La mala salud mental en la infancia también tiene que ver con la pobreza y la salud mental de los progenitores.

Las situaciones de dificultad económica conllevan un mayor riesgo de mala salud mental de los progenitores y ésta también se asocia a una peor salud mental de sus hijos e hijas. La correlación se ha mostrado más fuerte en situaciones de pobreza material grave y alta inseguridad alimentaria.



Catalunya-Plural

Xavier Bartoll-Roca

23/10/2024





Numerosas investigaciones han evidenciado que los niños que crecen en un hogar de posición socioeconómica desfavorecida tienen menos oportunidades de desarrollo, sobre todo en la dimensión cognitiva, pero también en la emocional o de comportamiento. Otras investigaciones han matizado que las dificultades económicas aumentan los trastornos psicosociales de los niños incluso por efecto de la mala salud mental de sus progenitores. Así, la preocupación de los adultos por no disponer de recursos económicos suficientes dificulta una crianza adecuada. El estrés económico incrementa los conflictos de pareja y favorece prácticas parentales inconsistentes, ya sean más rígidas o más laxas. Otros condicionantes son también importantes para el desarrollo máximo de los niños, en concreto, la diferencia entre recibir o no ayudas públicas, la calidad de las escuelas y/o el entorno de barrio. Para conocer la interrelación de algunos de estos elementos se ha analizado una muestra representativa de los hogares con niños de la Encuesta de Salud que elabora la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) en la ciudad del año 2016, cuando todavía persistían los efectos de la crisis económica, con tasas de paro en torno al 27% (2012).


El estudio ha analizado tres tipos de dificultades económicas en el hogar: la situación de empleo de los padres y/o madres, la pobreza material y la inseguridad alimentaria. Se trataba de comparar cómo afecta alguna de estas situaciones a la salud mental de los progenitores y, por extensión, a sus hijos. En todos los casos se ha mostrado cómo las situaciones de dificultad económica conllevan un mayor riesgo de mala salud mental de los progenitores y ésta también se asocia a una peor salud mental de sus hijos e hijas. La correlación se ha mostrado más fuerte en situaciones de pobreza material grave y alta inseguridad alimentaria. También se ha demostrado que los progenitores con mayor riesgo de mala salud mental ejercen un estilo parental más inconsistente con sus hijos e hijas.


Para precisar más estos efectos negativos sobre el bienestar psicosocial de los niños, es posible diferenciar los problemas en dos dimensiones: por un lado, la dimensión que exterioriza el malestar de los niños, por ejemplo, en forma de agresividad, carencia de atención y/o conflictividad relacional; por otro, la dimensión que interioriza el malestar en forma de sentimientos de retraimiento, tristeza y otros efectos emocionales adversos.


Por lo que se refiere a la primera dimensión (exteriorización del malestar), se demuestra el peso de la mala salud mental de los progenitores en la mala salud mental de los niños que se encuentran en dificultades económicas. Pero, en cambio, en lo que se refiere a la segunda dimensión (interiorización del malestar) la asociación entre sufrir dificultades económicas en el hogar y los problemas relacionados con la depresión del niño es directa (es independiente del estado de salud mental de los progenitores). Esta relación directa puede estar relacionada con el hecho que los niños sufren directamente las dificultades económicas, por ejemplo, en los cambios en la rutina de las comidas, o en una menor disponibilidad de alimentos que a su vez comporta debilitamiento físico e incide en el sentimiento de retraimiento o tristeza de los niños. Una situación de pobreza persistente también agrava este mecanismo de depresión del niño.


