- Se agilizan los procesos de acogimiento y
adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores de tres
años, permanezcan con una familia.
- La reforma reconoce como víctimas de la violencia de género a los menores y prevé que puedan permanecer con sus madres
- Se establece el requisito de no haber sido condenado por abusos o
explotación infantil para acceder a profesiones que impliquen contacto
frecuente con niños
- Se modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas para asegurar
que conserven el título mientras al menos uno de los hijos tenga menos
de 21 años o 26 si está estudiando
Nota de prensa de
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a
las Cortes Generales de los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia. Se trata de una reforma legislativa que da respuesta al
compromiso de agilizar los procesos de acogimiento y adopción, además de
mejorar la atención a la infancia en riesgo y a los menores víctimas de
violencia. Su objetivo principal es garantizar la especial protección
de los menores en todo el Estado y responder a sus necesidades actuales.
De este modo, España se convierte en el primer
país en incorporar la defensa del interés superior del menor como
principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento,
como recomendó la ONU en 2013. Además, todos los Anteproyectos de Ley y
proyectos de Reglamentos deberán evaluar su impacto en la infancia y en
la adolescencia antes de ser aprobados.
La reforma se envía ahora al Parlamento tras
haber sido informada por el Consejo de Estado, Consejo Fiscal,
Ministerios implicados, Comunidades Autónomas, etcétera.
Las principales novedades que contempla la reforma se estructuran en tres objetivos:
DERECHOS, DEBERES Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
En primer lugar, la norma establece un nuevo marco de derechos y
deberes de los menores, y una especial atención de los más vulnerables,
como menores extranjeros no acompañados, jóvenes ex tutelados, menores
con discapacidad, etcétera.
De este modo, las leyes promueven la
participación de los menores a través del derecho a que sean oídos y
escuchados, lo que incluye a los menores de doce años siempre que tengan
madurez suficiente. En consecuencia, en la resolución de procedimientos
judiciales se deberá exponer siempre si se ha oído al menor y lo que
éste ha manifestado.
La reforma, por otro lado, incluye un catálogo de deberes en
las esferas familiar, escolar y social: respeto a los padres, hermanos,
profesores; respeto a la dignidad, integridad e intimidad de las
personas con que se relacionen, etcétera. El conocimiento de sus
derechos y deberes se implantará a través del sistema educativo, y se
recoge de forma expresa la necesidad de evitar situaciones de acoso
escolar.
Dentro de este primer objetivo se refuerza la protección a grupos vulnerables, como losmenores extranjeros que
se encuentren en España, a los que se reconoce expresamente su derecho a
la sanidad, la educación y los servicios sociales, velando
especialmente por los no acompañados o víctimas de trata, entre otros.
A los menores con discapacidad se
les asegura su plena accesibilidad y la garantía de los servicios
sociales especializados. Y, por primera vez, la norma prevé recursos y
programas de apoyo para facilitar la transición a la vida independiente
de jóvenes ex tutelados.
UN NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
En segundo lugar, la reforma configura un nuevo
sistema de protección de la infancia. Se definen, por primera vez en una
norma estatal, las situaciones de riesgo y desamparo, y ésta última
queda determinada por el abandono, riesgo para la vida, salud o
integridad física; o la inducción a la mendicidad, la delincuencia o la
prostitución. La declaración de desamparo dará lugar a la tutela del
menor por parte de la entidad pública competente. Como aspecto
fundamental, se introduce que, superados dos años desde dicha
declaración, sólo el Ministerio Fiscal podrá impugnarla, no los padres
biológicos.
Pasados esos dos años, las entidades públicas
podrán adoptar cualquier medida de protección que consideren necesaria,
incluida la adopción si se prevé una situación irreversible para el
menor.
En cuanto a la guardia voluntaria (la que
solicitan los padres a la Administración), se limita a dos años, con el
fin de evitar que estas situaciones se hagan crónicas, algo que venía
sucediendo. Vencido dicho plazo, el menor deberá volver con su familia o
dictarse sobre él una medida de protección estable.
