El Consejo de Ministros tiene previsto validar este martes el informe de casi 250 páginas con 107 medidas para proteger a los menores del entorno digital que un equipo de profesionales independientes ha elaborado en el último año
Madrid, 03 DIC 2024
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| Un niño utilizaba un teléfono móvil y una 'tablet', en 2023 en Madrid.EDUARDO PARRA (EUROPA PRESS) |
El comité de 50 expertos nombrado el pasado enero por el Gobierno para analizar el impacto de las tecnologías en los menores y diseñar un plan que los proteja de los riesgos de internet ya tiene su informe listo: recomienda no exponer a los menores de tres años a dispositivos digitales y desaconseja su uso hasta los seis; entre los 12 y los 16 años aconseja priorizar el uso de teléfonos analógicos (sin acceso a internet y limitado a las llamadas), y urge a que los dispositivos digitales comercializados en España incluyan un etiquetado advirtiendo de los principales riesgos para la salud que conlleva su uso, y de los posibles impactos del acceso a contenidos no apropiados en el desarrollo de los menores.
El documento, de casi 250 páginas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye un diagnóstico basado en estudios ya publicados, tanto desde un punto de vista sociológico como neurocientífico, sobre cuestiones como el tiempo que los adolescentes dedican a los dispositivos o los efectos sobre la salud mental, y 107 medidas que servirán para completar el anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales que el pasado junio aprobó en primera vuelta el Gobierno y que está en fase de consulta pública. El texto —encargado el pasado enero por el Ministerio de Juventud e Infancia— se empleará, además, para el impulso de nuevas medidas no incluidas en la ley.
Entre las recomendaciones contempladas en el informe, que previsiblemente validará este martes el Gobierno en el Consejo de Ministros, hay un apartado específico sobre el “acceso progresivo” de los menores a los dispositivos digitales en función de su edad en el que se aconseja a los adultos limitar el uso en presencia de menores de 6 años, así como permitirlo únicamente entre los 3 y los 6 “como excepción”, “con el objetivo de mantener un contacto social, familiar o cuando se determine por resolución judicial”. Entre los 6 y los 12 años, indican los expertos, se deben priorizar actividades vivenciales, como son las deportivas, y el uso de teléfonos analógicos. Si las familias deciden entregar un móvil inteligente, se recomienda utilizar herramientas de control parental para monitorear el tiempo y los contenidos consumidos, y no permitir el acceso a redes sociales. La OMS aconseja cero horas de pantallas a los menores de un año y un máximo de una hora hasta los 5.
Eliminación de ‘apps’ educativas con gratificación inmediata
En el ámbito educativo, se considera necesario realizar una “revisión contrastada de las herramientas y aplicaciones utilizadas para determinar su aportación a la mejora del aprendizaje según criterio científico”, así como la “eliminación de juegos de las aplicaciones educativas relacionados con sistemas de gratificación inmediata”. Los colegios deberán establecer dentro de su Plan Digital de Centro estas regulaciones. Actualmente, apps como Innovamat —que incluyen juegos con estrategias de gratificación inmediata para el aprendizaje de las Matemáticas— están presentes en 1.200 colegios públicos en España. Además, se considera necesario establecer límites a la digitalización de la enseñanza según la edad. En Infantil, “no se utilizarán dispositivos digitales individuales, aunque se permitirá el uso de herramientas didácticas colectivas bajo la supervisión adecuada del profesorado, evitando el uso de dispositivos digitales en el tramo de 0 a 3 años”. Y en Primaria (6 a 12 años), ”se priorizará la enseñanza de manera analógica”.
En otro de los puntos, se apuesta por planes de formación para las familias, con contenidos como la navegación segura, los límites de acceso y tiempo de exposición, la supervisión adecuada a cada franja de edad, las “potenciales ventajas educativas de un uso crítico”, o la conveniencia de pactar normas de uso comunes. Estos planes “deberán adaptarse a todo tipo de familias, a sus niveles socioeconómicos, y a su disponibilidad de tiempo para la formación”, cita el texto, que considera necesario dotar económicamente a través de subvenciones a las AMPA y a entidades del tercer sector para la ejecución de los mismos.
Desde el plano de la salud, los expertos consideran que se debe declarar como un problema de salud pública los trastornos y adicciones sin sustancia derivados del impacto de la tecnología en los menores, para instaurar así “medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria, dado que algunos efectos de la tecnología sobre la salud pueden ser reversibles, como el impacto sobre el sueño y la concentración, según estudios en población adolescente”, cita el texto, así como desarrollar sistemas de detección temprana. También se recoge la inclusión sistematizada de preguntas de cribado de hábitos de consumo de tecnología, conductas problemáticas y usos inadecuados de los dispositivos “en todas las consultas de salud a todas las edades”, así como programas de actuación en salud mental que incluyan “screening de depresión, ansiedad y uso de tecnología” en las revisiones de atención primaria de adolescentes. Y “constituir de forma estructural” programas de enlace entre salud mental y centros educativos.
Etiquetado con los peligros para la salud
Para las empresas del sector tecnológico también se contemplan nuevas obligaciones, como la inclusión de un etiquetado advirtiendo de los principales riesgos para la salud que conlleva el uso de dispositivos digitales y aplicaciones, así como del acceso a contenidos no apropiados para el desarrollo de la infancia y adolescencia. Estas advertencias —que deberán estar redactadas en un lenguaje claro y accesible—, continúa el informe, “también deben aparecer en las pantallas al acceder a una determinada aplicación o plataforma online, indicando los riesgos para la salud y el tiempo máximo de uso recomendado.
Otra de las medidas es la obligación por parte de los fabricantes y productores de servicios digitales de incluir con los nuevos lanzamientos un informe de impacto sobre los menores con recomendaciones por edades. O la configuración “desde el diseño y por defecto” de las medidas protectoras para personas menores de edad por parte de fabricantes y generadores de software, prestadores de servicios digitales (plataformas, redes sociales, mensajería), fabricantes de dispositivos y operadores de telecomunicaciones, que deberán garantizar “el modo de máxima seguridad”, evitando los perfilados, la publicidad comportamental, el tracking online y las notificaciones automáticas cuando no exista el consentimiento exigido por la normativa.
Entre las entidades que han participado en la elaboración del informe están la Asociación Europea para la Transición Digital, la Agencia Española de Protección de Datos, técnicos del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), la Plataforma de la Infancia, la Asociación Española de Pediatría, sexólogos (como Alejandro Villena o Miriam Al Adib, que asesorarán sobre el consumo de porno y sus efectos en los menores), o psiquiatras especializados en adolescencia, entre otros.
