Hablamos de Políticas de inclusión de la Infancia con Antonia Picornell

Blog del Grupo 5                                   

Antonia Picornell es Presidenta de la Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación en Derechos de la Infancia [REDidi], Presidenta del Comité Provincial de UNICEF en Salamanca, profesora Titular de Universidad de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Salamanca, doctora en Ciencias de la Educación y profesora invitada y conferenciante en distintas Universidades españolas y extranjeras (Alemania, Bélgica, Chile, México, Noruega, Portugal) (y socia de la Asociación GSIA). 

En su trayectoria docente ha dirigido y participado en proyectos de innovación y mejora de la calidad docente relacionados con la enseñanza on-line y la evaluación de competencias, entre otros temas. 

Su investigación se centra en los servicios de bienestar infanto-juvenil y como consecuencia es autora de diversas publicaciones, nacionales e internacionales, en esta materia. Recientemente ha publicado con Editorial Grupo 5 el libro Políticas de inclusión social de la infancia y la adolescencia, coordinado junto con Enrique Pastor Seller. 

Con ella hemos tenido tiempo para charlar sobre su última publicación y sobre la actualidad en materia de políticas de la infancia.

    ¿Qué tiene de relevante este libro en este momento?

La obra es un mensaje más de alerta para generar conciencia y responsabilidad a nivel internacional sobre la cultura de derechos de la infancia. Pretende ayudar a reflexionar sobre las negativas realidades que están viviendo los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en todo el mundo, a la vez que subrayar la necesidad de cambiar las estructuras de poder. Y, precisamente, como se indica a lo largo de sus capítulos, el actor protagonista de este cambio ha de ser el propio niño, como reconoce la ONU en la Convención de los Derechos del Niño (CDN) (1989), aunque respetando siempre sus peculiaridades ciudadanas.

    Este libro contiene también una perspectiva iberoamericana importante. ¿Hay patrones comunes aplicados a las políticas de inclusión social de la infancia? ¿Qué tenemos que aprender de Latinoamérica en esta materia?

A pesar de que las realidades territoriales son distintas, la desigualdad y la exclusión social de la infancia están presentes. Si bien es cierto que se ha progresado en materia de desarrollo social infanto-juvenil en todas las regiones del mundo, la inequidad social sigue estando presente y, por lo tanto, se hace necesario seguir buscando el compromiso de los gobiernos a favor de los NNyA.

La nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) es un acuerdo mundial que, con independencia del nivel de desarrollo del país, interpela a adoptar medidas en favor del bienestar social y de la defensa de los derechos humanos. En ella se reconoce la debilidad de las políticas de infancia y la prioridad de adoptar acciones que garanticen el bienestar y los derechos de los NNyA.

Sin embargo, aunque el marco teórico de la CDN y de los ODS es universal, las políticas sociales tienen dinámicas distintas en función de las prioridades de cada región; no olvidemos los países más pobres o aquellos afectados por conflictos o desastres naturales. Es decir, que mientras en unos países las políticas de desarrollo están inmersas en una lucha contra la pobreza y las grandes vulnerabilidades sociales, en otros se dirige el esfuerzo hacia una mayor justicia y sostenibilidad.

En todo caso, si hablamos específicamente de políticas de inclusión social de la infancia, es decir del rol de los NNyA en los asuntos públicos, las experiencias son disímiles. Su participación político-social, recogida en el art. 12 de la CDN, no es demasiado visible ni significativa. Resulta difícil romper con el paradigma exclusivo de la protección e incorporar la idea de ciudadanía activa de la infancia; y ello ocurre en la mayoría de los países del mundo. Pero, cada vez más, los NNyA van adquiriendo protagonismo y se van abriendo nuevos escenarios de participación infanto-juvenil.

    Tras las imágenes de niños y niñas que nos llegan de Lesvos, de menores víctimas de violencia de género… ¿en qué estamos fallando?

La falta de servicios básicos, la violencia, la inseguridad, la pobreza…, que no son situaciones exclusivas de las sociedades menos desarrolladas, están atentando contra la dignidad de los NNyA como personas.

