EN EL 20 DE
NOVIEMBRE:
DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Este año, el aniversario de la aprobación de
la Convención de los Derechos del Niño coincide en España con la celebración de
unas elecciones generales. Es obligado, en consecuencia, llamar la atención de
todos aquellos partidos políticos que, gracias al voto popular van a alcanzar
representación parlamentaria, y en especial la de aquel que consiga una mayoría
suficiente para convertirse en partido de gobierno, acerca de los compromisos
que nuestro país tiene legalmente adquiridos con la infancia. Asimismo recordar
a todos las importantes cuestiones pendientes relacionadas con el cabal
cumplimiento de los deberes que, como sociedad y como Estado, tenemos para que
los derechos de niños, niñas y adolescentes sean una realidad y no simple
retórica. Se trata de un desafío ético que
implica elaborar políticas públicas fundamentadas en el respeto de los derechos
humanos de la niñez.
Desde la perspectiva del GRUPO DE SOCIOLOGÍA
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (que en buena parte coincide con las
recomendaciones a España contenidas en el reciente informe del Comité de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas) serían tres las líneas
políticas más importantes que deberían desarrollarse:
1. En el ámbito legal: introducir una visión transversal (una “lectura”
de infancia) en todas las normas que, directa o indirectamente, puedan afectar
a su bienestar.
2. En el ámbito de la protección social: contar con presupuestos de
infancia diferenciados y suficientemente dotados, en los diferentes niveles de
gobierno del Estado. Para ello habría que partir de la definición del “paquete
mínimo de beneficios para los niños” e ir estableciendo plazos para completarlo
a través de planes con metas bien definidas y cuantificadas.
3. En el ámbito de la gestión pública: lograr una efectiva coordinación
interterritorial y con la administración central que permita superar los
defectos que se vienen arrastrando en el sistema público de atención a la
infancia y que van, desde la ausencia o mala calidad de los sistemas de
información, hasta la diferente aplicación de la norma o la existencia de
normativa autonómica diversa que conduce a un diferente trato a los niños,
dependiendo del ámbito territorial en el que se desarrolle su vida.
De
forma compatible con estas líneas de acción a medio y largo plazo, la urgencia
de los acontecimientos conduce a la necesidad de adoptar estrategias de ataque
inmediato frente a tres problemas destacados que afectan al bienestar de los
niños en España actualmente y que no son otros que los siguientes:
·
La pobreza infantil, que
se ha mantenido por encima del 20% desde 1994 y alcanzó el 24,1% en 2008
(mientras las tasas de pobreza adulta, también altas, no superaron el 19%).
·
La situación de los
niños extranjeros, en especial de los que vienen solos al país, cuyos derechos
no siempre son debidamente garantizados por el Estado ni respetados por la
sociedad en su conjunto.
·
La atención de los
niños y niñas en los centros de protección, especialmente en aquellos
destinados a los que presentan pretendidos o reales “problemas de conducta”. La
ausencia de un Régimen Jurídico de Servicio Público que regule las condiciones
de funcionamiento de estos centros, en especial de los encomendados a una
gestión privada, aumenta la vulnerabilidad de unos niños ya de por sí
vulnerables.
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