La exclusión social se enquista en una sociedad cada vez más desvinculada.
Una lectura de la transición de nuestro modelo social, los riesgos sociales y sus consecuencias,
las políticas que les dan respuesta, los valores que subyacen a las mismas
y los dilemas a los que nos enfrentamos.
Cómo la sociedad ha afrontado la salida de la crisis y su posterior reconstrucción.
Y nos sitúa en una época nueva pero no ante un cambio de modelo.
El VIII INFORME FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España que se ha presentado hoy en Madrid es, en palabras de Guillermo Fernández,
coordinador de la investigación, “un relato del momento de
incertidumbre en el que nos encontramos y una mirada a nuestra cohesión
social para analizar cómo vivimos y reaccionamos ante la gran recesión,
cómo estamos enfocando la salida y cuáles son las consecuencias de la
crisis en la poscrisis”.
Los resultados del Informe confirman –como señala Raúl Flores,
secretario técnico de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología
Aplicada (FOESSA)— “una situación que aunque mejora claramente respecto
al 2013, que no alcanza los estándares de 2007 y que, si bien nos sitúa
en una época nueva, sigue anclado en un modelo de desarrollo económico,
social y antropológico caracterizado por una debilidad distributiva,
por sus dificultades para no dejar a nadie atrás y con serias
dificultades para afrontar y mejorar la vida de aquellos que viven la
precariedad, de las personas excluidas, de los expulsados que no
consiguen salir del pozo de la exclusión”.
Este VIII Informe ha sido puesto a punto un equipo de investigación
formado por 125 investigadores de 30 universidades y 13 organizaciones
de acción e investigación. El trabajo de campo se ha desarrollado con el
apoyo de más de 350 encuestadores profesionales, que han llamado a más
de 139.000 puertas de 17 Comunidades Autónomas, recogiendo la
información de 29.000 personas de 11.600 hogares, donde se han sentado
durante más de una hora para conocer a fondo su situación.
¿Qué está sucediendo en nuestro país?
La primera constatación que recoge el VIII Informe FOESSA es que la
exclusión social se enquista en la estructura social de nuestro país.
Hoy en día, el número de personas en exclusión social en España es de
8,5 millones, el 18,4% de la población, lo que supone 1,2 de millones
más que en 2007 (antes de la crisis). Son el rostro de la sociedad
estancada, un nutrido grupo de personas para quienes “el ascensor de la
movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la
primera planta”.
Dentro de este sector social, existe un grupo especialmente
vulnerable que acumulan tantos problemas cotidianos que les impide tener
un proyecto vital mínimamente estructurado: son 4,1 millones de
personas en situación de exclusión social severa. Son los ciudadanos
sobre los que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes
formas: vivienda insegura e inadecuada, desempleo persistente,
precariedad laboral extrema e invisibilidad para los partidos políticos.
Dentro de este grupo en exclusión social severa existe un grupo de
expulsados, que suman 1,8 millones de personas (600.000 en 2007), que
acumulan tal cantidad de dificultades y de tal gravedad que exigirían de
una intervención urgente, profunda e intensa en recursos para
garantizarles su acceso a una vida mínimamente digna.
La investigación trae, sin embargo, una buena noticia, que está
protagonizada por esa sociedad integrada que representan aquellas
personas que no tienen dificultades para su supervivencia, que llevan
una vida digna en términos materiales y que se ha recuperado a los
mismos niveles de antes de la Gran Recesión. Son el 48,4% de la
población.
Se detecta, sin embargo, una novedad. Dentro de esta sociedad
integrada se está produciendo una reconfiguración en dos grandes
sectores: un primer grupo, que es el mayoritario, denominado la sociedad
de las oportunidades, que integra a dos tercios de la población de
España; y un segundo grupo, que conforma lo que hemos llamado la
sociedad insegura y en la que estarían unos 6 millones de personas.
Este grupo de la sociedad insegura se mueve en el filo de la navaja.
