HDIA, Hablando de Infancia y Adolescencia: Blog GSIA con información y reflexión sobre la realidad que viven millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo.
Bienestar: ¿una economía que trabaje para los niños?.
por Reka Tunyogi,
Directora jurídica de Eurochild.
Una Garantía Infantil puede ser una segunda plataforma de lanzamiento para invertir en niños. La Garantía Infantil, una iniciativa presentada por el Parlamento Europeo para apoyar a los niños más desfavorecidos a través del fondo social de la UE.
La 'economía del bienestar' es una nueva narrativa brillante de la actual presidencia finlandesa de la UE que está defendiendo enmarcar la interacción entre las políticas económicas y sociales. Es refrescante ver tal cambio en la comprensión de la economía, con funcionarios gubernamentales que sostienen que "invertir en bienestar tiene sentido en términos económicos, incluso en tiempos de recesión económica". ¿Se beneficiarán los niños de toda Europa de este cambio?
No podemos romper el ciclo de desventaja sin abordar las realidades diarias de los niños que crecen en la pobreza. El bienestar y la inclusión social son dos caras de la misma moneda. Las investigaciones confirman que el gasto en infancia y en políticas y servicios de apoyo familiar cosecha beneficios para la sociedad a largo plazo. Si se apoya a las familias necesitadas, las desigualdades, como la desnutrición y las tasas de abandono escolar, pueden reducirse de manera preventiva en la primera infancia.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico argumenta que los cuatro componentes más importantes de la economía del bienestar son la salud, la educación, la protección social y la igualdad de género. Ciertamente, los niños se ven directamente afectados por las políticas en todos estos dominios .
Gastos como inversión
Este replanteamiento del gasto como inversión fue impulsado por la ' Recomendación sobre la inversión en los niños' de la Comisión Europea de 2013 , dirigida a orientar las estrategias nacionales para reducir la pobreza infantil. Sin embargo, a pesar del compromiso de avanzar en el bienestar de los niños, el progreso ha sido escaso. Pocos países de la UE tienen estrategias integrales para reducir la pobreza infantil y no se realiza un seguimiento de la cantidad de recursos de la UE gastados en esta prioridad.
Greta Thunberg y Severn Cullis-Suzuki, juntas: 30 años después una niña de 12 años, Severn Cullis-Suzuki, también impactó al mundo.
No es 2.019, es 1.992.
No es Nueva York, es la cumbre histórica de Río
de Janeiro.
En la foto el acceso a vídeo del discurso de Greta en presencia de Severn en Vancouver.
"La gente en el poder todavía está actuando como si no hubiera un mañana", dijo Thunberg.
"Los jóvenes les estamos diciendo que dejen de hacer eso, que dejen de ignorar las consecuencias de sus acciones e inacciones".
"Somos una ola de cambio y, juntos, somos imparables".
"Haremos que los líderes mundiales actúen. Podemos y lo haremos".
Greta Thunberg y Severn Cullis-Suzuki.Octubre 2019.
Icíar Gutiérrez,
Medio Ambiente.eldiario.es.
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"La gente en el poder todavía está actuando como si no hubiera un mañana", dijo Thunberg.
"Los jóvenes les estamos diciendo que dejen de hacer eso, que dejen de ignorar las consecuencias de sus acciones e inacciones".
"Somos una ola de cambio y, juntos, somos imparables".
"Haremos que los líderes mundiales actúen. Podemos y lo haremos".
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| Greta Thunberg y Severn Cullis-Suzuki.Octubre 2019. |
Icíar Gutiérrez,
Medio Ambiente.eldiario.es.Entrevista a Severn Cullis-Suzuki.
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| Severn Cullis-Suzuki |
1992, una niña se sube al estrado ante
líderes mundiales de todo el mundo convocados en una cumbre por el
medioambiente. Con gesto serio, les recrimina la falta de soluciones.
Les exige que, como adultos, actúen urgentemente para proteger el
planeta.
En la isla, desde donde atiende por teléfono a eldiario.es, Cullis-Suzuki
se dedica al estudio del idioma Haida y cursa un doctorado sobre cómo
revitalizar esta lengua. Se licenció en la Universidad de Yale en Ciencias de la Ecología y Biología Evolutiva. También
ha trabajado en televisión, ha publicado varios libros, da conferencias
y sigue formándose en la lucha contra el calentamiento global.
Asimismo, trata de apoyar a los grupos de jóvenes de la zona que también
se están movilizando en los últimos días. "Ayer estuve con ellos. Hoy
y mañana nos volveremos a reunir. Quieren formarse sobre el cambio
climático y hablar sobre cuáles son sus problemas", recalca.
A Severn Cullis-Suzuki
(Vancouver, 1979) la conocen como la 'niña que silenció al mundo'
durante los seis minutos que duró su discurso en la que fue la primera conferencia climática de este tipo. Mencionaba el agujero de la capa de
ozono, la extinción de las especies, las aguas contaminadas, la tala de
los bosques. Con 12 años, logró hablar de frente sobre estos problemas a
los dirigentes mundiales con la ayuda de los compañeros de la
organización que ella misma fundó tres años antes para que otros niños
pudieran aprender sobre las cuestiones medioambientales que ya por aquel
entonces inquietaban a la sociedad.
"Estuvimos durante más de un año recaudando fondos para
que se nos escuchara en Río", explica en una entrevista con el
ediario.es. "Aunque nos enteramos en el último minuto de que íbamos a
hablar en la ONU, habíamos estado trabajando mucho y yo estaba muy
preparada. Tuve la oportunidad de decirles lo que pensaba",
asegura.
CullisSuzuki recuerda, sobre todo, la sensación de enfado que
recorría su cuerpo. Por eso, dice, no pudo evitar verse reflejada en
Greta Thunberg durante su emotivo discurso en la cumbre de Nueva York
que dio la vuelta al mundo.
"Me emocioné mucho, me
sentí muy identificada con ella en varias cosas, como el uso de la
ciencia, aunque ella es muy especial, claro. Pero conozco esa
frustración, esa emoción y esa pasión, porque yo también me sentí así.
La entiendo totalmente", asegura la canadiense, que ahora tiene 39 años,
es ecóloga de formación y continúa con su activismo. No ha sido la
única en ver las semejanzas. En los últimos días, muchos han tirado de
hemeroteca en las redes sociales para recordar que en 1992 hubo otra
menor que habló alto y claro al mundo sobre la urgencia de proteger el
medioambiente.
