Sea cual sea el resultado de las elecciones,
la ley contra la violencia hacia los menores debe ser una prioridad.
..."lo más importante es que esa ley supone una apuesta
por un modelo social que sitúa
a las y los niños como sujetos de derechos"...
Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
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La mayoría de nosotros hemos necesitado escuchar escándalos y testimonios escalofriantes antes de entender que la violencia infantil es un grave problema que ocurre cotidianamente en nuestro entorno. Quizá se deba a que la situación de los menores ha mejorado evidentemente desde que Dickens describiera las condiciones en que estos se desenvolvían en Londres o a que muchos de nosotros interiorizamos que ciertas prácticas, como el cachete paterno, el atosigamiento o el aislamiento escolar, eran la mejor forma de que los niños se preparasen para la vida adulta; o a que creímos que otras prácticas, más sórdidas y viles, era mejor enterrarlas confiando en que, tal vez, en la mente plástica de un niño no dejarían huella.
Decía Rilke que la infancia es la verdadera patria de las personas,
compuesta de lugares, colores y olores que nos devuelven a un mundo de
seguridad que encarna el ideal de felicidad. Mucha gente, quizá la
mayoría, hemos tenido una patria feliz. Quizá por ello o por otras
razones hemos ignorado o silenciado demasiado tiempo un problema muy
grave.
En España, cada día 37 niños son maltratados en su familia. En 2017,
se interpusieron 38.433 denuncias por delitos violentos contra menores,
según datos del Ministerio del Interior. Es más grave si cabe el hecho
de que solo alrededor de una quinta parte de los abusos son denunciados.
Muchos menores no saben cómo denunciar y otros, suponiendo que lo que
les pasa a ellos también les ocurrirá a los demás, ni siquiera son
conscientes de estar siendo agredidos. Según las organizaciones de
infancia, la mitad de las notificaciones de sospecha de maltrato se
producen en la familia y cuatro de cada diez menores perciben la escuela
como un lugar inseguro.
Respondiendo a la diligente insistencia la sociedad civil y a las
recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el
28 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó en primera lectura el
Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y
la Adolescencia frente a la Violencia.
A pesar de ser una norma con un objeto tan obvio, es muy compleja.
Reforma trece leyes. Aspira a ser integral, a proteger a los menores en
todo su entorno y contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental o
moral, sea cual sea su forma de comisión, incluso por medio de la
tecnología. Contiene nuevos delitos como la difusión a través de
Internet de contenidos que inciten a los menores al suicidio, la
autolesión o aquellos que promuevan los trastornos alimenticios.
La norma nos corresponsabiliza como ciudadanos al establecer el deber
de comunicación de situaciones de riesgo. Recoge medidas para detectar
el riesgo en función del comportamiento del menor o de su situación
económica, social y familiar.
Pretende prevenir y proteger con
actuaciones en el ámbito sanitario, educativo, de los servicios sociales
o de la justicia. Respondiendo a una de sus principales demandas,
retrasa de manera muy importante el cómputo de la prescripción de los
abusos sexuales, ya que las víctimas tardan años en ser capaces de
denunciar los hechos.
Todo el trabajo alrededor de la elaboración de esta ley orgánica ha
sido intenso y emocionante ver la sensibilidad y entrega de los
expertos. Pero lo más importante es que supone una apuesta por un modelo
social que sitúa a las y los niños como sujetos de derechos, en el
centro de la acción pública. Por eso, sea cual sea el resultado de las
elecciones, considero que esta ley debe ser una prioridad. Se lo debemos
a los niños y niñas que lo son ahora y a los que una vez quisieron
serlo pero no lo lograron.
* María Luisa Carcedo
es ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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