de recopilar documentación aparentemente por el bien de la misma, y ​​una cultura de verificación sin fin, han causado estragos en muchas áreas de la protección social. Muchos de los requisitos y supuestos subyacentes parecen más apropiados para el siglo XIX que para el siglo XXI. Pero es notoriamente difícil cambiar la forma en que operan las burocracias arraigadas. Dados los costos e ineficiencias del lado del gobierno, y el dolor y las molestias del lado de los ciudadanos y otros, así como la necesidad imperiosa de adaptarse a la era digital, el gobierno debe iniciar una investigación de gran alcance diseñada para reducir el rojo innecesario grabar y transformar las prácticas burocráticas en el campo de la protección social. Dicha revisión podría ser realizada por un grupo de expertos designado a tal efecto, o por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Los objetivos deben incluir reducir los obstáculos burocráticos, agilizar los procesos de solicitud, digitalizar los datos con el debido respeto a los derechos humanos, facilitar el registro municipal y garantizar que las personas conozcan los beneficios a los que tienen derecho.
Además, AIReF debería estar facultado para realizar auditorías e investigaciones por iniciativa propia, sin una solicitud externa de una autoridad pública.

Grupos vulnerables
Convertirse en un líder en derechos sociales también requiere atención a los impactos desproporcionados de la pobreza en grupos selectos de personas en España. Los siguientes grupos se encuentran entre los que necesitan atención y apoyo particulares:

.- Mujer
En España, como en muchos países, las mujeres tienen tasas más altas de pobreza relativa, privación material severa, baja intensidad de empleo y pobreza severa, y están peor en casi todas las variables relacionadas con el mercado laboral. 83
El Real Decreto-ley 6/2019 introdujo medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, pero aún queda mucho trabajo por hacer. 84 España tiene la segunda tasa más alta de desempleo femenino en la UE por un margen significativo. 85 Y el trabajo de cuidado no remunerado afecta las rentas de las mujeres: el 47 por ciento de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen por razones de cuidado de niños, en comparación con el 7 por ciento de los hombres. Y el 23 por ciento de las mujeres con hijos están desempleadas, un total de 10 puntos porcentuales más que entre los hombres. 86
La violencia de género también es una causa de pobreza. Conocí a varias mujeres que explicaron las dificultades económicas que enfrentaron después de abandonar las relaciones abusivas, incluida una mujer que no pudo acceder a la asistencia social porque había huido a otra comunidad autónoma y aún no había alcanzado el umbral de residencia de un año. Según un informe de 2019, el 61.2 por ciento de las mujeres encuestadas que fueron víctimas de violencia de género estaban desempleadas, y un 6.9 por ciento adicional trabajó en puestos no contratados. 87
El beneficio extremadamente bajo para los niños y el bajo gasto en asistencia social para familias y niños es especialmente perjudicial para las mujeres. El ochenta y dos por ciento de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer, y la mitad de los hogares monoparentales estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, frente al 45 por ciento en 2008. 88 53.5 por ciento no pudo manejar un imprevisto gastos, y 17.4 se habían retrasado en el pago del costo de la vivienda o los servicios públicos a partir de 2018. 89Extender la duración de la educación de la primera infancia a niños entre 0 y 3 años y desarrollar servicios asequibles después de la escuela para niños en edad escolar puede ayudar a los padres, y especialmente a las madres, a mantener el empleo. La proporción de niños en edad escolar cubiertos por servicios extracurriculares es del 8%, muy por debajo del promedio de la OCDE de 29%. 90
Si bien los funcionarios del gobierno explicaron una serie de políticas diseñadas para promover la igualdad de género, hubo una notable ausencia de atención a las estructuras económicas profundas que perpetuan la desigualdad. Se debe prestar mayor atención a la economía del trabajo de cuidado no remunerado y las formas de compensarlo y reemplazarlo. En mi reunión con el Ministerio de Igualdad, me dio la impresión de que el Ministerio no emplea a economistas profesionales y ve esto como un problema, lo cual es muy desafortunado dado que la lucha para lograr la igualdad de género seguramente debe librarse en parte en el dominio de ciencias económicas.