Casi
treinta años después, esa urgencia sigue siendo la misma, mientras la
cuenta atrás para tratar de paliar los efectos de la crisis climática
sigue avanzando. A lo largo de la conversación, Cullis-Suzuki repite
varias veces las mismas preguntas con la misma determinación de aquella
niña de 12 años ante un problema que, lejos de revertirse, se ha
agravado: "¿Por qué no actuamos? ¿Por qué hemos ido en la dirección
opuesta? ¿Por qué nos no dimos la vuelta antes?".
"En
1992, el mundo quería cambiar. Los líderes mundiales firmaron
documentos que, a día de hoy, serían muy radicales. Pero el poder
corporativo ha ganado terreno y hoy estamos en una posición muy
diferente. Ahora el cambio climático nos mira de frente, ya está aquí",
lamenta.
"Vamos
a vivir en un mundo drásticamente alterado con un sufrimiento humano
masivo. Hemos empeorado mucho. Ahora nos va a resultar mucho más difícil
actuar por las medidas extremas que tenemos que tomar en comparación
con lo que hubiéramos tenido que hacer en 1992. Todos tenemos que
convertirnos en expertos sobre cómo dejar de emitir CO2", apuntala la
ecóloga.
"Traería a Greta a la isla donde vivo"
Por
esta razón, confiesa sentirse "orgullosa y emocionada" por las miles de
movilizaciones juveniles que han sacado a la calle a jóvenes de más de
150 países en los últimos días. "Para los que llevamos en esto 30 años y
seguimos involucrados, es absolutamente conmovedor, porque nos hacemos
mayores y nos desespera mucho que no haya cambio. Así que cuando vemos
que estas generaciones más jóvenes asumen la responsabilidad, es
increíblemente poderoso e inspirador", indica.
"Hay
algo que es patrimonio de los niños, esta cualidad de decir la verdad.
Si miramos atrás, los jóvenes siempre han estado en primera línea de las
revoluciones y por eso es increíble ver cómo se están movilizando. Me
emocionan las fotos de niños de todo el mundo que entienden claramente
lo que está pasando mientras los adultos seguimos haciendo lo mismo. Se
están levantando con Greta y se están convirtiendo en guerreros. Pero es
una mezcla de sentimientos. También esperas que estos menores tengan
apoyo en sus vidas personales, porque es difícil ser un guerrero,
tenemos que cuidar de nuestros jóvenes", prosigue Cullis-Suzuki.
¿Qué
le recomendaría, entonces, a la adolescente sueca desde su experiencia?
La ecóloga guarda silencio durante unos segundos para, después, soltar
entre risas: "La traería aquí para esconderla un poco". Ese "aquí" es el
lugar donde reside con sus hijos y su marido: el archipiélago Haida
Gwaii, frente la costa oeste canadiense y hogar del pueblo indígena
Haida, la comunidad de su pareja. "La traería para que sepa cómo
recargar la energía. Cuando yo era joven, una mujer indígena me guió y
me ayudó a cuidarme para poder seguir con la labor que estaba haciendo".
"Se está hablando ya de 'depresión climática', el dolor que la gente siente por los efectos del cambio climático.
¿Cómo lidiamos con el hecho de matar la vida? Por eso me preocupa que
la gente joven salga sin apoyo, que la carga pueda ser aplastante para
algunos. Así que si tuviera la oportunidad de hablar con Greta, lo
haría sobre qué herramientas hay para lidiar con esta carga", prosigue.
A
la vez, confiesa su admiración por cómo habla o maneja las redes
sociales. También, alaba de ella cómo responde a los comentarios y las
burlas recibidas por dirigentes del calibre de Donald Trump, quien, tras
su emocionado discurso, afirmó que "parece una chica joven muy feliz". Thunberg decidió entonces cambiar su biografía en Twitter replicando las mismas palabras del mandatario. "Es
increíble cómo se enfrenta a los ataques. Demuestra que tienen miedo.
En la cultura Haida, la forma en que hablas refleja quién eres. Cuando
escucho esos ataques de hombres poderosos que hacen comentarios sobre su
apariencia, su intelecto... solo muestra quiénes son. Y ella es
brillante", opina.
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| Severn Cullis-Suzuki en la actualidad. Dana Moraes |
Asegura
que, para ella, es clave que la batalla contra la crisis climática se
centre en la 'justicia intergeneracional', es decir, no perder de vista
cómo nuestras políticas actuales hipotecan el futuro de las generaciones
más jóvenes.
Al fin y al cabo, es lo mismo que reclamó en 1992 a los
líderes mundiales. Aquella vez lo hizo siendo aún esa generación
futura.
"Solo soy una niña y no tengo todas las soluciones, pero quiero que comprendan que ustedes tampoco las tienen", les dijo.
Ahora,
lo hace desde su posición de adulta.
"Es una cuestión de Justicia entre
generaciones.
Algún día nos daremos cuenta de que es un crimen contra
las generaciones futuras, contra nuestros hijos.
Ellos no votan y no
tienen ningún poder económico.
Así que sigo luchando por esa
causa".
Igualmente, dedica parte de su activismo a la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas. "Todavía mantienen la conexión con
cómo vivir en la tierra. La sociedad dominante ha perdido esa conexión.
Tenemos que volver a aprender a vivir de forma sostenible y todavía hay
gente que sabe cómo hacerlo, cómo sobrevivir, son los indígenas. Tenemos
que apoyar a los pueblos indígenas que están defendiendo sus
ecosistemas. Porque nos dirigimos a la extinción".
Cuando se subió al estrado, Severn Cullis-Suzuki tuvo palabras de preocupación para los niños que aún no había tenido. "En
mi vida he soñado con ver grandes manadas de animales salvajes, junglas
y bosques tropicales llenos de pájaros y mariposas. Pero ahora me
pregunto si existirán para que los vean mis hijos".
Si tuviera la oportunidad de volver a hablar en la ONU, ¿qué es lo que diría?.
"Buena pregunta", responde Cullis-Suzuki.
Se lo piensa unos segundos y le vuelven a venir a la cabeza sus hijos,
ahora reales, con su propio rostro, su nombre y su personalidad.
"Hablaría
de lo que es ser madre. De las responsabilidades que he aprendido, que
son deberes humanos sagrados como es traspasar la tierra a la siguiente
generación. No heredamos la tierra de nuestros padres. La tomamos
prestada de nuestros hijos. Todos somos como las principales
generaciones en el poder. Hemos basado nuestra sociedad el crecimiento
económico de forma irresponsable. Hablaría de ese deber que todos
tenemos que proteger. Y de por qué, si todos prometimos que íbamos a
cambiar, hemos ido en sentido en contrario".
más INFO
- El emocionado discurso de Greta Thunberg en la cumbre del clima de la ONU: "Yo no debería estar aquí, me habéis robado mi infancia
- Ahora que hablamos tanto de Greta, recordáis a Severn Suzuki? Con 12 añitos dio este discurso en la Cumbre del Clima de Rio https://t.co/9NSiB23NOP— Irene Milleiro (@irenemilleiro) September 24, 2019
Revuelta adolescente en la irreductible aldea gala.
