La Comisión Europea muestra su preocupación por la pobreza infantil en España,

y recomienda mejorar el apoyo a las familias









La Comisión Europea ha publicado las recomendaciones específicas por país para el año 2018. Dichas recomendaciones son parte de proceso de control y vigilancia que realiza la Comisión Europea para coordinar las políticas económicas y fiscales de los Estados Miembros. Las recomendaciones surgen del análisis del Plan Nacional de Reformas, junto con el Programa de Estabilidad, que en el caso español fueron presentados el 27 de abril. La Comisión Europea también tiene en consideración el informe sobre el país que ella misma elabora.

Estas recomendaciones abordan diversos aspectos de la política económica y social. En el caso de las políticas de infancia la Comisión muestra una especial preocupación por la alta tasa de pobreza infantil, que aunque ha descendido sigue muy alta. Sobre esta cuestión la Comisión enfatiza que el impacto de las transferencias sociales en reducir la pobreza (excluyendo las pensiones) está por debajo de la media europea y descendiendo. Los sistemas de renta mínima tienen grandes disparidades en nuestro país en cuanto a las condiciones de acceso.  También destaca la Comisión Europea que la eficacia de las transferencias familiares es baja y su cobertura es desigual.
Otro sector importante de preocupación para la Comisión Europea es la educación, ya que las recomendaciones hacen énfasis en las altas tasas de abandono escolar que se encuentran muy por encima de la media de la Unión Europea. Estas tasas junto con la disparidad en los resultados académicos entre las comunidades autónomas afecta directamente a la igualdad de oportunidades. La Comisión critica que los programas orientados a reducir estas disparidades han tenido efectos muy limitados.
Este análisis que realiza la Comisión Europea se traslada en una recomendación a España para que mejore su apoyo a las familias y aborde las diferencias entre los sistemas de rentas mínimas. Igualmente España deberá abordar en 2018 y 2019, una reducción de la tasa de abandono escolar así como las disparidades entre comunidades autónomas a través de un mayor apoyo al profesorado y alumnado.
Estas recomendaciones son muy similares a las que la Comisión Europea ya trasladó a España en 2017, en las que trasladaba igualmente la necesidad de “mejorar el apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías de calidad. Aumentar la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral. Corregir las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en particular, mediante el refuerzo de la formación de los profesores y el apoyo individual a los estudiantes“. Sin embargo pocos han sido los avances en esta materia que se han realizado, la prestación por hijo a cargo sigue siendo una de las más bajas de la Unión Europea en cuantía y cobertura, así como las tasas de pobreza infantil solo se han reducido discretamente y siguen siendo muy superiores a la media europea.
Estas recomendaciones reafirman la necesidad de mejorar la inversión en la infancia, aunque también solicitan una reducción del déficit público y piden para 2019  un mayor esfuerzo de ajuste fiscal en torno al 0,65% del PIB (aproximadamente unos 7.000 millones de euros). Este doble mensaje implica que el gasto en infancia deberá priorizarse notablemente en próximos presupuestos y políticas públicas.

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