.- Niños y jóvenes
El 29.5 por ciento de los niños estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, y el 6.5 por ciento experimentó privación material severa. 91  
Las tasas de pobreza infantil son aún más intensas en las zonas rurales; entre las poblaciones de inmigrantes, refugiados y romaníes; y en familias con personas con discapacidad. 92 Los hogares con niños o adolescentes tienen un mayor riesgo de pobreza o exclusión social que aquellos con adultos solamente, 93 y un 29 por ciento de los hogares con niños describieron "grandes dificultades" para llegar a fin de mes. 94
Sorprendentemente, los funcionarios de varias comunidades autónomas me aseguraron que la mejor manera de lidiar con la pobreza infantil era abordar la pobreza del hogar, por lo tanto, descartar problemáticamente las características únicas y el impacto de la pobreza infantil durante toda la vida.
El gasto público en prestaciones familiares está mal orientado y sigue siendo uno de los más bajos de la UE, con un impacto limitado. A partir de 2017, el gasto fue alrededor de la mitad del promedio de la UE, 1.2 por ciento del PIB en comparación con 2.3 por ciento. 95 La efectividad de las medidas también es baja, y la protección social de España solo logra una reducción de 6,9 ​​puntos en la tasa de pobreza infantil, en comparación con, por ejemplo, 32 puntos en Irlanda. 96 
España es casi única entre los países de la UE en que no cuenta con un esquema universal y no contributivo de prestaciones familiares y de menores. 97  En 2019, el Real Decreto-ley 8/2019 aumentó la prestación familiar para niños dependientes a 341 euros por año para niños en riesgo de pobreza (1.3 millones de niños), y hasta 588 euros para familias en situación de pobreza severa (630,000 niños). Sin embargo, casi la mitad de los niños en situación de pobreza, un millón de niños, no tienen acceso al beneficio, que todavía es muy bajo, con aproximadamente 28 euros por niño al mes. 98
La situación de los jóvenes en España también es desafiante, con bajas tasas de empleo y abandono escolar. Hubo una tasa de desempleo del 30.51 por ciento entre los menores de 25 años al cuarto trimestre de 2019 99 y más del 70 por ciento de los trabajadores jóvenes en España tenían contratos de trabajo temporales, significativamente más altos que el promedio de la UE. 100 A partir de 2018, el 12.4 por ciento de los jóvenes de 15 a 24 años 101 y el 19.6 por ciento de los de 20 a 34 años no estaban empleados o en educación o capacitación (NEET). 102
En general, el hecho de que España no tenga un conjunto de políticas más concertado y generoso para eliminar la pobreza infantil generalizada es tanto un fracaso moral como una herida económica autoinfligida. 103 
Los niños mal educados y atendidos significan una fuerza laboral menos sofisticada y se convierten en una carga adicional para los servicios de protección social en los años venideros.

 .- Romaníes
España tiene una de las comunidades romaníes más grandes de la UE, aproximadamente 750,000 personas, o 1.6 por ciento de la población. 104 Pero los indicadores oficiales de empleo y sociales no desglosan las estadísticas, lo que contribuye a hacer invisible la situación de los romaníes. El Ministerio de Educación me dijo que no se les permitía recopilar datos sobre niños romaníes. Pero según las encuestas de la Fundación Secretariado Gitano, con la confianza de funcionarios gubernamentales con quienes me reuní, los romaníes enfrentan tasas de pobreza asombrosamente altas e indicadores asociados en España.
Más del 80 por ciento de la población gitana se enfrenta a la pobreza o la exclusión social y el 46 por ciento es extremadamente pobre con un ingreso mensual inferior a 310 euros. La tasa de pobreza infantil es del 89 por ciento y el desempleo del 52 por ciento. Las mujeres romaníes sufren una clara desventaja en todas las áreas, con una tasa de empleo que solo alcanza el 16 por ciento. Y los niños romaníes asisten a escuelas segregadas a tasas altas, con solo el 17 por ciento de la población mayor de 16 años que completa la educación secundaria o superior. 105
Visité dos comunidades romaníes, en Polígono Sur en Andalucía y Cañada Real a las afueras de Madrid. Aunque estos son ejemplos extremos, no representativos de las condiciones de la mayoría de los romaníes en España, sin embargo, me sorprendió la medida en que los gobiernos relevantes parecen haber abandonado a las personas que viven allí. Aquellos con quienes hablé estaban involucrados en una batalla perdida para asegurar formas básicas de apoyo o servicios gubernamentales. En Cañada Real, conocí a personas que vivían sin clínica, centro de empleo, escuela o incluso electricidad legal, en una carretera sin pavimentar, directamente adyacente a incineradores, en un área considerada peligrosa para la salud humana. A pesar de un acuerdo de 2018 para reubicar a las personas del área, el gobierno hasta ahora solo lo ha hecho para 34 familias, y el gobierno de Madrid no pudo proporcionarme una fecha definitiva para que el resto fuera reubicado de manera segura. Los arreglos para una consulta significativa también parecían faltar, a pesar de la existencia de varias estructuras formales para ese propósito.
Los funcionarios del gobierno acordaron que la situación para muchas personas romaníes es grave, pero me llamó la atención la falta de urgencia y la renuncia con la que aceptaron que partes enteras de la población han sido relegadas a un estado de tercera clase sin acceso a los derechos a los que tienen derecho. Después de años de planes y puntos de referencia que han dejado los indicadores de pobreza de los romaníes en niveles deplorables, existe una necesidad real de una respuesta a nivel de crisis. Algunos funcionarios con los que hablé solo parecían preocupados por haber marcado ciertas casillas de acción, en lugar de lograr resultados tangibles.

