Ley 10/2023, de 5 de abril, de bienestar para las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears.
Publicado en BOIB de 13 de Abril de 2023, BOIB, butlletí oficial.
Vigencia desde 14 de Abril de 2023 Acceso al contenido de la Ley, por Noticias Jurídicas.
Una norma que llega a la Cámara desde la Iniciativa
Legislativa Popular impulsada por el movimiento ecologista liderado por
el GOB, la asociación ecologista de referencia en las Islas que este año
cumple medio siglo.
En estos últimos años, y a raíz de las declaraciones institucionales
de emergencia climática en 2019 y luego el devenir de la pandemia, los
movimientos sociales y concretamente el ecologismo han sentido la
necesidad de replantear y revisar sus propuestas y acciones. La
declaración de emergencia climática dejaba en evidencia la distancia
entre discursos y declaraciones institucionales y las políticas
efectivas que, a pesar del reconocimiento explícito de la urgencia de
actuar frente al cambio climático, seguían, mayoritariamente, su camino
sin más, sin cambio alguno. Llevados por la inercia institucional y una
verdadera falta de voluntad de revisar estos instrumentos para
adaptarlos a los diversos y preocupantes retos que presenta la crisis
climàtica y ecológica global, las políticas de infraestructuras,
agrícolas, urbanísticas y de ordenación del territorio, por poner
algunos ejemplos, seguían sin cuestionarse y seguían, por tanto,
ejecutándose, a pesar de contravenir claramente la urgente necesidad de
un cambio radical de planteamiento por responsabilidad y pensando en las
generaciones futuras. La pandemia fue, sin duda, otro aviso. Los
desequilibrios ecológicos, más allá del climático o la dramática pérdida
de biodiversidad, generan otras situaciones hasta ahora desconocidas.
Una pandemia global paró el mundo y sus cadenas globales de producción, y
todo ello requería un ejercicio de responsabilidad para hacernos cargo
no solamente del hecho de ser parte del problema, sino, sobre todo, de
hasta qué punto estamos preparados como sociedades para afrontar
situaciones desconocidas y tanta incertidumbre.
Vienen tiempos en los que estar cómodos en la incomodidad será
necesario, generar ciertas seguridades en las incertidumbres también, y
garantizar el futuro desde un presente que a veces se nos antoja tan
amargo, un deber.
Con esta intención, en el
grupo ecologista GOB estuvimos dando
vueltas a la idea de plantear un nuevo marco conceptual para las
políticas públicas. Un marco que introdujera
un nuevo concepto: el de la
justicia intergeneracional que, habíamos leído, había introducido Gales
con su
Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras*. Y para ello,
utilizamos una herramienta, la Iniciativa Legislativa Popular, que nos
permitía plantear una propuesta legislativa y que además, y sobre todo,
exigía calle, colectivizar la propuesta, incitar el debate social y
político en torno a la propuesta, con cuatro meses de campaña intensa
para conseguir las firmas necesarias para poder defenderla ante el
Parlamento de las Islas Baleares.
El objetivo era generar un nuevo marco jurídico que garantizase el derecho fundamental a la vida
Así, después de dos años de trabajo de un grupo de personas para
elaborar el texto, inspirados en la mencionada Ley de Gales y dispuestos
a aterrizar su filosofía, principios y objetivos a nuestro marco
normativo e institucional, en junio de 2021 presentamos el texto de la
Propuesta de Ley de Bienestar para las Generaciones Presentes y Futuras
de las Islas Baleares, junto con un documento de justificación y la
constitución de la Comisión Promotora. Contamos para su redacción con
profesionales en derecho ambiental europeo, en derecho internacional y
litigios climáticos, en filosofía del derecho y en derecho público que
trabajaron voluntariamente con nosotros en la propuesta. Contamos con la
Clínica Jurídica de la URV (Universitat Rovira i Virgili), que aportó
asesoramiento jurídico en relación a posibles problemas competenciales
de la Ley propuesta y su conexión con otra normativa aplicable;
experiencias con instituciones en otros países para las futuras
generaciones y su posible encaje en Baleares, y la identificación de los
indicadores de bienestar que pudieran ser de mayor utilidad para su
inclusión a la ley.
