miércoles, marzo 27, 2013

El Valor de la Proximidad, Análisis de la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local


[Servicios Sociales y Ayuntamientos]



Redactores del documento: 
GUSTAVO A. GARCÍA
ÁNGEL PARREÑO
JOSÉ MANUEL RAMÍREZ JOAQUÍN SANTOS





Para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que    el    Gobierno    ha    remitido    a    tramitación parlamentaria,     supone     un     grave     atentado  al municipalismo en nuestro País. El municipalismo es una de las señas de identidad del Sistema Público de  los  Servicios  Sociales  por  lo  que  tiene  de cercanía y proximidad a la expresión de las necesidades sociales de los ciudadanos y por lo que las comunidades locales y de barrio tienen de ámbito básico de la intervención comunitaria que les son consustanciales.
El  proyecto  de  Ley  aprobado  por  el  Consejo  de Ministros el 22 de febrero de 2013 empeora los borradores que se venían manejando anteriormente.

LA PROFUNDIZACIÓN DE LA BRECHA ENTRE CIUDADANOS Y POLÍTICA


Nadie duda ya en España de que uno de nuestros graves problemas es el del alejamiento, el del extrañamiento de la actividad política como instrumento de transformación  social  con respecto a los ciudadanos.                                                                                       

Todos los estudios de opinión, barómetros sociales y sondeos demoscópicos señalan de forma reiterada y progresiva cómo los españoles señalamos   a los políticos y su actividad como uno de nuestros problemas y cada vez menos como una posible solución.

La reforma de la Ley que pretende el gobierno, viene a aumentar la distancia y a profundizar en la brecha que peligrosamente se está abriendo entre la política y los ciudadanos.   Reducir   el   número   de   concejales,   establecer   la   gratuidad   del desempeño de un elevado porcentaje de ellos no es sino convertir la práctica de la política municipal en culpable de los desmanes en nuestra  economía  e  instalarla  en  el  estatus  de permanentemente sospechosa.

En esta misma categoría de problemas se sitúa especialmente lo relativo a las Diputaciones Provinciales, porque justo en el actual momento de desprestigio de la política y el sistema democrático mismo se opta por una Administración que no es elegida directamente por el ciudadano.
Por otro lado es preocupante el contenido ideológico  que  rezuma  el  anteproyecto  y  que reduce hasta el absurdo cualquier posibilidad de creación de una comunidad social y política. Los Ayuntamientos, representantes de la comunidad de vecinos del territorio más próximo, dejan de poder intervenir en ninguna de las áreas de actuación que les permitiría construir comunidad pública y común,  algo  especialmente  grave  para  el  Sistema  de  Servicios  Sociales  por cuanto esto, es uno de los objetos básicos de actuación del Sistema. La mínima solidaridad expresada desde una Administración Pública es básicamente impedida y el concepto de Comunidad queda reducido a los mínimos intereses comunes imprescindibles: cementerios, vialidad, aguas, vertidos… competencias de pura gestión administrativa que no tienen apenas contenido político. Sin política desaparece  la  comunidad  y  quedan  simplemente  los  individuos  particulares.  El colmo de la ideología ultraliberal.

.-  En 2011 las Corporaciones Locales han gestionado 1.330 millones de euros.
50.000 personas trabajan en esta red de servicios sociales de ámbito local

Con este esfuerzo presupuestario y de recursos humanos se ha podido atender a 7 millones de personas viene a constituirse, en la práctica, en una intervención de los Ayuntamientos de parecidas características a la que Rajoy ha tratado de impedir por todos los medios para el Estado por parte de Bruselas. Aquí la troika no serán oscuros funcionarios venidos de fuera: para la ocasión, la reforma plantea vestir de negro a Secretarios, Interventores y Tesoreros  obligados a convertirse en auténticos cipayos del poder central  y  omnímodo  de  los  Montoro  de  turno  para  controlar  a  los  alcaldes  y concejales a los que se consagra como permanentes sospechosos de ser solícitos, por cercanos, con las necesidades de  los ciudadanos.

Con el anterior texto proponíamos algunas posibles modificaciones. Cabía hacer aportaciones para su posible mejora e incluso su posible interpretación. El actual texto lo impide absolutamente. Es la muerte de la democracia en el sentido en el que ha sido entendida desde la Transición, una traición a los valores en los que se funda la convivencia en España. Es un texto ante el que sólo podemos oponernos radicalmente, de manera absolutamente beligerante ya que supone un cambio profundo  no  sólo  en  la  organización  del  Sistema  Público  de  los  Servicios Sociales, e incluso, siendo eso grave, en el reparto de la relevancia de la Administración  Local  en  el  conjunto  de  las  actuaciones  del  Estado,  sino  que consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado y de las posibilidades de acción política que provocará, como mínimo, los efectos siguientes:
"Sin pudor alguno se expresa así en el comienzo mismo de la Exposición de Motivos del proyecto de Ley, cuando dice: “La reforma del artículo 1353 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en 2011, recoge un principio de estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones pública." En definitiva, una reforma que no tiene como principio rector fundamental la atención los ciudadanos/as, la calidad en la prestación de servicios, no: lisa y llanamente "la estabilidad presupuestaria".


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