Enero comenzó
con una sacudida producida por el ataque armado por parte de
extremistas contra la oficina de la revista satírica francesa Charlie
Hebdo y un supermercado kosher en París. A raíz de los ataques, la
policía francesa detuvo a
54 personas, entre ellas cuatro niños, por apoyar verbalmente e incitar
a los actos terroristas. Los arrestados fueron acusados de "glorificar"
o "defender" el terrorismo. Los cuatro niños y demás detenidos fueron
rápidamente condenados en virtud de medidas especiales que permiten sentencias inmediatas.
CRIN
comenzó el año pidiendo que las respuestas a la delincuencia infantil
pasen de estar basadas en el castigo a centrarse en la rehabilitación,
en un acto celebrado durante el Congreso Mundial de Justicia Juvenil en Ginebra. La política de la justicia de menores quedó bajo escrutinio ese mismo mes cuando la policía de Filipinas supuestamente detuvo a
niños que viven o trabajan en la calle antes de la visita del Papa
Francisco a Manila, en un intento por mantenerlos fuera de la vista.
En ciertos lugares, también se borraron hechos. La cancillería japonesa solicitó a
una editorial estadounidense que eliminase las referencias a las
llamadas "mujeres de solaz" de los libros de texto escolares con el
objetivo de proyectar una imagen más amable del papel de Japón en la
historia. En respuesta a fuertes críticas, la editorial HarperCollins accedió a
destruir copias de un atlas destinado a escuelas de Oriente Medio que
omitía el territorio de Israel. Y la editorial británica Oxford
University Press fue también criticada por
pedir a un escritor infantil que eliminase referencias relacionadas con
los cerdos para evitar ofender a los lectores judíos y musulmanes.
Sin embargo, el mes produjo algunos avances positivos para los hijos de las parejas LGBT. Un tribunal italiano reconoció por primera vez la condición legal de un niño nacido de una pareja gay, mientras que el Tribunal Constitucional de Austria revocó la prohibición de adoptar por parte de parejas del mismo sexo.
Febrero tuvo un inicio sombrío debido a los informes de que Irán habría ejecutado a
un hombre condenado a muerte por delitos presuntamente cometidos cuando
era menor de 18 años. Saman Nasim fue condenado en 2013 por
supuestamente pertenecer al grupo armado opositor Partido por una Vida
Libre en el Kurdistán (PJAK) y por llevar a cabo actividades armadas
contra la Guardia Revolucionaria de Irán. Las autoridades de Egipto encubrieron la
muerte de al menos 27 personas, entre ellas un niño de 10 años de edad,
que fueron asesinadas durante las manifestaciones que marcaron la
revolución egipcia de 2011 y que derrocó al ex presidente Hosni Mubarak.
Las investigaciones oficiales sobre las muertes habrían pasado por alto
pruebas relevantes, según ha manifestado Amnistía Internacional.
El alto tribunal australiano dictaminó que la detención de 157 tamiles solicitantes de asilo, entre ellos 50 niños, en alta mar durante un mes, fue legal en
todo momento. Habiendo huido de Sri Lanka por temor a ser perseguidos,
los migrantes fueron interceptados en el mar y custodiados en un buque
de aduanas australianos en habitaciones sin ventanas durante 22 horas al
día, sin acceso a traductores y un acceso limitado a representación legal. La Comisión de Derechos Humanos de Australia también dio a conocer un informe largamente esperado sobre los efectos de la detención en la salud mental y física de los niños.
Durante el mismo mes, el Banco Mundial dijo que no iba a investigar el
posible uso de mano de obra infantil en proyectos agrícolas que está
financiando en Uzbekistán, a pesar de reconocer que los niños podrían
estar trabajando en contra de su voluntad en las granjas que se
benefician de los fondos del banco. Además, surgió información señalando
que las escuelas del país estarían expulsando niños por no recoger suficiente chatarra para cumplir con la cuota establecida por un plan de reciclaje impuesto por el Estado.
Mientras tanto en el Reino Unido, los Miembros del Parlamento votaron a
favor de permitir la creación de bebés con ADN de tres personas - el
primer país en hacerlo. La técnica, que utiliza una versión modificada
de la FIV e implica el intercambio de una fracción de ADN de la madre
por el de una donante anónima, tiene como objetivo detener la enfermedad
mitocondrial, una grave dolencia genética que se transmite de madre a
hijo.
En marzo, CRIN publicó un informe global sobre la cadena perpetua que halló como tales sentencias todavía son legales en 73 países. En el mismo mes, un informe publicado
por el Relator Especial de la ONU sobre la tortura se convirtió en el
primer gran informe de la ONU en reconocer que la cadena perpetua y las
penas de detención muy largas violan la prohibición de tratos crueles,
inhumanos o degradantes cuando se imponen a los niños.
Benin y Andorra prohibieron todo tipo de castigo corporal a los niños, incluso en el hogar. Al mismo tiempo, el Comité Europeo de Derechos Sociales dictaminó que
Francia estaba violando las normas europeas de derechos humanos al no
prohibir explícitamente todo castigo de corporal a los niños y en todos
los ámbitos.
En Australia, el parlamento del estado de Victoria introdujo una ley para elevar los
límites de tiempo en que las víctimas de abuso infantil pueden
presentar demandas civiles. Bajo la nueva ley, las víctimas de abuso
infantil podrán reclamar daños y perjuicios por la vía civil a los
responsables, incluidas organizaciones, independientemente de cuándo
haya ocurrido el abuso. El Salvador siguió el mismo ejemplo más adelante en diciembre.
Las autoridades de Sierra Leona y Liberia anunciaron que las escuelas reabrirán tras
la ralentización de las infecciones por ébola. En Sierra Leona, debido a
que muchas escuelas han sido utilizadas como centros de atención para
tratar a los pacientes infectados por el ébola, el gobierno dijo que se
deberán destinar recursos adicionales para garantizar la seguridad de
los alumnos y profesores.
La necesidad de invertir en los derechos de los niños fue el tema del día anual sobre los derechos del niño celebrado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH). En el informe presentado por
CRIN para la ocasión, subrayamos que la inversión en los derechos de
los niños y en los mecanismos para garantizarlos, debe de estar ligada a
las obligaciones de los Estados en virtud de la Convención de la ONU
sobre los Derechos del Niño. Asimismo, durante su reunión de marzo, el
Comité aprobó una resolución para nombrar a un Relator Especial sobre el derecho a la privacidad y un experto independiente sobre el disfrute de los derechos humanos de las personas con albinismo.
En abril,
el acceso de los niños a la justicia tuvo un inesperado y negativo
giro cuando un alto funcionario humanitario de la ONU fue suspendido
por filtrar un
informe confidencial, que exponía el abuso sexual de niños por parte de
las tropas de mantenimiento de la paz francesas estacionadas en la
República Centroafricana. El documento recogía testimonios de las
víctimas y daba detalles de cómo los soldados abusaron sexualmente de
niños de tan corta edad como nueve años entre diciembre de 2013 y junio
de 2014 en un centro para desplazados internos en la capital Bangui.