.- Migrantes
Hay aproximadamente 6 millones de migrantes en España. 106 Las personas de fuera de la UE tienen el mayor riesgo de pobreza y exclusión social (56 por ciento) seguidos por los ciudadanos de la UE (47,7 por ciento), ambos significativamente más altos que la población española (23,1 por ciento). 107 Para los niños con al menos un padre migrante, el riesgo de pobreza o exclusión social salta al 49,6 por ciento, el más alto en la UE. 108
Las organizaciones de la sociedad civil describieron un sistema de reasentamiento que deja a los migrantes incapaces de trabajar o pagar una vivienda. Los refugiados y los migrantes a menudo enfrentan serios obstáculos para una vivienda digna debido a la escasez de oferta, los requisitos de acceso y la discriminación en la asignación, que a menudo terminan en situaciones precarias o de hacinamiento. 109

Las organizaciones de la sociedad civil describieron situaciones muy angustiosas para las mujeres y niñas migrantes, especialmente aquellas que trabajan en la agricultura, incluidas situaciones de alta vulnerabilidad, explotación sexual y comercial, violencia institucional y falta de protección en los niveles más básicos. Según Women's Link Worldwide, las trabajadoras agrícolas a menudo son engañadas en cuanto a los términos de su empleo: con días de trabajo prometidos de 6.5 horas que se extienden a 10 horas; los contratos a plazo fijo cambiaron de tres meses a una terminación de empleo discrecional; y los salarios prometidos de 39-40 euros por día disminuyeron significativamente, con lapsos de pago. 110

Estoy extremadamente preocupado por la situación de los niños no acompañados, una población vulnerable que ha sido demonizada en el debate político actual. España sigue utilizando técnicas de evaluación de la edad desacreditadas y poco confiables para determinar la edad de los menores no acompañados, incluidos los exámenes genitales invasivos y humillantes, a pesar de la censura del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 111 El rechazo de la condición de menor puede dejar al individuo sin acceso a apoyo o refugios para niños o adultos, creando una brecha que puede empujar a los niños a la pobreza y conducir a la trata, el trabajo sexual, el abuso sexual, la dependencia de drogas o incluso la desaparición. 112

En Huelva, me reuní con trabajadores que vivían en un asentamiento de migrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia del agua y viven sin electricidad o saneamiento adecuado. Muchos han vivido allí durante años y pueden pagar el alquiler, pero dijeron que nadie los aceptará como inquilinos. Están ganando tan solo 30 euros por día y casi no tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental. Una persona me dijo: "Cuando hay trabajo, España necesita inmigrantes, pero nadie está interesado en nuestras condiciones de vida". Según la sociedad civil, 2.300-2.500 personas viven en condiciones similares durante la temporada de fresas. En 2018-19 la cosecha de fresas en Huelva valió 533 millones de euros 113y el mayor productor es Driscoll's y sus compañías asociadas. Driscoll's tiene un conjunto de estándares laborales que "se aplican a todos los trabajadores en nuestra cadena de suministro, sin distinción". Dado que las condiciones que observé en Huelva son simplemente inhumanas, y dado el dominio de esta corporación multinacional en la industria local y global de la fresa, planeo preguntarles qué están haciendo para monitorear y mejorar las condiciones laborales en esta área.

.- La pobreza rural
Poco menos de una quinta parte de España vive en áreas rurales, 114 donde el ingreso promedio real per cápita cayó 13.5 por ciento entre 2009 y 2018. 115 Las áreas rurales están experimentando despoblación y envejecimiento agudo. 
Catorce provincias están muy afectadas por la "disminución demográfica", con más del 25 por ciento de su población de 65 años o más. 116 Las personas que viven en la pobreza en la “España vacía” (vaciada) enfrentan desafíos únicos y un riesgo muy alto de pobreza o exclusión social (31 por ciento). 117

Las personas con las que me reuní en las zonas rurales destacaron los beneficios de la vida rural, incluida la proximidad a la naturaleza, pero también describieron el aislamiento, la exclusión y la pobreza. Un grupo en Extremadura explicó que experimentaron cortes de energía que duraron días, a veces no pudieron visitar a un médico debido a la falta de transporte público o dinero para pagar un taxi, y consideraron que sus votos no le importaban al gobierno central. Visité un área en Galicia sin atención médica especializada, sin guardería y sin educación secundaria, donde una mujer explicó: "Mi hija dice que no ve un futuro para sí misma aquí". La gente también describió los altos precios de Internet, lo que plantea riesgos de exclusión digital para familias pobres y de bajos ingresos, especialmente a medida que el gobierno se mueve para digitalizar aspectos del apoyo social.

El Gobierno no debe dejar que este gran grupo sufra por las fuerzas del mercado más allá de su propio control, y debe elaborar una estrategia integral para hacer frente a los problemas que afectan a un número cada vez mayor de personas.