Adrenalina, "La hija de Vercingetórix", inspirada en Greta Thunberg,
protagoniza el nuevo álbum de Astérix y Obélix.
En el nuevo cuaderno de aventuras de los galos más famosos de la ficción
se suman otros dos nuevos, Selfix y Blinix,
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| Adrenalina, Asterix/Obelix |
Revuelta adolescente en la irreductible aldea gala, Adrenalina, rebelde, altiva y con una larga trenza pelirroja, la adolescente que
acompañará a Astérix y Obélix en su nueva aventura, "La hija de
Vercingetórix". Fue presentada en París, donde sus creadores no
disimularon las similitudes que guarda con la activista sueca Greta
Thunberg.
Adrenalina es el último personaje que se incorpora a la saga
creada por el dibujante Albert Uderzo y el guionista René Goscinny en
1959, y protagoniza junto a los tradicionales héroes galos la portada de
este cómic, el número 38, que llega a las librerías de una treintena de
países el próximo 24 de octubre.
"No hay muchos personajes femeninos en Astérix y los que hay están anclados en la dinámica de los años 70 y 80. Con la evolución de las tradiciones no son personajes que podamos utilizar ahora", explicó Conrad.
En el nuevo cuaderno de aventuras de los galos más famosos de la ficción, a la insumisión adolescente se suman otros dos nuevos, Selfix y Blinix, hijos del herrero y el pescadero, respectivamente. Además de aburrirse a muerte y pasar el día navegando en sus tabletas de piedra, ambos están contra el sistema y por ello se niegan a tomar "la poción que te vuelve obeso" y a hacer el mismo trabajo que sus padres.
Y a Astérix, el héroe incombustible de la serie, le tocará además soportar al eterno adolescente, Obélix, relegado por el modo de vida de estos jóvenes que no entiende, lleno de celos y afectado por no recibir el respeto de esta nueva e irreverente juventud.
Vulneraciones de derechos contra niños, niñas y adolescentes en estado de emergencia
"La postergación y la invisibilización del rol de los niños y niñas en nuestra sociedad
son también la expresión de esta crisis".
24 de Octubre, 2019.
"Son los niños, niñas y adolescentes quienes más han sufrido
los efectos de la inequidad de nuestro sistema".
"La violencia policial y militar que se ha ejercido
en contra de niños, niñas y adolescentes es inadmisible".
La situación que afecta a nuestro país (Chile) da cuenta de una grave crisis social y política, que es consecuencia de la permanencia de un modelo económico, político e institucional que ha profundizado la injusticia y la desigualdad. El creciente malestar de estos días es la expresión más clara de un sistema que se percibe como vulnerador.
Somos testigos de una situación histórica, donde el estallido social ha generado reacciones de violencia social e institucional que angustian, conmocionan e indignan. En este escenario, principios como la dignidad, el cuidado, la confianza y la justicia se ven transgredidos cuando la respuesta de la autoridad política reduce la indignación colectiva a un problema de orden y seguridad pública, donde las manifestaciones son criminalizadas y las demandas sociales son silenciadas, ante la ausencia de acciones y propuestas concretas enfocadas en transformar un sistema productor de injusticia y segregación.
Este escenario requiere de una respuesta política que sea capaz de reconocer la violencia que las propias instituciones generan con sus discursos y prácticas. No es posible seguir sosteniendo declaraciones que humillen y estigmaticen a los ciudadanos y ciudadanas. Es preciso también escuchar la voz de los que históricamente han sido silenciados y excluidos de participar y protagonizar los cambios sociales, a través de mecanismos de participación que no se reduzcan a convocar sólo a la élite social, política, académica y económica del país.
Hoy, más que nunca, reflexionar, comprender y discutir sobre las causas de esta violencia estructural es un imperativo ético si es que se quiere avanzar en la construcción de un nuevo pacto social como se ha venido señalando. Para esto no podemos seguir negando el contexto y la perspectiva histórica que están a la base del malestar que hoy se expresa en Chile.
En este contexto un ámbito de especial preocupación son las diversas formas de violencia y graves vulneraciones que afectan a niños, niñas y adolescentes como consecuencia de esta situación, pero también frente a las iniciativas políticas y legislativas que dan cuenta de graves retrocesos en materia de derechos humanos, vulnerando los principios de la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas.
Precisamente, son los niños, niñas y adolescentes quienes más han sufrido los efectos de la inequidad de nuestro sistema. La ausencia de un sistema de garantías que respete y proteja los derechos, junto con la falta de una institucionalidad de protección que cuide en lugar de dañar y vulnerar los derechos, son ejemplos concretos de una deuda que permanece vigente por parte de nuestras autoridades políticas.
Debemos recordar que en esta materia el ejecutivo y el parlamento no ha sido capaces de avanzar en una propuesta concreta de un sistema de protección integral de los derechos de la niñez. En lugar de eso, se ha preferido seguir generando políticas públicas a partir de retazos que no responden a una visión integral que permita abordar con profundidad los desafíos y brechas que existen en el campo de la niñez.
La crisis social y política que atraviesa nuestro país, y el actual estado de emergencia invocado por el gobierno, desnuda la precariedad de las instituciones encargadas de brindar protección a niños y niñas en un momento donde sus derechos corren serios riesgos de ser vulnerados.
Estamos siendo testigos de un grave vacío institucional que se manifiesta en la ausencia de orientaciones y acciones claras para enfrentar y proteger a los niños de situaciones que amenazan su bienestar, dignidad e integridad física y/o psíquica.
La Defensoría de la Niñez ha reportado que en los últimos días 15 niños han sido heridos producto de la violencia policial. La labor de observación y seguimiento es fundamental en estos momentos, pero debe estar acompañada por el trabajo de otras instituciones y de un plan de acción que permita prevenir posibles situaciones de violencia, brindar apoyo durante la emergencia y reparar los efectos de la violencia cuando ha sido ejercida por agentes del Estado. Por lo tanto, en esta grave crisis: ¿quién previene? ¿quién acompaña? y ¿quién repara los efectos de la violencia ejercida por el propio Estado? Son preguntas que demandan una respuesta urgente y clara por parte de la institucionalidad a cargo.
La violencia policial y militar que se ha ejercido en contra de niños, niñas y adolescentes es inadmisible y nos debe llevar a exigir como sociedad, que las instituciones públicas tomen medidas para detener la violencia y actúen priorizando el resguardo de los derechos humanos que hoy se ven amenazados y violentados. El silencio de algunas instituciones sólo reafirma la necesidad de avanzar en el desarrollo de un sistema de protección de la infancia a través de una ley de garantías de los derechos de la niñez.
