Yo también vivo aquí: vivienda, pobreza y derechos de infancia

La vivienda afecta los niveles de pobreza infantil y los niños están poco presentes en las políticas que facilitan su acceso.

Unicef

5 de marzo de 1959

En España la vivienda es, cada vez más, un factor que contribuye al aumento de los ya muy altos niveles de pobreza infantil de nuestro país. La subida de precios o la falta de acceso a la misma por parte de familias vulnerables llevan a muchos niños y niñas y a sus familias a soportar costes excesivos, a vivir hacinados, en viviendas precarias o, directamente, en infraviviendas. Esto afecta su salud física y mental, su educación, su acceso al ocio y tiempo libre y sus relaciones intrafamiliares o con iguales, además de sus oportunidades de futuro.

El coste de la vivienda incrementa en casi 10 puntos porcentuales (9,7) los niveles de pobreza infantil: si de los ingresos se dedujeran los gastos de la vivienda, 780.000 niños, niñas y adolescentes más quedarían en situación de pobreza, incrementando la tasa de pobreza infantil del 28,9% al 38,6%.

“La tasa de pobreza infantil en nuestro país es ya muy alta, la más alta de la Unión Europea”, recuerda José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España. “Y la vivienda, que se está convirtiendo en un bien menos accesible para muchas familias, es, cada vez más, un factor importante de incremento de la pobreza infantil. Sin embargo, la infancia está prácticamente invisibilizada en las políticas públicas relativas a este ámbito”.

A su vez, más de medio millón de niños, niñas y adolescentes en España viven en una vivienda que sufre carencia severa, es decir, además del hacinamiento, puede tener goteras en el tejado, no disponer de baño/ducha o retrete interior, o ser demasiado oscura. El 16,7% de los hogares con niños no puede mantener la casa a una temperatura adecuada durante el invierno.

En este contexto, UNICEF España presenta su informe Yo también vivo aquí, que recalca el carácter universal del derecho a una vivienda adecuada, su impacto en el ejercicio de otros derechos, así como la necesidad de que la infancia y la adolescencia estén presentes en las políticas públicas.

“Hemos comprobado que las tasas más altas de retrasos en pagos relacionados con vivienda se concentran en los hogares con niños, o que la sobrecarga en el gasto en vivienda es mayor para los menores de 18 años, cosa que solo ocurre en seis países de la UE. Por tanto, es necesario abordar este problema y tener en cuenta a la infancia, algo que no está ocurriendo: el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, por ejemplo, no menciona ni una sola vez a los niños y niñas o a la infancia, solo los considera un ‘anexo’ a la situación familiar. La infancia debe ser tenida en cuenta”, afirma Vera. 

El informe incluye una serie de recomendaciones para que los derechos de infancia se incorporen en las políticas y planes de vivienda, con el objetivo de garantizar que cada niño, niña y adolescente en nuestro país viva en una vivienda digna y adecuada, entre ellas:

• Impulsar y dotar de recursos las medidas del Plan de Acción Estatal para la implementación de la Garantía Infantil Europea en relación con la vivienda, como el aumento de la vivienda pública, ayudas a familias vulnerables para acceder a una vivienda, rehabilitar y acondicionar viviendas y pagar suministros básicos, o prohibir los desahucios de hogares con niños, niñas y adolescentes vulnerables, entre otras.  

• Asegurar que la ampliación del parque público de vivienda de alquiler reúna las condiciones adecuadas para familias con niños y niñas. 

• Mejorar los datos sobre dónde y cómo vive la infancia y la adolescencia, incorporando la participación infantil. 

• Desarrollar el concepto de “especial atención” a los niños y niñas y familias de la Ley por el derecho a la vivienda para que, entre otras medidas, los programas de ayuda a la vivienda tengan en cuenta a las familias con niños.

• Elaborar herramientas de análisis del interés superior del niño para contemplar las necesidades de la infancia y la adolescencia, valorar su vulnerabilidad social o garantizar que sean informados y escuchados en procedimientos de desahucio. 

• Desarrollar una Estrategia Estatal de erradicación de asentamientos chabolistas y de infravivienda.

• Garantizar un empadronamiento libre de obstáculos que permita a las familias migrantes acceder a servicios de salud, educación y sociales.

• Desarrollar políticas sociales que prevengan la situación de sinhogarismo en los jóvenes procedentes del sistema de protección de menores.

• Ofrecer soluciones habitacionales seguras para la infancia beneficiaria de protección internacional. 

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