Los derechos de la infancia en juego o cómo no se está protegiendo a los menores migrantes.

El pasado jueves 19 de septiembre, Verónica Gallego, secretaria de la Junta de Gobierno del COTS Madrid, acudió s a la Jornada “Los Derechos de la infancia en juego” organizada por Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).

Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid

1 de octubre de 2024

Durante esta sesión, enfocada en una mesa redonda donde tres profesionales y expertas en la defensa de los derechos de la infancia expusieron las siguientes ideas, dando lugar al debate y la reflexión:

Patuca Fernández, histórica abogada y activista por la defensa de los derechos de los/as menores migrantes, argumentó porque se está poniendo en cuestión algo tan fundamental como los derechos humanos en lo relacionado con los/as menores migrantes: carencia de medidas que eviten su pobreza y falta de vivienda adecuada, ausencia de representación en la defensa de sus derechos, ponerles en el foco de los discursos de odio, etc. De esta manera, propuso: recuperar el término: infancia/niñez, “resistir la tentación de la atrocidad” distinguiendo entre unos/as niños/as y otros/as y detectar el umbral de la injusticia en la infancia.

Margarita de la Rasilla, de Acnur España, comentó la realidad de los y las menores refugiadas o susceptibles de necesitar protección internacional que se encuentran en nuestro país. Asimismo, puso en foco en las cifras: España en el país europeo con el mayor número de solicitudes de protección internacional, pero el 75% de la población migrante prefiere quedarse en la frontera de su país o en un país cercano, sólo la desesperación y la necesidad le empuja a dejar su tierra en un proceso migratorio incierto y duro. Acnur ha llevado a cabo 576 entrevistas a menores residentes en Canarias, permitiendo acercarse a una realidad que sólo vemos habitualmente en el papel o pantalla, salvo si trabajamos de forma directa en ello.

Itziar Gómez, del Tribunal Constitucional, llevó el debate a cuestionar el marco jurídico principal: la Constitución. El artículo 39 es “pobre” y no protege adecuadamente, su reforma podría mejorar la clarificación de los derechos de la infancia y las competencias de unas Administraciones y otras. Además, recordó que España no cuenta con una jurisprudencia amplia y de calidad en materia de protección a la infancia, ya que la defensa de los derechos de los menores tienen que ser defendidos por sus representantes y, bien, las Administraciones no lo hacen convenientemente (en el caso de menores tutelados/as) o bien sus progenitores vinculan la defensa de sus propios derechos a los de sus hijos/as.

En un día en el que la inmigración se había convertido en un problema social según las encuestas y algunos medios, acudir a este tipo de propuesta siempre aporta y clarifica cuestiones fundamentales sobre los derechos humanos para nuestra profesión, trabajemos donde trabajemos. 

Unos 60.000 niñas y niños han cruzado a Siria desde El Líbano en menos de una semana

Los niños y niñas en Líbano se encuentran en grave peligro de perder la vida, sufrir daño físico o estrés emocional severo tras la incursión terrestre en el sur del país por parte de las fuerzas israelíes. 

Save the Children 

Beirut/Amán, 1 de octubre de 2024

En la noche del lunes y mañana del martes el ejército israelí ha iniciado la primera incursión en el sur del Líbano desde 2006, después de una noche de violentos ataques aéreos en los barrios del sur de Beirut. Estos ataques han dejado al menos 95 muertos y 172 heridos según datos del Ministerio de Sanidad del Líbano. 

Save the Children pide un alto el fuego inmediato para prevenir más sufrimiento, garantizar el acceso humanitario y parar la escalada del conflicto a otras zonas de la región. “Las familias de todo el Líbano están viendo los acontecimientos de las últimas horas con puro horror, y nos dicen que están absolutamente aterrorizados por lo que pueda suceder a continuación. La violencia no sólo se ha intensificado en el sur, sino que en los últimos días se han producido repetidos ataques en Beirut, lo que demuestra que ningún lugar es seguro en el Líbano. Los padres y madres se afanan por mantener a salvo a la familia ante su peor pesadilla, algo que llevan temiendo desde hace un año,” afirma Jennifer Moorehead, Directora de Save the Children en Líbano. “Los niños y niñas llevarán la peor parte de este conflicto durante años, con consecuencias nefastas no sólo para su bienestar físico, sino también para su salud mental a largo plazo. Esto debe acabar ya.”