Estas denigrantes realidades sitúan a los NNyA en una situación de mayor vulnerabilidad, que va más allá de la inmediatez y de sus efectos negativos en el desarrollo; constituyen un atentado contra sus perspectivas de futuro. Serán el referente de su vida en comunidad como adultos.

Esto nos demuestra una gran indiferencia y negligencia por parte de las sociedades y de los gobiernos que, además, incumplen sistemáticamente el ratificado instrumento jurídico internacional, que es la CDN, en favor de otros intereses –políticos, económicos-.

Deberíamos investigar más en estas dinámicas de desigualdad y exclusión y proyectar modificaciones de tipo estructural que permitieran impulsar políticas de desarrollo social para erradicar y prevenir las causas que provocan estas situaciones y para avanzar en el bienestar infantil.

    ¿Qué papel juega la infancia en la elaboración de las políticas públicas? ¿Qué papel debe jugar?

En las políticas de inclusión social de la infancia no basta con buscar las mejores condiciones de vida para los NNyA desde las relaciones de poder. De otro modo, las inquietudes e identidades de los niños pueden no verse reflejadas.

Esto implica que tenemos que modificar el discurso social respecto a la infancia, construido desde los estereotipos que los adultos atribuimos a los NNyA –su incapacidad para realizar determinadas actividades, su falta de opinión personal, su desconocimiento acerca de lo que desean, su vida en construcción…-. Considerar al niño como ciudadano es reconocer que es titular de derechos y, por lo tanto, los gobiernos, las escuelas, la familia y la sociedad, en general, tienen la responsabilidad de que esos derechos se cumplan.

Actualmente, el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los NNyA en los asuntos que les afectan es mínimo. Si bien se está avanzando – ejemplos de ello son los Consejos de Infancia de las Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF o las reuniones de los niños con los candidatos a la presidencia del Gobierno, como en Costa Rica o en España -, aún sus decisiones no son tomadas plenamente en cuenta ni es tampoco una participación sistemática.

Si queremos construir una cultura democrática y de responsabilidad ciudadana, hemos de promocionar la participación infantil para que los NNyA expresen sus propuestas. Tener en cuenta sus intereses en las decisiones educativas, familiares y políticas, en general, nos permitirá  tener otra visión, y en ocasiones diferente a la de los adultos, que ayudará a promover estrategias de acción ante las violaciones de sus derechos, a la vez que se va fortaleciendo la ciudadanía infantil.

    ¿Qué retos tiene la nueva legislación de infancia en España?

Las dos nuevas leyes, aprobadas en julio del año 2015, que modifican el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en España, suponen una gran reforma en la terminología y en la reestructuración de las instituciones de protección.

Es de destacar que se dota de contenido al concepto jurídico indeterminado ‘interés superior del menor’, principio rector de la CDN (art. 3). Intenta eliminar las múltiples interpretaciones del mismo, estableciendo criterios universalmente reconocidos.

Esta reforma modifica conceptos y procedimientos de las situaciones de riesgo, desamparo, guarda, acogimiento y adopción. Se regula por primera vez la protección del nasciturus; y también reconoce la garantía de protección de los menores extranjeros y de los NNyA expuestos a la violencia de género. Se desarrolla más detalladamente el derecho de participación de los NNyA. Se crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que contendrá información sobre las personas condenadas por estos delitos.

No obstante, a pesar de ser una legislación que pretende reforzar la protección de los NNyA y, de hecho, supone un avance en la defensa de los derechos de la infancia, parece que su eficacia podría ser limitada; la ley 8/2015, en su disposición 5ª, indica que estas medidas no supondrán un incremento en el gasto público. Por otra parte, esta nueva legislación estatal modifica otras veinte disposiciones normativas, de ámbito nacional, que regulan aspectos relacionados con la protección de la infancia, afectando también a las legislaciones autonómicas en la materia. Esto supone que las Comunidades Autónomas deberán revisar y adaptar sus respectivas leyes de infancia y, en consecuencia, los procedimientos y la forma de trabajar. En definitiva, la reforma introducida por la nueva legislación de infancia será de difícil aplicación.