La ONU ratifica el derecho de la infancia «a un medioambiente limpio, sano y sostenible»
31 agosto, 2023
Un comité de expertos vincula la crisis climática a la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y exige a los Estados proteger el derecho de la infancia a la vida, la salud, la protesta, la justicia y la reparación, mientras reclama “equidad intergeneracional”.
Foto: Hendra A Setyawan / World Meteorological Organization
“Los adultos deberían dejar de tomar decisiones para un futuro que no vivirán. Nosotros somos el medio clave para solucionar el cambio climático, pues lo que está en juego son nuestras vidas”. Esta es una de las declaraciones infantiles que ha recogido el Comité por los Derechos del Niño, un órgano consultivo de la ONU que, por primera vez, ha ratificado el derecho de los más pequeños “a un medioambiente limpio, sano y sostenible” en un informe publicado el pasado lunes.
El Comité, que se encarga específicamente de asesorar en materia legal a los Estados firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional aprobado en 1989 por todos los países del mundo excepto Estados Unidos, está formado por 18 expertos. Para la redacción del documento, que no tiene carácter vinculante, aunque ayuda a interpretar la Convención –que sí lo tiene–, dichos expertos consultaron a un total de 16.331 niñas y niños de 121 naciones diferentes, con la intención de conocer su opinión sobre un problema que les afecta de manera más apremiante.
“La crisis climática es una crisis de derechos de la infancia”, aseguró Paloma Escudero, asesora especial de UNICEF, la agencia de las Naciones Unidas para la Infancia. Bajo esa premisa se puso en marcha la elaboración de la llamada “Observación general Nº 26” que, entre otras cosas, busca fomentar el acceso a la justicia y la reparación entre los más jóvenes a partir de litigios climáticos y demandas colectivas.
Derecho a la vida y a la protesta
A lo largo del documento, se pone de manifiesto cómo lo que denominan “una triple crisis planetaria”, a saber, compuesta de la emergencia climática, el colapso de la biodiversidad y la contaminación masiva, es una “amenaza urgente y sistémica para los derechos del niño a nivel global”. Esto incluye el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como el derecho a la salud, los cuales se están viendo mermados por carencias en la calidad del aire y del agua, la falta de seguridad alimentaria, la exposición a los gases de efecto invernadero y a otras sustancias tóxicas.
El Comité hace un llamamiento para que los estados adopten medidas que protejan a la infancia actual y también a la venidera, resaltando la responsabilidad de los gobiernos, asimismo, a la hora de controlar las actividades del sector privado dañinas con el medioambiente. “Los estados tienen la obligación de proteger contra el abuso de los derechos del niño por parte de terceros, incluyendo a las empresas comerciales”, detalla la Observación general, en un esfuerzo por limitar la actividad industrial a favor del bienestar infantil.
Por otra parte, el Comité destaca la necesidad de asegurar “los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de asamblea pacífica”, que son a menudo vulnerados. En una época caracterizada por la criminalización de la protesta, el asesinato de activistas climáticos y su enjuiciamiento potencialmente ilegítimo, el órgano de la ONU asevera que, cuando los más jóvenes se involucran en este tipo de manifestaciones a favor de los Derechos Humanos, “frecuentemente se enfrentan a amenazas, intimidación, acoso y otras represalias graves”.
Un ejemplo significativo lo constituirían las varias retenciones que ha sufrido Greta Thunberg, o el miedo que permea entre algunos colectivos ecologistas debido a la instauración de marcos jurídicos represivos, como el que en España representa la Ley Mordaza.
El informe lanzado por el Comité advierte, además, de que “la degradación medioambiental (…) es una forma de violencia estructural contra los niños, y puede causar colapso social en comunidades y familias”. Otras garantías en peligro que los Estados deben blindar serían el derecho a la no discriminación y a que la infancia y juventud participen en los procesos de toma de decisión que van a impactar en sus vidas, donde se encuentran infrarrepresentados.
Justicia y equidad intergeneracional
Este comunicado de la ONU debe interpretarse en un contexto de desigualdad entre generaciones, donde los nacidos más recientemente serán víctimas de un mundo completamente diferente al de sus antepasados inmediatos. El Comité reconoce así “el principio de equidad intergeneracional y los intereses de las generaciones futuras, a las que los niños consultados se refieren de forma abrumadora”.
Este tema, que yo misma traté en el ensayo Vivir peor que nuestros padres, conforma el elefante en la habitación de no pocos debates sobre la emergencia climática, a pesar de su carácter ineludible. En España, el investigador Emilio Santiago Muiño reflexiona sobre dicha brecha generacional en su último libro.
Globalmente, existen explicaciones tan elocuentes como la infografía que acompaña el último informe del IPCC (el Panel Intergubernamental de expertos para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, la cual ilustra a través de distintas franjas etarias y colores el grado de alerta medioambiental. Su diseñadora, Arlene Birt, explicó para este medio que su intención era “humanizar” los datos y proyectarlos visualmente en relación con nuestras biografías y las de nuestras familias: “experimento una reacción emocional cuando veo que mi madre, mi hija y yo misma habitamos mundos muy distintos a lo largo de nuestras respectivas vidas”.
Quizá sea hora de atender con premura estas circunstancias marcadas por los relojes biológicos, y aupar, tal como promueve el Comité por los Derechos del Niño, la defensa de la infancia desde las políticas sociales, económicas, el civismo y el poder judicial. Dos casos recientes ejemplifican la combatividad juvenil en los tribunales: un juzgado de Montana les ha dado la razón a los demandantes, entre 5 y 22 años, que reclamaban a las autoridades el cumplimiento de su derecho a “un medioambiente sano y limpio”, recogido en la Constitución del estado; mientras tanto, este otoño un grupo de jóvenes portugueses llevará a 32 países -entre ellos España– al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el argumento de que la crisis climática vulnera su derecho a la vida. La jurisprudencia resultante de estos y otros juicios similares quizá consiga, si no solucionar, al menos mitigar las peores consecuencias de la debacle en marcha.
