Para los niños y niñas en zonas de conflicto, 2024 ha sido “uno de los peores años de la historia de UNICEF”: no podemos permitir que esta sea la nueva normalidad

La repercusión de los conflictos armados sobre los niños y niñas de todo el mundo ha alcanzado niveles devastadores –y, probablemente, sin precedentes– en 2024, según un análisis de UNICEF sobre los datos más recientes disponibles y las tendencias mundiales predominantes.

unicef

28 Diciembre 2024

UNICEF/UNI589800/Subieh
Sila, una niña de 4 años, perdió su pierna derecha cuando su casa fue bombardeada en Gaza.
También perdió a su madre, su padre y sus tres hermanas, Saba, Farah y Laila.

Se calcula que más niños y niñas que nunca están viviendo en zonas de conflicto o se encuentran desplazados por la fuerza a causa de las guerras y la violencia. Los derechos de la infancia se ven sistemáticamente vulnerados en este tipo de situaciones, y un número récord de niños y niñas afectados por conflictos han muerto o han resultado heridos^[1], se han visto obligados a abandonar la escuela, no han recibido las vacunas esenciales o padecen graves niveles de desnutrición. Además, se prevé que las cifras sigan aumentando. Los conflictos generan aproximadamente el 80% de todas las necesidades humanitarias en el mundo^[2], al ser uno de los causantes de la interrupción de servicios esenciales como el agua potable, los alimentos y la atención médica.

Más de 473 millones de niños y niñas –al menos 1 de cada 6 a nivel mundial– viven actualmente en zonas afectadas por conflictos^[3]. El número de situaciones de conflicto en todo el mundo es el más alto registrado desde la Segunda Guerra Mundial^[4]. Además, el porcentaje de niños y niñas que viven en estas regiones se ha duplicado, pasando de alrededor del 10% en la década de 1990 a casi el 19% en la actualidad^[5].

A finales de 2023, la cifra de niños y niñas desplazados por los conflictos y la violencia ascendía a 47,2 millones^[6]. Las tendencias registradas en 2024 revelan un aumento adicional en el número de niños y niñas desplazados por la intensificación de los conflictos, en particular en el Estado de Palestina, Haití, Líbano, Myanmar y Sudán. Los niños y niñas representan el 30% de la población mundial, pero, en promedio, suponen alrededor del 40% de las personas refugiadas y el 49% de los desplazados internos^[7]. En los países afectados por los conflictos, un promedio de más de una tercera parte de la población es pobre (34,8%), lo que contrasta con una tasa de poco más del 10% en los países que no sufren conflictos^[8].

“Según casi todos los indicadores, 2024 ha sido uno de los peores años de la historia de UNICEF para los niños y niñas que viven en zonas en conflicto, tanto por el número de niñas y niños afectados como por la magnitud del impacto que estos conflictos tienen en sus vidas”, ha declarado Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF. “Un niño o una niña que crece en una zona de conflicto tiene muchas más probabilidades de no estar escolarizado, de sufrir desnutrición o de verse obligado a abandonar su hogar –en ocasiones, con demasiada frecuencia– que un niño o una niña que vive en una región en paz. Esto no debe convertirse en la nueva normalidad. No podemos permitir que toda una generación de niños y niñas se conviertan en víctimas colaterales de las guerras descontroladas que azotan al mundo”, ha añadido.

Según los últimos datos disponibles, referidos a 2023, las Naciones Unidas constataron un total de 32.990 violaciones graves cometidas contra 22.557 niños y niñas^[9], la cifra más alta desde que se inició el seguimiento por mandato del Consejo de Seguridad. Dada la tendencia mundial al alza en el número de violaciones graves –en Gaza, por ejemplo, miles de niños y niñas han muerto y otros tantos han resultado heridos, y las Naciones Unidas constataron más víctimas infantiles en Ucrania en los nueve primeros meses de 2024 que en todo 2023^[10]–, es probable que las cifras de este año sean aún más altas.