Está en la antesala de la exclusión. E intuye que ante una eventual
acudida, en una nueva crisis, su sostén económico se quebrará. Le
indigna que la sociedad segura se desentienda del resto y coja más
impulso hasta desconectarse. Son los que votan salir, los que quieren
sentir que aún tienen el poder de interrumpir la dinámica de la sociedad
de los seguros y de impedir la entrada de foráneos.
Los que se encuentran en la sociedad de las oportunidades, en cambio,
están en una situación acomodada, creen tener la razón en sus ideas y
en sus prácticas cotidianas. Consumen en exceso, apenas sin conciencia y
tienen capacidad para que se pongan sus necesidades en la agenda
política. Muestran cierta fatiga de la solidaridad. En realidad, los
acomodados no practican la empatía, pues suelen echar en cara, a los
excluidos, su desafección y su responsabilidad por estar en esa
situación y, a los inseguros, que manifiesten su malestar de forma
airada.
Tres bloques de riesgos sociales
En el VIII Informe FOESSA se identifican tres bloques principales de
riesgos sociales, que afectan con más fuerza a la sociedad insegura y a
la sociedad estancada.
1. La pérdida de calidad de nuestra democracia.
Estamos arriesgándonos a que se vacíe de
contenido ético y redistributivo, y se reduzca a un mero expediente
político donde se enfatizan las formas y se guardan las apariencias.
Estamos sustituyendo los vínculos por las conexiones. Las personas con
bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos
electorales: se registran tasas de hasta el 75% de abstención en los
barrios más desfavorecidos, que constituyen un precariado político que
no participa en los canales tradicionales de representación.
Esto provoca que su voz desaparezca de
los procesos electorales. Si las personas excluidas no votan, no
entrarán en la agenda política, y si a la agenda política no le interesa
fomentar su voto, esto ahondará más en su situación de exclusión
social.
2. La desigualdad en sus diferentes dimensiones.
En primer lugar, la vivienda es un motor
elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de
exclusión social. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un
derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la
inadecuación de su hogar, y tiene una influencia notable sobre los
recursos económicos, sobre el estado de salud y sobre los proyectos
vitales de los más jóvenes.
– En los últimos dos años el alquiler ha subido un 30%.
– Dos millones de personas viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda.
– El 11% de la población vive bajo el
umbral de la pobreza severa, una vez descontados los gastos o deudas
relacionadas con el pago de la vivienda y los suministros de la misma.
En segundo lugar, el desempleo. A pesar
de su reducción progresiva, es una realidad persistente y ahora menos
protegida, lo que, junto con la precariedad, manifestada en
temporalidad, parcialidad e itinerarios cíclicos que alternan períodos
cortos de empleo con otros de desempleo, generan trabajadores pobres y
excluidos, y limitan las posibilidades de integración de muchos
colectivos.
La desigualdad en el mercado de trabajo
está imponiendo el discurso de que el éxito final reside en la
consideración del empleo como un privilegio y no como un derecho. Es,
además, un privilegio con respecto a los demás. La precariedad laboral
se ha convertido ya en una forma de vida de forma estructural en nuestra
sociedad.
– El 14% de las personas que trabajan están en exclusión social.
– Uno de cada tres contratos temporales dura menos de siete días.
– El 15,1% de los hogares sufre
inestabilidad laboral grave (son hogares en los que la persona principal
ha pasado por 6 o más contratos, o por 3 o más empresas, o ha estado 3 o
más meses en desempleo durante el último año).
– Aunque se ha conseguido reducir la
exclusión por el empleo en un 42%, sin embargo 1 de cada 4 personas
activas del conjunto de la población se encuentran en situación de
exclusión del empleo. Si miramos solamente a las personas en exclusión
social, serían 1 de cada 2.
– El 20% de las personas en hogares con
al menos una persona desempleada no ha realizado ninguna formación
ocupacional en el último año.
