MIGUEL LORENTE ACOSTA
La sociedad actual crece poco como cultura. No aprende de la experiencia y, menos aún, integra lo vivido como una referencia de cara al futuro. Más bien ocurre lo contrario y hay quien lo utiliza como arma arrojadiza para defender sus intereses particulares sobre los comunes de toda la sociedad. En esto los partidos conservadores juegan con ventaja, pues no sólo buscan retrasar el futuro, sino que pretenden hacer pasar el pasado como el futuro bajo la famosa idea de cambiar para que todo siga igual.
La reforma planteada por el PP a través de su gallardo Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es un ejemplo de ese pasado continuo con el que nos quieren conducir al futuro perfecto. Es el claro reflejo del paternalismo de quien ve a la sociedad como esa masa pueril e incapaz, necesitada de guía; y a sus problemas, como acciones aisladas.
Esta visión conservadora ha dado un paso más con estas propuestas al diferenciar entre los niños y las niñas. Durante la legislatura anterior, las posiciones conservadoras han insistido en la necesidad de segregar a las niñas y a los niños en la educación por el bien de las chicas, puesto que, decían, maduran antes y tienen un ritmo de aprendizaje mayor.
Pero ese mayor conocimiento y maduración, de repente desaparece a la hora de tomar decisiones. Mientras que los chicos menores cuando delinquen serán tratados como adultos, las chicas que son consideradas como mayores para otras decisiones clínicas, cuando tomen la decisión de someterse a una interrupción "voluntaria" del embarazo, serán consideradas menores y necesitarán, no sólo dar a conocer la situación a sus padres, algo que ya está contemplado en la actual ley, sino contar con su autorización.
Imagino que cambiaran el nombre y en lugar de "interrupción voluntaria del embarazo" se pasará a denominar "interrupción tutelada del embarazo". Los chicos son muy listos a pesar de su desfase y son capaces de abstraerse de las presiones de los mayores para planificar un delito, mientras que las chicas, tan avanzadas ellas en la escuela, no se enteran ni saben lo que les conviene para una cuestión tan íntima y personal como es interrumpir un embarazo no deseado. Los padres decidirán si la hija no debe abortar, con independencia de que ella haya decidido hacerlo, o bien si debe someterse al aborto aunque ella piense lo contrario y quiera seguir adelante con el embarazo. Por cierto, ¿en esos casos que va a ocurrir, se la va someter a un aborto compulsivo?
Lo que demuestran esas propuestas es una falta de confianza en las personas, o por lo menos en determinadas personas, aquellas capaces de realizar los actos que reflejan la reprobación moral y legal que contemplan las reformas planteadas. No hay solución para ellas ni reinserción que valga, lo mejor es apartarlas de "su sociedad" por mucho tiempo o durante toda su vida revisable. Siempre ha sido más fácil echar la culpa a unos pocos que detenerse ante la responsabilidad de todos. No es mal negocio éste, sobre todo si se piensa en una gestión privada de los centros penitenciarios.
* Miguel Llorente Acosta es director del Instituto de Medicina Legal de Granada
La reforma planteada por el PP a través de su gallardo Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es un ejemplo de ese pasado continuo con el que nos quieren conducir al futuro perfecto. Es el claro reflejo del paternalismo de quien ve a la sociedad como esa masa pueril e incapaz, necesitada de guía; y a sus problemas, como acciones aisladas.
Esta visión conservadora ha dado un paso más con estas propuestas al diferenciar entre los niños y las niñas. Durante la legislatura anterior, las posiciones conservadoras han insistido en la necesidad de segregar a las niñas y a los niños en la educación por el bien de las chicas, puesto que, decían, maduran antes y tienen un ritmo de aprendizaje mayor.
Pero ese mayor conocimiento y maduración, de repente desaparece a la hora de tomar decisiones. Mientras que los chicos menores cuando delinquen serán tratados como adultos, las chicas que son consideradas como mayores para otras decisiones clínicas, cuando tomen la decisión de someterse a una interrupción "voluntaria" del embarazo, serán consideradas menores y necesitarán, no sólo dar a conocer la situación a sus padres, algo que ya está contemplado en la actual ley, sino contar con su autorización.
Imagino que cambiaran el nombre y en lugar de "interrupción voluntaria del embarazo" se pasará a denominar "interrupción tutelada del embarazo". Los chicos son muy listos a pesar de su desfase y son capaces de abstraerse de las presiones de los mayores para planificar un delito, mientras que las chicas, tan avanzadas ellas en la escuela, no se enteran ni saben lo que les conviene para una cuestión tan íntima y personal como es interrumpir un embarazo no deseado. Los padres decidirán si la hija no debe abortar, con independencia de que ella haya decidido hacerlo, o bien si debe someterse al aborto aunque ella piense lo contrario y quiera seguir adelante con el embarazo. Por cierto, ¿en esos casos que va a ocurrir, se la va someter a un aborto compulsivo?
Lo que demuestran esas propuestas es una falta de confianza en las personas, o por lo menos en determinadas personas, aquellas capaces de realizar los actos que reflejan la reprobación moral y legal que contemplan las reformas planteadas. No hay solución para ellas ni reinserción que valga, lo mejor es apartarlas de "su sociedad" por mucho tiempo o durante toda su vida revisable. Siempre ha sido más fácil echar la culpa a unos pocos que detenerse ante la responsabilidad de todos. No es mal negocio éste, sobre todo si se piensa en una gestión privada de los centros penitenciarios.
* Miguel Llorente Acosta es director del Instituto de Medicina Legal de Granada
Enhorabuena por el artículo de opinión. Desde LA ASOCIACIÓN GRUPO DE SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (GSIA), estamos totalmente de acuerdo en denunciar la vulneración de los Derechos de los Niños y de las Niñas, así como el Convenio de NNUU de 1989, el Tratado de Beijing para la Justicia Penal Juvenil y los Tratados de Justicia Penal Juvenil de la Unión Europea.
ResponderEliminarLa posible reforma de Gallardón deja sin tutela judicial efectiva a los niños y a las niñas, equiparandoles a la justicia de adultos, violentando el principio de Interés Superior del Menor, así como el Principio de Contradicción E Inocencia recogido por la Constitución Española de 1978, la LO1/1996 de Protección del Menor y el resto del Ordenamiento Jurídico español.
Sin olvidar que, con la Reforma posible de la Ley del Aborto, las niñas y jóvenes quedan excluidas de la seguridad jurídica y sanitaria ante un embarazo no deseado o peligroso sin detectar, y significa otra vulneración más del Principio de Ciudadanía participativa y protagónica de los Niños y Niñas dentro del Estado de Bienestar.
Vicepresidenta GSIA.