La situación de las mujeres y las niñas es especialmente preocupante en situaciones de conflicto, habida cuenta de las denuncias generalizadas de casos de violación y violencia sexual. En Haití, por ejemplo, en lo que va de año, el número de denuncias de casos de violencia sexual contra la infancia ha aumentado en un 1000%^[11]. En estas situaciones, además, los niños y niñas con discapacidad suelen estar expuestos de forma desproporcionada a la violencia y la vulneración de sus derechos.

La educación también se ve gravemente perturbada en las zonas donde hay conflictos. Se calcula que en los países afectados hay más de 52 millones de niños y niñas sin escolarizar. Los niños y niñas de la Franja de Gaza y buena parte de los de Sudán, por ejemplo, llevan más de un año sin ir a la escuela, y en países como Ucrania, la República Democrática del Congo y Siria, los centros educativos han sido dañados, destruidos o utilizados con otros fines, lo que ha dejado a millones de niños y niñas sin acceso a la educación. La destrucción de las infraestructuras educativas y la falta de seguridad en las inmediaciones de las escuelas han exacerbado una situación que ya de por sí planteaba trabas para la educación de los niños y las niñas de estas regiones.

La desnutrición infantil en las zonas en conflicto también ha alcanzado niveles alarmantes. En efecto, los conflictos y la violencia armada siguen siendo las principales causas del hambre en muchas zonas críticas, al perturbar los sistemas alimentarios, provocar desplazamientos de población y obstaculizar el acceso de la ayuda humanitaria. En Sudán, por ejemplo, este año se ha declarado la primera situación de hambruna desde 2017, concretamente en Darfur del Norte. Por otro lado, se calcula que en 2024 más de medio millón de personas de cinco países afectados por conflictos están viviendo en la Fase 5 de la CIF*, la situación más extrema en la escala de inseguridad alimentaria^[12].

Los conflictos también tienen un efecto devastador sobre el acceso de la infancia a los servicios de salud básicos. Alrededor del 40% de los niños y niñas que no están vacunados o que no han recibido todas sus vacunas viven en países parcial o totalmente afectados por conflictos^[13]. Estos niños y niñas suelen ser los más vulnerables a brotes de enfermedades como el sarampión y la poliomielitis, debido a la inseguridad y a la falta de acceso o la interrupción de los servicios de salud y nutrición.

La repercusión sobre la salud mental de los niños y niñas también es enorme. En los más pequeños, la exposición a la violencia, la destrucción y la pérdida de seres queridos puede manifestarse mediante depresión, pesadillas y trastornos del sueño, así como a través de comportamientos agresivos o retraídos, tristeza y miedo.

El año 2024 también se ha convertido en el más mortífero de la historia para el personal humanitario: 281 trabajadores humanitarios han muerto en todo el mundo, una cifra que supera las registradas anteriormente^[14].

“Los niños y las niñas que viven en zonas de guerra luchan cada día por sobrevivir y eso les roba su infancia”, ha afirmado Catherine Russell. “Sus escuelas son bombardeadas, sus casas quedan destruidas y sus familias, devastadas. No solo se ven privados de la seguridad y la posibilidad de satisfacer sus necesidades vitales básicas, sino también de la oportunidad de jugar, de aprender o de disfrutar de su infancia. El mundo está dejando de lado a estos niños y niñas. En 2025, debemos hacer todo lo posible para invertir la tendencia y salvar y mejorar la vida de la infancia”, ha añadido.

UNICEF hace un llamamiento a todas las partes en conflicto y a todos aquellos que tienen influencia en ellas para que tomen medidas decididas que pongan fin al sufrimiento de los niños y las niñas, garanticen el respeto de sus derechos y cumplan sus obligaciones de conformidad con el derecho internacional humanitario. 

