Este análisis, encargado por la propia ONU, critica duramente la
gestión del caso por parte de la organización y responsabiliza
directamente a Naciones Unidas de haber permitido esos crímenes.
"El fracaso a la hora de tomar medidas de prevención y
de intervenir para detener los abusos expuso a los niños a repetidas
agresiones de la naturaleza más atroz", señala el texto.
En la primavera de 2014, comenzaron a llegar a la ONU acusaciones de
que tropas de paz internacionales en la República Centroafricana habían
abusado sexualmente de varios niños a cambio de alimentos o dinero.
La mayor parte de los supuestos responsables pertenecían a la operación
francesa Sangaris, que operaba junto a los "cascos azules" de Naciones
Unidas, pero que no está bajo mando de la organización.
Según los expertos, la forma en la que la ONU respondió al caso fue
"seriamente defectuosa", empezando por el entonces jefe de su misión en
el país, quien "no tomó ninguna acción" al conocer la información.
"Ni pidió a las fuerzas de Sangaris tomar medidas para detener los
abusos, ni ordenó que se llevase a los niños a un lugar seguro. Tampoco
fue capaz de ordenar a su equipo que informase de las acusaciones a
estamentos más altos de la ONU", señala el informe del grupo, presidido
por la jueza canadiense Marie Deschamps.
El texto, de
más de un centenar de páginas, también señala a Unicef y a los
servicios de derechos humanos de Naciones Unidas por no haber
reaccionado adecuadamente.
"En su lugar, la
información sobre las acusaciones pasó de mesa en mesa, de correo en
correo, a través de múltiples oficinas de la ONU, sin que nadie quisiese
asumir la responsabilidad de abordar las serias violaciones de los
derechos humanos", indica.
Naciones Unidas, recuerdan
los expertos, en gran parte sólo actuó cuando el caso saltó a la prensa
internacional, ya en la primavera de 2015.
Antes de
eso, la ONU ni siquiera cooperó adecuadamente con la investigación
puesta en marcha por las autoridades francesas, aseguran.
La información llegó a Francia en 2014 a través de un funcionario de la
agencia de derechos humanos de la ONU, Anders Kompass, quien fue
suspendido de sus funciones después de que sus superiores consideraran
que con ello había realizado una filtración impropia de los
procedimientos de Naciones Unidas.
El grupo de expertos, sin embargo, considera que el funcionario actuó correctamente.
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