Luchar contra el hambre infantil es una obligación del Estado
La
aprobación por unanimidad del Congreso de los Diputados de una proposición no
de ley de lucha contra la pobreza infantil en España representa una buena
noticia, puesto que el primer paso para resolver un problema es el de tomar
conciencia del mismo y, hasta ahora, el hecho de que, incluso en los años de
mayor prosperidad, casi una cuarta parte de la población infantil española
estuviera viviendo por debajo del umbral de la pobreza, no había sido
reconocido como un problema que incumbe a toda la sociedad y que compromete a
los poderes públicos.
Pero pasar de las palabras a los hechos, de las declaraciones de buena voluntad a las actuaciones y medidas rotundas y eficaces, es otro cantar. Ese cantar es iniciar un camino que lleve a la disminución gradual de la pobreza que está afectando a miles de niños y niñas ahora mismo, y que evite el riesgo de pobreza para otros tantos; eso requiere un esfuerzo de planificación y coordinación y una disposición de recursos económicos, materiales y humanos, dispuestos con carácter inmediato y adecuados a la gravedad del hecho. Y es el Estado quien debe tomar la iniciativa y llevar las riendas de este proceso.
El
alivio que hemos sentido ante la resolución del Congreso de los Diputados, se
ha visto pronto contrarrestado con algunos motivos para la inquietud. Hoy
mismo, 22 de junio, ha tenido lugar, en la sede de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, una mesa redonda en la que distintas
organizaciones no gubernamentales (como Cruz Roja, Caritas, o la propia UNICEF
que organizaba el acto) han presentado los datos para un diagnóstico de la
situación, basado en su propia experiencia contrastada con la realidad.
Sin
embargo, en la clausura del acto, el Secretario de Estado, en una breve
intervención, superficial y plagada de lugares comunes, ha venido a decir: que el
gobierno central no tiene recursos ni competencias, sino las comunidades
autónomas, que las familias españolas son estupendas y se ayudan unas a otras y
todas a sus miembros en dificultad, que las ONGs son muy buenas ocupándose de
este problema, y que desde el gobierno se las “ayudará” en su lucha ¿con
recursos?. No, sino a través de sendos planes para “coordinar” los esfuerzos de
todos.
No
puede haber mayor inversión en los términos en lo que a la provisión del bien
colectivo se refiere.
No, señor Secretario:
el Estado no es subsidiario de las
organizaciones voluntarias,
sino al revés.
Y la pobreza no se remedia con la
caridad,
sino que se erradica con la justicia.
Quienes tenemos esto claro seguiremos
defendiendo con nuestros medios
una justicia
social que alcance también a los niños.
Madrid a 23 de Junio 2012
Asociación Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha ofrecido a las ONG como un aliado "un poco manco", Europapress
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