La postergación y la invisibilización del rol de los niños y niñas en nuestra sociedad son también la expresión de esta crisis. Incluirlos desde la escucha, participación y el protagonismo que pueden ejercer, reconociendo sus voces y formas de organizarse, son elementos mínimos e indispensables si se quiere avanzar en lo que se ha denominado “nuevo pacto social”.
Un nuevo pacto social es la posibilidad de construir y habitar un futuro con otros. Requiere de señales y acciones orientadas a resguardar el bien común, los vínculos de confianza y el cuidado en comunidad. No obstante, requiere de un reconocimiento de la violencia que se ha ejercido y de acciones institucionales que reparen los daños como una forma de hacerse responsables de los efectos de las vulneraciones.
Sin un reconocimiento de la dignidad del otro y el respeto por la particularidad, diversidad y las trayectorias subjetivas de cada persona y comunidad, seguiremos edificando una sociedad del individualismo, la confrontación y la desconfianza.
*Camilo Morales Retamal, Coordinador Ejecutivo del Programa de Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile
Los acontecimientos en Chile siguen INVISIBILIZANDO la situación de la Niñez y Adolescencia.
DECLARACION PÚBLICA
MOVILIZANDONOS POR UNA CULTURA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CHILE.[1]
Los acontecimientos en Chile siguen INVISIBILIZANDO la situación de la Niñez y Adolescencia desde todos los sectores. No se justifica ni la violencia, ni la represión que en la actualidad vivimos y que ha causado muertes de Niños y niñas.
El Presidente Sebastián Piñera, declaró, como parte de su campaña, “los niños primero”. Ni siquiera los niños y niñas víctimas de las políticas públicas del SENAME, han tenido derechos y respuestas.
Los niños y niñas que nacieron en 1990 cuando Chile firmó la Convención Internacional de los Derechos del niño, ahora ya tienen 30 años. Están en la calle Sr. Presidente, reclamando por ellos y ellas y además por sus abuelos no más AFP, por sus padres que no tienen garantizada sus derechos laborales, por la educación, la salud.
En el anuncio realizado anoche por Sebastián Piñera, nuevamente coloca en los anuncios, que habrá solución a los niños y niñas más vulnerados y a los que tienen responsabilidad penal juvenil. ¿Hasta cuándo esperar, si son los más vulnerados por este sistema, del cual el Estado es responsable?
Ninguno de los gobiernos ha dado el ancho que merece, al menos, la Convención Internacional de los Derechos de los niños y que promueve DERECHOS y no prestaciones sociales.
En la actualidad todos los proyectos dirigidos a niñez en los sectores populares están dirigidos al “control social, al riesgo social, a los vulnerables, a la aula segura y el control de identidad”, cuando lo que se requiere son políticas de derechos universales, que logren garantizar desde el lugar donde viven los niños, niñas y adolescentes el acceso a una educación digna, a tener un lugar donde vivir que sea de respeto, a que el juego sea posible en las calles.
La seguridad a través de la Subsecretaría del delito, del ministerio del interior, están absolutamente dirigidos a los barrios prioritarios, sin políticas integrales que vayan a fortalecer a las personas, a sus comunidades y las mayores inversiones están en infraestructura, en cámaras de vigilancia y no en soluciones de fondo.
Este año se cumplen 30 años de la CONVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, y hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales diversos, a los partidos políticos a que tengan en cuenta que las generaciones actuales y las que vienen, estarán sufriendo las vulneraciones que actualmente reclamamos, si no hacemos algo AHORA.
Pedimos que en las demandas comunes que en la actualidad se hacen al Estado, al gobierno, los partidos políticos, movimientos sociales, los alcaldes, pongan que la LEY INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES esté presente, porque con derechos universales AHORA, garantizamos para más adelante que todos y todas tengamos una vida digna, bonita y amable. No es posible esperar otros 30 años.
Los trabajadores, trabajadoras que estamos aportando procesos educativos, sociales y culturales con y desde la niñez en las poblaciones, demandamos y exigimos al gobierno prioridad inmediata, también, de mejorar las condiciones laborales y sociales. La mayoría de los proyectos son a honorarios, sin garantizar vida digna.
Seguiremos como parte del movimiento social desde y por la Niñez y Adolescencia, educando para vivir dignamente y reconociendo a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y a que participen no solamente en todo lo que les afecte, sino en aportar a un país donde haya igualdad y desde sus realidades en propuestas y demandas.
Santiago 23 de Octubre 2019.-
La que sigue es la Red de ONGs de Infancia.
Infancia, la Democracia y la Libertad de Expresión.
por Emilio García Méndez,
Cuadernos de Comunicación e Información, nº16.
Agotamiento de la “incapacidad” de la infancia
como fundamento adecuado para establecer estrategias de protección de la misma.
Este ensayo de la Oficina de la UNESCO en Montevideo es una invitación a revisar críticamente el derecho a la libertad de expresión de los niños, niñas y adolescentes. Fue escrito en el contexto de nuestra tecnología de la información y la comunicación (TIC), en el que los niños y adolescentes usuarios de YouTube, los entusiastas de Instagram, y los bloggers van en línea para permitir que sus compañeros y el mundo de los adultos saben lo que quieren y piensan.....
Esto incluye la expresión a través de puntos de vista minoritarios y formas del discurso contracorriente. Sin embargo, "el acceso a Internet sin un complemento educativo adecuado produce una herramienta de vacío que no contribuye a la reducción de las brechas de desigualdad ..." [OCT 2019]
Resumen ejecutivo
Se trata de un texto que desde una perspectiva crítica e histórica analiza los problemas vinculados a la libertad de expresión de la infancia en su relación con la democracia. Se toman en consideración las diversas concepciones sobre la infancia y en ese contexto se plantean la libertad de expresión de los niños como una forma privilegiada de participación de los mismos. Los Derechos del Niño, incluidos sus problemas y limitaciones, se analizan en el contexto del conjunto de los Derechos Humanos. Se pone en evidencia, en el contexto del desarrollo social y tecnológico actual, el agotamiento de la “incapacidad” de la infancia como fundamento adecuado para establecer estrategias de protección de la misma.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Art 19. Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
Art 12. De la Convención sobre los Derechos del Niño
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:a. Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; ob. Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.
Art 13. De la Convención sobre los Derechos del Niño.
.................
Conclusión:
En primer lugar, se trata de crear las condiciones para que en el diseño de las políticas públicas los niños puedan emitir su voz con el menor grado de interferencia posible.
No se ignora aquí el problema de la legitimidad de la voz de los niños. La legitimidad de la voz de los niños participa de todas las dificultades que afectan a los adultos con el agregado del obstáculo ya mencionado de la mediación de los adultos.