Supuestamente, Anders Kompass habría pasado el informe, que fue
encargado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos, a las autoridades francesas. CRIN, entre otros,
escribió una carta dirigida al Secretario General de la ONU instando a
una investigación independiente sobre el manejo del caso por parte de la
ONU.
En un tono más positivo, durante ese mes Malta se convirtió en el primer país del
mundo en prohibir cirugías de 'normalización' de género en niños
intersexo antes de que éstos sean capaces de consentir o rechazar el
procedimiento. Al mismo tiempo, el gobierno de Obama afirmó que los niños en Estados Unidos que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales o transgénero (LGBT) no deben ser sometidos a las llamadas "terapias de conversión".
Cerca de 800 personas en Guatemala lanzaron una
demanda multimillonaria contra la Universidad John Hopkins en los EEUU
por su presunta participación en un programa de experimentación médica
financiado por el gobierno federal, en el que cientos de personas
vulnerables, incluidos niños, fueron deliberadamente infectados con enfermedades de transmisión sexual sin consentimiento informado o tratamiento posterior.
Abril fue también un mes de tragedias humanitarias: 800 personas, entre ellas unos 100 niños, se ahogaron en
el mar Mediterráneo en lo que fue uno de los peores desastres de un
barco de inmigrantes en la historia. Al mismo tiempo, la lucha sectaria
en curso que padece Yemen se cobró la
vida de al menos 405 civiles, entre ellos 86 niños. En particular,
Arabia Saudí, junto a un número de otros aliados suníes de la región,
puso en marcha una intensa campaña de ataques aéreos contra el Houthi
respaldado por Irán. Las agencias de cooperación siguen advirtiendo que
los suministros no están llegando y que los hospitales de todo el país
carecen de medicamentos, suministros médicos y sangre.
En mayo celebramos el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (IDAHOT por sus siglas en inglés) en un boletín especial resaltando
campañas y recursos de todas partes del mundo sobre los derechos de los
niños que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexo (LGBTI). Dicho boletín viene a complementar otro sobre los Niños en la Corte compartiendo
novedades judiciales y desarrollos legislativos relativos a las
personas LGBTI y el impacto de estos cambios en los derechos de los
niños.
Mayo
trajo consigo una serie de regresiones para los derechos sexuales y
reproductivos de los niños. Expertos en derechos humanos se pronunciaron en
contra de la decisión de Paraguay de denegar un aborto a una niña de 10
años que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro. En
Paraguay, los abortos sólo se autorizan cuando la vida de una mujer o
niña está en riesgo grave. En Malasia, un hombre de 60 años de edad fue absuelto de
cuatro cargos de violación de una niña de 15 años de edad, quien dio a
luz a un bebé cuyo ADN coincide con el del acusado, porque el testimonio
de la niña se consideró poco fiable. Defensores de los derechos de las
mujeres instaron por su parte el gobierno de Sierra Leona a reconsiderar una
ley que prohíbe a las estudiantes "visiblemente embarazadas" asistir a
clase o incluso presentar sus exámenes de equivalencia escolar.
Por otra parte, también se hizo justicia (aunque con retraso) cuando los fiscales en Nigeria retiraron los
cargos de asesinato contra una niña de 15 años de edad acusada de matar
a su marido, que la superaba en más de 20 años de edad. Wasila Tasi'u,
quien tenía 14 años cuando fue obligada a casarse con un hombre de 35
años de edad, fue acusada de envenenar comida preparada para una
celebración posterior a su boda con veneno para ratas, lo que resultó en
la muerte de su marido y otros tres invitados. CRIN documentó la historia detrás del caso de Wasila como parte de nuestro proyecto de estudio de casos.
En junio, un proyecto de resolución de la ONU sobre "protección de la familia” fue resucitado en el Comité de Derechos Humanos, a pesar de haber generado críticas por
parte de grupos de derechos humanos por su intento de limitar los
derechos de las personas, incluidas las mujeres y los niños, dentro de
la familia. A modo de ejemplo en relación a la violencia dentro de la
familia, un organismo de control europeo de derechos humanos determinó que Irlanda, Eslovenia, Bélgica y la República Checa estaban fallando en la protección a los niños contra la violencia al no establecer en su legislación la prohibición de todo tipo de castigo corporal a los niños, incluso en el hogar.
En el ámbito de la discriminación, un tribunal italiano dictaminó que
los "campamentos nómadas" creados por el estado son una forma de
segregación y de discriminación del pueblo romaní basada en criterios
étnicos, siendo ésta la primera vez en
Europa que un tribunal nacional ha alcanzado una decisión de estas
características. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional de
Kazajistán revocó una
ley en contra de la homosexualidad que pretendía prohibir la
"propaganda" de la homosexualidad hacia los niños, con algunos
comentaristas planteando que
la motivación principal de dicha decisión fue la candidatura del país
para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Al mes siguiente, Mozambique
Y en Bélgica, a 30 estudiantes musulmanas se les negó la entrada a su escuela por
llevar faldas largas, ya que el director consideró dichas prendas un
"símbolo religioso". De manera similar, en mayo una chica musulmana de
15 años de edad fue suspendida de su escuela en el norte de Francia por
llevar una falda negra y larga, hecho que la directora también consideró
un símbolo religioso. Sólo se le permitió volver a la escuela en sus ropas habituales después de una muestra de apoyo en Twitter bajo el hashtag #
A lo largo del mes de julio,
los casos de abusos sexuales a niños por parte de las fuerzas de paz
destinadas en la República Centroafricana (RCA) se mantuvieron en los
titulares, con la ONU investigando un
tercer caso de presuntos abusos sexuales a niños en que estarían
implicadas fuerzas extranjeras. Asimismo, la Alta Comisionada Adjunta
para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, presentó su renuncia
alegando motivos de salud, tras la publicación de una declaración
confidencial en que admitía “su fracaso en dar seguimiento a la situación en la RCA".
En
su décimo aniversario, la credibilidad del proceso del Consejo de
Seguridad para el seguimiento y notificación a los estados que hayan
cometido graves violaciones de los derechos de los niños durante
conflictos armados fue puesto en duda después de varios ejemplos de
interferencia política. El punto de ruptura llegó con la decisión en
abril del Secretario General de omitir mención
a las Fuerzas de Defensa de Israel y los grupos armados palestinos en
su 'lista de la vergüenza' anual, a pesar de una recomendación al
respecto por parte de su Representante Especial sobre los niños y los
conflictos armados. En respuesta, CRIN publicó un análisis conjunto con Niños Soldados Internacional revisando cómo el mecanismo de supervisión y notificación tiene que cambiar.
