El
borrador de los Presupuestos Generales del Estado supone un avance
notable para tratar de reducir las tasas de pobreza infantil de nuestro
país. En 2017, último año con datos oficiales al respecto, 630.000 niños
y niñas vivían en situación de pobreza severa, según los datos del Alto
Comisionado contra la Pobreza Infantil. Un 7,5% de la población
infantil en España.
El anteproyecto de Ley recoge un incremento de
la partida más efectiva para acabar con la pobreza infantil, la
prestación por hijo a cargo que pasará de 291 a 341 euros para las
familias en riesgo de pobreza (24,25 euros mensuales a 28,4 euros
mensuales) y hasta los 588 euros al año para las familias con una renta
inferior al 25% del umbral de la pobreza (49 euros mensuales).
Desde
la Plataforma de Infancia consideramos que esta medida es muy positiva
pero insuficiente. Dicha medida sacaría de la pobreza a unos 82.000
niños y niñas este año, dejando la tasa de pobreza infantil severa en un
6,6%. Dicho objetivo, aunque positivo, se sitúa por debajo del que el
Gobierno acordaba recientemente con Unidos Podemos, incrementar la
prestación actual de 291 euros al año a 473 euros al año por hijo a
cargo, reduciendo el número de niños y niñas en pobreza severa en
99.500.
Consideramos que el enfoque es adecuado, aunque sería
deseable que, de manera progresiva, se alcanzase una cobertura de al
menos 100 euros mensuales para la prestación por hijo a cargo y que se
mejorasen los umbrales de pobreza infantil, tal y como se aprobó el
pasado diciembre por unanimidad en el Congreso de los Diputados en la
PNL sobre Pacto de Estado por la Infancia. Nuestro país tiene un déficit
claro en la inversión en la infancia, donde se destina un 1,3% del PIB
en protección a la infancia frente al 2,4% de la media europea. Dato
especialmente dramático en un país donde 1 de cada 3 niñas y niños están
en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone aproximadamente
unos 2,6 millones de niños y niñas.
Otra cuestión positiva a
mencionar es el incremento de las partidas de apoyo en la educación a
los niños y niñas más vulnerables. El anteproyecto de Ley de los
Presupuestos Generales del Estado contempla una dotación total de 1.780
millones de euros para el programa de becas y ayudas a estudiantes, los
que supone 205 millones más que en 2018, con un incremento del 10% en la
partida de becas. Se destina también 50 millones más en la partida de
libros de texto. Se apuesta por la universalización de la educación de 0
a 3 años facilitando la inversión de los ayuntamientos, pero sin una
dotación económica adecuada en los PGE, y se destinan más ayudas comedor
para familias en riesgo de exclusión.
Las organizaciones de
infancia están trabajando en propuestas para mejorar el actual borrador y
tratar de que en caso de ser aprobado apueste claramente por mejorar la
situación de la infancia. España debe solventar una de las carencias
más claras de su estado del bienestar, la protección de los niños y
niñas, y apostar progresivamente por situarse en la media europea.
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