El abandono escolar temprano (AET) puede dar lugar a crecientes desafíos individuales y ocasionar elevados costes económicos
para los sistemas educativos y las sociedades en general.
En respuesta, numerosos países de la OCDE y de la Unión Europea
han convertido la reducción del AET en una prioridad política.
España ha logrado avances significativos en la reducción del AET en los últimos años; en 2022, la tasa de AET era del 13,9%, casi la mitad que una década antes. A pesar de este logro, la tasa media en España sigue estando muy por encima de la meta del 9% fijada por la Comisión Europea y entre las más elevadas de la Unión Europea y la OCDE. Dentro del país también existen disparidades regionales notables con tasas que varían desde el 5% hasta más del 15% entre las diferentes comunidades autónomas.
Esta situación ha llevado al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) de España a solicitar la asistencia de la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea (DG REFORM) en apoyo de la ejecución de su programa de reformas orientadas a la reducción del AET. Dicha solicitud sentó las bases para el proyecto «Apoyo para afrontar el abandono escolar temprano en España» de 2021-2023, financiado por la Unión Europea a través del Instrumento de Apoyo Técnico e implementado por la OCDE en colaboración con DG REFORM y el MEFP.
Basándose en datos de investigaciones y buenas prácticas a nivel nacional e internacional, así como
en la aportación especializada de los principales agentes en el ámbito de la educación, el proyecto ha
detectado los puntos fuertes y los retos existentes a la hora de combatir el AET en toda España. Estas
labores han dado lugar a las presentes propuestas de plan de acción, que consta de «cinco áreas de acción», cada una de los cuales incluye una serie de recomendaciones con base empírica destinadas
a adoptar un enfoque coordinado para prevenir y afrontar el AET en todas las comunidades autónomas
y en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Este informe ha sido elaborado por Elena Arnal (consultora externa), Alfonso Echazarra (consultor
externo), y por parte de la Secretaría de la OCDE, por Solène Burtz, Inés Sanguino y Marco Kools
(Dirección de Educación y Competencias de la OCDE). Agradecemos especialmente la colaboración
del MEFP, Purificación Llaquet, Juan Carlos Parodi y Eladio Sánchez Martínez, así como las aportaciones realizadas por numerosas partes interesadas del sector educativo en España que participaron en los debates del grupo de trabajo y contribuyeron con valiosas observaciones y opiniones.
También queremos dar las gracias a Elisa Gómez Alemán y a DG REFORM, de la Comisión
Europea, por su apoyo a la puesta en marcha del proyecto.
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