Medidas para proteger a la infancia en la crisis del COVID-19. Plataforma de Infancia.

100 medidas para proteger a la infancia en la crisis del COVID-19

Medidas prioritarias para la infancia en la crisis del COVID-19

Apoyar a las familias en situación de pobreza y exclusión social con una dotación económica; garantizar a las familias con un solo progenitor y familias numerosas las condiciones para conciliar tras el cierre de los colegios; garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas asegurando su acceso a internet; y buscar alternativas para los niños confinados en viviendas que no reúnen unas condiciones mínimas de salubridad son algunas de las 100 medidas que piden las organizaciones de infancia para proteger a los niños, niñas y adolescentes en esta crisis sanitaria y que han hecho llegar al Gobierno. Estas medidas, hechas públicas hoy, son fruto del análisis que la Plataforma de Infancia ha realizado junto con sus 67 entidades sobre el impacto de la crisis del COVID-19 sobre la infancia en España.

“Las organizaciones de infancia somos conscientes de la necesidad de proteger a los grupos de población más afectados por el COVID-19 pero consideramos necesario también que Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos pongan en marcha políticas específicas a corto, medio y largo plazo,  para proteger a los niños y niñas, especialmente a los más vulnerables, en esta crisis sanitaria” explica Ricardo Ibarra, Director de la Plataforma de Infancia “En momentos de crisis no basta con medidas generales, esperando que los niños y niñas se beneficien de ellas; como comprobamos en la última crisis económica, cuando la infancia llegó a ser el grupo más pobre de España ante la falta de una respuesta específica”.


Las medidas de confinamiento han tenido un gran impacto en toda la sociedad, pero especialmente en aquellas familias con hijos que ya se encontraban en una situación vulnerable. 2,46 millones de niños y niñas vivían en situación de pobreza y exclusión social antes de la crisis sanitaria. Por ello, las organizaciones de infancia proponen fortalecer la prestación por hijo a cargo a los perceptores, valorando incrementar la cobertura a medio plazo y asignar una bonificación a las familias que perciben la Renta Mínima de Inserción pero no esta prestación. 

Por otra parte, las organizaciones señalan que la principal medida diseñada por el Gobierno para apoyar a estas familias, las ayudas para alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, son insuficientes, y proponen reformar el Real Decreto-Ley, para garantizar que las ayudas excepcionales de alimentación llegan a todos los niños que las necesiten en todas las Comunidades Autónomas, otorgándolas por renta familiar y no solo por ser beneficiario de beca.

El cierre de los colegios ha supuesto una gran dificultad para las familias que tienen que compatibilizar el cuidado de los hijos e hijas con el trabajo. El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, que regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales hasta el 9 de abril, ha supuesto un apoyo para muchas familias vulnerables. Sin embargo, las organizaciones de infancia consideran que es insuficiente y proponen extender este permiso a hogares con único referente adulto o familias numerosas hasta que cese el confinamiento y los niños y niñas puedan volver a los colegios; permitiendo que las familias con un único referente adulto puedan acogerse a él incluso en el caso de que trabajen en servicios esenciales o sea posible el teletrabajo. 

Los hogares con ingresos inferiores a 900 euros tienen más dificultades para disponer de ordenador o conexión a internet, 500.000 niños viven en casas sin ordenador en este umbral y cerca de 100.000 hogares con niños no disponen de internet, dificultando a los niños más vulnerables continuar con la actividad educativa o disfrutar de opciones de ocio desde casa. Otro problema es el aumento de la desigualdad educativa y del estrés de los niños y niñas (y de sus familias) agravado por la excesiva carga de tareas enviadas desde los colegios y de la gran cantidad de tiempo que pasan delante de los ordenadores. 

“Garantizar el acceso a internet a todos los alumnos así como abaratar los costes que esto genera para las familias vulnerables es la única manera de garantizar el derecho a la educación en estos momentos” señala Ibarra. “Además, es necesario flexibilizar los parámetros de superación de curso, reduciendo el currículo y dando autonomía a los centros para flexibilizar la evaluación, y tener en cuenta las necesidades específicas de los niños y niñas de familias vulnerables, de los niños y niñas con discapacidad, con necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje, así como la franja de edad de 0-3 años”.

Es indudable que la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento pueden producir en los niños y niñas problemas de salud, tanto mental como física. Por ello las organizaciones de infancia piden buscar alternativas habitacionales temporales para aquellas familias en condiciones de hacinamiento y/o infravivienda así como estudiar la posibilidad de habilitar espacios exteriores por turnos y supervisados para que, en cuanto sea posible relajar las medidas de confinamiento y sin poner en riesgo a nadie, se permita a los niños y niñas salir a la calle, jugar y realizar una mínima actividad física, sobre a niños y niñas que viven en condiciones poco adecuadas. 

Las 100 propuestas de la Plataforma de Infancia y sus 67 organizaciones miembro incluyen también medidas para luchar contra el riesgo de un aumento de la violencia hacia los niños y niñas en los hogares, medidas específicas para los niños y niñas dentro del sistema de protección, medidas para dar respuesta a la situación especialmente vulnerable de los niños y niñas migrantes no acompañados y medidas para informar a los niños y niñas a través de acciones comunicativas específicas, en formatos accesibles y lenguaje adaptado.