En paralelo a estos resultados, otros estudios también han detectado asociaciones entre situaciones de pobreza persistente y problemas de hiperactividad, disminución en el autocontrol y un empeoramiento en las relaciones interpersonales de los niños. Desgraciadamente, las limitaciones muestrales no nos han permitido conocer si los efectos sobre la salud mental de los niños y niñas de sufrir dificultades económicas son más intensos en determinados subgrupos de hogares. Sin embargo, se han podido observar indicios que indican que los hogares monomarentales son los de mayor riesgo de padecer pobreza. Tampoco se ha podido discernir si los efectos en los niños se diferenciaban según la relación con la madre o con el padre, ya que, como la literatura indica, cambia según quien asume roles del hogar, cuidados y/o del trabajo remunerado. En cualquier caso, la conclusión es clara: los niños que viven en hogares más desfavorecidos experimentan menos bienestar psicosocial e interiorizan ese sentimiento.


Para analizar la influencia del entorno de barrio se utiliza la opinión de los progenitores sobre si consideran que el barrio dónde viven tiene un problema de violencia. Aunque con limitaciones, con este indicador hemos querido captar la importancia de la calidad del entorno de barrio en la salud mental de los niños más allá de las dificultades económicas del hogar. Los resultados muestran cómo la opinión sobre la violencia en el barrio se asocia en todos los casos con una mala salud mental de los progenitores y también de los niños. Con coincidencia con otros estudios, uno de los aspectos que los niños más valoran es un entorno seguro, tanto en la escuela como en los barrios. Tal y como muestran los últimos análisis de la Encuesta de Bienestar Subjetivo de la Infancia en Barcelona (año 2021), sentirse seguro o segura es la variable que más se vincula a la satisfacción con la vida por parte de los niños.


El bienestar mental y físico de los niños es relevante, no solo para su presente, sino también porque tiene consecuencias en su vida adulta. Los niños que crecen en entornos económicos desfavorecidos tienen una mayor probabilidad de desempeñar trabajos precarios con menores ingresos y tener peores indicadores de salud, entre otros efectos negativos.

Diversas líneas de intervención son factibles para preservar la mejor salud mental posible en niños y niñas. Primeramente, desde el punto de vista de las finanzas familiares, el alivio de la falta de recursos, sea por incremento o extensión de salarios mínimos, vía reducción de tasas, o por el impulso de programas de transferencias para necesidades o de otros similares, tendrían el potencial de mejorar la salud mental de los padres y/o madres y, por tanto, también la de sus hijos. También son favorables las políticas públicas que facilitan la provisión de bienes y servicios de calidad a los niños, como las ayudas a los comedores escolares y al cuidado de los menores de edad, asegurar la accesibilidad a guarderías o una mayor flexibilidad laboral que facilite la conciliación familiar. Una segunda línea de acción son las intervenciones que combinan la educación de progenitores y niños, o también las que se dirigen a mejorar las habilidades parentales, que requieren menos recursos que las dirigidas a ambas generaciones. Por último, se recomiendan las actuaciones urbanas destinadas a promover entornos seguros, saludables y de ocio enriquecedor, como son los espacios jugables, los entornos verdes y de calidad. 

¿Cuánto cuesta criar a un niño o una niña en España?

 Un estudio de la Fundación Madrina advierte 
del elevado coste de criar a un hijo, que supera el salario base en España.
Un hijo como artículo de lujo: 468 euros al mes un recién nacido; 
570 un niño hasta los 7 años
bebe nacimiento nacer familia ropa
Criar un hijo en España se ha convertido en un desafío económico para muchas familias”. Esta es la conclusión de un estudio de la Fundación Madrina, que muestra que los gastos asociados a la crianza de un niño desde su nacimiento hasta los 7 años superan de manera significativa la media europea. Algo que, afirma, “está afectando a la decisión de tener hijos y a la calidad de vida de las familias”.

Según los datos de la citada fundación, el coste de mantener a un bebé roza los 352,7 euros al mes, que se dividen en 68 euros mensuales en gasto de leche maternizada, 15 euros en pañales, 60 en potitos y 10 en cereales. A esto hay que añadir cerca de 50 euros por gasto de ropa y calzado, un desembolso muy frecuente en estas edades en las que crecen muy rápido. Además, están los gastos en educación o guardería, unos 150 euros mensuales, y las vacunas no obligatorias, que representan 120.

crianza
Fuente: Fundación Madrina

“Si incluimos la inversión de un porteador (100 euros mínimo) y un carrito de bebé (al menos 200 euros), la inversión inicial sube a 300 euros, y el coste anual se podría disparar hasta los 4.532,4 euros en el primer año de vida del menor hasta los 2 años.