[1] Informe anual del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados
[2] Estrategia del Grupo del Banco Mundial sobre la reducción de la fragilidad, los conflictos y la violencia 2020-2025, Grupo del Banco Mundial, febrero de 2020 (en inglés).
[3] Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO)
[4] Índice de Paz Mundial
[5] Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO)
[6] https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/displacement/
[7] Informe sobre Tendencias Globales de ACNUR
[8] https://www.undp.org/es/comunicados-de-prensa/1100-millones-de-personas-viven-en-situacion-de-pobreza-multidimensional
[9]tps://childrenandarmedconflict.un.org/2024/06/2023-alarming-levels-of-violence-inflicted-on-children-in-situation-of-armed-conflict
[10] https://www.unicef.org/press-releases/unicef-executive-director-catherine-russells-remarks-united-nations-security-0
[11] https://www.unicef.org/press-releases/remarks-unicef-executive-director-catherine-russell-ecosoc-special-session-haiti
[12] https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-dashboard/en/
[13] https://www.unicef.org/es/inmunizacion/inmunizacion-y-conflictos
[14] https://www.unocha.org/news/un-relief-chief-decries-bullets-and-bombs-against-aid-workers 

La Generalitat concede cerca de un millón de euros a la promoción de los derechos de la infancia

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha resuelto la concesión de cerca de un millón de euros en subvenciones dirigidas a la promoción de los derechos de infancia y de participación infantil.

valenciaplaza

21/12/2024

 Foto: GVA

A través de estas ayudas, la Conselleria apoya económicamente las actuaciones impulsadas desde los municipios valencianos para fomentar la participación activa de niños y adolescentes con acciones concretas de difusión, promoción y defensa de sus derechos, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El importe global de las ayudas para 2024 asciende a 985.997,93 euros y la dotación ha permitido beneficiar a un total de 181 ayuntamientos, dos entidades locales menores y once mancomunidades de la Comunitat Valenciana.

Por ámbito territorial, se ha subvencionado a 27 ayuntamientos y una mancomunidad de la provincia de Alicante por un importe global de 135.534,93 euros; 127 corporaciones municipales, dos entidades locales menores y cuatro mancomunidades de la provincia de Valencia por un valor conjunto de 697.160,72 euros; y 27 ayuntamientos y seis mancomunidades de la de Castellón, con subvenciones que ascienden a un total 153.302,28 euros.

Con esta convocatoria, la Vicepresidencia Primera "apoya las actuaciones desarrolladas por las entidades locales que promueven una política de infancia, con actividades dirigidas a la formación de los menores de edad en el conocimiento y ejercicio de los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico, así como las acciones para su promoción y defensa".

Criterios de valoración

A la hora de valorar los programas locales para el otorgamiento de las subvenciones, se ha tenido en cuenta una serie de criterios objetivos como la existencia de un informe de situación de infancia y adolescencia en el ámbito territorial de competencia de la entidad y de un plan local de infancia y adolescencia, entre otros.

Además del nivel de necesidad social del recurso, tal y como establece la convocatoria de las ayudas, se han valorado con mayor puntuación los programas dirigidos preferentemente a la sensibilización y difusión de los derechos de la infancia y a aquellos que fomenten la participación infantil, especialmente los que incluyen órganos permanentes de participación y representación de infancia y adolescencia.

Asimismo, se ha tenido en cuenta para la concesión de la subvención la inclusión de acciones destinadas específicamente a la infancia con necesidades especiales y/o situación de especial vulnerabilidad, y las acciones que promocionen la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de ningún colectivo por razón de etnia, cultura, orientación sexual, diversidad funcional, entre otras. 

EntrevistaSira Rego: "El entorno digital genera serios problemas en los niños y no puede ser la ley de la selva"

En el nuevo Ministerio de Juventud e Infancia entran y salen continuamente personas cargadas con cajas y pantallas de ordenador. Hace apenas unos días que se mudaron después de estar un año compartiendo edificio con Sanidad y Derechos Sociales. Ni siquiera el despacho de la ministra, Sira Rego (Valencia, 1973), está todavía completo, pero aun así recibe a 20minutos para hacer balance de su primer año al frente de un departamento que no había existido hasta esta legislatura.

20minutos

Elena Omedes

23.12.2024

                                    La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una entrevista para 20minutos.

JORGE PARÍS.

