La Ley de Eficiencia de la Justicia recién aprobada establece un nuevo sistema para que sean jueces con formación específica los que vean los casos de maltrato a menores, desde lesiones a agresiones sexuales, para lo que se prevé seguir el modelo ya implantado de la violencia de género
25 de diciembre de 2024
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| Juguetes exhibidos durante una protesta contra el abuso sexual infantil. |
Su última fase ha estado marcada por la guerra abierta entre Podemos y el PNV a cuenta de una enmienda sobre ocupación, pero la Ley de Eficiencia de la Justicia a la que el pleno del Congreso dio luz verde el pasado jueves tras retirar los de Ione Belarra su amenaza de tumbarla, recoge una medida de mucho calado para la violencia hacia niñas, niños y adolescentes: la creación de juzgados especializados en estos casos al estilo de lo que ocurre con la violencia de género desde 2005, un modelo que el Gobierno prevé aplicar también al maltrato hacia los menores de edad.
Se trata de una previsión contenida en la ley de protección a la infancia que entró en vigor en junio de 2021 y que mandató al Ejecutivo a presentar en el plazo de un año un proyecto de ley para poner en marcha estos órganos judiciales, cuyos titulares estarán formados específicamente para estos casos. La medida, acordada por el Ministerio de Justicia y el de Juventud e Infancia, fue finalmente presentada en marzo de este año –casi dos años después del plazo marcado– y como parte de una norma mucho más amplia. Y a punto de acabar 2024 ha sido aprobada in extremis con la oposición del PP, que intentó vetarla en el Senado.
El texto especifica que “la realidad de la violencia” contra menores de edad convierte en “urgente esta adaptación” de la justicia. Según los últimos datos, en 2022 la Fundación ANAR llevó a cabo 17.896 atenciones a niños y niñas, de los cuales casi el 40% reportaban algún tipo de violencia, desde maltrato físico o psicológico a acoso escolar y abandono. Además, el 43% de las víctimas de agresiones sexuales denunciadas en España son menores, según el último informe del Ministerio del Interior. Otro estudio reciente de la Fundación Mutua Madrileña apunta a que tres de cada cuatro menores han sufrido algún episodio de violencia sexual en el ámbito digital.
Además, los menores de edad que buscan ayuda por violencia de género crece en los últimos años, según ha detectado también ANAR: tanto chicas adolescentes que la sufren en primera persona como, sobre todo, niños y niñas que la viven en sus casas por parte de sus padres. Desde 2013, 62 menores han sido asesinados por esta causa, nueve en este año. En estos casos, la nueva ley especifica que serán los juzgados de Violencia sobre la Mujer los que tengan la competencia.
Con todo, los nuevos órganos se insertarán en la nueva estructura judicial que inaugura la ley y cuya principal novedad es que deja atrás los juzgados unipersonales para crear los llamados Tribunales de Instancia, de los cuales habrá uno por partido judicial y estarán formados por diferentes secciones integradas por uno o más jueces. Esto hace que los 3.800 juzgados actuales se transformen en 431 Tribunales. En ellos habrá sí o sí secciones de Civil e Instrucción y el resto pueden ser de cualquiera de las especialidades posibles, entre ellas: Mercantil, Penal, Familia, Menores (para los casos en los que el acusado lo es), Violencia sobre la Mujer, o ahora también, Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
Especialización según la “carga de trabajo”
La ley renuncia a establecer un mínimo de secciones de este último tipo que debe haber en cada Tribunal de Instancia, partido judicial o provincia. Y su creación dependerá de la “carga de trabajo” en cada una. Las secciones podrán extender su jurisdicción a dos o más partidos en una misma provincia y en aquellos lugares en los que no se haya creado una sección específica, uno de los jueces de Instrucción será el encargado de tramitar los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, “ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias”, detalla la norma.
Esta es una de las cuestiones que más preocupa a las organizaciones en defensa de los derechos de la infancia, que han celebrado como “un paso fundamental” la incorporación de la justicia especializada, pero lamentan que esta sea “optativa” en función del número de casos. “Es un avance muy importante y eso es lo primero, pero no hay un número ni una referencia concreta a cuántos tienen que crearse, tendremos que ver cómo se implementa para que no haya desigualdad territorial, pero creemos que debería haberse asegurado la especialización en todos los Tribunales de Instancia y niveles judiciales”, esgrime Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children.
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, asume que la especialización no va a llegar a todas partes, pero apunta a que se trata de “un primer paso” ante una realidad, la de la violencia hacia menores de edad, “muy invisibilizada” que hace falta que sea juzgada “con perspectiva de infancia” y por parte de operadores jurídicos “formados para ello”.