En cuanto al coste de mantener los niños desde los 2 hasta los 7 años, expone la Fundación Madrina, crece un 23,7%, hasta los 448 euros al mes. Esto incluye 146 mensuales en gasto de alimentación, 92 en higiene y enseres, 20 en ropa y calzado, 30 en ocio y juguetes, a lo que se suma gasto escolar de 150 al mes.

crianza 2
Fuente: Fundación Madrina

“Si suponemos que el salario base en España es de 1.323 euros al mes, en 12 pagas, el coste total de criar un menor supone un 118% del salario total”. Es decir, 1.567 euros. Esto hace que existan familias, advierte la Fundación Madrina, “que deben decidir entre pagar el alquiler que supone el 60% del salario, o pagar los alimentos del menor”. Por su parte, la educación y material escolar restan el 26% de los costes, y la sanidad y el transporte suman el 3% de los costes.

“Esto explica que las familias con un solo trabajo no llegan a final de mes, con una especial tensión de los precios de los alquileres y de los alimentos”, asegura. En este sentido, remarca que “las dificultades y cargas económicas que presentan para las familias la crianza de sus hijos, supone que para muchas de estas familias, al menos 1 de cada 4, tengan que decidir mensualmente entre alimentar a sus hijos o pagar el alquiler de la vivienda”.

Frente a esto, la mencionada fundación aboga por aumentar las prestaciones por nacimiento e hijo a cargo, sin limitación en edad materna ni tiempo de empadronamiento; reducir los precios de productos infantiles de alimentación e higiene infantil; garantizar el acceso a plazas en escuelas infantiles de calidad y ampliar la oferta de servicios de conciliación laboral y familiar, entre otras cuestiones.

crianza 3
Fuente: Fundación Madrina

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Cartagena participa en la redacción de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia regional

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Cartagena está participando en la redacción de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de la Región. El pasado 19 de octubre chicas pertenecientes al Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia asistieron a un taller participativo sobre la nueva norma, que se realizó en la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.



Ayuntamiento de Cartagena

22 de octubre de 2024

 



Allí fueron recibidas junto a otros grupos de niños, niñas y adolescentes de diferentes puntos de la región, por la Directora General de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano Semitiel.

 

En esta jornada las representantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Cartagena pudieron aportar ideas sobre derechos de la infancia, violencia, prevención y protección integral para el bienestar de niños, niñas y adolescentes, temas necesarios a valorar en la nueva ley. Además de ello, también se tuvo oportunidad de reflexionar sobre cómo tiene que ser una Ciudad Amiga de la Infancia, programa del que forma parte Cartagena.

 

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Cartagena es un órgano de participación infantil y adolescente, que cuenta con niños, niñas y adolescentes desde los nueve a los diecisiete años que trabaja para que las opiniones y propuestas de las personas más jóvenes de la ciudad sea recogidas y tenidas en cuenta en el municipio.

 

El Consejo se incluye dentro del Programa de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, del que el Ayuntamiento de Cartagena forma parte, siendo la ciudad identificada con el sello de “Ciudad Amiga de la Infancia”. 

Aragón impulsa una ronda de contactos para crear Consejos de Infancia y Adolescencia en todo el territorio antes de 2027

La DG de Familia, Infancia y Natalidad se está reuniendo con ayuntamientos y comarcas dispuestos a impulsar la participación de niños y adolescentes en las tres provincias



Aragón_hoy

20/10/2024



En Aragón ya operan una veintena de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia
y se quiere extender a todas las comarcas
Gobierno de Aragón

Las políticas públicas necesitan incorporar la voz y las demandas de niños y adolescentes, especialmente en el medio rural: con ese objetivo la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad del Gobierno de Aragón ha reunido a técnicos comarcales de Infancia y de Juventud de las tres provincias y representantes de los servicios sociales de varios municipios para exponerles cómo funcionan los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLÍAs).