A raíz de una campaña en Arabia Saudí, se envió una carta abierta destinada a frenar la inminente ejecución de dos jóvenes que
habían sido sentenciados a muerte por delitos aparentemente cometidos
cuando eran menores de edad. La coalición de organizaciones de derechos
humanos que suscribieron la carta le solicitaron al Ministro de Justicia
del país que evitara la ejecución de Ali Mohammed al-Nimer y Dawood
Hussain al-Marhoon, quienes fueron sentenciados a muerte en mayo y
octubre de 2014 respectivamente. En el texto también se reclamaba que
los jóvenes habían sufrido violencia y malos tratos durante su
interrogatorio y detención, siendo coaccionados a confesar.
Las condenas inhumanas también acapararon los titulares en agosto, cuando salió a la luz la noticia de la inminente ejecución de Shafqat Hussain,
un joven sentenciado a muerte por crímenes supuestamente cometidos a la
edad de 14 años. A pesar de las críticas respecto de la confesión bajo
tortura aceptada como evidencia, Shafqat fue colgado en las primera
horas del 4 de agosto, en medio de la presión global de que fuera
liberado. Su ejecución había sido cancelada tres veces en 2015 luego de
una campaña liderada por la organización Reprieve.
Ataques
aéreos mortales en Yemen continuaron golpeando a la población civil,
con reportes de que los ataques se habrían cobrado la vida de más de
1000 niños, con un número de escuelas soportando gran parte de los
ataques provenientes de Arabia Saudita. Además de la destrucción de sus
casas y escuelas, los niños desplazados continúan, hasta la fecha, bajo
riesgo de sufrir desnutrición y enfermedades, sin mencionar el repetido,
y ya confirmado, uso de las llamadas “bombas de racimo”, y su potencial impacto en las futuras generaciones.
Una
vez más, el escándalo de abuso sexual en la República Democrática de
Congo resurgió en agosto, con la remoción del jefe de la misión de paz
en el país luego de las sostenidas acusaciones de abuso sexual infantil
por parte de las tropas bajo su comando. Rápidamente, también surgieron
acusaciones contra las tropas de la República Democrática de Congo,
llevando el número total de acusaciones a 13 incidentes individuales.
Durante septiembre, CRIN estuvo sumamente ocupado, publicando su Reporte Anual 2014-2015, una edición especial del boletín en inglés sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los derechos de los niños, dos reportes analizando el trabajo de los comités de Naciones Unidas en relación con los derechos del niño y una serie de discusiones sobre derechos del niño y la actual crisis mundial de los refugiados.
La
ONU aprobó una resolución histórica al convertir en más transparente y
abierto el proceso de selección del Secretario General. Asimismo,
publicó un reporte detallando la intimidación y represalias recibidas
por personas que testificaron o cooperaron con la organización. Entre
las represalias documentadas se incluyen prohibiciones para viajar,
hostigamiento, amenazas, censura, estigmatización y tortura, de los
cuales los ataques documentados sólo representan la punta del iceberg.
Los
derechos digitales también fueron un tema caliente en tanto
adolescentes tanto en los Estados Unidos como en el Reino unido fueron
arrestados por enviar fotos de sí mismos desnudos a otros jóvenes de su
edad. En los Estados Unidos, un niño y una niña fueron arrestados e
imputados por realizar imágenes sexualmente explícitas y señalados por la justicia tanto como víctimas e imputados.
En Reino unido, el nombre de un niño que envió por mensaje de texto una
foto de sí mismo desnudo a una de su escuela puede haber sido registrado en una base de datos policial para criminales sexuales.
La policía registró el incidente como un crimen, a pesar de que el niño
no fue arrestado ni imputado y los detalles del evento pueden ser
revelados a futuros empleadores del joven.
La
tecnología también fue noticia en Corea del Sur luego de que se
revelara que una aplicación patrocinada por el gobierno que le permitía a
los padres monitorear los celulares de sus hijos tenía
importantes fallas de seguridad. En ese país, es obligatorio para los
menores de 19 años que comprar un celular el instalar la mencionada
aplicación, que filtra y bloquea ciertos contenidos. Sin embargo, dos
auditorías de seguridad revelaron que la aplicación podría filtrar la
información personal de los niños así como las páginas que visitaban y
facilitar que el teléfono pudiera ser hackeado.
A principios de octubre, una serie de atentados en Turquía terminó con la vida de más de 100 personas con
otra centena resultando herida, incluidos gran cantidad de niños. Las
explosiones, endilgadas a miembros del grupo Estados Islámico, tuvieron
lugar durante una marcha a la que miles de personas habían asistido. Cuatro personas fueron arrestadas e
imputadas por crear aparatos explosivos con intención de matar así como
por el intento de interrumpir el orden constitucional luego de que
grandes cantidad de explosivos y munición les fueran encontrados. Por
tiempo antes del ataque, 70 ONG turcas habían firmado y enviado una
carta abierta dirigida al gobierno, señalando la importancia de las
obligaciones contraídas en el marco de la Convención de los Derechos del
Niño, particularmente en contextos de conflicto.
A
raíz de repetidos ataques a nivel mundial y en medio de una creciente
sensación de inseguridad es que se han impuestos mayores restricciones
sobre los derechos de los niños, con padres en el Reino Unido obteniendo
el poder de cancelar los pasaportes de sus hijos menores de 17 años. Estas medidas fueron anunciadas luego de que fuera revelado que 796
personas, de las cuales 312 eran menores de 18 años, fueron referidas
al programa de de-radicalización del Reino unido entre junio y agosto
de 2015. En ese mismo espíritu, es que Australia eligió bajar la edad de
16 a 14 años de edad en la que ciertas órdenes de control pueden ser aplicadas a personas sospechadas de terrorismo. La Comisionada Nacional de la Niñez, Megan Mitchell, se pronunció en contra de estas medidas.
Una escuela en Grecia se vio obligada a pagar compensación a niños a los que se prohibió asistir a clase luego
de ser erróneamente diagnosticados con lepra. Los jueces del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos aceptaron que la exclusión de los niños de
la escuela se basaba en el objetivo legítimo de prevenir el riesgo de
contagio, pero estableció que existió un retraso desproporcionado para
su retorno a la escolaridad. Un reporte por una ong de derechos de las
minorías descubrió otro tipo de discriminación en Turquía, revelando que
su sistema educativo discrimina a las minorías étnicas y religiosas.
La investigación demostró el importante énfasis que se le pone a la
religión y al nacionalismo a través de todo el sistema educativo.
Asimismo, se descubrió que a los estudiantes se les impone la doctrina
nacionalista de la Síntesis Turco-Islámica que refuerza un concepto de
identidad turca más limitado.