Desplazamientos a Siria

Unos 60.000 niños han huido a Siria desde el Líbano en la última semana, muchos de ellos deshidratados y agotados, según Save the Children. Alrededor de 100.000 personas -se calcula que un 60% son sirias y un 40% libanesas- han cruzado a Siria desde Líbano desde que se intensificaron las hostilidades el 24 de septiembre, según cifras de la ONU. Se calcula que la violencia ha desplazado a cerca de un millón de personas, casi una quinta parte de la población de Líbano.

Los pasos fronterizos están abarrotados, sobre todo de niños y niñas, mujeres y personas con discapacidad que esperan para cruzar a Siria. Es posible que muchos más estén cruzando utilizando puntos fronterizos informales.

Save the Children pide que se protejan las zonas civiles densamente pobladas, de conformidad con las obligaciones que incumben a todas las partes en conflicto en virtud del Derecho Internacional Humanitario. 

Siria se enfrenta ya a la mayor crisis humanitaria de su historia tras 13 años de conflicto. Más de 16 millones de personas, el 45% de ellas niñas y niños, necesitan algún tipo de ayuda humanitaria, mientras que la financiación humanitaria ha disminuido. Líbano acoge a cerca de 1,5 millones de sirios que huyeron del conflicto.  

“La infancia está pagando el precio más alto de esta violencia, obligados a huir de sus hogares bajo la amenaza constante de ataques aéreos y atentados. Algunos niños y niñas se han visto obligados a caminar durante horas bajo la amenaza de ataques aéreos, sólo para llegar a una frontera que sigue siendo peligrosa. Esto no puede continuar.  La gente huye de Líbano y entra en un país donde los servicios están casi colapsados tras 14 años de conflicto. La crisis humanitaria en Siria alcanza niveles récord y se ve arrastrada a escaladas regionales,” dice Rasha Muhrez, Directora de la respuesta de Save the Children en Siria. “Siria no es un patio de recreo para ataques: los niños y niñas no pueden aguantar más. Todas las partes deben reducir la tensión. Cada día de retraso pone más vidas en peligro.”

Save the Children trabaja en el Líbano desde 1953. Desde octubre de 2023, hemos ampliado nuestra respuesta en el Líbano, apoyando a familias libanesas, sirias y palestinas desplazados, y ahora hemos intensificado una respuesta de emergencia en todo el país en 70 refugios. Desde octubre de 2023, hemos ayudado a 71.000 personas, entre ellas 31.000 niños y niñas, con dinero en efectivo, mantas, colchones y almohadas, paquetes de alimentos, botellas de agua y kits con artículos de higiene esenciales.

La organización hace un llamamiento para que toda aquella persona que lo deseé y pueda haga una donación para contribuir al apoyo a la infancia que está sufriendo las consecuencias de este conflicto: https://www.savethechildren.es/colaborar-ong/emergencia-libano-em 

La ministra de Juventud apunta que la segregación escolar “es un debate que nos interpela a todos y que lo atraviesa todo”

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, considera que el gobierno español debe implicarse en la lucha contra la segregación escolar, pese a que se trata de un ámbito que mayoritariamente depende del ministerio de Educación, y que buena parte de las competencias en educación están transferidas a las autonomías. “Es un debate que nos interpela, y que lo atraviesa absolutamente todo, más allá de la competencia específica de unos y otros”, sentenció el jueves en un almuerzo-coloquio en Barcelona organizado por la Fundación Pere Tarrés.

EL DIARIO de la EDUCACIÓN

Bernat Ferrer

                                                                    La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la Fundació Pere Tarrés | FPT

Rego considera que “el debate de los derechos [del niño] debe trascender el debate de las competencias”, y que “más allá de la competencia específica” el gobierno español debe implicarse en “empujar derechos”, en tanto que “desde el ministerio planteamos la infancia como sujeto de derechos, y tenemos la perspectiva de elevar a políticas de rango de estado las políticas que tienen que ver con la defensa de estos derechos”. Según Rego, la lucha contra la segregación escolar se incardina con el Pacto de Estado para la Erradicación de la Pobreza Infantil, “que tiene en cuenta aquella carencia de oportunidades que tiene un segmento de la infancia del estado y que debemos abordar colectivamente”.

