En el nuevo Ministerio de Juventud e Infancia entran y salen continuamente personas cargadas con cajas y pantallas de ordenador. Hace apenas unos días que se mudaron después de estar un año compartiendo edificio con Sanidad y Derechos Sociales. Ni siquiera el despacho de la ministra, Sira Rego (Valencia, 1973), está todavía completo, pero aun así recibe a 20minutos para hacer balance de su primer año al frente de un departamento que no había existido hasta esta legislatura.
23.12.2024
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De ella depende la primera ley de protección de los menores en el entorno digital, con la que pretende poner fin a "la ley de la selva" que rige en el ámbito tecnológico y que espera enviar al Congreso "con carácter inmediato", tras introducir algunas medidas sugeridas por los 50 expertos a los que encargó elaborar un informe. También le está tocando negociar la reforma de la ley de extranjería para reubicar a los menores migrantes de los territorios saturados, que no parece que vaya a salir por lo pronto. Tiene pendiente una ley de juventud en la que espera ampliar la edad de voto a los 16 años, un Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil y una reforma de la ley de protección a la infancia de 2021 para prohibir el síndrome de alienación parental. Son, dice, cuestiones que siempre han estado ahí, pero que con la creación de este nuevo ministerio han podido pasar a un primer plano y se han plasmado en políticas públicas.
Hace poco más de un año que asumió su cargo como ministra de Juventud e Infancia. ¿Cuáles han sido los principales retos de estar al frente de un ministerio que no existía hasta esta legislatura?
Poner en marcha todo el engranaje de lo que supone un ministerio de nueva creación y asumir los retos de poner con nombre propio las políticas de infancia y de juventud en la conversación del país y, por tanto, en la acción política del Gobierno. Asuntos como la pobreza infantil, poniendo en marcha un Pacto de Estado; todo lo que tiene que ver con los entornos seguros; la erradicación de todo tipo de violencias contra la infancia; y por supuesto la ley de juventud, que para nosotras es una demanda histórica de la juventud en nuestro país y que tiene que contener elementos sustanciales como la participación política o la cuestión de los derechos intergeneracionales.
La primera iniciativa de su departamento que se llevó a Consejo de Ministros es el anteproyecto de ley para la protección de los menores en los entornos digitales. ¿Cuándo prevén enviarla al Congreso?
Como toca alguna cuestión que tiene que ver con la norma europea, hemos tenido que hacer la consulta a las instituciones europeas. No creo que tardemos mucho ya, no podría decir una fecha exacta, pero con carácter inmediato vamos a ir a la segunda ronda. Somos conscientes de la dimensión que tienen los entornos digitales. Yo no estoy de acuerdo con eso de que "no se le pueden poner puertas al campo". Si hemos sido capaces tecnológicamente de poner en marcha un sistema global que ha generado un cambio de paradigma en las relaciones sociales, políticas, económicas, afectivas, personales… tenemos que ser capaces de dar una solución global. Lo que puede ser es que el entorno digital siga siendo la ley de la selva o que no esté articulado con mecanismos democráticos y se quede a merced del capricho de un Elon Musk.
¿Cómo lo hacemos en la colaboración de las tecnológicas, que no parece que esté muy por la labor?
Las tecnológicas, igual que cualquier empresa o multinacional, tienen que estar sujetas a las reglas del juego democrático. No es aceptable que tengamos una sociedad paralela articulada con reglas que no son democráticas. La autorregulación de las empresas no se está cumpliendo. Nosotros nos hemos basado en este informe de 50 expertos que señalan que la no regulación del entorno digital está generando problemas serios en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Por tanto, hay que regularlo. Y hay mecanismos. Nosotros hemos lanzado esta ley de entornos digitales. Vamos ahora con la estrategia nacional, que pretendemos que tenga una mirada amplia y que intervenga en procesos de acompañamiento y de creación de entornos digitales seguros.
¿Qué recogerá esa estrategia?
El enfoque que tenemos es que sea un mecanismo útil e inmediato para trabajar la alfabetización mediática y, sobre todo, el conocimiento por parte de la infancia y de la adolescencia de cuáles son sus derechos en el entorno digital. ¿Cómo se plantea esto? Con varias líneas de trabajo. Por ejemplo, los laboratorios de creación de entornos digitales seguros. Creemos que puede ser una fórmula para ver, a través de los creadores de contenido, cómo podemos ir transitando hacia estos espacios de alfabetización y, sobre todo, formarnos a través de quienes están generando estas nuevas formas de comunicación.
¿Se refiere a recurrir a los influencers para esa alfabetización digital?