Las Naciones Unidas también acusaron a las autoridades de la República Checa de "sistemáticas" violaciones a los derechos en
su trato a los refugiados e inmigrantes, incluida la detención de niños
debido a su estatus migratorio. El país fue acusado de mantener en
condiciones “degradantes” a personas provenientes de alta mar por hasta
90 días así como de realizarles cacheos para encontrarles dinero
destinado a pagar por su propia detención. Su distintiva y rutinario uso
de la detención prolongada, así como su discurso xenófobo respecto a
los refugiados, ha puesto a República Checa ha despertado miradas de
oprobio en el mundo entero.
El
gobierno chino sorprendió al mundo al dejar sin efecto su infelizmente
famosa política del hijo único, que contemplaba sanciones que iban from fines to forced sterilisation. La medida recién será efectiva en marzo de 2016; pero se espera que los abusos a los derechos humanos ligados a la política que incluían el secuestro de madres, abortos forzosos e infanticidio, se reducirán.
En noviembre, información producida por UNICEF Reino Unido mostró que el número de niños buscando asilo en Europa se había casi duplicado en comparación con 2014. La
estadísticas ofrecidas por la agencia mostraron que 190,000 niños
solicitaron asilo en Europa entre enero y septiembre de 2015, en
comparación con los 98,000 del mismo período en 2014, con 1 niño cada 10
creciendo en alguna zona de conflicto en el mundo. Asimismo, una
investigación de Human Rights Watch también reveló que unos 400,000 niños sirios se encuentran sin acceso a la escolaridad a pesar de haber abandonado su hogar y encontrarse bajo asilo en Turquía.
A
mitad de mes, impactantes atentados terroristas sacudieron París y
Beirut, con 130 muertos y 368 heridos en Francia y hasta 43 muertos en
el Líbano. En esa misma semana en Nigeria al
menos 41 personas murieron en varios ataques suicidas y a principios de
mes informes rusos reportaron que un artefacto explosivo improvisado
había sido el responsable de derribo de un avión, matando a 224
personas, incluidos 17 niños. Muchos estados optaron por asegurar sus
fronteras después de la serie de ataques, lo que restringe aún más la
entrada de refugiados procedentes de países en guerra.
Irlanda
se convirtió en el Estado 47 en prohibir el castigo corporal de los
niños en todos los entornos, incluso en el hogar. El parlamento
irlandés abolió la defensa del “castigo corporal razonable" luego de las críticas de las Naciones Unidas al resolverse que esto iba en contravención con la Carta Social Europea por no prohibir explícitamente el castigo corporal de niños en todos los ámbitos. En el mismo mes, el congreso peruano también prohibió el castigo corporal contra los niños y otros tipos de castigo humillante en todos los ámbitos, incluido el hogar.
Un reporte sobre
los derechos de los niños y sus padres del Relator Especial de
Naciones Unidas sobre libertad religiosa y creencias señaló que ciertas
cuestiones derechos de los niños, pero dejó afuera a otras. En
respuesta, CRIN indicó las cuestiones que faltaban o habían sido dejadas de lado en el reporte para
asegurar un reconocimiento consistente y adecuado de los niños como
titulares de derechos por sí mismos. Esta respuesta incluía presionar
por una educación que cree respeto en los niños por aquellos que no
comparten su religión; y proteger a los niños de vulneraciones a sus
derechos motivadas por la religión, particularmente en relación con la
apostasía y la circuncisión no consentida y sin motivos médicos.
En diciembre las condenas inhumanas alcanzaron un nuevo pico mientras Arabia Saudí se preparaba para ejecutar tres hombres jóvenes que
habían sido sentenciados a muerte mientras eran menores por asistir
marchas de protesta. El gobierno anunció que estaba pronta la ejecución
de más de 50 prisioneros en un mismo día. En Irán, dos jóvenes también fueron sentenciados a muerte,
mientras que en Pakistán un hombre que había sido sentenciado a muerte a
la edad de 17 años, y pasó 23 años en el corredor de la muerte,
también enfrentaba su inminente ejecución. Mientras tanto, la Cámara Alta del parlamento indio aprobó un proyecto de ley permitiendo que jóvenes de 16 y 17 sean acusados bajo el sistema penal de adultos por
delitos graves. La cuestión penal juvenil ha estado en el centro de los
medios en India como resultado de la liberación del joven condenado por
la violación colectiva de una estudiante en un autobús en Delhi en
2012. La ley requiere la promulgación del presidente para convertirse en
ley.
Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU estableció un
calendario de seis meses para la creación de un gobierno de transición
unido en Siria y 18 meses para la creación de una nueva constitución y
el llamado a elecciones democráticas. Para finalizar con una nota
negativa, John Kerry, Secretario de Estado de EEUU, dijo: “un sirio de
cada 20 ha sido asesinado o herido; uno de cada cinco es un refugiado;
uno de cada dos ha sido desplazado de su hogar; la expectativa de vida
en Siria ha caído 20 años”. Sumando su desdén por la respuesta internacional a la crisis, la Ethical Journalism Network ha monitoreado la cobertura de los medios sobre migración en
la Unión Europea y en 14 países alrededor del mundo. Los temas surgidos
incluyen el uso del discurso promoviendo el odio, sensacionalismo y
estándares en decadencia.
Limitando el acceso a la información de una forma diferente, la Unión Europea determinó que
los niños por debajo de 16 años pueden necesitar el consentimiento de
sus padres para utilizar internet y las redes sociales bajo una regla
recientemente aprobada con objetivo de fortalecer la protección de la
información de los niños y las privacidad online. Sin embargo, los
defensores de los derechos digitales afirman que estas medidas
configuran restricciones a las libertades digitales de los niños.
Volviendo al tema de la violencia, varios expertos de Naciones Unidas expresaron su asombro ante
el perdón en Zambia a un rapero que había violado a una niña. Clifford
Dimba, también conocido como ‘General Kanene’ también fue elegido por el
presidente Lundu como embajador contra la violencia de género, pero fue
señalado por atacar a varias mujeres luego de abandonar la prisión. Los
expertos solicitaron que el rol de Dimba le sea revocado y que ningún
otro perdón sea concedido por crímenes contra mujeres y niñas. Los
pedidos surgieron luego de un reporte de CRIN,
iniciado por un contacto efectuado por activistas de derechos del niño
en Zambia, que dieron como resultado un impacto global mediático y una limitada y despectiva respuesta por parte del gobierno de Zambia. Un mes más tarde, Dimba se vería desposeído de su puesto de embajador.
Finalmente, el largamente anticipado reporte
|
Los derechos de los niños en 2015, Resumen del CRIN.
El Tribunal Constitucional ha publicado una sentencia pionera en la que establece que el interés superior del menor está por encima de la pugna por su custodia.
