En la actualidad , los países y territorios en los que los niños de 16 y/o 17 años pueden votar en todas las elecciones incluyen Argentina, Austria, Brasil, Cuba, Ecuador, Guernsey, Grecia, Indonesia, Isla de Man, Jersey, Nicaragua, Corea del Norte y Timor-Leste.
Algunos países y territorios permiten a los jóvenes de 16 o 17 años votar en al menos algunas elecciones, como las elecciones locales o estatales, como en Estonia, Alemania, Israel, Puerto Rico, Escocia y Gales.
Los niños de 16 años en Bélgica, Austria, Alemania y Malta, y los de 17 años en Grecia pueden votar en las elecciones europeas. En los EE. UU., los jóvenes de 17 años pueden votar en las primarias presidenciales o del Congreso o en los caucus de los partidos en algunos estados si cumplen 18 años antes de las elecciones generales.
Desde principios de la década de 2000, algunos países alrededor del mundo han visto iniciativas legales y campañas para reducir la edad para votar, incluidos Chile , Francia , Alemania y España ; la mayoría no tuvieron éxito.
Argumentos a favor y en contra de la reducción de la edad para votar
El voto es un medio fundamental a través del cual los ciudadanos dan forma a los gobiernos que los sirven. Los principales tratados de derechos humanos garantizan el derecho al voto mediante el sufragio “ universal e igualitario ” (es decir, entre los gobernados, una persona, un voto), en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25. Los instrumentos de derechos humanos no establecen límites de edad para votar y los derechos deben ejercerse “ sin distinción de ningún tipo ” basada en características o estatus personales, incluida la edad . El trato diferenciado, para que no constituya discriminación, debe tener una base “razonable y objetiva”, según el derecho internacional ; si las capacidades desarrolladas de un niño coinciden con las de un adulto, la exclusión del derecho al voto puede ser cuestionada.
Si bien no menciona específicamente el derecho al voto, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño a expresar libremente su opinión en “todos los asuntos que afectan al niño”, y añade que esas opiniones deben tenerse debidamente en cuenta, de acuerdo con su edad y madurez (artículo 12). La Convención también consagra una serie de derechos civiles y políticos que deben complementar y no reemplazar los derechos consagrados en acuerdos anteriores.
En la actualidad, en la mayoría de los países, sólo una quinta parte de los adolescentes tienen derecho a votar (los de 18 y 19 años), pero constituyen el 16% de la población mundial . Esto niega en la práctica a una gran proporción de adolescentes el derecho a participar en la vida política y pública. Conceder el derecho a votar, al menos a los niños mayores, es una señal de que las sociedades están comprometidas con la aplicación de la Convención, escuchando sus opiniones y valorando sus aspiraciones.
Un número considerable de expertos afirman también que un joven de 16 años tiene suficiente capacidad cognitiva y de pensamiento crítico para tomar decisiones políticas de forma independiente.
Los argumentos más comunes contra la reducción de la edad para votar giran en torno a las capacidades de los adolescentes. Algunos sostienen que carecen de la capacidad cognitiva necesaria para votar, que no están lo suficientemente informados o comprometidos políticamente como para justificar su voto o que son demasiado vulnerables a la manipulación. Sin embargo, investigaciones recientes, en particular en los campos de la neurociencia y la psicología, están redefiniendo la comprensión de "las capacidades evolutivas del niño". 3, 4
Si bien existe un debate sobre la relación entre el desarrollo adolescente y la capacidad de tomar decisiones en ciertos entornos (como en condiciones de alta presión o carga emocional), una proporción significativa de científicos en el campo del desarrollo neurológico han sostenido que reducir la edad para votar está en consonancia con la evidencia actual sobre el desarrollo cerebral adolescente 5 . Un número considerable de expertos también afirma que un joven de 16 años tiene suficientes capacidades cognitivas y de pensamiento crítico para tomar decisiones políticas de forma independiente.
