La Comisión Europea ha publicado las recomendaciones específicas
por país para el año 2018. Dichas recomendaciones son parte de proceso
de control y vigilancia que realiza la Comisión Europea para coordinar
las políticas económicas y fiscales de los Estados Miembros. Las
recomendaciones surgen del análisis del Plan Nacional de Reformas,
junto con el Programa de Estabilidad, que en el caso español fueron
presentados el 27 de abril. La Comisión Europea también tiene en
consideración el informe sobre el país que ella misma elabora.
Estas
recomendaciones abordan diversos aspectos de la política económica y
social. En el caso de las políticas de infancia la Comisión muestra una
especial preocupación por la alta tasa de pobreza infantil, que aunque
ha descendido sigue muy alta. Sobre esta cuestión la Comisión enfatiza
que el impacto de las transferencias sociales en reducir la pobreza
(excluyendo las pensiones) está por debajo de la media europea y
descendiendo. Los sistemas de renta mínima tienen grandes disparidades
en nuestro país en cuanto a las condiciones de acceso. También destaca
la Comisión Europea que la eficacia de las transferencias familiares es
baja y su cobertura es desigual.
Otro sector importante de
preocupación para la Comisión Europea es la educación, ya que las
recomendaciones hacen énfasis en las altas tasas de abandono escolar que
se encuentran muy por encima de la media de la Unión Europea. Estas
tasas junto con la disparidad en los resultados académicos entre las
comunidades autónomas afecta directamente a la igualdad de
oportunidades. La Comisión critica que los programas orientados a
reducir estas disparidades han tenido efectos muy limitados.
Este
análisis que realiza la Comisión Europea se traslada en una
recomendación a España para que mejore su apoyo a las familias y aborde
las diferencias entre los sistemas de rentas mínimas. Igualmente España
deberá abordar en 2018 y 2019, una reducción de la tasa de abandono
escolar así como las disparidades entre comunidades autónomas a través
de un mayor apoyo al profesorado y alumnado.
Estas recomendaciones son muy similares a las que la Comisión Europea ya trasladó a España en 2017, en las que trasladaba igualmente la necesidad de “mejorar
el apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías de calidad.
Aumentar la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado
laboral. Corregir las disparidades autonómicas en los resultados
educativos, en particular, mediante el refuerzo de la formación de los
profesores y el apoyo individual a los estudiantes“. Sin embargo
pocos han sido los avances en esta materia que se han realizado, la
prestación por hijo a cargo sigue siendo una de las más bajas de la
Unión Europea en cuantía y cobertura, así como las tasas de pobreza
infantil solo se han reducido discretamente y siguen siendo muy
superiores a la media europea.
Estas recomendaciones reafirman la
necesidad de mejorar la inversión en la infancia, aunque también
solicitan una reducción del déficit público y piden para 2019 un mayor
esfuerzo de ajuste fiscal en torno al 0,65% del PIB (aproximadamente
unos 7.000 millones de euros). Este doble mensaje implica que el gasto
en infancia deberá priorizarse notablemente en próximos presupuestos y
políticas públicas.
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