“Queremos impulsar la creación de CLÍAs en todo Aragón, sobre todo en aquellas comarcas que no cuentan con ningún municipio que tenga uno”, ha asegurado la responsable de esta Dirección General, adscrita al Departamento de Bienestar Social y Familia, Eva Fortea, tras una de estas reuniones de trabajo.


En esta sesión se presentaron las líneas de trabajo de la DG de Familia, Infancia y Natalidad; las actuaciones y proyectos que impulsan y, en especial, todo lo relacionado con la creación y funcionamiento de los mencionados Consejos, cuya expansión al mayor número de localidades posible es “fundamental”, ha resaltado, para que los más jóvenes se impliquen en la decisión y la participación pública “con voz propia”.


“Hemos iniciado el proceso de creación del organismo a nivel autonómico”, recordó Fortea, un foro que agrupará todas las acciones de participación en cuestiones de infancia y adolescencia y que se dirigirá a una horquilla de edad que llegue hasta los 17 años. “Crear órganos estables de participación infantil y adolescente es una de las prioridades del Departamento”, ha remarcado.


Ese futuro espacio autonómico debe estar formado por representantes de los diferentes CLÍAs y se constituirá como un canal de comunicación entre las autoridades y los niños, niñas y adolescentes para garantizar su derecho expresar su opinión libremente en todos los asuntos les que afecten y a ser escuchados, tal y como recoge el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño.


Objetivo: extender la participación infantil y adolescente en todo Aragón


En la actualidad hay 19 Consejos Locales de Infancia y Adolescencia activos en todo Aragón, recogidos en este mapa: La Puebla de Alfindén, Cariñena, Utebo, Huesca, Zaragoza, Barbastro, Pedrola, Jaca, Monzón, Calatayud, Aínsa, Épila, Morata de Jalón, Comarca de la Jacetania, Sabiñánigo, Comarca de Daroca, Ejea de los Caballeros, Alpartir y Teruel. El objetivo es que se constituyan nuevos Consejos hasta que llegue al menos a haber uno de ellos en cada comarca de aquí a los próximos tres años.


Los Consejos se reúnen en varias ocasiones a lo largo del año y participan en al menos un pleno en el que trasladan al Ayuntamiento de su ciudad lo trabajado en sus reuniones y plantea sus preguntas y demandas al gobierno municipal. Las propuestas suelen versar en cuestiones relacionadas con la accesibilidad, el ocio, la cultura, la sostenibilidad o la inclusión, entre otras.


No obstante, cada CLÍA se adapta al municipio o la comarca a la que pertenece y por lo tanto funciona de forma diferente en función de las características de cada localidad o territorio, una realidad que quedó patente en el reciente encuentro autonómico que acogió Teruel y que se celebra cada dos años.


“La intención es realizar reuniones periódicas con los técnicos para consolidar los CLÍAs ya existentes”, explica Fortea. De esa veintena de Consejos que ya están en funcionamiento se espera que ejerzan “una labor de acompañamiento” a los que se vayan creando nuevos, concluye. 

Menores que migran solos: un enfoque desde los derechos humanos con perspectiva de infancia

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría transformar la gestión de los menores extranjeros no acompañados que llegan a las islas: alcanzar un acuerdo con Marruecos para que estos niños, niñas y adolescentes (NNA) sean atendidos en su país de origen. 



elDiario.es

Iratxe Serrano

20 de octubre de 2024




Esta iniciativa, presentada tras su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, ha suscitado un debate en torno a la viabilidad y las implicaciones de confiar a Rabat la atención de los NNA marroquíes bajo tutela canaria. Pero, ¿es esta la solución adecuada? Analicemos el contexto, las implicaciones legales y, sobre todo, el impacto desde una perspectiva de derechos humanos.