Otros señalan la susceptibilidad de los adolescentes a la influencia y manipulación externas en el contexto de la votación, pero se necesitan más investigaciones para evaluar esta vulnerabilidad en comparación con los adultos. Esto también se aplica a la vulnerabilidad a la información errónea o desinformación, donde la evidencia es mixta. Algunas fuentes sugieren que los votantes mayores son más propensos a compartir dominios de noticias falsas en comparación con los votantes más jóvenes. Al mismo tiempo, la investigación de UNICEF mostró que los niños informaron sentirse incapaces de juzgar la veracidad de la información que encuentran en línea.
Numerosas investigaciones en el campo de las ciencias sociales indican que los votantes de todos los grupos, edades y niveles educativos suelen basar sus decisiones políticas en lealtades, identidades e influencias de pares, más que en intereses puramente políticos o en la consideración objetiva de plataformas políticas. Al votar, los adolescentes se ven influidos por una serie de factores, pero también lo están los adultos.
Algunos estudios han demostrado que los adolescentes de mediana edad tienen niveles similares de conocimiento político que los adultos más jóvenes. En Brasil , donde los jóvenes de 16 años pueden votar pero el voto obligatorio está limitado a los mayores de 18, los niveles de conocimiento político y consumo de medios son indistinguibles entre los mayores y los menores de 18 años. De manera similar, cuando la edad para votar se redujo de 18 a 16 en Austria en 2007, se encontró que los jóvenes de 16 y 17 años estaban tan bien informados como los de 18 a 21 años.
A la hora de votar, los adolescentes se ven influidos por una serie de factores, pero también lo están los adultos.
En la actualidad , los requisitos de nivel educativo y de conocimientos políticos no constituyen barreras para el derecho al voto de los adultos en la mayoría de los países del mundo y, por lo tanto, tampoco deberían obstaculizar el acceso al voto de los adolescentes. Al mismo tiempo, un electorado bien informado fomenta un entorno democrático más dinámico y afecta a la calidad de los debates políticos. Como ha señalado el Comité de los Derechos del Niño , que ha elogiado a Nicaragua y Austria cuando estos países redujeron la edad para votar, los esfuerzos por dar derecho al voto a los niños deben ir acompañados de inversiones en iniciativas que empoderen a los adolescentes para que cumplan con sus responsabilidades como ciudadanos activos, incluso mediante la educación cívica y en derechos humanos.
Muchos también señalan los bajos niveles de compromiso político de los jóvenes , pero la evidencia es matizada. Es cierto que la participación electoral ha ido disminuyendo con el tiempo y es menor entre los grupos más jóvenes. Sin embargo, existen diferencias significativas entre regiones y muchos factores contribuyen a esta tendencia, incluido el hecho de que los votantes jóvenes tienen vidas menos estables, carecen de familiaridad con el proceso de votación, enfrentan desafíos logísticos para votar y pueden no identificar a los candidatos que representan sus intereses.
Al mismo tiempo, los jóvenes no son apáticos. Muchos participan activamente en la vida cívica a través de mecanismos informales como el activismo, las protestas y las peticiones. Sienten pasión por los desafíos críticos que enfrentan nuestras sociedades y esperan respuestas rápidas y tangibles que algunos países no han podido ofrecer. 6
De hecho, las investigaciones han demostrado que ampliar el derecho al voto entre los adolescentes tiene el potencial de generar un mayor interés político, ya que votar es un comportamiento habitual y los votantes jóvenes que votan por primera vez tienen más probabilidades de volver a votar en elecciones posteriores. Un estudio de los cinco países latinoamericanos que han reducido la edad para votar a los 16 años mostró que la concesión del derecho al voto tuvo un impacto significativo en la confianza en los parlamentos y partidos políticos.
Además, la concesión del derecho al voto a los niños podría tener consecuencias, ya que el voto afecta a las leyes, las prioridades políticas y las asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, en Estados Unidos, un estudio sobre el registro previo (el registro de personas antes de que sean elegibles para votar) concluyó que promovía una mayor participación de los jóvenes y que los políticos eran más receptivos a cuestiones que importan a los jóvenes, como el aumento del gasto en educación.