De ella depende la primera ley de protección de los menores en el entorno digital, con la que pretende poner fin a "la ley de la selva" que rige en el ámbito tecnológico y que espera enviar al Congreso "con carácter inmediato", tras introducir algunas medidas sugeridas por los 50 expertos a los que encargó elaborar un informe. También le está tocando negociar la reforma de la ley de extranjería para reubicar a los menores migrantes de los territorios saturados, que no parece que vaya a salir por lo pronto. Tiene pendiente una ley de juventud en la que espera ampliar la edad de voto a los 16 años, un Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil y una reforma de la ley de protección a la infancia de 2021 para prohibir el síndrome de alienación parental. Son, dice, cuestiones que siempre han estado ahí, pero que con la creación de este nuevo ministerio han podido pasar a un primer plano y se han plasmado en políticas públicas.

Hace poco más de un año que asumió su cargo como ministra de Juventud e Infancia. ¿Cuáles han sido los principales retos de estar al frente de un ministerio que no existía hasta esta legislatura?

Poner en marcha todo el engranaje de lo que supone un ministerio de nueva creación y asumir los retos de poner con nombre propio las políticas de infancia y de juventud en la conversación del país y, por tanto, en la acción política del Gobierno. Asuntos como la pobreza infantil, poniendo en marcha un Pacto de Estado; todo lo que tiene que ver con los entornos seguros; la erradicación de todo tipo de violencias contra la infancia; y por supuesto la ley de juventud, que para nosotras es una demanda histórica de la juventud en nuestro país y que tiene que contener elementos sustanciales como la participación política o la cuestión de los derechos intergeneracionales.

La primera iniciativa de su departamento que se llevó a Consejo de Ministros es el anteproyecto de ley para la protección de los menores en los entornos digitales. ¿Cuándo prevén enviarla al Congreso?

Como toca alguna cuestión que tiene que ver con la norma europea, hemos tenido que hacer la consulta a las instituciones europeas. No creo que tardemos mucho ya, no podría decir una fecha exacta, pero con carácter inmediato vamos a ir a la segunda ronda. Somos conscientes de la dimensión que tienen los entornos digitales. Yo no estoy de acuerdo con eso de que "no se le pueden poner puertas al campo". Si hemos sido capaces tecnológicamente de poner en marcha un sistema global que ha generado un cambio de paradigma en las relaciones sociales, políticas, económicas, afectivas, personales… tenemos que ser capaces de dar una solución global. Lo que puede ser es que el entorno digital siga siendo la ley de la selva o que no esté articulado con mecanismos democráticos y se quede a merced del capricho de un Elon Musk.

¿Cómo lo hacemos en la colaboración de las tecnológicas, que no parece que esté muy por la labor?

Las tecnológicas, igual que cualquier empresa o multinacional, tienen que estar sujetas a las reglas del juego democrático. No es aceptable que tengamos una sociedad paralela articulada con reglas que no son democráticas. La autorregulación de las empresas no se está cumpliendo. Nosotros nos hemos basado en este informe de 50 expertos que señalan que la no regulación del entorno digital está generando problemas serios en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Por tanto, hay que regularlo. Y hay mecanismos. Nosotros hemos lanzado esta ley de entornos digitales. Vamos ahora con la estrategia nacional, que pretendemos que tenga una mirada amplia y que intervenga en procesos de acompañamiento y de creación de entornos digitales seguros.

¿Qué recogerá esa estrategia?

El enfoque que tenemos es que sea un mecanismo útil e inmediato para trabajar la alfabetización mediática y, sobre todo, el conocimiento por parte de la infancia y de la adolescencia de cuáles son sus derechos en el entorno digital. ¿Cómo se plantea esto? Con varias líneas de trabajo. Por ejemplo, los laboratorios de creación de entornos digitales seguros. Creemos que puede ser una fórmula para ver, a través de los creadores de contenido, cómo podemos ir transitando hacia estos espacios de alfabetización y, sobre todo, formarnos a través de quienes están generando estas nuevas formas de comunicación.

¿Se refiere a recurrir a los influencers para esa alfabetización digital?

10 buenas noticias para los niños y niñas en 2024

Al final de cada año, en Human Rights Watch nos gusta hacer un balance sobre el progreso en materia de derechos humanos para los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. 