El Consejo General del Poder Judicial es el que tiene un plazo de siete meses para diseñar el curso de formación especializada mientras que el Gobierno y las comunidades con competencias en justicia tendrán que poner en marcha formaciones para los equipos psicosociales que asesoran a los juzgados. “Es necesario que entiendan cómo funciona la violencia hacia la infancia y sus características específicas, por ejemplo, que un menor cuando pasa el tiempo acaba olvidando parte de lo que sucedió o que a veces no es capaz de dar detalles”, añade.
“El siguiente paso es hacer un estudio de cargas de trabajo y a partir de ahí establecer qué se necesita. En los partidos judiciales medianos y grandes sí habrá secciones especializadas. En algunos como Madrid o Barcelona habrá varios jueces, en otros medianos será uno y en los pequeños, el juez de instrucción tendrá competencias y verá todo tipo de casos”, explica Olmedo, que, ante la falta de plazos concretos en la ley para poner en marcha la especialización, prevé tener el estudio para “finales” de 2025 debido a que “antes hay que implementar el cambio organizativo” global de la nueva norma.
Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia destaca que este es “uno de los avances más sustanciales del desarrollo” de la ley de protección a la infancia porque “establece una reforma del sistema judicial que, por primera vez, se adapta a sus necesidades” y reconoce que “el principal reto es ponerlo en marcha cuanto antes”. Sobre si puede generarse desigualdad territorial, el departamento dirigido por Sira Rego apunta a que su apuesta es crear secciones especializadas “en todos los tribunales de instancia” o al menos en todas las provincias, pero admite que “hay unos criterios objetivos en base a la carga de trabajo”. Aun así, cree que la especialización se conseguirá “progresivamente” y pone de ejemplo experiencias como la del primer juzgado especializado de España, ya creado en Las Palmas de Gran Canaria.
El modelo de la violencia de género
Este es un modelo que ya funciona para la violencia machista, en el que que un caso sea visto por un juez especializado depende del código postal de la víctima porque no en todas partes existen. 20 años después de su puesta en marcha, hasta 14 provincias no tienen todavía este tipo de órganos, que tienden a concentrarse en las grandes ciudades. Su creación está también “justificada en función de la carga de trabajo”, dijo el Gobierno recientemente, lo que supone que a día de hoy hasta un 36,3% de mujeres no tienen acceso a ellos a pesar de que son juzgados más formados y adaptados para las víctimas y que suelen tener más medios materiales y personales.
La alternativa que está dando el Ejecutivo ante esta situación es la llamada comarcalización, que en la práctica implica que los juzgados especializados extiendan su ámbito de actuación y abarquen más territorio, pero es una opción que suscita opiniones encontradas. Olmedo sostiene que “está dando muy buenos resultados” y que, algunos efectos negativos como alejar a las víctimas de los juzgados, pueden contrarrestarse con “el uso de nuevas tencologías que permitan no desplazarse”. “Tenemos la experiencia previa de la violencia de género y, aunque no va a ser de la noche a la mañana porque es un proceso, esto nos va a ayudar con infancia”, afirma el secretario de Estado.
Al igual que ocurre con la violencia sobre la mujer, estos juzgados –a partir de ahora, secciones– instruirán los casos y sentenciarán delitos leves y cuando hay conformidad. Además, podrán adoptar medidas cautelares y se encargarán de todos los delitos que impliquen violencia, desde homicidio a lesiones, delitos contra la libertad o la intimidad, torturas o los delitos sexuales, entre otros. En este sentido, también hay plazas de las secciones de lo Penal –que ven los casos cuando la condena excede los cinco años de prisión– que se especializarán, pero, de nuevo, “atendiendo al número de asuntos existentes”.
Desde Save the Children reclaman “fortalecer el modelo asegurando la especialización” y recuerdan que la de los juzgados “es una pata más” junto a otras medidas como la generalización de la prueba preconstituida, es decir, que la testifical del menor quede grabada para evitar que deba repetir su declaración varias veces más, y la implementación del modelo Barnahus, que pretende centralizar todo el proceso en un único espacio amigable para los niños evitando que tengan que desplazarse entre comisarías y juzgados. “El objetivo de todo esto es que la justicia se adapte más a las necesidades de la infancia y evitar que el proceso judicial sea lo que ha sido hasta ahora, que lejos de ser reparador en muchas ocasiones revictimiza”, incide Del Moral.
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