Poner de manifiesto los problemas vinculados con la mediación por parte de los adultos constituye tal vez la recomendación más fuerte en este campo.
Se trata también de reformular las estrategias de protección de la infancia no solo sin afectar su libertad de expresión sino expandiendo esta libertad.
Encontrar estrategias de diálogo franco y sincero entre los niños y los adultos constituye en todo caso el corazón de cualquier estrategia seria en este ámbito.
Aceptar la libertad de expresión que plantean las nuevas tecnologías (redes sociales) sin demagogias y sin condicionamientos que excedan lo previsto normativamente es uno de los desafíos centrales, no solo de la relación con la infancia sino de la posibilidad de ensanchamiento de las bases de la democracia.
"En Chile, no se justifica ni la violencia, ni la represión que en la actualidad vivimos y que ha causado muertes de Niños y Niñas".
"Fue desnudada y obligada a hacer sentadillas":
39 recursos por violencia uniformada contra niños.
El INDH ha presentado 39 acciones judiciales en favor de niños, niñas y adolescentes
que han sufrido golpes, malos tratos físicos y verbales, desnudamientos y heridas por balines.
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| 210 niños detenidos reza uno de los carteles: Diputadas chilenas defendiendo derechos, y se enfrentan al Mº del Interior. |
Miércoles 23 octubre de 2019
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Tras el estallido social, en redes sociales han circulado videos y denuncias de ciudadanos que acusan abuso de poder contra menores por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas.
Hasta las 12:00 horas de este miércoles, el INDH ha presentado 39 acciones judiciales en favor de niños, niñas y adolescentes que han sufrido golpes, malos tratos físicos y verbales, desnudamientos y heridas por balines.
Además han podido constatar que, en la región Metropolitana, 24 niños han sido ingresados a hospitales públicos por diferentes lesiones.
Por este motivo, el organismo ha presentado 35 querellas criminales, de las cuales, varias involucran a menores de edad que fueron golpeados u obligados a desnudarse y hacer sentadillas.
Las acciones judiciales
BioBioChile tuvo acceso a algunos documentos del instituto, que dan cuenta de las denuncias realizadas por el delito de apremios ilegítimos:
1. F.D.Y.P., de 14 años de edad, fue detenida el 18 de octubre, en las manifestaciones por el alza del pasaje del Metro en la región Metropolitana.
Ella denunció haber sido golpeada durante su traslado a pie desde las afueras de la 12° Comisaría hasta los calabozos de la misma, mediante bastones retráctiles, en distintas partes del cuerpo, incluyendo la cabeza y el abdomen.
El documento del instituto detalla: “Ya en calabozos, fue obligada a desnudarse por completo, realizar sentadillas, en presencia de dos funcionarias policiales. Informa además haber sido insultada en repetidas oportunidades por estas mismas funcionarias por haber participado en la manifestación, tratándola de “estúpida””.
2. M.J.R.M., de 16 años de edad, fue detenido el 19 de octubre en la Estación Santa Ana, por supuestamente haber estado manifestándose.
El menor denunció que al momento de la detención por Carabineros: “Se le aplicó una llave en su garganta, con tal nivel de fuerza que fue ahogado y le cortaron la respiración hasta que se desmayó. Acto seguido fue llevado a una sala del Metro en donde, estando ya bajo custodia de Carabineros, su captor le aplicó patadas en el suelo, lo escupió en la cara mientras estaba en el piso, le aplicó golpes y le dijo expresiones discriminatorias aduciendo una calidad homosexual atendido que tenía sus uñas pintadas”.
3. Daniel fue detenido el 20 de octubre, por presuntamente haber participado de saqueos a supermercados en el centro de la comuna de San Bernardo.
El hombre denunció que tras ser detenido por funcionarios policiales fue trasladado al recinto policial de la 14° Comisaría de San Bernardo, lugar donde fue desnudado completamente, y obligado a hacer sentadillas en presencia de un funcionario policial, en una sala contigua a los calabozos.
“Además del funcionario de Carabineros, se encontraba en el mismo lugar su sobrino, menor de edad, quien también fue desnudado en el mismo momento y obligado a hacer sentadillas”.
Los derechos que protegen a los niños
En relación a estos hechos, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, condenó la situación y acusó falta de información por parte del Minsal, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
La autoridad agregó que la mayoría de los menores fueron heridos por alcance de perdigones, cuando estaban en situaciones cotidianas y junto a sus padres.
Cabe señalar que el control preventivo de identidad está vigente desde los 18 años de edad. Sin embargo, si se sorprende a un menor alterando el orden público dentro de un Estado de Emergencia, puede ser detenido por funcionarios de Carabineros o personal de las Fuerzas Armadas.
Además pueden ser puestos a disposición de los Tribunales de Garantía, para pasar luego a control de Identidad y ser formalizados por los delitos de daño, lesiones, robo, hurto, o lo que corresponda.
Pese a ello, deben ser medidas que se apliquen de manera razonable. No están permitidos actos vejatorios, burlas o afines, que pueden calificarse como trato cruel, degradante e inhumano.
Quienes comentan estas acciones deben ser sancionados no sólo por las normas del Código Penal, sino que además por la propia Convención de las Naciones Unidas.
Lee también...
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Situación en Chile a 21/20/2019
Niños, niñas y adolescentes chilenos vuelven a ser protagonistas en Chile.
CIDH* condena excesivo uso de la fuerza y
rechaza toda forma de violencia en el marco de las protestas sociales en Chile.
Como sucedió hace tres años,
los chavales de Chile ha protagonizado una revuelta democrática en la defensa de los derechos humanos.
En aquella ocasión fue por su derecho a un educación igualitaria, comunitaria y no clasista; y lo consiguieron.
Deseamos que Chile solucione sus problemas en paz, pero no al precio de la pérdida de DD HH.(GSIA)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su condena tanto al uso excesivo de la fuerza por parte
de las fuerzas de seguridad como a los actos violentos cometidos por
civiles en el marco de protestas sociales en Chile en los últimos días.
La CIDH rechaza de manera enfática la escalada de la violencia que ha
resultado en al menos 18 personas fallecidas, decenas de personas
heridas, periodistas agredidos, y más de mil personas detenidas. La
Comisión urge al Estado chileno y a todas las partes involucradas a
entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas
legítimas de la población, en el marco democrático del Estado de
Derecho.