.- Personas con discapacidades
Las personas con discapacidad sufren muchos tipos de discriminación estructural y desventaja en España, incluso en relación con el empleo, los ingresos, la educación y la vivienda. Aproximadamente un tercio de las personas con discapacidad en España, el 31,1 por ciento, estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, en comparación con el 24,1 por ciento de las personas sin discapacidad. 118 Y la tasa de empleo fue solo del 25.8 por ciento para las personas con discapacidad, bastante menos de la mitad que para las personas sin discapacidad (65.9 por ciento). 119
La falta de viviendas accesibles empeora las cosas. Solo el 0.6 por ciento de los 9.8 millones de edificios residenciales en España cumplen con los criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidades. 120 Una mujer en Badajoz me explicó que después de que su esposo desarrolló una discapacidad, tuvo que instalar un baño improvisado en su sala de estar porque el baño de su unidad de vivienda pública no era accesible. Según una encuesta de 2019, 1.8 millones de personas con movilidad reducida necesitaron asistencia para abandonar su hogar, y 100,000 nunca se fueron. 121

 Y el 16,5 por ciento de los niños con discapacidad reciben educación segregada en España, fuera del sistema educativo general. 122
Visité un centro para personas con discapacidad en Galicia que está haciendo un trabajo maravilloso para apoyar la vida independiente y la capacitación laboral, pero la preocupante realidad es que un número muy pequeño de quienes lo necesitan están obteniendo acceso a ese tipo de apoyo. Escuché un poderoso testimonio de personas en todas las comunidades autónomas que visité sobre la discriminación que enfrentan en el mercado laboral y en la sociedad, y las batallas que deben atravesar para hacer valer sus derechos. El Gobierno debería otorgar una mayor prioridad a la eliminación de estas formas de discriminación.

.- Trabajadores domésticos y de cuidado
Las estimaciones del número de trabajadoras domésticas en España varían desde una cifra oficial de 453,000 empleados domésticos 123 hasta una estimación de la sociedad civil de 700,000 personas que trabajan como trabajadoras domésticas o de cuidado. Las mujeres representan el 97.9 por ciento de ellas, 124 y están marginadas por la ley española, que coloca dicho trabajo en un "régimen especial" con menos derechos. 125

La sociedad civil informó que una de cada tres trabajadoras domésticas en España vive en la pobreza, y muchas trabajan en la economía informal para empleadores que no realizan pagos de seguridad social. Muy a menudo trabajan el doble de sus ocho horas contratadas por día, ganan solo 800 euros al mes, pero generalmente tienen que alquilar una habitación para pasar la noche libre semanal, y el costo de los alimentos se deduce de su salario. Los trabajadores indocumentados son especialmente vulnerables a la explotación, y escuché informes de empleadores que confiscan pasaportes de trabajadores domésticos.
Me reuní con un grupo de trabajadores en Madrid, en el Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), un centro que entiendo es el primero de su tipo en Europa, que desempeña un papel extremadamente importante en la promoción de los derechos y el bienestar de las trabajadoras domésticas. Escuché relatos profundamente inquietantes sobre las condiciones de trabajo, mujeres que trabajaban dentro durante años en lo que se sentía como una "cárcel", enfrentando acoso sexual, horas extras constantes y sin compensación, y la falta de acceso a la seguridad social o las pensiones. "Estoy a punto de cumplir 72 años y sigo luchando", dijo una mujer. Me dijeron que la existencia del centro ahora está en peligro porque el gobierno de Madrid ha retirado los fondos. Dado el alcance de la necesidad, sería una tragedia si se viera obligado a cerrar.
El nuevo gobierno de coalición se ha comprometido a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadores domésticos. La plena aplicación de los términos de la Convención marcaría un gran paso adelante en España.