Una característica que nos diferencia de
otros países de nuestro entorno y de un tamaño y desarrollo similar es
que en la exclusión social en España va de la mano la mezcla de baja
calidad en el empleo y costes elevados de la vivienda. El 37% de los
excluidos del empleo lo están también en la vivienda.
En tercer lugar, las familias con niños y la juventud están más expuestos a la exclusión social.
– El 33% de las familias numerosas y el 28% de las familias monoparentales se encuentran en exclusión social.
– El 21% de todos los hogares con menores se encuentran en exclusión social.
– La Encuesta FOESSA constata que cuando
uno nace y se cría en un hogar con escasos bienes materiales y con
ingresos reducidos aumentan las probabilidades de instalarse en el
pantano de la vulnerabilidad. Los que se criaron entre dificultades
duplican a los que no crecieron entre penurias: esta es la marca de la
transmisión intergeneracional de la pobreza. Y esa marca no para de
crecer.
En cuarto lugar, las desventajas de las
mujeres para vivir de forma integrada afectan a todas las dimensiones de
la exclusión social. Destaca la brecha de ingresos en el empleo y en
las prestaciones, su mayor riesgo de empobrecimiento, su acceso más
precario a la vivienda, las diferencias en el estado de salud y la mayor
exposición a situaciones de aislamiento social.
– Una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre. Si esa mujer es inmigrante, 2 horas más.
– Cuando una mujer es la sustentadora
principal del hogar tiene más problemas económicos para acudir a ciertos
servicios médicos (odontología, tratamiento psicológico, podología).
– Los hogares sustentados por mujeres
tienen que reducir con más intensidad los gastos de suministros de la
casa y los gastos en comunicaciones. Y tienen más retrasos en los pagos
de recibos o en los pagos de alquiler de la vivienda.
– Soportan, además, mayor volumen de
amenazas de pérdida de vivienda, mayores cambios de residencia, mayores
estrategias de tener que compartir casa con gente que no conocen, o
tener que alquilar una habitación a otros, o mayores retornos a la casa
paterna.
Por último, están los riesgos frente a la salud.
– La exclusión social y no la pobreza
monetaria tiende a duplicarse en las personas con discapacidad. El 30%
de ellas se encuentran en situación de exclusión social y un 16% en
exclusión social severa, el doble que las personas sin discapacidad.
– El 8,8% de la población ha dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.
– El 15% de la población no puede acceder a un tratamiento bucodental porque no se lo puede permitir.
3. Los riesgos sociales derivados de los fenómenos demográficos
Estos fenómenos, que se producen en el
largo plazo y que no han sido abordados de forma adecuada en nuestros
sistemas de protección social, originan un incremento progresivo de la
necesidad de cuidados. En España, a fecha de hoy, la familia, y
especialmente las mujeres, es el eje del que se sostienen los cuidados y
la sostenibilidad de la vida.
El aumento de la esperanza de vida y de
la longevidad, los cambios en las pautas reproductivas y las
modificaciones en las estructuras de los hogares y en la organización de
las familias han conllevado cambios significativos en el modelo de
sociedad.
– 1 de cada 3 hogares necesita cuidados bien por crianza, por edad avanzada, por dependencia o por enfermedad.
– En el caso de edad avanzada, enfermedad
crónica o discapacidad, el 27% de los cuidadores principales son
hombres de la familia, el 64% son mujeres de la familia, el 7,8 son
personas remuneradas o contratadas y el 1,2 es la Administración.
– El familismo está encontrando nuevas
formas de expresión a través de la mercantilización de los cuidados. Si
esta es la respuesta a los cuidados, aquellos que no se los puedan pagar
caerán en la exclusión social.
Cambios en la distribución territorial de la exclusión
Sobre el impacto geográfico de los riesgos sociales señalados, quizá
uno de los datos más relevantes que presenta el VIII Informe FOESSA sea
el de la distribución territorial de la exclusión social en España.