- Ordena una nueva sentencia "respetuosa con el derecho fundamental vulnerado" en la persona de la menor
- Por primera vez el TC aborda esta cuestión para la que no existía hasta ahora una doctrina
El Tribunal Constitucional ha publicado una sentencia pionera en la que establece que el interés superior del menor está por encima de la pugna por su custodia, a raíz del recurso de amparo que presentó la española Desirée Vicente porque
la Audiencia Provincial de Madrid, sin valorar que la niña estaba
integrada ya en España, la obligaba a entregar a su hija de 5 años al
padre suizo residente en aquel país que además estaba imputado por un
delito de violencia de género contra ella.
La mujer víctima de la violencia machista Desiré Vicente en una imagen de archivo.EFE |
Se trata de la primera vez que el Constitucional aborda esta cuestión, para la que no existe doctrina y que está regulada en el Convenio de la Haya sobre la restitución de menores. No entra en el fondo de esta cuestión, se limita a evaluar los argumentos de
la Audiencia Provincial de Madrid para ordenar la devolución de la niña
y concluye que las circunstancias de la menor no fueron tenidas en
cuenta, según informó Europa Press.
En concreto, la Sala Segunda del Alto Tribunal anula la sentencia
dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en marzo de 2015 porque
considera que "vulnera el derecho fundamental" de la
madre a "la tutela judicial efectiva sin indefensión" (24.1 de la
Constitución), tal y como avanzó este jueves Europa Press.
Asimismo, ordena que se retrotraiga el procedimiento al momento anterior
a la citada resolución de la Audiencia para que el tribunal dicte una
nueva "respetuosa con el derecho fundamental vulnerado", como recoge la sentencia.
Conforme explica el fallo de la Sala Segunda, en el procedimiento la
Audiencia Provincial de Madrid no tuvo en cuenta que desde el momento en
que el padre reclamó en vía judicial la restitución de la menor y hasta
que se dictó sentencia habían pasado 20 meses, cuando el Convenio de la Haya establece que en estos casos, se debe resolver en el plazo de seis semanas.
"La dilación del procedimiento judicial no se ha debido ni a la tardanza
en su iniciación ni al comportamiento del promotor del incidente sino a
diversas vicisitudes procesales entre las que destaca la declinatoria
por falta de competencia objetiva, al existir denuncias
de violencia de género. Este Tribunal con la decisión que adopta
constata que la lamentable dilación del procedimiento tendente a la
restitución en las circunstancias excepcionales que presenta el caso
enjuiciado no puede menoscabar el interés superior de la menor
impidiendo valorar su situación actual de integración en el nuevo
medio", sostiene.
"Este Tribunal con la decisión que adopta constata que la lamentable dilación del procedimiento
tendente a la restitución en las circunstancias excepcionales que
presenta el caso enjuiciado no puede menoscabar el interés superior de
la menor impidiendo valorar su situación actual de integración en el
nuevo medio", sostiene el Alto Tribunal.
Sobre la situación de la menor, que ahora tiene seis años, el TC indica que por exigencia del principio de interés superior de
la misma, imponía una valoración, "omitida en la resolución impugnada",
que ponderase el conjunto de circunstancias como la edad, el entorno y
la convivencia habitual, incrementada con la presencia de un nuevo
miembro en el contexto familiar (su hermano de ahora 16 meses) y la
escolarización desde el año 2013 de la niña en España.
Esto último, a juicio del Constitucional, "genera el reconocimiento de
la insuficiencia de motivación en la resolución impugnada, que es
inherente al contenido constitucional del artículo 24.1 de la CE".
La abogada: "Se ha evitado un caso como el de Carrascosa"
En declaraciones a Europa Press, los abogados de Desiree Vicente, Almudena Mendoza y Juan Ramón Montero,
advirtieron de que la actuación del Tribunal Constitucional evitó la
restitución de la menor al padre suizo y haya acabado como el caso de la
española Maria José Carrascosa, que estuvo en prisión en Estados Unidos, acusada de secuestrar a su hija pese a contar con la custodia en España.
Los abogados indicaron también que en el auto de la Audiencia se obvió
la imputación del padre de la niña en un procedimiento penal y no acató
la valoración del Juzgado de Violencia de Genero
que alertó del riesgo de la menor. "Ha estado en busca y captura para
declarar en el procedimiento penal y ni siquiera ha venidoa España a
defenderse", advirtieron.
La primera agresión se produjo en Grecia en 2013
Todo comenzó en agosto de 2013 cuando de vacaciones en Grecia con su
pareja e hija, Desiree Vicente sufrió en la vía pública una agresión física de éste y el abuelo paterno de la niña,
"en presencia de la menor y de varios testigos", según ella misma contó
a Europa Press y documentó en su momento la policía griega, que envió a
madre e hija a Madrid en el primer vuelo a España con ayuda del
consulado.
Vicente explica que él, Philippe Kitsos, diputado suizo
y concejal en la ciudad donde vivían los tres, obtuvo "en 24 horas" la
custodia en un tribunal suizo aunque al tratar de ejecutarla en España,
un Juzgado de Familia se lo negó.
El padre pide por primera vez la restitución de la menor en noviembre de
2013, alegando secuestro parental de menores, una petición que llega al
Juzgado de Violencia contra la Mujer número 11, que desestima al considerar que "existe un grave peligro para la niña".
Concurso de cuentos "Maestro Benaiges".
Primera Edición 2016.
Entidad convocante:
Género: Infantil y juvenil
Premios:
.- 150€ para el ganador de la categoría de mayores de 15 años.
.- Para la categoría de menores de 15 años el premio consistirá en un cheque canjeable en una librería valorado en 50€.
Abierto y Sin restricciones, podrá participar toda aquella persona que lo desee sin límite de edad.
BASES
La Asociación Escuela Benaiges de Bañuelos de Bureba, con el objetivo de promocionar la creación literaria en torno al cuento infantil y dar a conocer la Historia de nuestra escuela y homenajear la memoria del maestro Antonio Benaiges en el 80 aniversario de su muerte, convoca la
primera edición del concurso de cuentos
"Escuela Benaiges".
Bases del concurso:
1.- Participantes: Toda persona que lo desee, sin límite de edad.
2.- Idioma: castellano. (Podrán presentarse trabajos escritos en otros idiomas enviando junto con el original la traducción al castellano).
3.- Extensión del cuento: mínimo de una página, máximo de cuatro, escritas por una sola cara.
4.- Presentación de trabajos: Cada persona podrá presentar un máximo de dos cuentos originales, estrictamente inéditos y no publicados o premiados anteriormente (incluido internet), no podrán estar pendientes de resolución en otros certámenes.
5.- Tema: El MAESTRO BENAIGES, LA IMPRENTA EN LA ESCUELA, (Memoria histórica, pedagogía y educación) el jurado valorará especialmente aquellos cuentos dirigidos a la infancia y relacionados con la pedagogía en el medio rural y la memoria de Antonio Benaiges.