Según información de público conocimiento, tras los diversos anuncios de alzas de coste de servicios públicos y privados hechos los últimos meses, y en particular, tras el anuncio hecho el pasado 6 de octubre sobre el aumento de la tarifa del pasaje de metro, distintos sectores de la sociedad iniciaron diversos llamados a ingresar masivamente al metro sin pagar en forma de protesta. En tales actos participaron cientos de personas, y en especial, niños, niñas y adolescentes, estudiantes de secundaria y universitarios, bajo el lema “Evasión todo el Día”.
La Comisión observa que varios de estos eventos derivaron en incidentes, incluyendo destrozos de inmobiliario público, produciéndose varias detenciones y enfrentamientos entre agentes de Carabineros y manifestantes.
En este contexto, el viernes 18 de octubre, el Gobierno anunció cierre de la totalidad de la red de Metro en Santiago de Chile y la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Paralelamente, se iniciaron una cadena de manifestaciones de protesta y disturbios en la Región Metropolitana, incluyendo destrozos, incendios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, que se extendieron posteriormente a otros puntos del país, entre otros, a las ciudades de Valparaíso, Concepción y Rancagua.
La Comisión observa que en respuesta a estos hechos, en la madrugada del 19 de octubre el Presidente de la República emitió los Decretos No.472, 474 y 479 por los que declaró el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia por 15 días en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en razón de la alteración del orden público. Posteriormente, esta medida ha sido extendida a Valparaíso, Concepción, Rancagua y Coquimbo y a otras zonas del país.
Al respecto, la Comisión observa que el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia establece un mando militar como Jefe de la Defensa Nacional, con la función de restablecer el orden y la seguridad pública, al tiempo que establece restricciones a la libertad de movimiento y reunión en el marco del plazo indicado. Asimismo, la Comisión observa que el jefe de la Defensa Nacional designado declaró el toque de queda las noches del 19, 20, 21 y 22 de octubre en varias zonas del país. Como resultado de la declaratoria del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia y de los toques de queda, la Comisión advierte que fueron desplegados efectivos militares de las Fuerzas Armadas, además de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Carabineros de Chile, en varias ciudades del país para llevar a cabo funciones de seguridad ciudadana.
De acuerdo con información pública, durante las jornadas de protesta posteriores, centenares de personas habrían resultado heridas, algunas de ellas afectadas por el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y un uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad.
Según cifras publicadas el 23 de octubre por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en el marco de su observación al menos 2.128 habrían sido detenidas y 376 personas habrían resultado heridas, de las cuales al menos 173 por arma de fuego.
Por su parte, el subsecretario del Interior de Chile, confirmó el martes 23 de octubre que 18 personas han fallecido a nivel nacional en el marco de las protestas. El Estado de Chile informó a la Comisión que en todos estos casos el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones correspondientes, dictándose incluso prisión preventiva en contra de presuntos responsables. Respecto de estas cifras, si bien la Comisión ha observado positivamente los esfuerzos de comunicación permanente de autoridades del Estado sobre la situación en el país, advierte la ausencia de cifras oficiales unificadas y debidamente desglosadas sobre la cifra total de personas heridas y fallecidas en el contexto de las protestas. Adicionalmente, la Comisión expresa su preocupación por la información recibida sobre agresiones en contra del personal del INDH que se encuentra realizando sus funciones de observación, ello pese a contar con su identificación y equipamiento institucional.
Por otra parte, la CIDH expresa su preocupación por hechos de actuación policial y militar en las que se habría hecho un uso desproporcionado de la fuerza contra civiles. Entre otros, el 20 de octubre la Comisión conoció del fallecimiento por impacto de bala de un manifestante que se encontraba participando de una protesta en la ciudad de La Serena, en el contexto de un enfrentamiento entre manifestantes y personal de Fuerzas Especiales de Carabineros. Asimismo, la Comisión conoció de otra intervención militar para impedir el saqueo a un supermercado que resultó en dos personas heridas por arma de fuego. La Comisión advierte que ambos hechos fueron comunicados y lamentados públicamente por la Jefatura de Defensa Nacional.
La CIDH también expresa su preocupación por la información que señalaría un uso desproporcionado de la fuerza y malos tratos en el marco de detenciones. Al respecto, la Comisión advierte que el 20 de octubre el INDH señaló haber constatado lesiones graves de al menos 22 personas detenidas y haber recibido denuncias de uso desmedido de la fuerza al momento de la detención y de alegadas vejaciones injustas a niños y a niñas, malos tratos, golpes en rostros y muslos, torturas, desnudamientos a mujeres y vejaciones sexuales, entre otras vulneraciones. Entre otros, el INDH señaló haber conocido del caso de un hombre que recibió impacto de bala disparado por Fuerzas Especiales a cinco metros de distancia y se encontraría actualmente en estado grave. Asimismo, el INDH identificó a un adolescente que tiene alojadas balas en su hígado, riñón y en sus piernas; y otra adolescente herida con un balín en la pierna.
La Comisión condena estos hechos e insta al Estado a seguir adoptando las medidas necesarias para que los hechos de violencia que han resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables.
Asimismo, la CIDH recuerda que bajo la Convención Americana los estados de excepción deben ajustarse a causales estrictas como la existencia de un peligro objetivo y de extrema gravedad que ponga en riesgo la preservación de la democracia o la integridad de la nación, pero no debe invocarse para la suspensión genérica de derechos fundamentales como la expresión, o la protesta que busca expresar un malestar social. Aún cuando los derechos de reunión y asociación se encuentren entre aquellos pasibles de ser suspendidos durante estados de excepción de manera temporal, ello no debe significar la suspensión automática de toda protesta, a menos que se verifiquen los supuestos establecidos por el derecho internacional.
La Comisión advierte que las numerosas vulneraciones de los derechos humanos que se registran de manera constante durante estados de excepción, demuestran que no constituyen una respuesta sostenible y eficaz para enfrentar y resolver los conflictos sociales o políticos. La CIDH llama a los órganos constitucionales del Estado a aplicar con estricto apego a estos principios los controles sobre el contenido y alcance del estado de excepción.
Al respecto, el Estado de Chile informó a la CIDH que la declaración del estado de emergencia se justificaría dado que el país enfrenta una situación de “grave alteración del orden público producto de la acción coordinada de grupos violentos que nada tienen que ver con quienes se manifiestan pacíficamente” y se decretó con “la finalidad de permitir a las personas volver a ejercer sus derechos DE forma libre”, “siendo incluso compatible con la realización de manifestaciones pacíficas”. En este sentido, el Estado informó que “la declaración del estado de emergencia no implica la dictación automática de ninguna medida restrictiva respecto de los derechos de locomoción y reunión, cuestión que deberá ser posteriormente establecida por el jefe de zona de acuerdo con la evaluación de los hechos”. El Estado informó además que estas medidas no pueden durar más allá del periodo en estado de emergencia, que de acuerdo con la legislación interna, debe durar un máximo de 15 días, prorrogables a otros 15 días.