Si tradicionalmente España se ha explicado en términos de norte-sur,
un norte rico y un sur pobre, esa fotografía sigue siendo cierta solo si
pensamos en términos monetarios. Sin embargo la fotografía de la
exclusión ofrece otra visión. Los datos de FOESSA permiten afirmar que
se consolida el eje sur-mediterráneo en la exclusión social.
Este mapa demuestra los diferentes modelos de integración que
coexisten en nuestro país, así como la fuerte diversidad territorial en
lo que respecta a las distintas capacidades existentes en el territorio
del Estado, tanto de desarrollo económico como social y de relaciones de
ayuda mutua.
La evolución de las políticas sociales
El Informe analiza también los recortes que han sufrido los servicios
públicos fundamentales en los últimos años (educación, sanidad,
dependencia), que han afectado a la accesibilidad, disponibilidad,
asequibilidad y adaptabilidad de los mismos a las situaciones de mayor
precariedad.
Las desigualdades han ido en aumento en el caso de la sanidad, donde,
por ejemplo, en 2019 no se ha recuperado todavía el nivel de gasto
sanitario de los recortes iniciados hace diez años. Y, particularmente,
en el sistema de dependencia. No obstante, la crisis ha sido también una
oportunidad para acometer mejoras en coordinación y eficiencia.
Destaca el retroceso registrado en el impacto del efecto sustitución
que se ha dado, por ejemplo, en la extensión del seguro privado de salud
como compensación a las deficiencias del sector público sanitario: el
número de personas con cobertura sanitaria privada aumenta del 13,3% en
2012 al 16,3% en 2017.
En el caso de la educación, cabe destacar también el aumento de la
ratio de alumnado y la carga electiva para el profesorado o las
dificultades para la obtención de una beca.
Asimismo, la rama de los servicios sociales ha sufrido la presión de
una creciente demanda social con recursos menguantes, deficiencias
críticas y amplias desigualdades territoriales en su oferta. Y las
políticas de vivienda durante la crisis no han podido sentar las bases
de un sistema residencial que garantice a las personas más necesitadas
el acceso a una vivienda digna.
Las prestaciones familiares y por hijo a cargo han seguido, también,
una evolución declinante que les ha incapacitado para hacer frente con
eficacia al reto de la pobreza de los hogares con niños, En doce años,
la cuantía por prestación por hijo cargo solo ha subido 5 céntimos
mensuales (de 24,25 a 24,30 euros mensuales).
Finalmente, los esquemas de garantía de ingresos mínimos en España,
con sus diversos subsistemas, han sufrido reformas permanentes o
desarrollos con muy diferentes efectos en cobertura e intensidad
protectora. Su característica definitoria es su limitada cobertura y su
baja intensidad protectora, que reduce su capacidad para paliar la
pobreza relativa, aunque sí la severa.
¿Cómo estamos reaccionando los ciudadanos?
El VIII Informe FOESSA indica que la ciudadanía sigue apoyando el
Estado de bienestar como mecanismo de protección social. Más que antes,
se pide al Estado que intervenga para conseguir una sociedad más
igualitaria, para garantizar el derecho a la salud o a la educación y
para protegernos de la pérdida de ingresos derivada de situaciones de
vejez, enfermedad o desempleo. Los ciudadanos no consideran creíble el
discurso sobre el «excesivo» gasto social.
Junto a ello, sin embargo, vivimos un cuestionamiento del sistema
fiscal, tanto desde el ámbito político como ciudadano, y cierta fatiga
de la compasión en nuestra sociedad. Disminuye la disposición a pagar
los impuestos necesarios para financiar las políticas de bienestar y la
sociedad española siente desconfianza ante el sistema fiscal y la clase
política encargada de gestionarlo.
Esta fatiga de la compasión está generando perfiles críticos con las
ayudas sociales. Más del 50% de la población expresa que ahora ayudaría
menos que hace diez años, aunque seguimos siendo uno de los países donde
existe un grupo mayoritario de ciudadanos que piensa que las ayudas
sociales no vuelven perezosas a las personas.
