Las manifestaciones pacíficas frente a domicilios privados están reconocidas por el derecho internacional

AI pide que cese la estigmatización 
contra miembros y simpatizantes de la PAH

Las manifestaciones pacíficas frente a domicilios privados están reconocidas por el derecho internacional.

Amnistía Internacional (AI) lamenta y considera graves las declaraciones que diversas autoridades y algunos miembros del Partido Popular están realizando contra las protestas pacíficas protagonizadas en su mayoría por miembros y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Por ello, la organización se ha dirigido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría para pedirle primero que no se admitan los ataques contra todo un colectivo que reivindica sus derechos y que se reconozca la legitimidad de sus reivindicaciones, y segundo, que no se restrinja el derecho de libertad de expresión y manifestación pacífica.

Defensores y defensoras de derechos humanos

Amnistía Internacional está preocupada por el intento de estigmatización a todo un colectivo con acusaciones genéricas de “pertenecer a organizaciones filoetarras”, “utilizar prácticas nazis”, e incluso que se pidan “medidas contundentes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, con el propósito de deslegitimar unas reivindicaciones, que, por supuesto, son legítimas. 

La Asamblea General de Naciones Unidas en su Declaración sobre el derecho y deber de los individuos, los grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, recuerda que toda persona, individual o colectivamente tiene derecho a participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos, lo que comprende presentar críticas y propuestas, y llamar la atención contra cualquier aspecto que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales.  

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un informe de 2013, ha recordado que ninguna persona puede ser criminalizada o sujeta a amenazas o actos de violencia, persecución, intimidación o represalias por denunciar violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta pacífica. 

“Lo que es imprescindible es que el Estado adopte medidas eficaces para reconocer la legitimidad de este colectivo y de sus reivindicaciones”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. 

Protestas pacíficas

Amnistía Internacional considera que la protesta social, sea en la forma que sea y siempre que se lleve a cabo de forma pacífica, es un derecho inalienable. Amnistía Internacional le recuerda al Gobierno que el derecho internacional de los derechos humanos no permite, y muchos menos establece, la restricción a la libertad de expresión, simplemente porque otras personas lo encuentren ofensivo o porque las autoridades digan que constituye un riesgo para el orden público. Tanto la jurisprudencia internacional como el propio Tribunal Constitucional han reiterado que los responsables políticos deben aceptar las críticas, aunque sean ingratas, molestas o incómodas. 

“Para Amnistía Internacional sería desproporcionado prohibir el derecho de manifestación, incluso aunque se realice cerca de los domicilios privados de los actores a los que quieren transmitir su mensaje, crítica o protesta”, señaló Esteban Beltrán.

El derecho de manifestación pacífica está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de los cuales España es Estado parte. En consecuencia, el Estado español tiene la obligación de garantizar el ejercicio pacífico a la libertad de expresión.

Tanto las Directrices sobre Libertad de Reunión de la OSCE como la Comisión Europea para la Democracia del Consejo de Europa entienden que una “manifestación pacífica” puede incluir conductas que incomoden, dificulten, impidan u obstruyan temporalmente actividades de terceros, e incluso que lleguen a ser hostiles. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también tiene sentencias en esta misma línea.

Dichas directrices reconocen que las autoridades pueden imponer límites relativos a “el tiempo, el lugar y la manera”, siempre y cuando dichas restricciones no sean puestas a priori, se ajusten a estricta necesidad y proporcionalidad, y no vacíen de contenido la motivación o el objetivo de la protesta.

Peticiones al Gobierno

Amnistía Internacional ha pedido a la vicepresidenta de Gobierno, en su labor de coordinadora y portavoz del Ejecutivo, que:

• No admita declaraciones estigmatizadoras por parte de autoridades del Estado y miembros del PP contra todo un colectivo que reivindica sus derechos.

• No permita medidas restrictivas contra el derecho de manifestación pacífica, aclarando la veracidad de la orden del Ministerio del Interior de no permitir concentraciones a menos de 300 metros del lugar de residencia de los políticos de manera generalizada. En caso de que esta orden se haya producido, la medida sería desproporcionada.

• Tome acciones efectivas para que medidas administrativas o sancionadoras, como la aplicación de multas, no repercuta en el derecho a participar en  manifestaciones pacíficas.

Más información: Preguntas y respuestas sobre el derecho a la manifestación pacífica en España.

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Más información

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