Las investigaciones han demostrado que ampliar el derecho al voto de los adolescentes tiene el potencial de inculcar un mayor interés político.
Por último, algunos sostienen que los niños no necesitan votar porque con el tiempo se convertirán en adultos y, por lo tanto, en votantes, o que sus padres ya representan sus intereses. Sin embargo, este argumento no sólo no reconoce a los niños como titulares de derechos iguales a los adultos, sino que también va en contra del principio de equidad intergeneracional. Mientras que los menores de 18 años están actualmente excluidos en la mayoría de los países, los adultos pueden votar sin límites máximos de edad. Esto crea un sesgo inherente , es decir, sistemas políticos que favorecen a un electorado de mayor edad y actúan en contra de la formulación de políticas con visión de futuro. Sin embargo, son los niños los que más tiempo tienen para vivir con políticas y leyes. En un momento en que las principales crisis que afectan al mundo requieren una reflexión a largo plazo, fijar una edad para votar de 16 años cumpliría con el imperativo ético de permitir que algunos de los más afectados por las decisiones gubernamentales (es decir, aquellos con la mayor esperanza de vida) tengan voz y voto en la toma de decisiones.
Oportunidades y riesgos
Reducir la edad para votar a los 16 años ofrecería oportunidades para promover los derechos civiles y políticos de los niños. Presentaría el voto como un derecho en sí mismo y un medio para fortalecer las instituciones democráticas, mejorar las políticas para los niños y promover la equidad intergeneracional.
Pero defender una edad mínima para votar también conlleva riesgos.
La promoción de los 16 años como edad mínima para votar podría desencadenar un debate sobre la reducción de los umbrales de protección de la infancia. Los países imponen diferentes umbrales de edad para distinguir los derechos y responsabilidades de los niños de los de los adultos: para la responsabilidad penal, el derecho a conducir, beber alcohol, fumar, casarse, servir en el ejército, etc. Estas inconsistencias son difíciles de corregir y no reflejan el derecho de los derechos humanos ni la evidencia científica. Sería importante garantizar que la reducción de la edad para votar no se equipare a una justificación para reducir otros umbrales. Conceder el derecho al voto a los adolescentes no significa negar las vulnerabilidades potenciales de los niños en otras instancias. Por lo tanto, cualquier defensa del sufragio adolescente debería aclarar las preocupaciones de protección e invertir en un debate basado en la evidencia.
Algunos sostienen que la incorporación de un número significativo de votantes jóvenes al electorado podría alterar la dinámica electoral y favorecer a uno u otro partido político, pero para confirmar esta preocupación se necesitan más investigaciones. Normalmente, los argumentos que enmarcan el debate sobre los límites de edad para votar o la concesión de derechos a nuevos grupos como una cuestión política son antidemocráticos: basan la votación en cálculos políticos en lugar de en su valor como derecho humano. Además, los adolescentes como grupo no suelen ser encuestados, por lo que no es posible saber qué piensan sobre cuestiones políticas ni anticipar hasta qué punto su voto se inclinará hacia la derecha o hacia la izquierda. Tampoco está claro hasta qué punto la participación política informal de los adolescentes ya configura las decisiones políticas.
Por último, cambiar la edad para votar requiere una acción legal que puede dar lugar a un proceso largo y polémico. Las organizaciones que se dedican a la promoción de este tema también podrían ser percibidas como motivadas políticamente. Sin embargo, las campañas globales impulsadas desde abajo, lideradas por organizaciones de derechos de los jóvenes o de los niños, pueden ser vistas como más legítimas y no partidistas. 7
Conclusión
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que los niños tienen derechos civiles y políticos. Además, el Comité de los Derechos del Niño ha afirmado reiteradamente que, a medida que sus capacidades evolucionan, los niños tienen derecho a mayores niveles de responsabilidad, capacidad de acción y autonomía en el ejercicio de sus derechos. El Comité también ha reconocido que, para empoderar a los niños a fin de que participen en la vida política, se les debe apoyar con medidas que garanticen que estén bien informados y preparados para emitir su voto.