Aunque las personas más afectadas por la crisis y que menos se han
recuperado en la salida de la misma son las que están en las capas más
humildes de la sociedad y quienes necesitarían más esas ayudas, el
sentimiento de las clases medias es el de grandes perdedoras, lo que
provoca que miren hacia el futuro con gran incertidumbre y pesimismo.
Muchas personas están instaladas en el miedo ante una sociedad del
descenso y de pérdida de estatus, que es estimulado desde algunas
instancias políticas y mediáticas en un irresponsable juego que genera
tensiones y problemas allí donde no los había, como es, por ejemplo, el
de la xenofobia. Dos datos:
– Las personas inmigrantes aportan el 10%
de los ingresos de la Seguridad Social y sin embargo, el 50% de la
población española piensa que reciben más de lo que tributan.
– En el espacio de la exclusión social, el 80% de las personas son españolas, sólo el 20% son inmigrantes.
– Solo aproximadamente el 4% de la
población piensa que la inmigración es el primer problema de este país.
España es uno de los países donde en menor medida se expresan opiniones
abiertamente xenófobas y se producen menos fenómenos de rechazo.
Revertir la sociedad desvinculada
Para poder enfrentarnos al futuro, perder el miedo y fortalecer los
mecanismos de inclusión de la ciudadanía en nuestra sociedad, los
autores del Informe plantean un conjunto de grandes conversaciones
cívicas que adecuen definitivamente nuestra forma de convivencia ante
este proceso de mutación social que en el Informe se denomina la
sociedad desvinculada.
Destacan tres retos.
1. Crear un nuevo escenario con
responsabilidades compartidas, de dialogar en torno a la creación de un
sector público compuesto por el espacio de trabajo conjunto de las
Administraciones públicas, las entidades no lucrativas y las empresas
sociales, con las iniciativas ciudadanas y profesionales.
2. Reflexionar sobre si queremos
garantizar el acceso a la supervivencia de las personas a través de
mecanismos de prestaciones y rentas condicionadas o mediante fórmulas de
rentas garantizadas. Es decir, responder al reto de cuánta es la carga
que queremos poner sobre los hombros de los pobres para poder ayudarles.
Y respondernos, incluso, si a veces ser pobre es un delito.
3. Conseguir que las personas, inmersas
en un mundo que promueve el individualismo, accedan a convertirse en una
comunidad para facilitar el acceso de terceros. La pregunta está en
cómo hacer que la ciudadanía colabore, lo que no se consigue ni a golpe
de decreto ni por presión.
Las organizaciones cívicas y solidarias se mueven en un terreno de
falta de recursos y de un cierto descenso de confianza. La
diferenciación entre quienes merecen o no ayuda pública o protección
social se está convirtiendo en un elemento clave para el soporte de
estas entidades.
En el VIII Informe FOESSA se apunta que es imprescindible un
liderazgo social, que, aunque a pequeña escala, puede generar
movilización ciudadana y aportar proyectos que pueden ser replicados o
repensados en otros lugares. Se trata de una construcción de abajo a
arriba, que pueda revertir la senda de desconfianza y aislamiento que
las estructuras están promoviendo.
Como se ha señalado en la rueda de prensa, “hoy, que se están
negociando los pactos que determinarán quién dirigirá el Gobierno, las
CC.AA o los Ayuntamientos, tenemos que preguntarnos si queremos afrontar
cómo recuperamos para la sociedad a ese 1,8 millones de personas
expulsadas, cómo podemos llegar a un acuerdo para evitar la exclusión
social grave de 4,1 millones de personas, cuál es nuestra voluntad de
construir sociedad o de seguir permitiendo que cada cual, en función de
dónde ha nacido, la familia que ha tenido o el patrimonio heredado,
resuelva cómo estar integrado”.