6.- Forma de presentación: en formato papel, con letra clara; o a ordenador (preferentemente), a doble espacio y en letra Arial o similar, tamaño 12.
Los trabajos se presentaran por triplicado. Junto a las obras se adjuntará en un sobre cerrado, en cuyo exterior debe señalarse el seudónimo o lema del cuento y en el interior deberán incluirse: una fotocopia del D.N.I. o pasaporte, dirección y teléfono y correo electrónico (si lo tuviese).
7.- Lugar de presentación:
Asociación Escuela Benaiges de Bañuelos de Bureba, Plaza Mayor
09248 Bañuelos de Bureba (Burgos)
E-mail: escuelabenaiges@gmail.com
8.- Fecha límite de presentación: 1 de Abril de 2016.
9.- Se entregarán ejemplares del libro editado a las personas seleccionadas, que podrán leer sus cuentos en Bañuelos de Bureba el día que se decida celebrar la entrega de premios y el homenaje al maestro. Se convocará a los/as interesados/as con antelación suficiente.
10.- La presentación de trabajos al concurso significa la tácita autorización para publicar los cuentos. Los cuentos seleccionados y publicados pasaran a ser propiedad de la Asociación a todos los efectos.
Se podrán incluir en la publicación aquellos dibujos que el autor/a adjunte y todos aquellos que la organización considere oportuno.
11.- Existirán dos categorías. Una para los autores menores de 15 años y otra para el resto de autores.
12.- El fallo del jurado será inapelable. Se concederá un primer premio en metálico de 150€ para la categoría de mayores de 15 años. Para la categoría de menos de 15 un premio consistente en cheque regalo canjeable en una librería valorado en 50€. En ambas categorías se concederán menciones especiales a los finalistas.
Si quedase alguna categoría desierta el premio se añadiría al ganador de la otra categoría.
El fallo del jurado será dado a conocer el día 31 de mayo de 2016, en el facebook (https://www.facebook.com/AsociaciónEscuelaBenaiges) de la asociación y en el acceso al Blog, utilizándose también todos los medios que estimen oportunos la junta directiva de la asociación para dar difusión del fallo.
El mero hecho de presentarse al concurso supone la aceptación de estas bases y la renuncia a cualquier acción en contra del fallo del jurado.
Publicado por Carmen Sáez Vesga en 12:35
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“Young Children (0-8) and Digital Technology”, informe sobre España.
Presentación el
9 de Febrero a las 17:00pm
Universidad Autónoma de Madrid
(Campus de Cantoblanco)
Facultad de Psicología,
Salón de Grados.
Joint Research Centre,
European Commission
Joint Research Centre,
European Commission
por David Poveda
El martes 9 de Febrero 2016 se presentan simultáneamente el informe liderado por el EU – Joint Research Centre Young children (0-8) and digital technology (2015, 2nd phase) y los respectivos 19 informes nacionales de los países participantes en el estudio del año 2015.
The study Young children (0-8) and digital technology (2015, 2nd phase) investigates the online presence of very young children and their use of digital technology. The research is coordinated by the European Commission, Joint Research Centre, Institute for the Protection and Security of the Citizen (IPSC), Digital Citizen Security unit in the frame of the institutional project ECIT (Empowering Citizen’s Rights in Emerging ICT) and conducted with thirty-seven partners in 19 countries since 2014.
The study seeks to pave the way for better understanding how children below 8 years of age use the Internet and emerging digital devices (e.g. smartphones, tablets, computers, games) at home and their family context. In particular, it looks for existing/emerging uses in relation to online technologies used by children aged between 6 and 7 and their families, and it describes how children engage with (online) technologies and on how parents mediate their use. It also reflects on the potential benefits, risks and consequences associated with their (online) interactions with technologies. The study builds on a qualitative pilot study that touched seventy families of six European countries, of which its exploratory findings can be found in a first report issued in January 2015 (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC93239 ). The pilot study (2014) set the research methodology, based on interviews to children and parents, which has been recently implemented in 19 countries during the 2nd phase of the fieldwork (2015). The Autonomous University of Barcelona and the Autonomous University of Madrid participate in this pioneer study in Europe since 2015. The findings of the this second stage of fieldwork involving additional European countries have been published in January 2016 and will be officially launched together by all participating institutions February 9th, 2016.
Title of the project: Young Children (0-8) and Digital Technology
Funding organization: Joint Research Centre, European Commission
Coordinator of the European project: Stephane Chaudron
National contacts/coordinators of the fieldwork in Spain: Dr. Cristina Aliagas (Autonomous University of Barcelona) and Dr. David Poveda (Autonomous University of Madrid)
Researchers in Spain: in Autonomous University of Madrid (Dr. David Poveda, Dr. Mitsuko Matsumoto, Dr. Marta Morgade, Nieves Galera, Cristina Roncero) and in Autonomous University of Barcelona (Dr. Cristina Aliagas and Cristina Correro).
Participant countries: Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Italy, Latvia, Malta, Norway, Portugal, Romania, Russia, Slovenia, Spain, The Netherlands, United Kingdom
Access to the Spanish National Report:
Universitat Autònoma de Barcelona: https://ddd.uab.cat/record/145656
Universidad Autónoma de Madrid: https://repositorio.uam.es/xmlui/handle/10486/669336
Participación en el GT 17, Sociología de la Infancia, XII Congreso Español de Sociología de la
FES. Federación Española de Sociología
XII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA
GRANDES TRANSFORMACIONES SOCIALES, NUEVOS DESAFÍOS PARA LA SOCIOLOGÍA
30 de junio, 1 y 2 de julio de 2016
Gijón, Asturias.
!! Últimos días !!
PARTICIPACIÓN EN EL GT 17,
SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA.
SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA.
Quedan 16 días para el envío de resúmenes.
En fecha reciente, la Federación Española de Sociología ha aprobado la creación del Comité de Sociología de la Infancia (http://www.fes-sociologia.com/sociologia-de-la-infancia/comites/45/ ).
El propósito del Comité es convocar a investigadores e investigadoras en el campo de la infancia, bien sea con una visión aplicada o teórica, así como a jóvenes investigadores elaborando su tesis doctoral.
La participación en el XII Congreso representa una oportunidad
para iniciar una fructífera colaboración científica y
un impulso para la sociología de la infancia en España.
En la web de FES figura toda la información necesaria, así como las Normas de participación (http://www.fes-sociologia.com/normas-de-participacion/pages/215/) e indicaciones para Envío de Resúmenes (http://www.fes-sociologia.com/envio-de-resumenes-y-textos-completos/pages/216/) .
