La Fiscalía ordenó a la Policía de Investigación del Chile (PDI) realizar este Informe.
por Macarena Segovia, 2 julio, 2019,
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| Crédito: Agencia UNO |
La muerte de
la pequeña Lissette Villa Poblete, el 11 de abril de 2016, en el CREAD
Galvarino en Santiago, remeció por completo al país y develó la realidad
de los niños y jóvenes cuyas vidas quedan bajo el cuidado del Estado,
en los centros del Sename. La incongruencia de las cifras respecto a los
niños y las niñas que han fallecido en los centros, que alcanzan los
1.313 durante diez años, llevó a que el fiscal con designación
preferente para el caso Sename, Marcos Emilfork Konow, solicitara a la
Policía de Investigaciones (PDI) la realización de un informe sobre la
condición de los niños y las niñas en el Sename.
La PDI creó un equipo de tarea especial para recabar información,
liderado por el comisario Francisco Ceballos Espinoza, subdirector del
Instituto de Criminología, el que emitió un duro informe en diciembre de
2018, documento que, según el ministro de Justicia Hernán Larraín,
nunca llegó a sus manos ni a la cartera.
El estudio comprende 240 centros residenciales dependientes del
Sename: 29 de ellos corresponden a centros de Administración Directa de
Sename (12%), mientras que 212 pertenecen a Instituciones Colaboradoras
(88%).
Considerando el total de instituciones, el documento establece que
durante parte del 2017 se registraron “2.071 hechos constitutivos de
vulneración hacia los residentes de los centros del país, de ellos, 432
corresponden a maltratos por parte de adultos”. Esto corresponde al
88,3% de las residencias, y en el 58,3% de los centros, y las
situaciones de maltrato fueron imputadas a los mismos trabajadores
encargados del cuidado de los residentes. No solo eso: además, en el 50%
del total de los centros estudiados (120) se han registrado actos de
violencia de índole sexual.
En el caso de los centros dependientes del Estado (Cread), los datos
son lapidarios porque, de acuerdo a la información recabada por la PDI,
en el 100% de ellos “se ha vulnerado gravemente, y de manera
sistemática, los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que
han estado bajo la tutela del Estado”. Además, “en el 100% de los CREAD
se han registrado vulneraciones graves de derechos contra las NNA por
parte de los propios funcionarios de los centros”.
El informe realizado por la policía establece que hay 107 residencias
que no cuentan con “protocolos mínimos exigidos por Sename para el
funcionamiento residencial (44,5%)”, y el 72,1% (173) no cuenta con
protocolos de fallecimiento para los niños y las niñas de los centros.
Respecto a las condiciones de salud en las que se encuentran los y
las menores, el informe de la Policía de Investigaciones establece que
“1.358 residentes presentan algún grado de discapacidad y 659
corresponden a residentes que habitan en centros de protección para
lactantes”. El 85,8% de los centros (206 de 240) mantiene residentes con
patología psiquiátricas diagnosticadas.
Investigación sin previo aviso
En sus conclusiones, el informe de la PDI determinó que “se ha
normalizado un funcionamiento estructural y práctico defectuoso que
pudiese propender a la instalación de escenarios altamente riesgosos,
tanto para la integridad de los niños, niñas y adolescentes como para el
aseguramiento de un contexto adecuado para su desarrollo, sobre todo,
ante el alto porcentaje de centros donde existe registro de hechos
constitutivos de vulneración a los derechos de los NNA”.
Finalmente, sugiere la conformación de una instancia técnica de
carácter independiente que pueda investigar, sin acordar aviso previo, a
los centros del Sename.
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