1 Instituto Nacional de Estadística, “Cuentas nacionales trimestrales españolas: agregados principales, cuarto trimestre de 2019”, 31 de enero de 2020, https://www.ine.es/en/daco/daco42/daco4214/cntr0419a_en.pdf; Instituto Nacional de Estadística, "Encuesta de población económicamente activa (EAPS) Cuarto trimestre de 2019", 28 de enero de 2020, https://www.ine.es/en/daco/daco42/daco4211/epa0419_en.pdf.
2 Centro de Investigaciones Sociológicas, “Barómetro de Enero 2020”, datos.cis.es/pdf/Es3271marMT_A.pdf.
3 Eurostat, "Personas en riesgo de pobreza o exclusión social por sexo", 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tepsr_lm410&language=en&toolbox=sort; Instituto Nacional de Estadística, "Riesgo de pobreza o exclusión social (Estrategia Europa 2020) y sus componentes, por edad y sexo", https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005.
4 Instituto Nacional de Estadística, "Personas, por dificultades para llegar a fin de mes, edad y sexo", https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9985.
5 Instituto Nacional de Estadística, "Riesgo de pobreza o exclusión social (Estrategia Europa 2020) y sus componentes, por edad y sexo", https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005.
6 Instituto Nacional de Estadísticas, "Tasas de desempleo", cuarto trimestre de 2019, https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=en; Eurostat, "Estadísticas de desempleo", https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics.
7 FMI, "Consulta del Artículo IV de España 2018", noviembre de 2018, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/21/Spain-2018-Article-IV-Consultation-Press- Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-46381 p. 5. El riesgo de pobreza en el trabajo es el segundo más alto entre los países informantes de la UE, con un 12,9 por ciento a partir de 2018. Eurostat, "Cuadro de indicadores sociales de indicadores", https://ec.europa.eu/eurostat/web/european- pilar de derechos sociales / indicadores / indicadores de marcador social.
8 España es el sexto país más desigual de la UE al comparar los ingresos de los quintiles superior e inferior, y el séptimo más desigual según lo medido por el índice de Gini. Eurostat, "Proporción de participación en el quintil de ingresos (S80 / S20) por sexo", consultado por última vez el 19 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi180&plugin = 1; Eurostat, "Coeficiente de Gini de renta disponible equivalente", consultado por última vez el 19 de enero de 2020, appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_di12.
9 Amory Gethin, et al., "El aumento de las desigualdades y las divisiones políticas en España", 2019, p. 2-3.
10 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.
11 OCDE, "Desigualdad de ingresos" (consultado el 18 de octubre de 2019) https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.
12 OCDE, "Economic Surveys: Spain", noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en p. 43-44 (citando datos de 2013).
13 Ministerio de Salud, Asuntos del Consumidor y Bienestar Social, "Estrategia Nacional de Prevención y Lucha Contra La Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023", 2019, p. 71)
14 FMI, "Efectividad y equidad en el gasto social: el caso de España", documento de trabajo, pág. 21)
15 Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF), “Los programas de rentas mínimas en España”, junio de 2019.
17 Comisión Europea, “Recomendación específica por país: España”, 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560258234004&uri=CELEX:52019DC0509 p. 5, 8.
18 Para las transferencias sociales que excluyen las pensiones, España logró una reducción del 22,94 por ciento en las tasas de AROPE en 2018, en comparación con un promedio del 33,2 por ciento en la UE, 35,9 por ciento en el Reino Unido, 44,4 por ciento en Francia y 53,67 por ciento en Finlandia. Eurostat, "Cuadro de indicadores sociales de indicadores", https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.
19 Oretta Causa y Mikkel Hermansen, “Redistribución de ingresos a través de impuestos y transferencias a través de los países de la OCDE”, 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bc7569c6-en.pdf?expires=1579564630&id=id&accname=guest&checksum=23CF047B10FCBDFD47110B7FCBF pag. 18)
20 Caritas utiliza el término "sociedad expulsada" para referirse a 1,8 millones de personas que obtienen la peor puntuación en su índice de pobreza multidimensional de 35 indicadores. Envío de Caritas, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/32_Caritas_FOESSA_EN.pdf.
21 Comisión Europea, “Country Report Spain 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_en.pdf p . 54)
22 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, "Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo", https: //www.boe. es / eli / es / rdl / 2019/03/08/8
23 El monto exacto del crédito tributario por hijos depende de la tasa impositiva en la comunidad autónoma de los padres, por ejemplo, 528 por hijo en Madrid. Euromod, María del Valle Navas y Néstor López de la Cruz, "España (ES) 2015-2018", https://www.euromod.ac.uk/sites/default/files/country-reports/year9/Y9_CR_ES_Final.pdf pag. 97)
24 Eurostat, "Cuadro de indicadores sociales de indicadores", https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.
25 Eurostat, "Perfiles de países", https://ec.europa.eu/eurostat/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=euroind&lang=en&country1=ES&country2=eu28.
26 Eurostat, "Gastos en prestaciones de protección social por función, 2017-tabla 1", consultado por última vez el 17 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Expenditure_on_social_protection_benefits_by_function, _2017-table_1.png.
27 Ver, por ejemplo, Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF), “Los programas de rentas mínimas en España”, junio de 2019; Luis Ayala Cañón, José María Arranz, Carlos García Serrano y Lucía Martínez Virto, “El sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de reforma. Informe Completo ”, diciembre de 2016.
28 Red Europea contra la Pobreza, "El Estado de la Pobreza Seguimiento del Indicador de Pobreza y Exclusión Social en España 2008-2017", 2018, https://eapn-clm.org/wp-content/uploads/2019/02/ Informe_AROPE_2018_LA_SITUACION_EN_LAS_CCAA.pdf p. 13)