Fechas clave:
· .- Presentación de resúmenes: 20 de noviembre de 2015 hasta 20 de febrero de 2016
· .- Confirmación de la aceptación de resúmenes: 20 de marzo de 2016
· .- Presentación de textos completos: 20 de marzo de 2016 hasta 4 de mayo de 2016
· .- Confirmación de la aceptación de textos completos: 4 de junio de 2016
· .- Publicación del programa: 7 de junio de 2016
Comité de Sociología de la Infancia
Políticas de inclusión social de la infancia y la adolescencia, una perspectiva internacional, libro Edt. Grupo 5
Picornell-Lucas, Antonia* y
Pastor Seller, E. (coords.)
Editorial Grupo 5,
Madrid, 2016
P.V.P.: 22.95 €
ISBN: 978-84-943980-8-7
ha
contado con la participación de treinta expertos e investigadores de un
total de ocho países latinoamericanos y europeos
(Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Portugal y España)
provenientes
de diversos campos (psicología, derecho, etología, antropología,
sociología, etnografía, trabajo social y educación social)
vinculados
con
La obra pone el punto de partida y transversal en el derecho a la
participación infanto-juvenil y su influencia en las políticas de
inclusión de niños, niñas y adolescentes.
Un enfoque basado en los
derechos de la infancia planteado escasamente en otros trabajos y que
puede resultar relevante para el avance en la docencia y la
investigación y para la generación e implementación de la agenda pública
dirigida a los niños, niñas y adolescentes hasta ahora fundamentada en
un enfoque basado en necesidades.
La obra se estructura en dos partes.
Una primera parte teórica
analiza las categorías de inclusión social y la participación
infanto-juvenil en un esfuerzo por contribuir a una mejor comprensión
del concepto de ciudadanía infantil, abordando temas cruciales como
inclusión, jurisprudencia, género, protección de derechos, violencia,
diversidad funcional, mediación o coparentalidad en la infancia.
En la
segunda parte se sistematizan experiencias prácticas aplicadas en
diversos ámbitos: migraciones, participación infanto-juvenil, trabajo
infantil, participación en la vida cultural de los niños y jóvenes,
proyectos de refuerzo educativo, nueva legislación sobre infancia y
referencias a aspectos metodológicos como las aportaciones de la
etnografía o la investigación cualitativa en trabajo social.
Una obra necesaria en la actual coyuntura de crisis y cambios
legislativos y de estructuras en las políticas sociales de la infancia y
adolescencia en el ámbito internacional, dirigida a los profesionales
de las entidades de la sociedad civil vinculados al campo de la infancia
y de la adolescencia y a investigadores, docentes y estudiantes de
grado y posgrado universitario.
*.- Antonia
Picornell-Lucas es miembro de la Asociación GSIA
Labels:
CDN,
Cooperación Desarrollo,
Discapacidad,
Formación GSIA,
GSIA,
Igualdad de Oportunidades,
Inmigrantes Adolescentes,
Investigación GSIA,
Mediación,
Trabajo/Explotación Infantil,
violencia y guerra
Los Institutos desde su contexto social, Debate
Área de Cultura y Deportes del Ayto de Madrid
Martes 16 de febrero
a las 17 horas
en Salón de Actos de Alcaldía (Alcalá, 50 4ª Planta)
El Área de Cultura y Deportes
continúa con el ciclo de debates dentro del Proyecto Ágora ya iniciado el pasado noviembre de 2015.
En esta ocasión acompañan en el debate:
Como moderador:
Rodrigo J. García. Premio Nacional de Investigación Educativa (MEC.CIDE) y Autor del el blog “Escuelas en red”
de El País.
Pilar Montero. Autora del libro ¡Está ardiendo una papelera! Diario de una directora de instituto.
Mariló Reina. Profesora de inglés IES Mariano José de Larra
Con la colaboración especial de estudiantes y profesorado del IES Mariano José de Larra y del IES Villa de Vallecas
Se
ruega confirmación en
Palacio Cibeles confirmacionesactos@madrid.es
Tel. 91 588 17 25- 91 588 11 89
Aforo limitado
La Primera “Guía Ciberbullying para madres, padres y personal docente” cumple 10 años.
Fue en 2006 cuando PantallasAmigas publicó la primera guía
que abordaba el ciberacoso entre iguales
de la mano de la experta y autora estadounidense Parry Aftab.
La guía fue escrita en inglés por la prestigiosa Dra. Parry Aftab expresamente por encargo de PantallasAmigas que, por medio de Manuel Casal y Jorge Flores, se ocupó de consensuar el contenido, enfoque y léxico con la autora. El objetivo era sencillo, pero ambicioso: alumbrar conocimiento sobre este fenómeno y sensibilizar sobre la necesidad de las acciones preventivas.
En España, incluso en muchos países de Europa, era un problema aún emergente. Sin
embargo, en Estados Unidos había una larga trayectoria de lucha contra
el mismo, por lo que era el mejor lugar para buscar un conocimiento
experto. Ya en 2005, durante la edición del libro “Internet con los menores riesgos”,
de la misma autora, vimos que este tipo de violencia digital requería
la mayor atención y, por ello, decidimos un mes de enero crear la “Guía Ciberbullying para madres, padres y personal docente” que fue presentado en el marco de unas jornadas celebradas con motivo del Día de Internet, 17 de Mayo, del año 2006, hace ya una década.
La abogada estadounidense Parry Aftab durante la presentación de la guía |
Si ya entonces PantallasAmigas puso el ciberocoso entre iguales en
un lugar prioritario, su apuesta por avanzar en la disminución de esta
práctica no ha cesado, tal como se puede ver en el glosario de proyectos
reflejado en www.prevencionciberbullying.com. Seguimos en el empeño mediante distintas estrategias como el proyecto Cibermanagers (desde enero de 2010) con enfoque peer-to-peer y aprendizaje servicio, donde el centro está en los propios chicos y chicas, o Netiquétate (septiembre del mismo año) que pone el énfasis en la ciberconvivencia positiva y la ciudadanía digital activa y responsable. También, en el marco del grupo EMICI, en ese mismo año desarrollamos el primer “Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying”.
En estos años también hemos desarrollado diferentes recursos, como la web ciberbullying.com, referente a la hora de informar sobre los riesgos de esta práctica, la ya mencionada página prevencionciberbullying.com, donde se pueden encontrar consejos muy útiles de prevención, o los recursos animados del canal de YouTube de PantallasAmigas, donde el usuario tiene acceso a diferentes listas reproducción en torno al ciberbullying o al ciberacoso, así como otras formas de violencia digital.
En 2016 vemos con perspectiva que el trabajo no ha hecho sino
comenzar… así que seguimos con mayor énfasis en esa lucha… ¡A por ello!.