Sí, bueno, influencers y creadores de contenido en términos generales, pero ver cuáles son los límites del entorno digital y qué instrumentos necesitamos ir regulando. Por ejemplo, la formación a profesionales que trabajan con niños, pero que puedan tener algún tipo de vínculo con el entorno digital y que esa formación acompañe los procesos madurativos de la infancia. Se me ocurren profesionales sanitarios o educativos que en un momento dado puedan tener herramientas para diagnosticar, acompañar y facilitar el acceso al entorno digital.
¿Y los padres?
Las familias, por supuesto, también. Nosotros, como Gobierno, podemos ordenar la vida pública a través de las leyes. Pero hay una parte que tiene que ver con el ámbito familiar en la que lógicamente el Gobierno no va a entrar. Esto depende de cada familia, pero sí que podemos dar información, acompañamiento, y que encuentren lugares seguros donde adquirir estas herramientas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Podríamos tener el mejor sistema de carreteras y de autovías del mundo para comunicarnos entre una población y otra, que si ese sistema no tuviera señales de tráfico, seguramente sería un peligro absoluto y estaríamos teniendo accidentes permanentemente.
Pero ¿hasta qué punto son efectivas esas señales si no son las mismas entre países? Es decir, ¿puede la regulación nacional ser efectiva si no cuenta con el paraguas de la Unión Europea? Al final, es lo que se dice siempre… Internet no tiene fronteras.
Aparentemente es un poco complicado. Creo que uno de los mayores triunfos de las tecnológicas es hacernos creer que no se le pueden poner puertas al campo. Yo me niego a esto. Frente a un problema tecnológico tiene que haber una solución tecnológica. Evidentemente, el desafío es que se trata de una actividad transnacional y, por tanto, tiene una dificultad porque el límite es el de la regulación de nuestro país. Pero la UE ya ha comenzado a legislar al respecto y los gobiernos de Europa también podemos tener iniciativa. Es una buena noticia que España tenga un informe pionero como el que hemos elaborado. Vamos a tener la primera ley de entornos digitales seguros. Ya estamos haciendo ensayos con la aplicación de verificación de la edad garantizando la privacidad. Estamos avanzando y quizás, si Europa se queda corta, también podemos pedir como país que seamos más ambiciosos.
¿Qué medidas propuestas por ese comité de expertos prevén incorporar a la ley de entornos digitales?
La ley va a sufrir alguna modificación y alguna aportación. Yo destacaría la cuestión del sharenting. No sé muy bien si a través de la regulación de la propia ley de entornos digitales o de manera específica, pero el sharenting es un tema que nos preocupa y que requiere una regulación. Hay muchos niños desprotegidos, en algunas ocasiones porque las familias no son conscientes de la dimensión del efecto que tiene subir las fotos de nuestros hijos a las redes sociales. Y por otro lado la cuestión de la monetización de la imagen de la infancia. En la medida de lo posible hay que regularlo con todas las garantías para la protección de los derechos de la infancia, su imagen y su privacidad.
En ese grupo de trabajo se debatió el uso de las herramientas digitales en las aulas. Hay quien cree que deberíamos retroceder y volver a lo analógico... ¿Qué opina usted?
Creo que hay que evitar en la medida de lo posible las prohibiciones. Lo interesante del informe es que plantea las recomendaciones por tramos de edad. Hay edades en las que tiene que haber cero contacto con las pantallas. Porque estamos en fases madurativas previas. La infancia, en sus primeros años, necesita el afecto, el vínculo con sus iguales, mecanismos de socialización... necesita que se reconozca su derecho al juego en el espacio físico. Una manera de limitar el uso de las pantallas es que empecemos a hablar de cómo vamos a organizar el espacio físico para que nuestros niños tengan oportunidades de socializar. El debate de la pantalla tiene que ser anacrónico. ¿Por qué va a necesitar un niño de corta edad tener una pantalla adelante cuando tiene a sus padres, a su familia, a su entorno afectivo, a su entorno social garantizado? Y ahí quiero destacar la reducción de la jornada de trabajo. Una de las medidas más eficaces para que los niños no estén en contacto con las pantallas es precisamente reducir el tiempo de trabajo de sus progenitores.
Otro de los grandes problemas es la pornografía, a la que acceden los menores sin ningún tipo de límite. Están trabajando en esa app de verificación de la edad... pero ¿cree que ello acabará con esta situación?
Es un tema que me preocupa mucho. Creo que es el síntoma más evidente de lo que significa la desregulación del entorno digital, uno de los más brutales, que está generando grandes problemas y sobre todo unos patrones de construcción del imaginario muy atroces en algunos casos, porque es una violencia extrema, que además les llega a muchos niños sin ni siquiera buscarla.