Contexto: La responsabilidad de la acogida y la Ley de Extranjería


El fenómeno migratorio hacia Canarias ha alcanzado cifras alarmantes en los últimos años, y la infancia que migra forma parte de esta realidad. Según el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de establecer acuerdos con los países de origen para procurar la integración social de los NNA en su entorno. Sin embargo, esta opción ha sido rara vez explorada, probablemente por las dificultades y riesgos asociados a garantizar las condiciones adecuadas para su protección en el extranjero.  Ya hubo un intento en 2008 siendo presidente Paulino Rivero. No obstante, se quedó en eso, en un intento porque el procedimiento, además de ser altamente engorroso, caducó.


Clavijo ha enfatizado que no se trata de trasladar a los NNA a un tercer país, como ha hecho Italia con Albania, sino de devolverlos a su entorno de procedencia, asegurando las garantías previstas por la ley. Sin embargo, el reto es asegurar que los derechos de la infancia migrante se protejan de manera efectiva, sin importar dónde se encuentren.


Garantías insuficientes: la protección del interés superior del menor 


Aunque la propuesta de Clavijo parece estar respaldada por la Ley de Extranjería, la legislación nacional e internacional establece claramente que el interés superior del menor debe prevalecer en todas las decisiones que les afecten. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada tanto por España como por Marruecos, obliga a los Estados a tomar medidas que garanticen el bienestar y desarrollo integral de los NNA, asegurando su protección contra cualquier forma de abuso o explotación.


En este sentido, la propuesta de confiar a Marruecos la atención de estos menores despierta ciertas dudas. ¿Qué mecanismos se implementarán para supervisar y garantizar que los NNA reciban la protección y los cuidados adecuados? ¿Cómo se asegurará Canarias de que estos acuerdos se respeten en la práctica y no se conviertan en una herramienta para gestionar el problema migratorio sin abordar sus raíces ni asegurar el bienestar de los niños y niñas que migran solos?


Perspectiva internacional y relaciones diplomáticas


La relación entre España y Marruecos ha sido siempre compleja, influenciada por intereses económicos, políticos y geoestratégicos. El presidente Clavijo ha mencionado en distintas ocasiones la importancia de mantener buenas relaciones con Marruecos, un socio estratégico en cuestiones migratorias. No obstante, los acuerdos diplomáticos no deberían comprometer la seguridad y el bienestar de los NNA. En este sentido, es fundamental que las decisiones no estén motivadas únicamente por intereses políticos o económicos, sino que estén guiadas por el compromiso de proteger a las personas menores de edad que migran solas y que son vulnerables.


La historia nos ha mostrado que confiar la atención de los niños, niñas y adolescentes a terceros países o incluso a sus propios países de origen no siempre ha dado los resultados esperados. Se requiere de un seguimiento constante y mecanismos de transparencia que aseguren que los derechos de los NNA se respetan. En este caso, la tutela compartida que menciona Clavijo no es suficiente si no se define claramente cómo se garantizará la seguridad, educación y bienestar de estos NNA  en Marruecos.


Reforma de la Ley de Extranjería: una solución necesaria


El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido la reforma de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas compartan obligatoriamente la responsabilidad de la acogida de la infancia que migra sola. Esta propuesta busca evitar que la atención de los menores recaiga únicamente en las regiones más expuestas a la migración, como es el caso de Canarias. Es un enfoque más equitativo y sostenible, que permitiría una distribución justa de la carga y garantizaría que los NNA recibieran el apoyo necesario sin importar dónde se encuentren.


La reforma de la Ley de Extranjería puede ser un camino más seguro y justo para afrontar este reto, compartiendo la responsabilidad entre todas las comunidades autónomas y asegurando que los menores reciban el apoyo adecuado dondequiera que estén. La gestión de la infancia migrante requiere empatía, responsabilidad y, sobre todo, un compromiso firme con los derechos humanos.