Nunca más un país sin su infancia
Estamos ante un ejemplo más de la forma tradicional de
proceder de nuestras élites políticas: fuerte con los débiles y débil
con los fuertes
Irene Montero
/
Ione Belarra*
Diputadas de Podemos
En España existen 8.300.000 niñas, niños y
adolescentes, lo que supone un 17,7% de la población. Sin embargo,
quizás porque no vota, la infancia es uno de los colectivos más
invisibilizados en la vida pública de nuestro país, especialmente en lo
que respecta a la representación
política. Esto no debería extrañarnos si tenemos en cuenta que nuestro
sistema político es demasiado rígido como para posibilitar la
participación de los colectivos sociales que más barreras encuentran
para ello. Estamos, por lo demás, ante un ejemplo más de la forma
tradicional de proceder de nuestras élites políticas: fuerte con los
débiles y débil con los fuertes. No tener derecho al voto se convierte
así en un argumento definitivo para no tener ninguna presencia en la
vida política de nuestro país. Y sucede que lo que no se nombra no
existe.
Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes
están sufriendo (con escasa posibilidad de réplica) tanto o más que la
población adulta las consecuencias de las políticas austericidas del
Partido Popular. A lo largo de la anterior legislatura, organizaciones
de la sociedad civil con un importante peso específico como Cáritas,
Save the Children o Unicef han denunciado reiteradamente que España es
el segundo miembro de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza
infantil, sólo por detrás de Rumanía. Esta situación debería resultar
intolerable a cualquier gobierno digno si tenemos en cuenta que, como
decíamos, la infancia representa casi una quinta parte de nuestra
población, y es nuestro presente y nuestro futuro como país.
En la misma línea, en sus observaciones finales a España
en 2010, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó
su preocupación por los altos índices de pobreza infantil en España,así
como por la ausencia de políticas específicas para combatir la pobreza
infantil y la exclusión social. En este sentido, el órgano de
seguimiento de la observancia de la Convención sobre los Derechos del
Niño por parte de los Estados miembro recomendó a España que formulara
“[…] políticas públicas para, en particular, abordar el problema de la
pobreza infantil y elabore un plan nacional de lucha contra la pobreza
infantil […]”.
Los esfuerzos del Gobierno del Partido
Popular por atender a estas recomendaciones han sido escasos, por no
decir inexistentes. En 2013 se aprobó el Plan Nacional de Acción para la
Inclusión Social (PENAIN) 2013-2016, que el Gobierno quiso presentar
como la aplicación de la Recomendación de la UE Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas (2013/112/UE).
No obstante, en dicho plan la infancia es un elemento transversal, por
lo que no puede considerarse un plan específico de lucha contra la
pobreza infantil con una visión integral de este complejo problema de
ramificaciones tan diversas. Amén de que carece de objetivos concretos,
de indicadores de cumplimiento al medio y largo plazo, y de suficiente
dotación presupuestaria.
La situación continúa siendo
de extrema gravedad, y en el nuevo ciclo político que inauguramos se
requieren representantes públicos a la altura de las circunstancias,
representantes públicos que posibiliten dar voz a las voces que hasta
ahora menos se han oído, en aras de recomponer los consensos sociales
fundamentales. Las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en
nuestro país ha sufrido un enorme deterioro. La pobreza ha aumentado y
crecido en intensidad, sí; pero lo ha hecho mucho más en la población
infantil. Según datos del Comité Español de Unicef, el 30,5% de los
menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza, y el 35,8% de la
población infantil, en situación de riesgo o exclusión social. Un factor
que se ha revelado especialmente dramático es que partidas con un
impacto directo en las condiciones de vida de la infancia, como
servicios sociales, prestaciones de desempleo, educación y sanidad, se
han visto gravemente afectadas por los recortes de los últimos años.
Además, medidas como el aumento del IVA han mermado el poder adquisitivo
de las familias y han dificultado el ejercicio de derechos como la
educación, el juego y el ocio. Cuestiones que nadie pareció tener
demasiado en cuenta a la hora de legislar.
La puesta
en marcha de un Pacto de Estado por la Infancia que implique una amplia
participación de diferentes actores de la sociedad civil, blinde los
derechos y garantice la igualdad de oportunidades entre niñas, niños y
adolescentes debe ser una prioridad absoluta del nuevo Parlamento,
independientemente del Gobierno que se conforme. En el marco de este
Pacto de Estado, es crucial aprobar un Paquete de medidas urgentes
contra la pobreza infantil y la exclusión social, desarrollando una
estrategia estatal de reducción de la pobreza infantil que incorpore un
presupuesto desglosado y transparente en los PGE, que iguale la
inversión en infancia a la media europea (2,3%; mientras que en España
es del 1,4%).
No tener derecho al voto se convierte así en un argumento definitivo para no tener ninguna presencia en la vida política de nuestro país. Y sucede que lo que no se nombra no existe
Para ello, el nuevo Parlamento debe dotarse de
herramientas adecuadas y centradas en la infancia. La primera de ella
tendría que ser, sin lugar a dudas, una Comisión Parlamentaria
Legislativa (CPL) de Infancia, más allá de la necesaria
transversalización del tema en el resto de comisiones parlamentarias. Es
indispensable promover una cultura de defensa de los derechos de la
infancia que promueva el cumplimiento de los más altos estándares
internacionales y nacionales desde un enfoque de derechos.
Creemos que la infancia debe estar en el corazón de las prioridades de
las políticas sociales y que no es admisible su exclusión de los
beneficios sociales, políticos y económicos. Los niños, niñas y
adolescentes deben tener reconocidos sus derechos por el mismo hecho de
ser ciudadanos/as; pero sobre todo porque no son futuro, son presente;
no son menores, son sujetos. Y, una vez más, voten o no, tienen que
participar en la vida pública, ya que la participación no es una opción,
sino un derecho fundamental; y debe ser construida no desde lo
individual, sino desde lo colectivo.
La recuperación
social y económica no se pueden concebir sin la plena consideración de
la infancia, y las consecuencias de otra legislatura más que no la
pusiese en el centro de las políticas públicas serían devastadoras en
sus vidas, en su desarrollo y en sus oportunidades de futuro.
Es el momento de poner las instituciones al servicio de la gente, de
toda la gente, incluidos niñas y niños. Nos debemos a nuestro país,
también a la parte del país que no vota, y por eso tomamos la iniciativa
haciendo propuestas que permitan revertir las desigualdades, mejorar la
participación y la calidad de vida de nuestros niños, niñas y
adolescentes. ¿Aceptarán nuestra propuesta los partidos de lo viejo?
Nosotros lo tenemos claro: las niñas, niños y adolescentes ya han
esperado demasiado, no pueden esperar más.
*Irene Montero es miembro de la ejecutiva de Podemos y
Ione Belarra
es Responsable del Área de Ciudadanía, Diversidad y Justicia Social de
Podemos. Ambas han sido elegidas como diputadas en el Congreso, por
Madrid y Navarra, respectivamente.
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