2023 es el último año de esta legislatura. Es, por tanto, el año de consolidar los avances iniciados con desarrollos legislativos, con estrategias y con presupuestos adecuados, y también de hacer realidad los compromisos adquiridos en materia de infancia hace ya más de tres años.
Es, además, el año en el que empieza el proceso de seguimiento del Comité de los Derechos del Niño para evaluar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas en España. Es, por tanto, una oportunidad única para poner en marcha las recomendaciones que en 2018 el Comité le hizo a España para garantizar los derechos de la infancia en nuestro país.
Pero, sobre todo y ante todo, es el año en el que estamos viendo como los niños, niñas y adolescentes son quienes, de nuevo, más están sufriendo el encadenamiento de crisis económicas, sanitarias y sociales; o el aumento de la inflación, que tiene un mayor impacto en los hogares vulnerables con niños y niñas. No podemos permitir que muchos niños y niñas vivan su infancia y adolescencia en situación de pobreza, porque es una vulneración de sus derechos hoy, les resta oportunidades mañana y empobrece a nuestra sociedad en su conjunto.
2023, más que nunca, es el año en el que la infancia debe ser la prioridad absoluta de las distintas Administraciones e Instituciones que deben abordar los principales retos que limitan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Retos que las organizaciones de infancia planteamos en este documento.
La aprobación de una prestación para la crianza universal, la ampliación de los permisos de nacimiento y parentales, la reforma del procedimiento de determinación de la edad de acuerdo con los Dictámenes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones, la creación de Juzgados especializados y de una Fiscalía especializada en violencia contra la infancia y la puesta en marcha de medidas efectivas para promover el acogimiento familiar son algunas de las principales recomendaciones de la Plataforma de Infancia al Gobierno y grupos políticos en su documento ‘Propuestas de infancia para la XIV legislatura. 2023: Consolidar los avances en políticas de infancia’ hecho público hoy.
“2023 es el año en el que estamos viendo cómo los niños, niñas y adolescentes son quienes más están sufriendo el encadenamiento de crisis económicas, sanitarias y sociales” ha explicado Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia. El ‘Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2022’ demuestra cómo, desde 2018, el crecimiento del riesgo de pobreza entre la población infantil es sostenido. En la actualidad, el 28,9 % de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza monetaria, lo que supone 7,2 puntos porcentuales más que la media de la población (21,7 %).
Por otra parte, a pesar de los avances en el desarrollo legislativo, políticas y sensibilización en derechos en los últimos años, las carencias de las políticas públicas de ayuda a la crianza siguen teniendo un impacto en el bienestar de la infancia. España es uno de los países de la UE que menos invierte en protección social a la infancia y a las familias. Por ello, la Plataforma de Infancia demanda una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones fiscales, que permita reducir la desigualdad en el acceso a beneficios fiscales por parte de los hogares con rentas más bajas y prevenir y reducir la pobreza infantil
La aprobación en 2021 de la Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) fue uno de los grandes hitos en materia de defensa de los derechos de la infancia y adolescencia. En el ámbito autonómico y local, es necesario trabajar para conseguir la aplicación efectiva y homogénea de la ley en los distintos territorios. Además, la Plataforma de Infancia demanda la creación de juzgados especializados y de una Fiscalía especializada en violencia contra la infancia para conocer la instrucción y enjuiciamiento de los delitos cometidos contra niños y niñas, tal y como prevé la propia LOPIVI.
Por último, ante la situación de la infancia migrante no acompañada y las carencias en la protección de sus derechos, las organizaciones de infancia demandan la necesidad de que se culmine la elaboración del nuevo procedimiento de evaluación de la edad, incorporando plenamente los Dictámenes del Comité de los Derechos del Niño, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las recomendaciones del Defensor del Pueblo, de acuerdo con las propuestas que hicieron llegar al Gobierno en el trámite de audiencia e información pública.
En este contexto, situar la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia en el centro de la agenda política debe ser la prioridad absoluta de las distintas Administraciones e Instituciones en el último año de legislatura. En palabras del director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, “2023 debe ser un punto de inflexión para materializar los compromisos adquiridos en materia de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en los últimos años. No podemos permitir que muchos niños, niñas y adolescentes vivan su infancia y adolescencia en situación de precariedad, porque es una vulneración de sus derechos hoy, que les resta oportunidades mañana y empobrece a nuestra sociedad en el presente y en el futuro”.
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