Sin embargo, la propuesta del presidente Clavijo demuestra una interpretación errónea de las competencias establecidas en la ley actual. Lo que se plantea en el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que permite acuerdos con los países de origen para procurar la integración social de los menores, no es equivalente a las repatriaciones reguladas en el artículo 35.5. Estas últimas fueron exploradas años atrás, pero resultaron complicadas debido a procedimientos burocráticos complejos y plazos muy limitados que provocan que los expedientes caducaran con frecuencia. Además, la Comunidad Autónoma no tiene competencia alguna en la decisión final de una repatriación. Una vez que se ejecuta, el menor queda bajo la tutela de su familia o de los servicios sociales del país de origen, sin posibilidad de una tutela compartida con Canarias.


En cuanto al artículo 35.2, la propuesta de Clavijo presenta varios problemas legales. En primer lugar, aunque este artículo menciona la posibilidad de acuerdos con países de origen, la Constitución Española establece que la competencia para firmar tratados internacionales corresponde exclusivamente al Estado. Las comunidades autónomas podrían suscribir acuerdos internacionales administrativos, pero solo si existe un tratado internacional previo que lo permita. De momento, no parece haber indicios de que el Estado firme un convenio de este tipo que habilite a Canarias para avanzar en esta dirección.


Por otro lado, la ley también permite a las comunidades autónomas establecer acuerdos internacionales no normativos, pero estos carecen de fuerza vinculante y no crean obligaciones legales a nivel internacional, lo que los convierte en papel mojado. Así que, en la práctica, el margen de maniobra para el Gobierno de Canarias se limita a la repatriación de menores, un ámbito en el que tampoco tiene competencia directa. La interpretación del presidente Clavijo sobre el artículo 35.2 no refleja una comprensión precisa de las limitaciones legales y competenciales que impone la legislación vigente.


Enfoque de infancia y derechos humanos: la clave del debate


Cualquier decisión sobre el destino de las personas menores de edad migrantes no acompañadas debe ser analizada caso por caso y siempre con el interés superior del menor como eje central. Esto significa evaluar si su entorno de origen es seguro, si existen oportunidades reales de integración y desarrollo, y si hay garantías de protección frente a posibles abusos. Las experiencias previas de repatriación o traslado a terceros países han demostrado que, sin un seguimiento adecuado, los NNA corren el riesgo de caer en situaciones de desprotección o, en el peor de los casos, de explotación.


Si Canarias decide avanzar en la propuesta de acuerdos con Marruecos, será fundamental que la comunidad internacional supervise y asegure el cumplimiento de las normas de derechos humanos. No se trata solo de gestionar cifras migratorias, sino de proteger vidas humanas. La infancia migrante es una de las más vulnerables, y su bienestar debe ser la prioridad absoluta de cualquier acuerdo.


Una responsabilidad que va más allá de las fronteras


La propuesta de Canarias abre un debate necesario sobre cómo gestionar la acogida de la infancia en movimiento en un contexto de crisis migratoria. No obstante, debe quedar claro que la protección de los derechos de los NNA no puede ser sacrificada por conveniencia política o diplomática. Cualquier acuerdo debe estar respaldado por garantías reales y mecanismos de supervisión eficaces que aseguren la protección y el bienestar de estos niños, niñas y adolescentes.


La reforma de la Ley de Extranjería puede ser un camino más seguro y justo para afrontar este reto, compartiendo la responsabilidad entre todas las comunidades autónomas y asegurando que los menores reciban el apoyo adecuado dondequiera que estén. La gestión de la infancia migrante requiere empatía, responsabilidad y, sobre todo, un compromiso firme con los derechos humanos.


En este contexto, no podemos ignorar el precedente de las tesis defendidas por líderes europeos como Giorgia Meloni en Italia, que promueven acuerdos de externalización de la gestión migratoria, trasladando a migrantes a terceros países en lugar de garantizar su protección en territorio europeo. Este enfoque plantea serias preocupaciones desde una perspectiva de derechos humanos, ya que prioriza la reducción de las cifras migratorias a costa de la seguridad y el bienestar de las personas, incluidas las personas menores de edad. Canarias debe evitar caer en la trampa de convertir un asunto humanitario en una cuestión de simple logística migratoria. En lugar de externalizar responsabilidades, la prioridad debe ser reforzar las estructuras de acogida y protección, asegurando que ningún NNA quede en una situación de desamparo, independientemente de las fronteras.