Human Rights Watch

Joe Becker

24 de diciembre de 2024

Niños y niñas en las cataratas Khone Phapheng, Laos, 3 de diciembre de 2019.  
© 2019 Sergi Reboredo/VWPics via AP Photo

Desde fortalecer el acceso a la educación para la niñez hasta mejoras en la protección  de los niños y niñas en tiempos de guerra, estos son algunos de nuestros ejemplos favoritos de 2024:

1. Tayikistán y Laos prohibieron todo castigo corporal a niños y niñas, sumándose a otros 65 países con estas prohibiciones. Cinco países – Burundi, la Republica Checa, Kirguistán, Sri Lanka y Uganda – se comprometieron a promulgar leyes que prohíben todo castigo corporal.
2. Australia aprobó la creación de un Código de Privacidad Infantil en Línea, la primera ley de protección de datos para niños y niñas del país. Brasil prohibió a la empresa Meta utilizar los datos personales de sus usuarios menores de edad para entrenar la inteligencia artificial (IA) de la empresa, citando riesgos de explotación y daño a la niñez.
3. Mauricio comenzó a ofrecer tres años de educación preescolar gratuita y amplió su prestación universal para los niños y niñas, crucial para reducir la pobreza infantil y aumentar la matriculación escolar.
4. En Japón, entró en vigor una nueva ley que fue diseñada para trasladar a miles de niños y niñas de instituciones de cuidado infantil a cuidados familiares.
5. El parlamento de Gambia rechazó una propuesta para revocar la prohibición de la mutilación genital femenina impuesta en el país en 2015.
6. Sierra Leona aprobó una nueva ley que prohíbe el matrimonio infantil. En Estados Unidos, los estados de Nuevo Hampshire, Virginia y Washington prohibieron todo matrimonio infantil.
7. El Ejército Nacional Sirio, un grupo armado no estatal, firmó un plan de acción con las Naciones Unidas para poner fin al asesinato, la mutilación y el reclutamiento y la utilización de niños.
8. Ruanda se suscribió a la Declaración de Escuelas Seguras, con lo que el número de países adheridos asciende a 120. Macedonia del Norte, Montenegro y Kosovo respaldaron la Declaración Política de la EWIPA para proteger a los civiles del uso de armas explosivas en zonas pobladas, la principal causa de muertes infantiles en los conflictos armados.
9. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió considerar un nuevo tratado internacional que reconozca explícitamente el derecho de todos los niños y niñas a una educación en la primera infancia y garantice la educación preescolar y secundaria pública y gratuita para todos los niños y niñas. Los gobiernos también acordaron una disposición histórica: por primera vez, los niños y niñas participarán en el desarrollo de esta nueva ley internacional.
10. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de 57 niños y sus familias en un caso contra Perú, al determinar que el gobierno violó su derecho a un medio ambiente sano al permitir la presencia de contaminantes tóxicos. La corte ordenó al gobierno brindar atención médica gratuita a las víctimas, pagar indemnizaciones por los daños graves a la salud y limpiar las zonas contaminadas.

Los derechos de los niños siguen bajo amenazas en todo el mundo, pero estos éxitos demuestran que es posible lograr avances genuinos. 

España arranca tres años después la creación de juzgados especializados en violencia a la infancia que exige la ley.

La Ley de Eficiencia de la Justicia recién aprobada establece un nuevo sistema para que sean jueces con formación específica los que vean los casos de maltrato a menores, desde lesiones a agresiones sexuales, para lo que se prevé seguir el modelo ya implantado de la violencia de género

elDiario.es

Marta Borraz

25 de diciembre de 2024

Juguetes exhibidos durante una protesta contra el abuso sexual infantil.  
EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Su última fase ha estado marcada por la guerra abierta entre Podemos y el PNV a cuenta de una enmienda sobre ocupación, pero la Ley de Eficiencia de la Justicia a la que el pleno del Congreso dio luz verde el pasado jueves tras retirar los de Ione Belarra su amenaza de tumbarla, recoge una medida de mucho calado para la violencia hacia niñas, niños y adolescentes: la creación de juzgados especializados en estos casos al estilo de lo que ocurre con la violencia de género desde 2005, un modelo que el Gobierno prevé aplicar también al maltrato hacia los menores de edad.