Acogimiento
Al mismo tiempo, se agilizan los procedimientos
de acogimiento y adopción. En España hay casi 35.000 menores bajo tutela
o guarda de las administraciones, de los que 13.400 están en
residencias, a la espera de una familia.
Con la reforma se van a primar soluciones las
familiares frente a las residenciales, las estables frente a las
temporales y las consensuadas frente a las impuestas. El objetivo es
que, al menos, todos los menores de tres años puedan vivir con una
familia, sin pasar por un centro de acogida. En el caso de que haya
varios hermanos, se procurará que permanezcan juntos.
Se simplifica la constitución del acogimiento, de forma que no será preceptiva la intervención de un juez, y se creará el Estatuto del Acogedor Familiar,
en el que se recogerá el derecho de estos a ser oídos por la entidad
pública antes de emitir cualquier resolución que afecte al menor. Las
familias acogedoras recibirán valoraciones para su idoneidad, al igual
que sucede con las adoptantes.
Por otra parte, se regulan por primera vez los centros de protección para menores con problemas de conducta.
Adopción
La adopción, como el acogimiento, se agiliza y se
completa con más garantías, y, así, para menores en desamparo no será
necesario el asentimiento de los padres biológicos si transcurren dos
años sin que hayan intentado revocar dicha situación.
Destaca, además, la unificación de los criterios de idoneidad para
las familias adoptantes, entre los que cabe subrayar la imposibilidad
para adoptar de quien esté privado de la patria potestad de un hijo.
La reforma aporta aquí otra novedad: antes de que
la entidad pública proponga al juez la constitución de la adopción
podrá iniciarse un período de convivencia entre el
menor y la familia considerada idónea, de tal manera que los niños
permanecerán siempre en una familia y se les evitará pasar por un centro
de acogida. La finalidad que se persigue es precisamente reducir el
número de niños que esperan en centros.
Otras novedades son la adopción abierta,
o la posibilidad de que el menor en adopción mantenga algún tipo de
contacto con miembros de su familia biológica, que determinará el juez
con el visto bueno del propio adoptado, de la familia de procedencia y
de la adoptiva.
También se refuerza el derecho de acceso a los orígenes de
los adoptados. Para ello, las entidades públicas asegurarán la
conservación de la información durante, al menos, cincuenta años.
A estas medidas que facilitarán la adopción se unen otras pensadas para las madres que deciden dar a su hijo tras el parto.
Además, previa modificación del Estatuto de los
Trabajadores y del Estatuto del Empleado Público, los padres y madres
que se ofrezcan para la adopción y acogedores tendrán derecho a
ausentarse de sus puestos de trabajo para acudir a las sesiones
informativas obligatorias.
Los procesos de adopción internacional se dotarán
de mayor seguridad jurídica por cuanto se clarificará el ámbito
competencial para dichos trámites. Así, la decisión de autorizar
adopciones corresponderá a la Administración general del Estado, al
igual que asumirá la función de acreditar a las entidades colaboradoras
de adopción internacional, las ECAI, previo informe de las comunidades
autónomas.
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA EN LA INFANCIA
En tercer lugar, la reforma tiene como objetivo transversal prevenir y reforzar la lucha contra la violencia en la infancia.
Por primera vez, se reconoce a los menores como
víctimas de la violencia de género. Para ello, se modifica el artículo 1
de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género. En este sentido, se establece la obligación de los jueces de
pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres
maltratadas, y se prevé que estos niños puedan permanecer con sus
madres.
También se va a reforzar la protección frente a
delitos como los abusos sexuales, de los que fueron víctimas un total de
3.364 menores en 2013. Para ello, entre otras medidas, será requisito
para ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con niños no
haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y
explotación.
Además, se establece la obligación de poner en
conocimiento del Ministerio Fiscal estos hechos por parte de cualquier
ciudadano que tenga conocimiento de los mismos.
Por otra parte, también se enmarca en esta
reforma legal la modificación de la Ley de Protección de Familias
Numerosas, para asegurar que conserven el título mientras que al menos
uno de los hijos cumpla los requisitos y la edad establecida (veintiún
años o veitiseis años si está estudiando).