29 33,000 hogares o 106,746 personas. Comunidad de Madrid, “Renta Mínima de Inserción. Informe 2018 ”2019, https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/informe_anual_rmi_2018_definitivo_.pdf p. 23)
30 En 2018, hubo aproximadamente 12,650 adjudicaciones de etapa inicial. Comunidad de Madrid, “Renta Mínima de Inserción. Informe 2018” 2019, p. 54. En 2016, hubo aproximadamente 13.800 adjudicaciones de etapa inicial. Comunidad de Madrid, "Balance anual de gestión de la Renta Mínima de Inserción Comunidad de Madrid 2016", 2017, p. 13)
31 (aproximadamente 4.850 a 10.040), al igual que el número de terminaciones (2.708 a 5.767).
32 Instituto Nacional de Estadística, "Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), por nivel educativo alcanzado (personas de 16 años y más)", https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t = 10007.
33 En 2017 fue del 4,24 por ciento del PIB (49,458 millones de euros) en comparación con el 4,99 por ciento del PIB (53,895 millones de euros) en 2009. Red Europea contra la Pobreza, "Poverty Watch Spain 2019", https://www.eapn.es / publicaciones / 367 / poor-watch-2019 pp. 32-33.
34 Comisión Europea, “Country Report Spain 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_en.pdf p . 50
35 Save the Children, "Página del país de Save the Children España", septiembre de 2019, pág. 1)
36 Comisión Europea, "Country Report Spain 2019", 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_en.pdf p . 55)
37 Eurostat, "Egresados ​​tempranos de la educación y la formación", https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training.
38 Red Europea contra la Pobreza, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019 p. 38. (Citando Save The Children).
39 OCDE, "Economic Surveys: Spain", noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en p. 53)
40 Save the Children "El futuro en el que queremos crecer", febrero de 2019, pág. 5)
41 Red Europea contra la Pobreza, "Poverty Watch Spain 2019", https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019 p. 34; Save the Children, "Todos se unen: desde la segregación socioeconómica hasta la educación inclusiva", pág. 3)
42 Red Europea de Lucha contra la Pobreza, "Poverty Watch Spain 2019", https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019 p. 34)
43 Save the Children, "Mézclate Conmigo", 2018, https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mezclate_conmigo.pdf.
44 Red Europea contra la Pobreza, "Poverty Watch Spain 2019", https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019 p. 27)
45 REDER, “No deje a nadie afuera: la urgencia de garantizar la atención médica universal”, octubre de 2018, https://www.medicosdelmundo.org/file/33448/download?token=2JQuuM51 págs. 4, 6, 7; Presentación del Defensor del Pueblo español, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/11_Defensor_del_Pueblo.pdf p. 6)
46 REDER, “No deje a nadie afuera: la urgencia de garantizar la atención médica universal”, octubre de 2018, https://www.medicosdelmundo.org/file/33448/download?token=2JQuuM51 p. 12)
47 Ministerio de Hacienda, "Financiación 2008-2020", proporcionado el 4 de febrero de 2019.
48 Asociación Estatal de Direcciones y Gerentes en Servicios Sociales, “El Gasto Social por Comunidades: Sanidad, Educación y Servicios Sociales”, septiembre de 2019, https://www.directoressociales.com/images/Noticias/Evol_gasto_CCAA_2018/2018._Raking_CCAA_por_recortes_y_gastos.pdf p.1.
49 Fundación FOESSA, “Violación de derechos: vivienda”,
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/06/FOESSA.-Focus-Housing_EN.pdf págs. 2 -3.
50 Eurostat, "Tasa de sobrecarga del costo de la vivienda por estado de tenencia", 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tessi164&language=en.
51 Presentación de Amnistía Internacional, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/31_Amnesty_International.docx p. 4; Banco de España, David López-Rodríguez y María de los Llanos Matea, "Evolución reciente del mercado del alquiler de viviendas en España", agosto de 2019 p. 6)
52 UGT (Sindicato General de Trabajadores), "Los salarios tienen que despegar en 2019 (Los salarios deben aumentar en 2019) ¡", 19 de marzo de 2019, http://www.ugt.es/los-salarios-tienen-que- despegar-en-2019.
53 ACNUDH, "Estados y empresas de capital privado de bienes raíces cuestionadas por el cumplimiento de los derechos humanos", 26 de marzo de 2019, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24404&LangID=E.
54 Números de 2006-2012: Consejo General del Poder Judicial, "Solicitud de Datos, Informes o Documentos", 4 de marzo de 2013, https://bit.ly/2S2DoBo; Números de 2013-2018: Respuesta del gobierno español a la solicitud de información, escrita por Lara Moya, Cayo (GIP), "Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales por TSJ hasta Segundo Trimestre 2019", https://bit.ly / 382hT95.
55 Instituto Nacional de Estadística, "Hogares, por régimen de tenencia de la vivienda, y edad y sexo de la persona de referencia", https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9994.
56 Housing Europe, "Estado de la vivienda en la UE, 2019", octubre de 2019, http://www.housingeurope.eu/resource-1323/the-state-of-housing-in-the-eu-2019 pp. 85 -87.
57 Ministerio de Fomento (Ministerio de Obras Públicas), "Vivienda Protegida, Serie Anual, (1.5) Número de calificaciones definitivas: Planos públicos) Serie Anual de Vivienda Social, (1.5) Número de unidades finalizadas: planes estatales", 2019, https: //apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/sedal/31305000.XLS.
58 Instituto Nacional de Estadística, “Censos de Población y Viviendas 2011”, https://inmalome.files.wordpress.com/2012/09/cifine01-2013.pdf p. 7; Housing Europe, "El estado de la vivienda en la UE 2019", http://www.housingeurope.eu/file/860/download p. 87)
59 Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad, “Estrategia nacional integral para las personas sin hogar 2015-2020”, 6 de noviembre de 2015,
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/StrategyHomeless20152020English. pdf p. 19)