Iratxe Serrano

Ex directora general de Protección a la Infancia y las Familias. 

El Gobierno anuncia una estrategia contra la pobreza mientras Unicef advierte sobre el escaso 1,2% del PIB que España dedica a protección de la familia y la infancia

Aunque los detalles se conocerán más adelante, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha adelantado que la iniciativa estará lista antes de finales de año y en ella figurará la necesidad de una prestación universal por crianza



Infobae

María García Arenales

17 Oct, 2024



El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. (Europa Press)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que, antes de que acabe este año 2024, el Gobierno aprobará una nueva estrategia de lucha contra la pobreza, en la que figurará la necesidad de una prestación universal por crianza, y que se marcará como objetivo la “erradicación completa” de la pobreza en España.


Así lo ha avanzado el ministro este jueves en declaraciones a los medios antes del Acto institucional por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra cada 17 de octubre. El evento, organizado junto a la Red de lucha contra la pobreza EAPN, ha tenido lugar en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. “Hoy quiero anunciarles que antes de que acabe el año, el Gobierno lanzará su nueva estrategia de lucha contra la pobreza. La explicaremos debidamente, pero les puedo avanzar que incidirá especialmente en la problemática de la pobreza infantil, que es algo inaceptable e inasumible en una democracia”, ha subrayado Bustinduy, según informa Europa Press.


Entre los asuntos que figurarán en esta estrategia, el ministro ha destacado la necesidad de que España adopte una prestación universal por crianza, y la necesidad de mejorar los esquemas de garantía de ingresos y de los ingresos mínimos, que, según el ministro, requiere de “una mejor coordinación con las comunidades autónomas”.


Además, ha señalado que se incluirá en ella “la problemática de la vivienda” al tratarse de “uno de los principales factores de exclusión social y riesgo de pobreza”. Según ha recordado Bustinduy, en España hay 12 millones de personas en una situación de riesgo de exclusión social o de pobreza, y 3 millones son niños, niñas y adolescentes (uno de cada tres).


El riesgo de pobreza aumenta


Este anuncio se ha producido en el mismo día en que la ONG Unicef ha alertado de que España solo invierte un 1,5% del PIB en protección social de la infancia y las familias, frente al 2,4% de la media europea (354 euros de gasto por habitante cuando en la UE son 678), por lo que insta a los gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico y local, a que prioricen la atención a la infancia en sus presupuestos.


“Si bien nuestro país se encuentra en una coyuntura macroeconómica favorable, las cifras de pobreza infantil indican que se está dejando atrás a los niños y niñas”, ha señalado José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España. La ONG recuerda que el riesgo de pobreza de la población menor de 18 años “ha aumentado del 28% al 29% respecto al año anterior, mientras que para el resto de población se mantiene estable o disminuye”, por lo que resulta “urgente y necesario invertir más en protección social de la infancia y las familias”.


Unicef asegura que España es el país que tiene menos capacidad para reducir la pobreza infantil mediante transferencias de toda la Unión Europea: solo el 17%, frente a la media del 41% o más del 50 % en Alemania, Finlandia, Irlanda o Polonia.


La organización también considera fundamental la creación de una prestación universal para la crianza en forma de deducción fiscal reembolsable en los próximos Presupuestos Generales del Estado y un Pacto de Estado por la Infancia con medidas y presupuestos que la hagan eficaz.


“Las prestaciones por hijo a cargo son eficaces no solo para reducir la pobreza, sino para mejorar los resultados educativos y la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes”, añade Vera. Según los análisis de Unicef y otras organizaciones sociales, la implementación de una deducción fiscal reembolsable de al menos 1.440 euros anuales por niño reduciría la pobreza infantil en 5,4 puntos porcentuales.