En palabras de Guillermo Fernández, “el reto está en saber —y poder—
construir consensos, y la herramienta que parece clave en estos momentos
es la construcción de un tejido social capaz de pensar en común los
diversos aspectos para que nuestra vida sea realmente social”.
“Vivimos en una sociedad desvinculada, en la que cada vez es más
difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás y, por ello,
necesitamos re-vincularnos, un objetivo en el que la construcción de
comunidad tendrá un papel esencial. Esta es la tesis que defiende el
conjunto de este proyecto del VIII Informe FOESSA”, añadió.
Cierre de ciclo
El VIII Informe FOESSA supone el cierre de un ciclo de análisis que
se iniciaba en los momentos previos a la crisis económica. Como explica
Raúl Flores, supone el capítulo final de una trilogía dedicada a tres
momentos esenciales en nuestra historia reciente.
– 2007-2008 El momento de máximo crecimiento económico previo a la crisis, analizado en el VI Informe FOESSA.
– 2013-2014 El momento de máxima
exposición de la población a los efectos de la crisis económica,
analizado en el VII Informe FOESSA
– 2018-2019 El momento posterior a una recuperación económica constante de 4 años, que analizamos en este VIII Informe FOESSA.
La Fundación FOESSA se constituyó en 1965, con el impulso de Cáritas
Española, ante la necesidad de conocer, la situación social de España de
forma objetiva y persistente como alternativa y complemento a las
iniciadas políticas de desarrollo creadas en nuestro país en esos
momentos.
Desde su origen, tal y como subrayó en la presentación Natalia Peiro,
secretaria general de Cáritas y directora ejecutiva de la Fundación,
los Informes FOESSA (1967, 1970, 1975, 1980-83, 1994, 2008 y 2014) “han
marcado hitos en el conocimiento de la situación social de España a
través del análisis de los procesos en que se manifiesta la evolución
social, así como las estructuras y tendencias que se corresponden con
esos procesos”.
“La vocación permanente de servicio de la Fundación –añadió— al
conocimiento de la realidad social de nuestro país es un compromiso
impulsado por Cáritas, desde el convencimiento de que no es posible
actuar en la realidad social de la pobreza y la exclusión si no contamos
previamente con un conocimiento profundo y exhaustivo de la misma que
nos permita afinar las respuestas y acompañar de manera eficaz a los
destinatarios de nuestra acción”.
Para la secretaria general de Cáritas, “nuestro mayor interés es
lograr que esta tarea investigadora de FOESSA se realice desde la mirada
de las personas perdedoras, de todos esos descartados a los que se
refiere el papa Francisco y a los que la Confederación Cáritas sitúa
siempre en el centro de sus actuaciones”.
ANEXO explicativo
Exclusión social es la pérdida de integración y de participación
del individuo en la sociedad. Es la falta de participación en la vida
social, económica y cultural de sus respectivas sociedades debido a la
carencia de derechos, recursos y capacidades básicas que hacen imposible
una participación social plena.
Es imposible medir la exclusión social con una simple tasa de
pobreza ni tampoco con la denominada tasa AROPE, que mira 3 indicadores
(pobreza, privación material y baja intensidad laboral). Sin cuestionar
su utilidad, estos medidores no son suficientes para los objetivos
marcados en la investigación.
Por esa razón, FOESSA utiliza 35 indicadores que miden la
participación en el empleo, en la capacidad de renta y en el acceso a
derechos básicos (como la vivienda, la salud, la educación o la
participación política), así como la ausencia de lazos sociales
(soledad) y las relaciones sociales conflictivas.
Cada uno de los 35 indicadores identifica situaciones de
exclusión social, la mayoría de los cuales tienen un carácter extremo
que afecta a proporciones pequeñas de hogares. La cantidad de
indicadores afectados y el peso que tiene cada uno de ellos genera una
suma de puntos de exclusión social que permite dividir a la sociedad en 4
espacios: el de la integración plena, la integración precaria, la
exclusión moderada y la exclusión severa.