Sigue siendo fundamental que toda defensa del sufragio adolescente se base en pruebas y que incluya una participación significativa de los adolescentes. También se necesitan más pruebas en varias de las áreas analizadas anteriormente, incluida la forma en que la cuestión de la edad para votar se relaciona con otras cuestiones de empoderamiento, como el acceso a la información pertinente y la vulnerabilidad a la manipulación, las cuestiones relacionadas con la evolución de las capacidades del niño, así como el acceso de los niños a desempeñar un papel en el ámbito político como una cuestión de sus derechos humanos.
Notas
1. El Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz – División de Asistencia Electoral (EAD), en su calidad de centro de coordinación de las cuestiones electorales en el sistema de las Naciones Unidas, considera que los Estados miembros no tienen obligación, en virtud del derecho internacional, de fijar una edad específica para votar o presentarse como candidato. Por consiguiente, los informes del Secretario General de las Naciones Unidas que abordan esta cuestión, incluido más recientemente el documento Nuestra agenda común , no formulan recomendaciones a los Estados miembros para que reduzcan esos requisitos de edad en términos específicos. Más bien, estos informes hablan de alinear la edad mínima para votar con la edad para presentarse como candidato a las elecciones, que a veces es más alta que la edad para votar. De manera similar, el Enviado del Secretario General de las Naciones Unidas para la Juventud y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos han pedido a los Estados que cierren la brecha entre la edad mínima para votar y la edad de “candidatura”, a fin de garantizar que los jóvenes a los que se les permite votar también puedan presentarse como candidatos y ser elegidos, aumentando así la representación de los jóvenes en la política. Estos informes no abordan las situaciones en las que los niños pueden votar. Sin embargo, dada la posición sobre los requisitos de edad específicos, un representante de EAD ha explicado que es muy poco probable que la Secretaría aplique la recomendación sobre la alineación de la edad a situaciones en las que los niños (mayores de 16 años) pueden votar. La candidatura a un cargo también plantea una serie de preocupaciones en materia de protección de los niños que no participan en la votación. Por lo tanto, la edad de elegibilidad para postularse a un cargo no se aborda en esta nota.
2. En este documento se hace referencia a los “niños” como individuos menores de 18 años; a los “adolescentes” como aquellos de 10 a 19 años, aunque a menudo nos centramos en los jóvenes de 16 y 17 años; y a los “jóvenes” como personas de 15 a 24 años.
3. UNICEF Innocenti está liderando un grupo de expertos en la actualización de un documento publicado por Innocenti en 2005 sobre cómo entender y aplicar este concepto.
4. Es importante señalar que la neuropsicología no apoya la idea de umbrales de edad arbitrarios y exige evaluaciones más individualizadas de las capacidades relacionadas con la edad en función de los requisitos específicos de un derecho o responsabilidad en particular.
5. Un estudio de 2019 con más de 5000 adolescentes de 11 países de todo el mundo confirmó estos hallazgos, lo que indica que los cambios en la corteza prefrontal dan lugar a dos vías neuronales independientes para la toma de decisiones: una está relacionada con la digestión de la información y el razonamiento, la otra opera cuando las elecciones se toman de manera impulsiva. Tareas como votar y trabajar están relacionadas de manera crítica con la primera vía neuronal, mientras que la conducta delictiva o el consumo de alcohol se relacionan con la segunda.
6. Los equipos de UNICEF para el Desarrollo y la Participación de los Adolescentes (ADAP) en todo el mundo implementan programas para fomentar la participación cívica de los jóvenes en las iniciativas de UNICEF, así como en los procesos dirigidos por los gobiernos. Cada año, elaboran un mapa de esta labor. En 2023, los equipos de ADAP involucraron a más de 21,8 millones de jóvenes (el 52 por ciento, niñas) en 92 países en programas de UNICEF y en iniciativas cívicas como comités escolares, campañas dirigidas por jóvenes o voluntariado.
7. UNICEF ha participado en campañas para la reducción de la edad para votar a nivel de país, entre ellos Argentina, Canadá, Chile, México, Nueva Zelanda/Aotearoa, España y Suiza