El objetivo de la ley era claro: llevar al Parlamento de las Illes
Balears el debate de una norma que generase un nuevo marco jurídico que
garantizase que cualquier acción política presente tenga en cuenta el
cumplimiento de los objetivos de bienestar de las generaciones presentes
y futuras, asegurando así el derecho fundamental a la vida; es decir,
por responsabilidad y desde la conciencia colectiva del reto mayúsculo
que afrontamos como humanidad, garantizar que las instituciones actúen
para la salvaguarda de los intereses de las generaciones futuras,
atenuando así los problemas vinculados al cortoplacismo político. Y, a
la vez, teníamos otro objetivo en el marco de la legislatura 2019-2023:
marcar la agenda política, social y mediática, meses antes de las
elecciones, previstas para mayo de 2023, para que este tema entrara en
la agenda política.
En noviembre de 2021, la propuesta fue admitida a trámite y se
iniciaron los cuatro meses de campaña en la calle, en todo el territorio
del archipiélago, con una campaña de comunicación muy pensada para
generar optimismo, que instara a la acción y a formar parte, a la
responsabilidad y al activismo: la campaña “Avui per Demà”, elaborada en
coordinación con La Pera Coop y Ágora Social. Cuatro meses en los que
se generaron debates, material gráfico y canales de difusión, reuniones
políticas, ruedas de prensa, artículos de opinión y presencia en los
medios, dinamización de redes sociales, actos informativos, alianzas con
entidades y actores multiplicadores (colectivos y movimientos sociales y
culturales, entidades vecinales, asociaciones de jóvenes, de gente
mayor, universidad, sectores profesionales específicos, entidades de
ámbito estatal, etc), manifiestos, talleres, etc. hasta culminar con un
gran mosaico humano con el lema de la campaña el 28 de marzo de 2022 en
la Plaza Mayor de Palma. Todo ello para inducir y estimular la acción y
el debate social y político en torno a los motivos y la pertinencia de
la propuesta, y de esta nueva mirada y herramienta de control de las
políticas públicas por parte de la ciudadanía, que introduce los
conceptos de justicia intergeneracional y de responsabilidad en relación
al bienestar de las generaciones futuras. Así conseguimos una respuesta
social colectiva que dio apoyo a la iniciativa, de tal modo que se
recogieron hasta casi 12.000 firmas que permitieron que el Parlamento
realizara el posterior debate y votación para la toma en consideración,
que fue aprobada por mayoría absoluta el mes de noviembre de 2022.
Superada esta fase, conseguimos reforzar el compromiso social con el
ecologismo como agente de movilización e incidencia social y política.
Quedaba ya tan solo la tramitación parlamentaria: la presentación de
enmiendas por parte de los partidos políticos con representación
parlamentaria, y los trabajos de debate y votaciones de la ponencia,
comisión y pleno del Parlamento. Un trabajo dentro y fuera del
Parlamento, con los diputados de los partidos en el Govern – PSIB-PSOE,
Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca–, miembros de la Comisión
Promotora que habíamos trabajado en la redacción del texto, y en el que
se involucró además, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y la
Consejería de Presidencia, dando mayor relieve y encaje a la propuesta,
poniendo en valor el trabajo hecho desde la sociedad civil y
enriqueciendo y apuntalando jurídicamente la propuesta.
* Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras de Gales. En el año 2015 fue aprobada en Gales la Ley para el Bienestar de las Generaciones Futuras. Esta norma, en vigor desde el año 2016, cuyo objeto es garantizar el bienestar de las generaciones futuras, instituyó el Comisionado para las Generaciones Futuras de Gales como órgano encargado de supervisar y auditar que las políticas llevadas a cabo por las administraciones públicas se orientaran hacia unos objetivos de bienestar previamente acordados y fundamentados en el principio de desarrollo sostenible. En el cuarto año de su instauración, el Comisionado ha publicado su primer informe de evaluación (2020) sobre el cumplimiento de los objetivos de bienestar de las generaciones futuras. Este trabajo pretende analizar la ley galesa para el bienestar de las generaciones futuras, el Comisionado, y las posibilidades que abre este tipo de instituciones para la salvaguarda de los intereses de las generaciones futuras y atenuar los problemas vinculados con el cortoplacismo político.