60 Fundación FOESSA, “La vulneración del derecho a la vivienda: una mirada a la exclusión residencial”, 2018, https://www.caritas.es/noticias/viii-informe-foessa-la-exclusion-social-se-enquista- en-una-sociedad-cada-vez-mas-desvinculada /.
61 Red Europea de Política Social, "Informe temático ESPN sobre estrategias nacionales para combatir la falta de vivienda y la exclusión de la vivienda", 2019, https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21628&langId=en p. 12)
62 Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad, “Estrategia nacional integral para las personas sin hogar 2015-2020”, 6 de noviembre de 2015,
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/StrategyHomeless20152020English. pdf p. 25)
63 OCDE, "Economic Surveys: Spain", noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surv.eys-esp-2018-en p. 98)
64 M. Pastor, V. Carter y M. Abood, “Rent Matters: ¿Cuáles son los impactos de las medidas de estabilización de alquileres?” 2018.
65 Eurostat, "Relación impuestos / PIB hasta 40.3 por ciento en la UE", 20 de octubre de 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10190755/2-30102019-AP-EN.pdf / 68739572-f06a-51e4-3a5b-86e660a23376.
66 Comisión Europea, "Tasas impositivas legales: tasas de IVA en los Estados miembros", ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en. En español, los impuestos corporativos son Impuestos sobre Sociedades o IS.
67 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.
68 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.
69 OCDE, "Desigualdad de ingresos" (consultado el 18 de octubre de 2019) https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.
70 Comisión Europea, “Country Report Spain 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_en.pdf p . 32)
71 Id.
72 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.
73 OCDE, "Economic Surveys: Spain", noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en p. 42
74 FUNCAS, "Economia Sumbergida y Graude Fiscal En Espana: Que Sabemos Que Podemos Hacer", 2018, https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=5-04095 p. 40; ver también, "La economía sumergida resta un 23percent a la recaudación fiscal", El País, 21 de junio de 2018, https://elpais.com/economia/2018/06/20/actualidad/1529518143_236168.html.
75 Oxfam, “Quien Parte y Reparte: la huella en la desigualdad de las empresas del IBEX 35”, 2019, p. 2)
76 Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, “Cambio climático y pobreza”, 17 de julio de 2019, https://undocs.org/A/HRC/41/39.
77 Estudio de AEMET con el Ministerio de Transición Ecológica, “Efectos del Cambio Climático en España”, 3 de marzo de 2019, http://www.aemet.es/en/noticias/2019/03/Efectos_del_cambio_climatico_en_espanha; Greenpeace, “Asi nos afecta el cambio climático”, 28 de noviembre de 2018, https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/GP-cambio-climatico-LR. pdf p. 43)
78 "España propone un plan de inversión pública de $ 53 mil millones en cambio climático", Reuters, 20 de febrero de 2019 https://www.reuters.com/article/us-spain-climatechange/spain-proposes-53-billion-public-investment- en-clima-cambio-plan-idUSKCN1Q91LU.
79 "España declara la emergencia climática, prepara el plan climático", AP, 21 de enero de 2020, https://apnews.com/1e946085841af1e942659d4154d75d03.
80 "Las emisiones de gases de efecto invernadero caen en España a medida que las centrales eléctricas abandonan el carbón", El País, 6 de enero de 2020 https://english.elpais.com/elpais/2020/01/06/inenglish/1578314036_180989.html.
81 Congreso de los Diputados "Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética", http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-48-1.PDF.
82 Ministerio de Transición Ecológica, "La Estrategia de Transición Justa dentro del Marco Estratégico de Energía y Clima".
83 Red Europea de Lucha contra la Pobreza, "Poverty Watch Spain 2019", https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019 pp. 13-14.
84 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, "Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación", https: / /www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244; Solidar, "Social Rights Monitor 2019", http://www.solidar.org/en/publications/social-rights-monitor-2019 p. 4)
85 Eurostat, "Desempleo por sexo y edad - promedio mensual", https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_m&lang=en.
86 Save the Children "El futuro en el que queremos crecer", febrero de 2019, pág. 7)
87 Fundación Adecco, “Un empleo contra la violencia”, noviembre de 2019, https://s03.s3c.es/imag/doc/2019-11-22/informe-empleo-contra-la-violencia-2019.pdf p. 15.
88 Red Europea contra la Pobreza, "Poverty Watch Spain 2019", https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019 p. 18; Instituto Nacional de Estadística, "Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), por tipo de hogar", https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10010.
89 Instituto Nacional de Estadística, "Hogares con privación material, por tipo de hogar", https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9974.
90 OCDE, "Economic Surveys: Spain", noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en págs. 51, 54.
91 Instituto Nacional de Estadística, "Riesgo de pobreza o exclusión social (Estrategia Europa 2020) y sus componentes, por edad y sexo", https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005. Véase también, Save the Children, "Familias en riesgo", 2020.
92 Presentación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/17_EAPN_SP.pdf p. 2)
93 Red Europea contra la Pobreza, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019 p. 4)
94 Fundación FOESSA, “Violación de derechos: infancia”, https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/06/FOESSA-Focus-Childhood_EN.pdf p. 3)
95 Eurostat, "Gastos en prestaciones de protección social por función, 2017-tabla 1", consultado por última vez el 17 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Expenditure_on_social_protection_benefits_by_function , _2017-table_1.png; Presentación de la Plataforma de Infancia, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/5_Plataforma_de_Infancia.pdf p. 4)
