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| A lo largo de los años, los familiares de los estudiantes exigieron respuestas del Estado. El ex procurador Murillo Karam aseguraba que ningún organismo del Estado había estado involucrado en el crimen. |
El tema Ayotzinapa, la desaparición en 2014 de 43 estudiantes, sufrió un vuelco crucial en las últimas horas, con el arresto del ex procurador general, y de 64 militares y policías, a los que se acusa de haber permitido el secuestro y muerte de los jóvenes a manos del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.
El gobierno prometió “no ocultar nada”.
El ex procurador general Jesús Murillo Karam fue arrestado en su casa de un exclusivo barrio de Ciudad de México por “desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de Justicia”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.
El ex titular de la extinta Procuraduría llegó ayer por la mañana al Reclusorio Norte de la capital mexicana, donde tendrá su primera audiencia ante un juez por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Agentes de la FGR, acompañados con cuerpos de la Secretaría de Marina (Semar), realizaron su recorrido desde las instalaciones de la Fiscalía federal, en la colonia Tacubaya, hasta el penal preventivo varonil norte.
El ex funcionario durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue transportado en una camioneta color gris y escoltado por los vehículos de las fuerzas armadas.
Murillo Karam es el más alto ex funcionario detenido por la desaparición de los normalistas, ocurrida en el estado de Guerrero, en el sur del país.
Horas después, la FGR informó las órdenes de arresto contra veinte militares y 44 policías, sin precisar su rango y actividad actual, además de otras 19, contra cinco funcionarios estatales y 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores del crimen.
El abogado de los familiares de “los 43”, Vidulfo Rosales, consideró la detención de Murillo Karam “un paso importante”, pero se mostró escéptico sobre eventuales revelaciones del ex procurador. “Lo que va a hacer el señor Murillo Karam es defenderse, entonces, no creo que quiera él aportar alguna información”, dijo Rosales a la cadena ForoTV.
Procurador durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), Murillo Karam llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000. El PRI aseguró que la detención “responde más a un tema político que de Justicia”.
La captura se produjo unas horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera “verdad” y castigo a los responsables de la desaparición de los alumnos, tras la publicación el jueves del reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y que lo consideró un “crimen de Estado”.
El documento sostiene que militares y funcionarios, por sus “acciones, omisiones o participación”, permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más a manos del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.
El subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, Alejandro Encinas, reafirmó que en este suceso “concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano” y descartó que las víctimas puedan estar vivas. “Todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, explicó.
“Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos”, afirmó López Obrador en Tijuana.
Fuerzas armadas. Previo a su difusión pública, el presidente escuchó el informe junto con las familias de las víctimas. “Les expresé mi dolor, mi tristeza”, comentó.
Los familiares someterán el documento a una valoración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo entre el gobierno de Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunció Rosales.
La desaparición de los jóvenes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero para abordar autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México y participar en unas protestas.
Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100 mil desaparecidos, y generó fuerte condena internacional.
En presencia de los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda, el presidente sostuvo que la participación de “malos servidores públicos” en los hechos de Ayotzinapa no supone el “mal funcionamiento de una institución”.
Más aun, consideró que las revelaciones de la comisión las fortalece, “si se hace el deslinde y se castiga a los responsables”.
Ir “a fondo”. El informe menciona “responsabilidades claras de elementos” de las secretarías de la Defensa y la Marina destacados en el lugar de los hechos, pero advierte que se debe seguir investigando hasta dónde llegó esa participación.
“Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo”, prometió López Obrador, luego de que en marzo la comisión independiente acusara a las autoridades de negarse a entregar datos de inteligencia, necesarios para las pesquisas.
El GIEI sostiene que militares manipularon pruebas en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos normalistas identificados hasta ahora.
Los hallazgos de ese grupo y la comisión gubernamental echan por tierra gran parte de la llamada “verdad histórica” planteada por el gobierno de Peña Nieto y presentada oficialmente por Murillo Karam, que no acreditó la responsabilidad de militares.
Según esa versión, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, según la misma tesis, rechazada por familiares, el gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
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