Save the Children considera que la creación de las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia dentro del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, aprobado ayer, 19 de diciembre, representa un paso fundamental en el cumplimiento de la LOPIVI y en la protección real de los derechos de la infancia y la adolescencia. Este hito cambiará cómo la justicia responde a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
Save the Children
Madrid, 20 de diciembre de 2024.
Desde la organización celebran el avance que supone la introducción de la especialización en todas las fases del proceso judicial. Sin embargo, se establece que la creación de las Secciones en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia sea optativa en función de la carga de trabajo, lo que podría llevar a una cobertura desigual de la especialización en el territorio. Por otro lado, la especialización en la fase de enjuiciamiento plantea dudas al equiparar la especialización de plazas en infancia junto a la de violencia de género, lo que podría implicar que algunas Secciones de lo Penal, sobre las que recae el enjuiciamiento, no contasen con titulares especializados en infancia.
Por ello, la organización destaca la necesidad de fortalecer el modelo, asegurando la especialización de plazas en materia de violencia contra la infancia en todos los Tribunales de Instancia y en todas las Secciones de lo Penal para asegurar que todas las actuaciones judiciales que afecten a la infancia sean realizadas por profesionales con conocimiento específico en la materia. Además, Save the Children también considera importante extender esta especialización a todos los niveles judiciales que intervengan en casos de infancia y adolescencia, incluyendo instancias como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
“Es necesario contar con equipos técnicos especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia que auxilien a jueces y magistrados, asegurando así una respuesta integral y adecuada tal y como prevé la LOPIVI”, apunta Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children.
La importancia de la justicia especializada para prevenir la victimización secundaria de los niños y niñas
Desde Save the Children remarcan que cuando un niño o una niña ha sufrido una situación de violencia, es necesario que desde la administración se responda de forma adecuada y así evitar la victimización secundaria. Esto implica adaptar el sistema de justicia a las necesidades específicas de la infancia y la adolescencia, asegurando la protección de sus derechos y priorizando su bienestar. El objetivo debe ser siempre que el proceso no agrave las consecuencias y el sufrimiento ya padecidos por los niños y niñas víctimas. “Es importante evitar que el niño o niña tenga que repetir el testimonio y revivir el trauma padecido, asegurando que los procesos no se alarguen y que los profesionales tengan formación en infancia”, señala Perazzo.
La LOPIVI contempla crear juzgados especializados que se ocupen de los casos de violencia contra la infancia, tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento. Sin embargo, la mayoría de los procesos duran hasta 3 años, y todavía hay procesos que llegan a durar más de 5 años. También hay niños y niñas víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta 3 veces en policía, fiscalía y juzgado. Como consecuencia, se dificulta su recuperación y se agrava el daño y sufrimiento de estos niños y niñas. Con la aprobación del Proyecto de Ley se avanza en evitar estas situaciones perjudiciales.
Ausencia de consenso a lo largo del proceso legislativo
La falta de diálogo entre el grupo parlamentario del Gobierno y los de la oposición, con las necesidades y derechos de la infancia en el centro del debate, ha impedido mejorar el texto propuesto y alcanzar un modelo de especialización plenamente garantista. La organización lamenta esta oportunidad perdida.
Save the Children considera que este proyecto es un hito en el camino hacia la creación de un sistema judicial especializado en infancia y adolescencia, y confía en que sea el primero de otros para continuar avanzando en el cumplimiento de la LOPIVI. “Es esencial recuperar el consenso político que permitió avances pioneros en la protección de la infancia en nuestro país, como la tramitación y aprobación de la LOPIVI. Solo así podremos saldar la deuda pendiente que, como sociedad, tenemos con la infancia”, concluye Perazzo.
La adaptación del sistema judicial debería incorporar además el modelo Barnahus, un espacio integral donde los departamentos implicados en casos de abuso sexual infantil trabajan en un mismo espacio, poniendo al niño o niña en el centro. Este recurso permite grabar el testimonio para evitar que deba repetir su historia, y ofrece terapia para su recuperación, además de apoyo a las familias, abarcando todo el proceso desde la detección hasta la recuperación.
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