96 Save the Children, "Página del país de Save the Children España", septiembre de 2019.
97 UNICEF, Olgo Canto Sánchez y Luis Ayala Canon, "Políticas públicas para reducir la pobreza infantil en España: Análisis del impacto", 2014 https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/unicef_politicas_para_reducir_pobreza_infantil_espana_baja.pdf p . 73; , "OIT-UNICEF," Hacia la protección social universal para los niños: Lograr el ODS 1.3 ", 41, 2019.
98 Solidar, “Social Rights Monitor 2019”, http://www.solidar.org/en/publications/social-rights-monitor-2019 p. 7; Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, "Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo", https://www.boe.es / eli / es / rdl / 2019/03/08/8; Comisión Europea, "Country Report Spain 2019", 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_en.pdf p. 55; Save the Children, "Página del país de Save the Children España", septiembre de 2019, pág. 1)
99 Instituto Nacional de Estadística, "Tasas de desempleo", cuarto trimestre de 2019, https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=en; Eurostat, "Estadísticas de desempleo", https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics.
100 Eurofund, "Los jóvenes, especialmente los poco cualificados, son los más afectados por las desigualdades sociales en España", 11 de octubre de 2019,
https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/young-people-particularly -los-bajos-calificados-soportan-la-peor-de-desigualdades-sociales-en-españa.
101 Eurostat, "Cuadro de indicadores sociales de indicadores", https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators; Comisión Europea, "Country Report Spain 2019", 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_en.pdf p. 12)
102 Eurostat, "Estadísticas sobre los jóvenes, ni en el empleo ni en la educación o la formación", https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training.
103 Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, "DB012 - Mapa territorializado de la pobreza infantil en España", https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/db012-mapa-territorializado-de-la-pobreza- infantil-en-españa.
104 Comisión Europea, “Country Report Spain 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_en.pdf p . 5)
105 Fundación Secretariado Gitano, “La Fundación Secretariado Gitano presenta un 'Estudio comparativo sobre la situación de la población gitana en España en relación con el empleo y la pobreza'”, 24 de septiembre de 2019;
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/129382.html.
106 Ministerio de Trabajo, Migraciones, y Seguridad Social, “Extranjeros residentes en España: Principales resultados”, septiembre de 2019, http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/201906/Residentes_Principales_Resultados_30062019. pdf p. 1)
107 Instituto Nacional de Estadística, "Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), por nacionalidad (personas de 16 años y más)", https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10009 .
108 Eurostat, “Niños en riesgo de pobreza o exclusión social”, enero de 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/50126.pdf p. 6)
109 Presentación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/15_CEAR.pdf p. 3)
110 Presentación de Women's Link Worldwide, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/20_Women_Worldwide.pdf pp. 2-3, 5.
111 Comité de los Derechos del Niño, "Opiniones aprobadas por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño sobre un procedimiento de comunicación, relativo a la comunicación No. 16/2017", 10 de julio de 2019, https: / /undocs.org/CRC/C/81/D/16/2017 p. 13)
112 Presentación de Fundación Raíces, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/16_Fundacion_Raices.pdf pp. 1-2.
113 Fresh Plaza, "España: la campaña de la fresa en Huelva cierra con cifras positivas", https://www.freshplaza.com/article/9144219/spain-strawberry-campaign-in-huelva-closes-with-positive-figures/.
114 El Banco Mundial, "Población rural (porcentaje de la población total) - España", 2019 https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ES.
115 Red Europea contra la Pobreza, "Poverty Watch Spain 2019", https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019 pp. 23-24.
116 Comisión Europea, “Country Report Spain 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_en.pdf p . 70)
117 Eurostat, "Condiciones de vida en Europa: pobreza y exclusión social", https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion.
118 Eurostat, "El indicador Europa 2020 de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE por nivel de limitación de actividad", https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File : The_Europe_2020_indicator_of_at-risk-of-pobreza_or_social_exclusion_AROPE_by_level_of_activity_limitation, _2018_2.png.
119 Instituto Nacional de Estadística, "Empleo de personas con discapacidad (EPD)", 18 de diciembre de 2019, https://www.ine.es/en/prensa/epd_2018_en.pdf p. 1)
120 Fundación Mutua de Propietarios, “La accesibilidad de las viviendas en España”, 22 de marzo de 2018, https://www.fundacionmdp.org/wp-content/uploads/2018/04/201803-Accesibilidad-viviendas-espana_FundacionMdP-min .pdf.
121 COCEMFE “1,8 millones de personas con movilidad reducida depende de la ayuda de terceros para salir de su casa y 100.000 no salen nunca”, 12 de junio de 2019, http://www.cocemfe.es/informate/noticias/18 -millones-de-personas-con-movilidad-reducida-dependencia-de-la-ayuda-de-terceros-para-salir-de-su-casa-y-100-000-no-salen-nunca /.
122 Ministerio de Educación y Formación Profesional, “Las cifras de la educación en España. Curso 2016-2017 (Edición 2019), ”http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2016-17.html.
123 Instituto Nacional de Estadística, “Población activa por sexo y ocupación. Valores absolutos y porcentajes con respecto al total de cada ocupación ", https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4077.
124 Id.
125 Futuro en Común, “Una Agenda 2030 transformadora para las personas y el planeta”, 24 de octubre de 2018, https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2018/10/informe_desde_la_sociedad_civil_final.pdf.