La Plataforma de Infancia, Save the Children y UNICEF España interpelan a las administraciones para que tengan en cuenta los riesgos que afectan a la infancia migrante en su llegada a las costas del archipiélago.
6 NOV 2023 15:27
Tras un mes de octubre en el que 15.000 personas han llegado a las costas canarias, particularmente a la isla del Hierro, superándose en lo que llevamos de año el número de personas migrantes que arribaron a las islas en la crisis de los cayucos de 2006, y en vista de que gran parte de las personas que están arriesgando su vida en el océano son niñas y niños no acompañados, las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han recordado este lunes 6 de noviembre requerir a las autoridades las garantías específicas que han de darse con este colectivo, en cuanto a identificación, protección e inclusión social.
Son ya 30.000 personas, recuerdan las organizaciones, las que han llegado al archipiélago desde inicios de año, “huyendo de conflictos, violencia y pobreza”, apuntan las entidades, destacando el aumento significativo del número de niñas, niños y adolescentes, siendo motivo de especial atención la llegada, cada vez más frecuente, de menores de 14 años que viajan solos.
Según señalan las entidades, en Canarias el sistema de acogida de la infancia tiene bajo su competencia a 4.400 niños y niñas. La llegada de un mayor número de niñas y niños, y las dificultades asociadas al sistema de protección se han topado, denuncia las organizaciones, con una estructura caracterizada por la falta de “previsión y preparación para las contingencias, así como los insuficientes recursos humanos y materiales de las instituciones —de ámbito estatal y autonómico— implicadas directamente en la identificación, protección e inclusión educativa y social de la infancia migrante y refugiada recién llegada”, denuncian.
Las organizaciones alertan particularmente sobre los riesgos que comporta una errónea identificación de los y las menores no acompañados, tras su desembarco en el territorio, fallas que llevan a la exclusión de niños y niñas de los derechos que les corresponden. Así, ponen sobre la mesa que han sido identificados desde las organizaciones numerosos casos de errores en la identificación de estos menores, siendo derivados a centros de adultos en las Islas Canarias, hecho que han comunicado a las fiscalías.
La ausencia de profesionales especializados en infancia, cuando estos son detenidos por la Policía Nacional en su arribo a territorio español, junto a la confusión en las directrices dadas desde la Fiscalía de extranjería sobre protocolos ante la presencia de menores no acompañados a las entidades encargadas de la ayuda humanitaria, son las principales problemáticas señaladas por las organizaciones.
Las organizaciones también destacan que la situación actual “está provocando la apertura de nuevos dispositivos de emergencia cuyas condiciones dificultan enormemente realizar actuaciones tan importantes como las evaluaciones del interés superior del niño, informar e identificar necesidades de protección internacional o trata, o garantizar apoyo psicosocial suficiente”, e instan a facilitar los traslados a la península para que el sistema canario pueda responder de manera adecuada al contexto.
Entre las propuestas que la Plataforma de Infancia, Save the Children y UNICEF España han mandado a las administraciones autonómicas y estatales responsables de la protección de estos niñas y niños se incluye la necesidad de mejorar la transparencia respecto a la información relativa a los y las menores para mejorar su protección, proveer de recursos humanos suficientes para garantizar que las identificaciones se ejecuten adecuadamente.
Las entidades se han unido a ACNUR para redactar una serie de recomendaciones concretas en lo que atañe al derecho a solicitar protección internacional de la infancia. A las fiscalías se les pide la elaboración de directrices precisas para los casos de detección de niñas y niños dirigidas a las entidades integradas en el sistema de atención humanitaria. También que mediante instrucciones se actúe para “evitar el uso sistemático de las pruebas de determinación de la edad en los casos en los que la edad del menor no admite dudas o existe documentación probatoria de la misma”. Se les requiere por último una mayor presencia en los espacios de protección de infancia y atención humanitaria.
En lo relativo a la Policía Nacional, se le insta a que prioricen la reseña policial de quienes se declaren mayores de edad, y autoricen la presencia de profesionales del sistema de protección a la infancia en los dispositivos de atención temporal. Mientras que a la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Gobierno de Canarias se le invita a agilizar los trámites previos al traslado de niños y niñas a la península, garantizar su presencia tanto en los muelles de desembarco como en los dispositivos de atención temporal, así como en la red de recursos de atención humanitaria, pidiéndoles una especial atención a las necesidades de inclusión y acompañamiento psicológico, entre otras recomendaciones.
El documento entregado hoy 6 de noviembre a las administraciones se dirige también al Ministerio de Derechos Sociales y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y al resto de las Comunidades Autónomas, para pedir una “el incremento del número de plazas de acogida en sus sistemas de protección y la flexibilización de los requisitos para hacer posible el traslado de niños, niñas y adolescentes no acompañados procedentes de Canarias, en el marco del Plan de respuesta ante crisis migratorias de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia”.
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