Estamos ante un ejemplo más de la forma tradicional de
proceder de nuestras élites políticas: fuerte con los débiles y débil
con los fuertes
Irene Montero
/
Ione Belarra*
Diputadas de Podemos
En España existen 8.300.000 niñas, niños y
adolescentes, lo que supone un 17,7% de la población. Sin embargo,
quizás porque no vota, la infancia es uno de los colectivos más
invisibilizados en la vida pública de nuestro país, especialmente en lo
que respecta a la representación
política. Esto no debería extrañarnos si tenemos en cuenta que nuestro
sistema político es demasiado rígido como para posibilitar la
participación de los colectivos sociales que más barreras encuentran
para ello. Estamos, por lo demás, ante un ejemplo más de la forma
tradicional de proceder de nuestras élites políticas: fuerte con los
débiles y débil con los fuertes. No tener derecho al voto se convierte
así en un argumento definitivo para no tener ninguna presencia en la
vida política de nuestro país. Y sucede que lo que no se nombra no
existe.
Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes
están sufriendo (con escasa posibilidad de réplica) tanto o más que la
población adulta las consecuencias de las políticas austericidas del
Partido Popular. A lo largo de la anterior legislatura, organizaciones
de la sociedad civil con un importante peso específico como Cáritas,
Save the Children o Unicef han denunciado reiteradamente que España es
el segundo miembro de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza
infantil, sólo por detrás de Rumanía. Esta situación debería resultar
intolerable a cualquier gobierno digno si tenemos en cuenta que, como
decíamos, la infancia representa casi una quinta parte de nuestra
población, y es nuestro presente y nuestro futuro como país.
En la misma línea, en sus observaciones finales a España
en 2010, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó
su preocupación por los altos índices de pobreza infantil en España,así
como por la ausencia de políticas específicas para combatir la pobreza
infantil y la exclusión social. En este sentido, el órgano de
seguimiento de la observancia de la Convención sobre los Derechos del
Niño por parte de los Estados miembro recomendó a España que formulara
“[…] políticas públicas para, en particular, abordar el problema de la
pobreza infantil y elabore un plan nacional de lucha contra la pobreza
infantil […]”.
Los esfuerzos del Gobierno del Partido
Popular por atender a estas recomendaciones han sido escasos, por no
decir inexistentes. En 2013 se aprobó el Plan Nacional de Acción para la
Inclusión Social (PENAIN) 2013-2016, que el Gobierno quiso presentar
como la aplicación de la Recomendación de la UE Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas (2013/112/UE).
No obstante, en dicho plan la infancia es un elemento transversal, por
lo que no puede considerarse un plan específico de lucha contra la
pobreza infantil con una visión integral de este complejo problema de
ramificaciones tan diversas. Amén de que carece de objetivos concretos,
de indicadores de cumplimiento al medio y largo plazo, y de suficiente
dotación presupuestaria.
La situación continúa siendo
de extrema gravedad, y en el nuevo ciclo político que inauguramos se
requieren representantes públicos a la altura de las circunstancias,
representantes públicos que posibiliten dar voz a las voces que hasta
ahora menos se han oído, en aras de recomponer los consensos sociales
fundamentales. Las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en
nuestro país ha sufrido un enorme deterioro. La pobreza ha aumentado y
crecido en intensidad, sí; pero lo ha hecho mucho más en la población
infantil. Según datos del Comité Español de Unicef, el 30,5% de los
menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza, y el 35,8% de la
población infantil, en situación de riesgo o exclusión social. Un factor
que se ha revelado especialmente dramático es que partidas con un
impacto directo en las condiciones de vida de la infancia, como
servicios sociales, prestaciones de desempleo, educación y sanidad, se
han visto gravemente afectadas por los recortes de los últimos años.
Además, medidas como el aumento del IVA han mermado el poder adquisitivo
de las familias y han dificultado el ejercicio de derechos como la
educación, el juego y el ocio. Cuestiones que nadie pareció tener
demasiado en cuenta a la hora de legislar.
La puesta
en marcha de un Pacto de Estado por la Infancia que implique una amplia
participación de diferentes actores de la sociedad civil, blinde los
derechos y garantice la igualdad de oportunidades entre niñas, niños y
adolescentes debe ser una prioridad absoluta del nuevo Parlamento,
independientemente del Gobierno que se conforme. En el marco de este
Pacto de Estado, es crucial aprobar un Paquete de medidas urgentes
contra la pobreza infantil y la exclusión social, desarrollando una
estrategia estatal de reducción de la pobreza infantil que incorpore un
presupuesto desglosado y transparente en los PGE, que iguale la
inversión en infancia a la media europea (2,3%; mientras que en España
es del 1,4%).
No tener derecho al voto se convierte así en un argumento definitivo para no tener ninguna presencia en la vida política de nuestro país. Y sucede que lo que no se nombra no existe
Para ello, el nuevo Parlamento debe dotarse de
herramientas adecuadas y centradas en la infancia. La primera de ella
tendría que ser, sin lugar a dudas, una Comisión Parlamentaria
Legislativa (CPL) de Infancia, más allá de la necesaria
transversalización del tema en el resto de comisiones parlamentarias. Es
indispensable promover una cultura de defensa de los derechos de la
infancia que promueva el cumplimiento de los más altos estándares
internacionales y nacionales desde un enfoque de derechos.
Creemos que la infancia debe estar en el corazón de las prioridades de
las políticas sociales y que no es admisible su exclusión de los
beneficios sociales, políticos y económicos. Los niños, niñas y
adolescentes deben tener reconocidos sus derechos por el mismo hecho de
ser ciudadanos/as; pero sobre todo porque no son futuro, son presente;
no son menores, son sujetos. Y, una vez más, voten o no, tienen que
participar en la vida pública, ya que la participación no es una opción,
sino un derecho fundamental; y debe ser construida no desde lo
individual, sino desde lo colectivo.
La recuperación
social y económica no se pueden concebir sin la plena consideración de
la infancia, y las consecuencias de otra legislatura más que no la
pusiese en el centro de las políticas públicas serían devastadoras en
sus vidas, en su desarrollo y en sus oportunidades de futuro.
Es el momento de poner las instituciones al servicio de la gente, de
toda la gente, incluidos niñas y niños. Nos debemos a nuestro país,
también a la parte del país que no vota, y por eso tomamos la iniciativa
haciendo propuestas que permitan revertir las desigualdades, mejorar la
participación y la calidad de vida de nuestros niños, niñas y
adolescentes. ¿Aceptarán nuestra propuesta los partidos de lo viejo?
Nosotros lo tenemos claro: las niñas, niños y adolescentes ya han
esperado demasiado, no pueden esperar más.
*Irene Montero es miembro de la ejecutiva de Podemos y
Ione Belarra
es Responsable del Área de Ciudadanía, Diversidad y Justicia Social de
Podemos. Ambas han sido elegidas como diputadas en el Congreso, por
Madrid y Navarra, respectivamente.