La Comisión advierte que si bien el Estado tiene el deber legítimo de garantizar la seguridad y el orden público, el uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad. Al respecto, recuerda que las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. El uso de este tipo de armas es una medida extrema, y no deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas. La Comisión llama a todas las personas que participan en manifestaciones a no recurrir a actos de violencia y reafirma que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta.
La CIDH, alerta que el uso de las fuerzas de seguridad debe centrarse estrictamente en la contención de actos de violencia así como garantizar el derecho a la protesta, sin ningún tipo de represión directa o de detención arbitraria de manifestantes pacíficos.
Asimismo, frente a las detenciones realizadas, la Comisión ha sido informada de la emisión de un salvoconducto institucional limitado únicamente a defensores públicos, miembros de la Fiscalía, miembros del Poder Judicial y funcionarios del Servicio Nacional de Menores, imposibilitando así el acceso de los y las detenidas a defensores de su confianza, especialmente durante los horarios de toque de queda. Respecto de lo anterior, la CIDH recuerda que a las personas detenidas se les debe garantizar sus derechos a la seguridad, integridad, al debido proceso y a no ser sometidas a tratos crueles e inhumanos. Adicionalmente, la Comisión reitera que en el marco de su obligación de debida diligencia, las autoridades deben tener en cuenta las situaciones específicas y los estándares legales aplicables en los casos de mujeres, niños y adolescentes.
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha advertido con preocupación ataques contra medios de comunicación y periodistas en el marco del Estado de Emergencia y del toque de queda decretados en varias zonas del país. En este sentido, la Relatoría Especial recibió información sobre la detención de al menos dos periodistas, pese a que portaban credencial y salvoconducto para desempeñar su labor. Adicionalmente, se habrían registrado dificultades en el acceso a las acreditaciones para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que cubrían la situación durante el toque de queda. Además, según información de público conocimiento, decenas de manifestantes habrían incendiado, el sábado 19 de octubre, el edificio del diario El Mercurio en la ciudad de Valparaíso, debido a lo cual los periodistas tuvieron que ser evacuados.
Al respecto, la Relatoría Especial recuerda que el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los comunicadores puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales.
Por otra parte, La CIDH toma nota que en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes han provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público como colegios, buses, trenes y estaciones de metro, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra los bomberos. La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica. A su vez, la CIDH recuerda al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia.
La Comisión recuerda al Estado de Chile que, de conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana son deberes del Estado más han estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles. En todo caso, la jurisprudencia interamericana ha establecido que en los casos de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, ésta debe de ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; subordinada y complementaria a las fuerzas policiales civiles, así como regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza.
Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a todas las partes involucradas a entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población y para que todos los actores políticos y sociales resuelvan sus diferencias por la vía pacífica y con el máximo respeto a los derechos humanos, en el marco democrático del Estado de Derecho. Al respecto, la CIDH toma nota de que el 19 de octubre el Presidente de la República llamó a un diálogo con los poderes del Estado y las fuerzas políticas del país. La CIDH insta a que en el diálogo que se establezca con diversos los sectores de la sociedad se asegure una participación amplia y representativa de la sociedad civil.
*La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Comunicado de UNICEF Chile.
Según información de público conocimiento, tras los diversos anuncios de alzas de coste de servicios públicos y privados hechos los últimos meses, y en particular, tras el anuncio hecho el pasado 6 de octubre sobre el aumento de la tarifa del pasaje de metro, distintos sectores de la sociedad iniciaron diversos llamados a ingresar masivamente al metro sin pagar en forma de protesta. En tales actos participaron cientos de personas, y en especial, niños, niñas y adolescentes, estudiantes de secundaria y universitarios, bajo el lema “Evasión todo el Día”.
La Comisión observa que varios de estos eventos derivaron en incidentes, incluyendo destrozos de inmobiliario público, produciéndose varias detenciones y enfrentamientos entre agentes de Carabineros y manifestantes.
En este contexto, el viernes 18 de octubre, el Gobierno anunció cierre de la totalidad de la red de Metro en Santiago de Chile y la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Paralelamente, se iniciaron una cadena de manifestaciones de protesta y disturbios en la Región Metropolitana, incluyendo destrozos, incendios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, que se extendieron posteriormente a otros puntos del país, entre otros, a las ciudades de Valparaíso, Concepción y Rancagua.
La Comisión observa que en respuesta a estos hechos, en la madrugada del 19 de octubre el Presidente de la República emitió los Decretos No.472, 474 y 479 por los que declaró el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia por 15 días en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en razón de la alteración del orden público. Posteriormente, esta medida ha sido extendida a Valparaíso, Concepción, Rancagua y Coquimbo y a otras zonas del país.
Al respecto, la Comisión observa que el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia establece un mando militar como Jefe de la Defensa Nacional, con la función de restablecer el orden y la seguridad pública, al tiempo que establece restricciones a la libertad de movimiento y reunión en el marco del plazo indicado. Asimismo, la Comisión observa que el jefe de la Defensa Nacional designado declaró el toque de queda las noches del 19, 20, 21 y 22 de octubre en varias zonas del país. Como resultado de la declaratoria del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia y de los toques de queda, la Comisión advierte que fueron desplegados efectivos militares de las Fuerzas Armadas, además de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Carabineros de Chile, en varias ciudades del país para llevar a cabo funciones de seguridad ciudadana.
De acuerdo con información pública, durante las jornadas de protesta posteriores, centenares de personas habrían resultado heridas, algunas de ellas afectadas por el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y un uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad.
Según cifras publicadas el 23 de octubre por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en el marco de su observación al menos 2.128 habrían sido detenidas y 376 personas habrían resultado heridas, de las cuales al menos 173 por arma de fuego.
Por su parte, el subsecretario del Interior de Chile, confirmó el martes 23 de octubre que 18 personas han fallecido a nivel nacional en el marco de las protestas. El Estado de Chile informó a la Comisión que en todos estos casos el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones correspondientes, dictándose incluso prisión preventiva en contra de presuntos responsables. Respecto de estas cifras, si bien la Comisión ha observado positivamente los esfuerzos de comunicación permanente de autoridades del Estado sobre la situación en el país, advierte la ausencia de cifras oficiales unificadas y debidamente desglosadas sobre la cifra total de personas heridas y fallecidas en el contexto de las protestas. Adicionalmente, la Comisión expresa su preocupación por la información recibida sobre agresiones en contra del personal del INDH que se encuentra realizando sus funciones de observación, ello pese a contar con su identificación y equipamiento institucional.