Se trata de una previsión contenida en la ley de protección a la infancia que entró en vigor en junio de 2021 y que mandató al Ejecutivo a presentar en el plazo de un año un proyecto de ley para poner en marcha estos órganos judiciales, cuyos titulares estarán formados específicamente para estos casos. La medida, acordada por el Ministerio de Justicia y el de Juventud e Infancia, fue finalmente presentada en marzo de este año –casi dos años después del plazo marcado– y como parte de una norma mucho más amplia. Y a punto de acabar 2024 ha sido aprobada in extremis con la oposición del PP, que intentó vetarla en el Senado.

El texto especifica que “la realidad de la violencia” contra menores de edad convierte en “urgente esta adaptación” de la justicia. Según los últimos datos, en 2022 la Fundación ANAR llevó a cabo 17.896 atenciones a niños y niñas, de los cuales casi el 40% reportaban algún tipo de violencia, desde maltrato físico o psicológico a acoso escolar y abandono. Además, el 43% de las víctimas de agresiones sexuales denunciadas en España son menores, según el último informe del Ministerio del Interior. Otro estudio reciente de la Fundación Mutua Madrileña apunta a que tres de cada cuatro menores han sufrido algún episodio de violencia sexual en el ámbito digital.

Además, los menores de edad que buscan ayuda por violencia de género crece en los últimos años, según ha detectado también ANAR: tanto chicas adolescentes que la sufren en primera persona como, sobre todo, niños y niñas que la viven en sus casas por parte de sus padres. Desde 2013, 62 menores han sido asesinados por esta causa, nueve en este año. En estos casos, la nueva ley especifica que serán los juzgados de Violencia sobre la Mujer los que tengan la competencia.

Con todo, los nuevos órganos se insertarán en la nueva estructura judicial que inaugura la ley y cuya principal novedad es que deja atrás los juzgados unipersonales para crear los llamados Tribunales de Instancia, de los cuales habrá uno por partido judicial y estarán formados por diferentes secciones integradas por uno o más jueces. Esto hace que los 3.800 juzgados actuales se transformen en 431 Tribunales. En ellos habrá sí o sí secciones de Civil e Instrucción y el resto pueden ser de cualquiera de las especialidades posibles, entre ellas: Mercantil, Penal, Familia, Menores (para los casos en los que el acusado lo es), Violencia sobre la Mujer, o ahora también, Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

Especialización según la “carga de trabajo”

La ley renuncia a establecer un mínimo de secciones de este último tipo que debe haber en cada Tribunal de Instancia, partido judicial o provincia. Y su creación dependerá de la “carga de trabajo” en cada una. Las secciones podrán extender su jurisdicción a dos o más partidos en una misma provincia y en aquellos lugares en los que no se haya creado una sección específica, uno de los jueces de Instrucción será el encargado de tramitar los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, “ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias”, detalla la norma.

Esta es una de las cuestiones que más preocupa a las organizaciones en defensa de los derechos de la infancia, que han celebrado como “un paso fundamental” la incorporación de la justicia especializada, pero lamentan que esta sea “optativa” en función del número de casos. “Es un avance muy importante y eso es lo primero, pero no hay un número ni una referencia concreta a cuántos tienen que crearse, tendremos que ver cómo se implementa para que no haya desigualdad territorial, pero creemos que debería haberse asegurado la especialización en todos los Tribunales de Instancia y niveles judiciales”, esgrime Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children.

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, asume que la especialización no va a llegar a todas partes, pero apunta a que se trata de “un primer paso” ante una realidad, la de la violencia hacia menores de edad, “muy invisibilizada” que hace falta que sea juzgada “con perspectiva de infancia” y por parte de operadores jurídicos “formados para ello”.

El Consejo General del Poder Judicial es el que tiene un plazo de siete meses para diseñar el curso de formación especializada mientras que el Gobierno y las comunidades con competencias en justicia tendrán que poner en marcha formaciones para los equipos psicosociales que asesoran a los juzgados. “Es necesario que entiendan cómo funciona la violencia hacia la infancia y sus características específicas, por ejemplo, que un menor cuando pasa el tiempo acaba olvidando parte de lo que sucedió o que a veces no es capaz de dar detalles”, añade.

