[Servicios Sociales y Ayuntamientos]
Redactores del documento:
GUSTAVO A. GARCÍA
ÁNGEL PARREÑO
JOSÉ MANUEL RAMÍREZ JOAQUÍN SANTOS
Para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que el Gobierno ha remitido a tramitación parlamentaria, supone un grave atentado al municipalismo en nuestro País. El municipalismo es una de las señas de identidad del Sistema Público de los Servicios Sociales por lo que tiene de cercanía y proximidad a la expresión de las necesidades sociales de los ciudadanos y por lo que las comunidades locales y de barrio tienen de ámbito básico de la intervención comunitaria que les son consustanciales.
El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2013 empeora los borradores que se venían manejando anteriormente.
LA PROFUNDIZACIÓN DE LA BRECHA ENTRE CIUDADANOS Y POLÍTICA
Nadie duda ya en España de que uno de nuestros graves problemas es el del alejamiento, el del extrañamiento de la actividad política como instrumento de transformación social con respecto a los ciudadanos.
Todos los estudios de opinión, barómetros sociales y sondeos demoscópicos señalan de forma reiterada y progresiva cómo los españoles señalamos a los políticos y su actividad como uno de nuestros problemas y cada vez menos como una posible solución.
La reforma de la Ley que pretende el gobierno, viene a aumentar la distancia y a profundizar en la brecha que peligrosamente se está abriendo entre la política y los ciudadanos. Reducir el número de concejales, establecer la gratuidad del desempeño de un elevado porcentaje de ellos no es sino convertir la práctica de la política municipal en culpable de los desmanes en nuestra economía e instalarla en el estatus de permanentemente sospechosa.
En esta misma categoría de problemas se sitúa especialmente lo relativo a las Diputaciones Provinciales, porque justo en el actual momento de desprestigio de la política y el sistema democrático mismo se opta por una Administración que no es elegida directamente por el ciudadano.
Por otro lado es preocupante el contenido ideológico que rezuma el anteproyecto y que reduce hasta el absurdo cualquier posibilidad de creación de una comunidad social y política. Los Ayuntamientos, representantes de la comunidad de vecinos del territorio más próximo, dejan de poder intervenir en ninguna de las áreas de actuación que les permitiría construir comunidad pública y común, algo especialmente grave para el Sistema de Servicios Sociales por cuanto esto, es uno de los objetos básicos de actuación del Sistema. La mínima solidaridad expresada desde una Administración Pública es básicamente impedida y el concepto de Comunidad queda reducido a los mínimos intereses comunes imprescindibles: cementerios, vialidad, aguas, vertidos… competencias de pura gestión administrativa que no tienen apenas contenido político. Sin política desaparece la comunidad y quedan simplemente los individuos particulares. El colmo de la ideología ultraliberal.
.- En 2011 las Corporaciones Locales han gestionado 1.330 millones de euros.
Con este esfuerzo presupuestario y de recursos humanos se ha podido atender a 7 millones de personas viene a constituirse, en la práctica, en una intervención de los Ayuntamientos de parecidas características a la que Rajoy ha tratado de impedir por todos los medios para el Estado por parte de Bruselas. Aquí la troika no serán oscuros funcionarios venidos de fuera: para la ocasión, la reforma plantea vestir de negro a Secretarios, Interventores y Tesoreros obligados a convertirse en auténticos cipayos del poder central y omnímodo de los Montoro de turno para controlar a los alcaldes y concejales a los que se consagra como permanentes sospechosos de ser solícitos, por cercanos, con las necesidades de los ciudadanos.
Con el anterior texto proponíamos algunas posibles modificaciones. Cabía hacer aportaciones para su posible mejora e incluso su posible interpretación. El actual texto lo impide absolutamente. Es la muerte de la democracia en el sentido en el que ha sido entendida desde la Transición, una traición a los valores en los que se funda la convivencia en España. Es un texto ante el que sólo podemos oponernos radicalmente, de manera absolutamente beligerante ya que supone un cambio profundo no sólo en la organización del Sistema Público de los Servicios Sociales, e incluso, siendo eso grave, en el reparto de la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, sino que consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado y de las posibilidades de acción política que provocará, como mínimo, los efectos siguientes:
"Sin pudor alguno se expresa así en el comienzo mismo de la Exposición de Motivos del proyecto de Ley, cuando dice: “La reforma del artículo 1353 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en 2011, recoge un principio de estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones pública." En definitiva, una reforma que no tiene como principio rector fundamental la atención los ciudadanos/as, la calidad en la prestación de servicios, no: lisa y llanamente "la estabilidad presupuestaria".
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Danos tu opinión, Escribe tu comentario, AQUÍ