Y muy pronto...
Sí, a edades muy tempranas. Es un síntoma que ilustra bien la envergadura del problema. La ley ya contempla mecanismos que van a ser eficaces, no solamente la aplicación de verificación de la edad, sino el control parental por defecto en todos los dispositivos, las recomendaciones de cero pantallas en determinados tramos de edad o de que incluso de los 12 a los 16 años sean teléfonos analógicos sin conexión a Internet. Creo que con eso blindamos bastante, pero luego está el asunto del etiquetado, y por supuesto la aplicación de verificación de la edad. También tenemos que dar un salto cualitativo no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo, exigiendo límites a la propia producción de contenidos. Y luego toda la cuestión de la educación afectiva o sexual, que es importantísima.
Le ha tocado también negociar la reforma de la ley de extranjería por el tema de la reubicación de los menores migrantes. No han logrado por ahora conseguir el apoyo del PP, a quien necesitan para que la ley salga adelante. ¿Confía en que Junts puede ser una alternativa factible para aprobar la reforma?
Es verdad que necesitamos al PP o a Junts. Necesitamos una mayoría parlamentaria. Tenemos que explorar todas las posibilidades. El PP ya está situado en el no, condicionado por los límites que le pone Vox. Nos pedía garantías explícitas de la financiación y un mecanismo negociado con las comunidades. Pero parece que cuando íbamos avanzando en las propuestas que nos hacía, venía siempre con una nueva petición, con un cambio de las reglas del juego en mitad del partido. Así es muy complicado negociar. Toca demostrar altura de miras. Esto es un problema que nos compete a todo el país. Ellos gobiernan en muchas comunidades autónomas y son perfectamente conscientes, porque me lo han dicho, de que hay que darle una solución a esto.
¿Y con Junts?
Con Junts estamos trabajando. Hay que reconocer que después de Canarias, las dos comunidades que más tensionados tienen sus sistemas de acogida porque han hecho un buen trabajo con los sistemas de acogida, son Cataluña y Euskadi. Precisamente lo que planteamos es un mecanismo que tiene que generar un equilibrio territorial, más allá de las negociaciones concretas que tienen que ver con la cuestión de las competencias en materia migratoria, que ahí yo no voy a entrar. No vamos a meter más presión en aquellos lugares donde ya están los sistemas de acogida saturados, al contrario, lo que pretendemos es equilibrarlo. Por lo tanto, yo creo que partiendo de esa base, podemos llegar a un acuerdo perfectamente con Junts. Estamos trabajándolo, en cualquier caso.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo que está preparando un decreto. ¿Se plantean esa vía en lugar de una proposición de ley para reformar la norma?
Creo que el mecanismo más garantista en términos jurídicos para la infancia es la reforma de la ley del artículo 35.
¿Y tienen un plan B o alguna solución temporal? Mientras se frustran las negociaciones, Canarias y Ceuta siguen saturadas…
Yo sugerí que si no era posible la reforma del artículo 35 a tiempo, que nos sentáramos a trabajar en torno a una solución para la cuestión urgente que tiene ahora mismo Canarias y Ceuta, que son esos 5.000 niños que están allí, en unas condiciones extremas. Sería lo más sensato. Hay posibilidad de llegar a un acuerdo puntual para, al menos, sacar a estos niños. Pero, claro, tiene que haber voluntad de las partes. Teniendo financiación, pues sí que es verdad que el artículo 35 de la ley de extranjería tiene alguna derivada que podríamos explorar para intentar resolver puntualmente esta situación, que requiere el acuerdo con las comunidades.
¿En una Sectorial?
En una Sectorial se podría acordar perfectamente. Esto sería muy sencillo. Yo estoy dispuesta a que Canarias traiga su propuesta. Yo no modifico ni una coma a la Conferencia Sectorial para esta situación puntual, y que se debata la propuesta de Canarias. No la del Gobierno, la de Canarias, para la acogida de estos 5.000 niños. Que se debata en la próxima conferencia sectorial, y que las comunidades del PP le digan a Canarias y a Ceuta si están dispuestas o no a aceptar el mecanismo que traigan al debate.
Anunció que iban a reformar la ley de protección a la infancia, la LOPIVI, para prohibir explícitamente el llamado síndrome de alienación parental. ¿Diría que es algo a lo que se recurre comúnmente por parte de los jueces?