Por otra parte, la CIDH expresa su preocupación por hechos de actuación policial y militar en las que se habría hecho un uso desproporcionado de la fuerza contra civiles. Entre otros, el 20 de octubre la Comisión conoció del fallecimiento por impacto de bala de un manifestante que se encontraba participando de una protesta en la ciudad de La Serena, en el contexto de un enfrentamiento entre manifestantes y personal de Fuerzas Especiales de Carabineros. Asimismo, la Comisión conoció de otra intervención militar para impedir el saqueo a un supermercado que resultó en dos personas heridas por arma de fuego. La Comisión advierte que ambos hechos fueron comunicados y lamentados públicamente por la Jefatura de Defensa Nacional.
La CIDH también expresa su preocupación por la información que señalaría un uso desproporcionado de la fuerza y malos tratos en el marco de detenciones. Al respecto, la Comisión advierte que el 20 de octubre el INDH señaló haber constatado lesiones graves de al menos 22 personas detenidas y haber recibido denuncias de uso desmedido de la fuerza al momento de la detención y de alegadas vejaciones injustas a niños y a niñas, malos tratos, golpes en rostros y muslos, torturas, desnudamientos a mujeres y vejaciones sexuales, entre otras vulneraciones. Entre otros, el INDH señaló haber conocido del caso de un hombre que recibió impacto de bala disparado por Fuerzas Especiales a cinco metros de distancia y se encontraría actualmente en estado grave. Asimismo, el INDH identificó a un adolescente que tiene alojadas balas en su hígado, riñón y en sus piernas; y otra adolescente herida con un balín en la pierna.
La Comisión condena estos hechos e insta al Estado a seguir adoptando las medidas necesarias para que los hechos de violencia que han resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables.
Asimismo, la CIDH recuerda que bajo la Convención Americana los estados de excepción deben ajustarse a causales estrictas como la existencia de un peligro objetivo y de extrema gravedad que ponga en riesgo la preservación de la democracia o la integridad de la nación, pero no debe invocarse para la suspensión genérica de derechos fundamentales como la expresión, o la protesta que busca expresar un malestar social. Aún cuando los derechos de reunión y asociación se encuentren entre aquellos pasibles de ser suspendidos durante estados de excepción de manera temporal, ello no debe significar la suspensión automática de toda protesta, a menos que se verifiquen los supuestos establecidos por el derecho internacional.
La Comisión advierte que las numerosas vulneraciones de los derechos humanos que se registran de manera constante durante estados de excepción, demuestran que no constituyen una respuesta sostenible y eficaz para enfrentar y resolver los conflictos sociales o políticos. La CIDH llama a los órganos constitucionales del Estado a aplicar con estricto apego a estos principios los controles sobre el contenido y alcance del estado de excepción.
Al respecto, el Estado de Chile informó a la CIDH que la declaración del estado de emergencia se justificaría dado que el país enfrenta una situación de “grave alteración del orden público producto de la acción coordinada de grupos violentos que nada tienen que ver con quienes se manifiestan pacíficamente” y se decretó con “la finalidad de permitir a las personas volver a ejercer sus derechos DE forma libre”, “siendo incluso compatible con la realización de manifestaciones pacíficas”. En este sentido, el Estado informó que “la declaración del estado de emergencia no implica la dictación automática de ninguna medida restrictiva respecto de los derechos de locomoción y reunión, cuestión que deberá ser posteriormente establecida por el jefe de zona de acuerdo con la evaluación de los hechos”. El Estado informó además que estas medidas no pueden durar más allá del periodo en estado de emergencia, que de acuerdo con la legislación interna, debe durar un máximo de 15 días, prorrogables a otros 15 días.
La Comisión advierte que si bien el Estado tiene el deber legítimo de garantizar la seguridad y el orden público, el uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad. Al respecto, recuerda que las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. El uso de este tipo de armas es una medida extrema, y no deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas. La Comisión llama a todas las personas que participan en manifestaciones a no recurrir a actos de violencia y reafirma que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta.
La CIDH, alerta que el uso de las fuerzas de seguridad debe centrarse estrictamente en la contención de actos de violencia así como garantizar el derecho a la protesta, sin ningún tipo de represión directa o de detención arbitraria de manifestantes pacíficos.
Asimismo, frente a las detenciones realizadas, la Comisión ha sido informada de la emisión de un salvoconducto institucional limitado únicamente a defensores públicos, miembros de la Fiscalía, miembros del Poder Judicial y funcionarios del Servicio Nacional de Menores, imposibilitando así el acceso de los y las detenidas a defensores de su confianza, especialmente durante los horarios de toque de queda. Respecto de lo anterior, la CIDH recuerda que a las personas detenidas se les debe garantizar sus derechos a la seguridad, integridad, al debido proceso y a no ser sometidas a tratos crueles e inhumanos. Adicionalmente, la Comisión reitera que en el marco de su obligación de debida diligencia, las autoridades deben tener en cuenta las situaciones específicas y los estándares legales aplicables en los casos de mujeres, niños y adolescentes.
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha advertido con preocupación ataques contra medios de comunicación y periodistas en el marco del Estado de Emergencia y del toque de queda decretados en varias zonas del país. En este sentido, la Relatoría Especial recibió información sobre la detención de al menos dos periodistas, pese a que portaban credencial y salvoconducto para desempeñar su labor. Adicionalmente, se habrían registrado dificultades en el acceso a las acreditaciones para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que cubrían la situación durante el toque de queda. Además, según información de público conocimiento, decenas de manifestantes habrían incendiado, el sábado 19 de octubre, el edificio del diario El Mercurio en la ciudad de Valparaíso, debido a lo cual los periodistas tuvieron que ser evacuados.
Al respecto, la Relatoría Especial recuerda que el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los comunicadores puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales.
Por otra parte, La CIDH toma nota que en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes han provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público como colegios, buses, trenes y estaciones de metro, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra los bomberos. La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica. A su vez, la CIDH recuerda al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia.
La Comisión recuerda al Estado de Chile que, de conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana son deberes del Estado más han estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles. En todo caso, la jurisprudencia interamericana ha establecido que en los casos de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, ésta debe de ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; subordinada y complementaria a las fuerzas policiales civiles, así como regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza.
Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a todas las partes involucradas a entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población y para que todos los actores políticos y sociales resuelvan sus diferencias por la vía pacífica y con el máximo respeto a los derechos humanos, en el marco democrático del Estado de Derecho. Al respecto, la CIDH toma nota de que el 19 de octubre el Presidente de la República llamó a un diálogo con los poderes del Estado y las fuerzas políticas del país. La CIDH insta a que en el diálogo que se establezca con diversos los sectores de la sociedad se asegure una participación amplia y representativa de la sociedad civil.
*La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Comunicado de UNICEF Chile.
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