“El siguiente paso es hacer un estudio de cargas de trabajo y a partir de ahí establecer qué se necesita. En los partidos judiciales medianos y grandes sí habrá secciones especializadas. En algunos como Madrid o Barcelona habrá varios jueces, en otros medianos será uno y en los pequeños, el juez de instrucción tendrá competencias y verá todo tipo de casos”, explica Olmedo, que, ante la falta de plazos concretos en la ley para poner en marcha la especialización, prevé tener el estudio para “finales” de 2025 debido a que “antes hay que implementar el cambio organizativo” global de la nueva norma.

Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia destaca que este es “uno de los avances más sustanciales del desarrollo” de la ley de protección a la infancia porque “establece una reforma del sistema judicial que, por primera vez, se adapta a sus necesidades” y reconoce que “el principal reto es ponerlo en marcha cuanto antes”. Sobre si puede generarse desigualdad territorial, el departamento dirigido por Sira Rego apunta a que su apuesta es crear secciones especializadas “en todos los tribunales de instancia” o al menos en todas las provincias, pero admite que “hay unos criterios objetivos en base a la carga de trabajo”. Aun así, cree que la especialización se conseguirá “progresivamente” y pone de ejemplo experiencias como la del primer juzgado especializado de España, ya creado en Las Palmas de Gran Canaria.

El modelo de la violencia de género

Este es un modelo que ya funciona para la violencia machista, en el que que un caso sea visto por un juez especializado depende del código postal de la víctima porque no en todas partes existen. 20 años después de su puesta en marcha, hasta 14 provincias no tienen todavía este tipo de órganos, que tienden a concentrarse en las grandes ciudades. Su creación está también “justificada en función de la carga de trabajo”, dijo el Gobierno recientemente, lo que supone que a día de hoy hasta un 36,3% de mujeres no tienen acceso a ellos a pesar de que son juzgados más formados y adaptados para las víctimas y que suelen tener más medios materiales y personales.

La alternativa que está dando el Ejecutivo ante esta situación es la llamada comarcalización, que en la práctica implica que los juzgados especializados extiendan su ámbito de actuación y abarquen más territorio, pero es una opción que suscita opiniones encontradas. Olmedo sostiene que “está dando muy buenos resultados” y que, algunos efectos negativos como alejar a las víctimas de los juzgados, pueden contrarrestarse con “el uso de nuevas tencologías que permitan no desplazarse”. “Tenemos la experiencia previa de la violencia de género y, aunque no va a ser de la noche a la mañana porque es un proceso, esto nos va a ayudar con infancia”, afirma el secretario de Estado.

Al igual que ocurre con la violencia sobre la mujer, estos juzgados –a partir de ahora, secciones– instruirán los casos y sentenciarán delitos leves y cuando hay conformidad. Además, podrán adoptar medidas cautelares y se encargarán de todos los delitos que impliquen violencia, desde homicidio a lesiones, delitos contra la libertad o la intimidad, torturas o los delitos sexuales, entre otros. En este sentido, también hay plazas de las secciones de lo Penal –que ven los casos cuando la condena excede los cinco años de prisión– que se especializarán, pero, de nuevo, “atendiendo al número de asuntos existentes”.

Desde Save the Children reclaman “fortalecer el modelo asegurando la especialización” y recuerdan que la de los juzgados “es una pata más” junto a otras medidas como la generalización de la prueba preconstituida, es decir, que la testifical del menor quede grabada para evitar que deba repetir su declaración varias veces más, y la implementación del modelo Barnahus, que pretende centralizar todo el proceso en un único espacio amigable para los niños evitando que tengan que desplazarse entre comisarías y juzgados. “El objetivo de todo esto es que la justicia se adapte más a las necesidades de la infancia y evitar que el proceso judicial sea lo que ha sido hasta ahora, que lejos de ser reparador en muchas ocasiones revictimiza”, incide Del Moral.