La ministra enfatizó que el 34,5% de los niños de todo el Estado viven en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Y resaltó: “El Estado es la cuarta economía de la UE, y crecimos un 2,5% el pasado año. Por el contrario, invertimos en políticas públicas un 1,5% del PIB, un 1% por debajo de la media UE. Es una incongruencia, es necesario cerrar esta brecha. Debemos pasar del 1,5% al 2,4% del PIB, tenemos la riqueza necesaria para hacerlo, tan sólo debemos redistribuirla. Sólo hace falta voluntad política.”

“Hay niños que no viven en casas que tengan la temperatura adecuada, y que sus padres y madres no pueden darles un calzado adecuado, o bien comidas adecuadas. Estos niños tienen un futuro afectado por las condiciones en las que viven, y una democracia no puede permitirse definirse como robusta si no resuelve estas desigualdades”, sentenció. 

Informe: El coste de la violencia sexual contra la infancia asciende a los 4.500 millones en España.

El coste anual de la violencia sexual contra la infancia y sus consecuencias alcanza al menos los 4.500 millones de euros en España, lo que supone un 0,31 % del PIB, 

El 17,29% de la población ha sufrido violencia sexual en la infancia

Pérdidas que no tienen traducción económica

Investigamos la parte oculta del iceberg 

"Si bien una estimación a la baja indica que 

uno de cada seis niños y niñas sufrirá violencia sexual antes de 18 años de vida, 

sabemos que solo un pequeño porcentaje acabará denunciando".

EDUCO

Catedra DD del Niño

Universidad P. Comillas.

Acceso al Informe

Invertir en prevención
El coste anual de la violencia sexual contra la infancia y sus consecuencias alcanza al menos los 4.500 millones de euros en España, lo que supone un 0,31 % del PIB, según un estudio elaborado por Educo y la Cátedra de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas.
El informe ¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia, que se ha presentado este 2 de octubre, contabiliza el impacto económico que las agresiones sexuales tienen tanto en las víctimas como en la sociedad.

El objetivo de este estudio es cuantificar el coste económico que esta violencia genera en el ámbito social, educativo, judicial y sanitario a las arcas públicas, así como estimar cuál es el daño inmaterial que una persona acarrea a lo largo de su vida en cuestiones como la pérdida de oportunidades o el coste emocional, unos daños que podrían haberse prevenido o mitigado si se hubieran detectado a tiempo.
La investigación señala que el 17,29 % de la población ha sufrido violencia sexual en la infancia, uno de cada seis menores, y que en 2023 se denunciaron 9.185 casos mientras que se estima que hubo otros 77.407 casos invisibilizados.

Esta altísima cifra es la punta del iceberg, ya que solo se refiere a casos denunciados y a determinados costes derivados de casos no detectados (por ejemplo, atención psicológica a una niña que no lo ha contado), pero que se han cuantificado a partir de la prevalencia (porcentaje de la población general que ha sufrido violencia sexual durante su infancia y que los autores estiman en 17,29%).  

Investigamos la parte oculta del iceberg 

El informe establece dos grandes categorías de costes: por un lado, cuantifica que son 1.275,6 los millones de euros los "gastos incurridos", que incluyen el dinero asociado a los casos detectados y también a determinados costes de los no denunciados a partir de la prevalencia total.

Se evalúan los costes sanitarios (808 millones en atención psicológica y psiquiátrica, enfermedades crónicas derivadas, adicciones, urgencias...), los educativos (63 millones), los sociales (casi 312 millones, relativos a la protección del menor) y los judiciales (más de 92 millones en justicia, servicios penitenciarios, responsabilidad civil).

No se cuantifican, sin embargo, algunos costes como las necesidades educativas especiales, el bajo rendimiento o el absentismo y el fracaso escolar; tampoco costes indirectos como el desempleo juvenil o la reinserción social ni el coste del trabajo de las fuerzas de seguridad.

Por ello, el equipo investigador subraya que se ha elaborado una aproximación conservadora y que las cifras planteadas son mínimas.

Más allá de los más de 1.275 millones de euros de costes incurridos, la investigación ha puesto valor económico a "daños de difícil monetización como la pérdida de la productividad, la destrucción de la riqueza o los daños emocionales de la víctima y su familia", que sitúa en 3.178,2 millones de euros.