Lo que estamos viendo es que según está la LOPIVI ahora hay un margen de interpretación que no está protegiendo a los niños con suficientes garantías. Un maltratador nunca puede ser un buen padre, hay dolorosísimos ejemplos de ello, los estamos viendo constantemente. Además es una forma de violencia machista y el caso más doloroso es en el que al final terminan asesinando a los niños. Es absolutamente insoportable.
¿Cree que contribuirá a evitar algunos casos de violencia?
Creo que sí. Como sociedad tenemos la obligación de poner en marcha todos los mecanismos que podamos. Yo tengo una absoluta determinación en que erradiquemos por completo este falso síndrome de alienación parental que está generando casos dolorosos. Esta es una de las cosas que puede hacer este ministerio y que va a trabajar en ellas con absoluta determinación. Y siempre aprovechar estos espacios para lanzar este mensaje de afecto y de absoluta solidaridad, empatía con las madres protectoras.
¿Deberían poder votar los jóvenes de 16 años, ministra?
Por supuesto.
¿Contemplan esa reforma en la futura ley de juventud?
Se ha abierto el debate, ahora tendremos que verlo, porque es verdad que se ha abierto una subcomisión en el Congreso de los Diputados, precisamente para estudiar la reforma de la LOREG y abordar la cuestión. Ya votan a los 16 en muchos países europeos. Yo creo que si una persona a esa edad puede trabajar, paga impuestos, tiene que poder decidir quién gestiona sus impuestos. Es positivo para este momento de reacción y de agendas extremistas de recorte de derechos abrir debates públicos a la sociedad. Sería maravilloso porque estaríamos hablando de la ampliación de un derecho a casi un millón de personas. En países europeos donde ya están participando a los 16 años lo que se ve es un mayor compromiso de la juventud en la implicación de las políticas públicas de su país y qué mejor manera de reforzar los derechos y la democracia que esta.
¿Y de qué otra forma podemos fomentar esa participación de la juventud en leyes que también les afectarán a ellos en el futuro?
Las recomendaciones que nos hace Europa es que las democracias tienen que incorporar la perspectiva intergeneracional en todas las políticas públicas. Y esto es precisamente lo que queremos abordar con la ley de juventud, cómo garantizamos mecanismos de participación política, de tal manera que la mirada de la juventud esté en casi todos los procesos legislativos. Hemos planteado que el propio proceso de elaboración de la ley de juventud venga de la mano de un proceso de participación. Han participado miles de jóvenes, tenemos cientos de propuestas en encuentros sectoriales y territoriales. Ahora estamos dando nuestra acción jurídica para poder articular la redacción definitiva.
¿Cómo atajamos esa pandemia silenciosa que está deteriorando la salud mental de nuestros jóvenes?
Mejorando todo lo que tiene que ver con el apoyo a través del sistema público de salud. Pero afrontando también la desmedicalización de la precariedad. Porque una buena parte de los problemas de salud mental tienen que ver con el marco de posibilidades de tener una vida, una vivienda, un salario decente, un proyecto vital y garantías de que vamos a ver el planeta dentro de unas décadas. Esto genera una serie de incertidumbres y de angustias que van más allá de la cuestión terapéutica. Y luego tenemos una asignatura pendiente en la educación para la empatía. Sería buenísimo tener una asignatura o un espacio formativo en empatía. Resolvería una parte de las soledades y de la salud mental. Y me lo he puesto en agenda como una cosa que quiero trabajar con el equipo. Porque me gustaría mucho que cuando nos fuéramos del ministerio pudiéramos decir que hemos dejado abierto el campo para trabajar la empatía de una manera específica en las poblaciones más jóvenes y más pequeñas.
Al ser el suyo un ministerio nuevo y a la vez tan transversal, las competencias se difuminan a veces, entiendo… ¿cómo es la coordinación para intentar que salga adelante todo el trabajo?
Es verdad que se difuminan, porque al final tienes unas competencias muy distribuidas, pero la centralidad de la defensa de los derechos de la infancia y de la juventud nos permite coordinar elementos que, al quedar deslavazados en distintos campos, no se les ha dado una entidad política de país. Y luego reforzar elementos que siempre han estado en el fondo de la conversación y que nunca han adquirido un protagonismo propio. Y vuelvo a la cuestión de la pobreza infantil. Hay que darle una entidad de país a esto. El hecho de tener un ministerio permite que trabajemos con muchísima determinación para poner en común todas las políticas y ver dónde están las carencias para exigir, por ejemplo, la inversión en políticas de infancia, la prestación universal por crianza y alcanzar el 2,4% del PIB de la media europea. Seguramente, si no tuviéramos un ministerio de Juventud e Infancia, esto sería más complejo.
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