"Además de las consecuencias económicas, la violencia sexual provoca pérdidas que no tienen traducción económica. Destruye oportunidades, limita la participación social, afecta la cualificación profesional y genera un profundo sufrimiento tanto en las víctimas como en sus familias. Estos impactos, aunque difíciles de cuantificar en términos monetarios, representan un costo social significativo para el país a largo plazo", advierte el informe.
El estudio denuncia que España sigue encorsetada en "unas estructuras sociales que impiden que los casos se denuncien y salgan a la luz":

La directora de investigación e incidencia de Educo, Macarena Céspedes, ha aseverado que el presupuesto para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia "más que un gasto es una inversión con un retorno claro que beneficia a toda la ciudadanía".

El año pasado, el Ministerio de Igualdad publicó un estudio sobre el coste económico de la violencia de género y la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, que en 2022 se situó en 4.933 millones de euros, lo que supone el 0,37 % del PIB de España y 104 euros per cápita.
Estos datos estimaban los costes tangibles que provocan las agresiones machistas en los ámbitos laboral y productivo, sanitario, legal-policial y de atención y acogida de las víctimas.

Y en el año 2024 

La AEPD publica un análisis sobre la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado ‘Internet seguro por defecto para la infancia y el papel de la verificación de edad’ , en el que analiza cómo se puede proteger a niños, niñas y adolescentes en Internet sin que ello suponga una vigilancia e invasión de la privacidad de todos los usuarios, y sin exponer a la infancia a ser localizada y expuesta a nuevos riesgos. Este análisis se centra en la obligación de cumplimiento de los principios de protección de datos recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), junto con otras regulaciones que complementan o profundizan en la protección de los menores.

Agencia española de protección de datos

2 de octubre de 2024

El documento muestra distintas estrategias de protección a niños, niñas y adolescentes (NNA) en Internet, definiendo distintos casos de usos: protección ante contenidos inadecuados, entornos seguros para la infancia, consentimiento para el tratamiento de datos personales y diseño adecuado para la infancia. Cada caso de uso analizado está sujeto a marcos regulatorios diferentes y, como marco común, al RGPD en cuanto a tratamientos de datos personales.

El análisis publicado explica que, en la actualidad, buena parte de los servicios de Internet disponen de estrategias basadas, en el mejor de los casos, en reaccionar una vez detectado que ya se ha producido un daño o impacto. Una variación de ello es posibilitar a los proveedores de servicios de Internet el conocimiento de quién es menor de edad, como con la creación de espacios o cuentas específicas para NNA. Estas estrategias, añade, precisan de una intervención intrusiva en forma de vigilancia o perfilado que vulnera la privacidad de todos los usuarios: permiten tener al menor localizado y fácilmente accesible para cualquier actor malicioso, legitiman el tratamiento de datos personales adicionales de NNA, adaptan los mensajes para que tomen decisiones que no le corresponden o esconden propósitos de perfilado en relación con patrones engañosos o adictivos, fidelización, contratación, consumo o monetización de datos personales.

La Agencia recoge ejemplos y buenas prácticas para proteger a los menores ante los riesgos relacionados con el acceso a contenidos para adultos, como pueden ser el contacto con personas que puedan ponerlos en peligro, la contratación de productos y servicios, la monetización de sus datos personales, la inducción a comportamientos adictivos que afecten a su integridad física o mental y otros aspectos.

La Agencia subraya asimismo la importancia de contar con un sistema de verificación de edad que mantenga la carga de la prueba en la persona que tiene la edad establecida para acceder a los contenidos, y nunca en el menor. De este modo, el menor no debe probar que es menor, ni exponer su naturaleza para que se bloqueen contenidos, contactos, comportamientos o contratos.

La implantación de un sistema de verificación de edad requiere la adaptación de los servicios de Internet para que sea efectiva, no genere nuevos riesgos, no permita localizar menores y no suponga pérdida de libertades para todos los usuarios de Internet. Para ello, esa adaptación ha de cumplir los principios de minimización del tratamiento de datos personales desde el diseño y por defecto.

La Agencia recuerda que las decisiones para gestionar los riesgos a los que se ven sometidos los menores deberían contar con una evaluación del impacto del tratamiento en la protección de datos personales (EIPD). Para superar una EIPD hay que cumplir, entre otros, con el principio de minimización de datos y, en el caso de la verificación de edad, el sistema no necesita verificar una edad concreta ni una fecha de nacimiento, sino sólo la superación del umbral de edad establecido.